Se trata de una nueva estrategia para poner “escollos” a las investigaciones,
según el fiscal Ricardo Perciballe
Militares cuestionan en la Justicia legalidad de
fiscalía que investiga delitos
de lesa humanidad
Por Victoria Fernández – Búsqueda
En sus primeros seis meses de existencia, la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad no estuvo quieta. Después de algunas semanas dedicadas a estudiar y poner en orden los más de 200 expedientes desperdigados en sedes de todo el país, el fiscal Ricardo Perciballe se puso en marcha. Pidió, hasta el momento, el procesamiento de unos 25 militares, policías y civiles por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. También dispuso el archivo de algunas causas y retomó las excavaciones en dos predios en busca de restos de desaparecidos.
A pesar de todo ese movimiento, las causas no han tenido demasiado avance en los juzgados, ya que ningún juez dispuso nuevos procesamientos. Pero sí ha generado reacciones en la defensa de los militares.
De acuerdo con la información recabada por Búsqueda, en al menos cinco causas las defensas interpusieron recursos que piden la nulidad de los juicios bajo el argumento de que la fiscalía especializada no tiene competencia para intervenir en ellos.
Estos recursos son una novedad en la estrategia de las defensas, que hasta ahora habían planteado la prescripción de los delitos y la inconstitucionalidad de la Ley 18.831, que calificó los crímenes de la dictadura como de lesa humanidad.
Según explicó a Búsqueda el director de Jurídica del Centro Militar, cuyos abogados representan a varios de los investigados por esos crímenes, la defensa entiende que la sede especializada no tiene competencia para investigar esas causas. “Planteamos la incompetencia de la fiscalía, porque se creó para investigar delitos de lesa humanidad, cuando todos estos hechos fueron declarados delitos comunes por la Suprema Corte de Justicia”, dijo el teniente coronel Jorge Gómez.
En ese sentido, entienden que se viola el principio de legalidad, que establece que nadie puede ser juzgado por un delito que no existía al momento de cometer el hecho. Los crímenes de “lesa humanidad” no estaban tipificados en el Código Penal durante los años de la dictadura (1973-1985), sino que fueron
incorporados posteriormente, tras ratificar el Estatuto de Roma en 2002, afirmó.
Para los abogados de las víctimas, en cambio, ese argumento es “muy endeble” y no tiene una “mínima legitimidad”.
Según explicó a Búsqueda el director de Jurídica del Centro Militar, cuyos abogados representan a varios de los investigados por esos crímenes, la defensa entiende que la sede especializada no tiene competencia para investigar esas causas.
“Podría valer si se tratara de juzgados especializados en el tema, pero siendo una fiscalía, que es parte en el proceso y que representa los intereses de la sociedad, el argumento cae por su propio peso”, dijo a Búsqueda Pablo Chargoñia, coordinador del equipo legal del Observatorio Luz Ibarburu, que patrocina varias de las denuncias.
Se trata de otro “intento de alargar los procesos y retrasar la resolución de los pedidos de procesamiento”, afirmó. Es que aunque los jueces rechacen los planteos, las defensas presentan apelaciones, por lo que los expedientes pasan meses y hasta años detenidos hasta que se resuelven los recursos.
El abogado cree que esta “novedad” en la estrategia defensiva se extenderá a otras causas. Por el momento, los recursos contra la fiscalía se presentaron en algunos expedientes que se investigan en el interior del país y en al menos dos casos de Montevideo, según supo Búsqueda.
“Uno espera que los juzgados no caigan en la trampa dilatoria obvia y que se responda a los pedidos de enjuiciamientos porque la demora es una violación de los derechos humanos de las víctimas. Quien debe neutralizar esta estrategia abusiva, esta chicana, son los propios juzgados y los tribunales”, afirmó.
“Escollo”.
Perciballe también considera que se trata de una estrategia para demorar la resolución de las causas y que los cuestionamientos contra la intervención de la fiscalía no tienen “asidero real”.
En los escritos que presentó en respuesta a los recursos, Perciballe afirmó que le resulta “llamativo” el planteo de la defensa y que “no lo comparte en absoluto”.
“Podría valer si se tratara de juzgados especializados en el tema, pero siendo una fiscalía, que es parte en el proceso y que representa los intereses de la sociedad, el argumento cae por su propio peso”, dijo a Búsqueda Pablo Chargoñia.
“A poco que se analice su línea argumental, se verá que, a tan caro principio en materia penal (el principio de legalidad), lo considera una especie de goma de mascar que se extiende en forma infinita, y logra envolver y alcanzar todos los temas vinculados a las graves violaciones a los derechos humanos acaecidas en el pasado reciente”, planteó el fiscal.
“Mal puede entenderse que una ley que atribuya competencia a una fiscalía pueda vulnerar dicho principio”, agregó.
Además, sostuvo que la Ley Nº 19.550, que creó la sede, “en ningún momento utiliza el término „lesa humanidad‟ para establecer su actuación”.
Afirmó a su vez que no comprende por qué el hecho de que la mayoría de la Corte entienda que los delitos ocurridos durante la dictadura no son de lesa humanidad tendría relevancia “con la transformación de una fiscalía”.
Perciballe cuestionó, por otra parte, la “inconsistencia” de que la defensa pida que la causa retorne a las fiscalías originales, cuando a raíz de la reforma del Código del Proceso Penal, esas sedes ya no existen.
El fiscal concluyó que el recurso interpuesto por la defensa “resulta un nuevo escollo a que las causas sobre violaciones a los derechos humanos avancen hacia su dilucidación”.
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