Encuentro de ¿Dónde Están ? con Isabel
Wschebor en París
Isabel Wschebor en el Cicp, en Paris, el 31 de agosto del 2018
La historiadora Isabel Wschebor, que fue directora de la Secretaría de Derechos Humanos de marzo del 2015 a enero del 2016, puesto al que renunció por desacuerdos sobre los métodos de trabajo, estuvo en París donde encontró a varios miembros del buró de ¿Dónde Están ? en el local del CICP.
Hablando del estado actual de la investigación sobre los desaparecidos y del tema de la impunidad en general en Uruguay, declaró que Ricardo Perciballe, el nuevo fiscal encargado de los asuntos de Derechos Humanos, trabaja de manera muy independiente, lo cual es un factor alentador.
Respecto a los atentados recientes a los lugares de memoria en Montevideo, piensa que podrían indicar la aparición de grupos de extrema derecha que se amparan en la cultura de la impunidad.
De manera más general, insistió en que es fundamental que los archivos del período de la dictadura y de los años anteriores puedan ser estudiados en forma íntegra y utilizando los métodos científicos.
Indicó que si es totalmente legítimo y muy importante que los familiares de las víctimas tengan acceso a todas las informaciones, eso no debe constituir un obstáculo a una investigación hecha con criterios y métodos académicos que es lo que puede en definitiva permitir recoger nuevos datos, analizarlos completamente y contribuir así a que se encuentre la verdad y se pueda hacer justicia.
Por ejemplo, señaló, para que los archivos militares de la dictadura puedan ser explorados de manera eficaz, deberían ser trasladados definitivamente y en su totalidad de las dependencias militares en las que todavía se encuentran hacia locales civiles, académicos, donde serían conservados en condiciones correctas para permitir su estudio exhaustivo y sistemático. « Hay que crear las condiciones de acceso a la verdad », dijo.
La decisión de traslado de los archivos sería una decisión puramente administrativa, que es de la competencia exclusiva del Poder Ejecutivo.
Insistió en que la presión social sobre el tema, mantenida por todas las asociaciones que luchan contra la impunidad en Uruguay, es fundamental para generar una verdadera voluntad política de parte del ejecutivo, la que actualmente es insuficiente para alcanzar ese objetivo. La presión internacional para que Uruguay respete las directivas de la CIDH sobre los derechos humanos es también un elemento decisivo.