La corporación
Como ocurrió otras veces en la historia, ciertas coyunturas impulsan a militares al rango de “poder paralelo”. El comandante del Ejército, Manini Ríos, ha extremado sus críticas a políticas de gobierno hasta un punto muy cercano al doble poder. El arresto a rigor de 30 días decretado por el gobierno fortalece su ascendiente en el Ejército, por lo que no es esperable que pase a retiro.
SAMUEL BLIXEN
Aquellas lluvias trajeron estos lodos. No es la primera vez que un jerarca militar trata de mentiroso a un jerarca civil del gobierno, ni la primera que se dicen mentiras. Hoy, a la luz de la situación creada por las declaraciones del comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, parece evidente que, de haberse resuelto de otra manera los episodios anteriores, las consecuencias de los actuales desplantes hubieran sido diferentes. Se discute, entonces, si el presidente Tabaré Vázquez actuó con debilidad, evitando la destitución, o si los 30 días de arresto a rigor con que fue sancionado el teniente general constituye una movida inteligente del primer mandatario. Sea como sea, el gobierno se enfrenta a una coyuntura en la que un jefe militar trata de forzar la muñeca de un presidente en medio de operativos de inteligencia y rumores de todo tipo y con una oposición que, una vez más, se olvida de lo que cuesta hacerle guiñadas al uniforme.
DIMES Y DIRETES. Era inevitable que Manini Ríos volviera a hablar sobre la reforma de la Caja Militar. Como sabe cualquier dirigente sindical, la defensa del salario es la herramienta más idónea, y en el caso del comandante, una oportunidad inmejorable si, como opina el historiador Gerardo Caetano, actúa como un verdadero caudillo (véase entrevista en estas páginas). Por ahora, al parecer, se trata de “acumular fuerzas”, de abroquelar a la “familia militar”. Averiguar para qué es tarea de analistas.
Por lo pronto, las declaraciones de Manini al programa Todo Pasa, de Océano FM, reiteraron las críticas sobre la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones militares aprobada en el Senado en primera instancia y que, en la segunda en Diputados, depende de la voluntad de un solo diputado del Frente Amplio para consagrarse en ley. Sintéticamente, Manini afirma que las medidas propuestas para reducir el déficit de la Caja (cuya cifra, 550 millones de dólares anuales, también cuestiona) afectarán gravemente a los clases y soldados, el personal de tropa que, dice, en algunos casos ni siquiera podrán llegar al mínimo jubilatorio. Las diferencias de enfoque en materia de cuentas aritméticas ya había generado un encontronazo cuando un general retirado, en presencia del comandante, había calificado de mentiroso al subsecretario de Economía; el episodio se mantuvo oculto hasta que el mismo general contó la anécdota a un periodista y el gobierno no tomó, al menos abiertamente, ninguna medida. Ahora el propio comandante insinúa que quien miente es el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, lo que da a entender que no se trata de un debate sobre diferencia de criterios por cálculos financieros, sino que se pretende forzar una agresión.
Al día siguiente, el comandante tomó un avión rumbo a México, donde permanecerá hasta el lunes 17. El lunes 3, Manini recibió una llamada telefónica del ministro de Defensa, Jorge Menéndez, quien le informaba que había sido sancionado con 30 días de arresto a rigor por sus declaraciones a Océano FM. El arresto comenzará a regir desde el momento en que el militar se notifique, esto es, en la mañana del martes 18. La medida fue adoptada por el presidente Tabaré Vázquez, en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas en acuerdo con el ministro Menéndez, pero el tema fue discutido ese lunes en el Consejo de Ministros (véase nota aparte). Ya en ese momento se dispararon los rumores: se dijo, y así lo anotó puntualmente el diario El País, que los ministros Ernesto Murro y Danilo Astori habrían reclamado la destitución de Manini, una medida que, según esos trascendidos, no prosperó por “la oposición del Mpp”. Al respecto, el diputado emepepista Alejandro Sánchez dijo a Brecha que “(la destitución) no estuvo sobre la mesa y no es un tema a considerar (en su sector). Podrá ser uno de los tantos bolazos que andan en la vuelta. Y, además, no creo que consulten al Mpp, en todo caso será una situación que discutan en el Consejo de Ministros”.
Pero sí es cierto que la opción de la destitución fue efectivamente considerada, y descartada. Para algunos, como el ex presidente Julio María Sanguinetti, el arresto a rigor es una sanción de tal calibre que “humilla”; para otros, fue la alternativa de la medida más drástica. Sin embargo, habrá que recordar que en 2006 el presidente Vázquez, en acuerdo con la ministra de Defensa, Azucena Berrutti, aplicó al teniente general Carlos Díaz una sanción similar, a raíz de una invitación de Sanguinetti y Jorge Batlle, que no consideraron la eventualidad de una humillación al reunirse con el comandante del Ejército sin autorización del comandante supremo.
Ese episodio tuvo un desenlace que arroja luz sobre la actual coyuntura: el teniente general Díaz prefirió pasar a retiro, en una actitud que no está contemplada o impuesta en los reglamentos, pero que se apoyaba en la tradición, como antes hacían también los ministros que perdían el respaldo parlamentario en una interpelación. En este caso, la actitud del teniente general Manini recién se saldará formalmente cuando regrese al país, pero todo hace pensar que cumplirá los 30 días de arresto con tal de permanecer en el cargo. Visto el antecedente más cercano, las circunstancias no son las mismas. Díaz violó expresamente la norma al entrevistarse con personalidades políticas sin el consentimiento de su superior; Manini lanzó el insulto de mentiroso calculando en extremo sus palabras: “No le puedo atribuir de ninguna manera al ministro mala fe y no puedo ni siquiera creer y no creo que mienta a sabiendas”, dijo. Es el estilo de decir a medias: “proceso” por dictadura, “apremios” por torturas, “pérdida de los puntos de referencia” por asesinatos y desapariciones.
Aunque hasta ahora se desconocen los fundamentos de la resolución presidencial (primero deben ser comunicados al interesado), tal parece que la sanción no se apoya exclusivamente en una falta a la prohibición de los militares de dar opiniones políticas; son, como explicó el presidente Vázquez, un cúmulo de reiteraciones que en su momento merecieron observaciones, que no merecieron medidas más graves en atención a la lealtad institucional que ha manifestado Manini hasta ahora. Esa aclaración del presidente fue considerada, ésta sí, como una debilidad, una inoportuna práctica del recurso “una de cal y otra de arena”.
CARTAS Y COQUETEOS. Hubo dos consecuencias inmediatas de la decisión de arrestar a rigor a Manini. Una fue la reacción de la oposición política, blanca y colorada, que no ahorraron cuestionamientos al gobierno. En una especie de paroxismo, el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, invitó a la ciudadanía a concurrir, en la madrugada del martes, al Aeropuerto de Carrasco para recibir a Manini “como lo hicimos con Wilson”. Puesto que sería demasiado atribuirle a Botana una ironía tan fina como para creer que está sugiriendo que habría que encarcelar a Manini como encarcelaron a Ferreira Aldunate a su regreso al país en 1984, hay que concluir que su apoyo al militar sancionado es tal que hunde sus raíces en la historia. Otros dirigentes blancos cuestionaron duramente al gobierno y coincidieron con Manini en que Murro “miente”. El grado de respaldo a Manini de esos dirigentes de oposición excede la explicación del simple impulso electoralero de golpear al gobierno.
Pero no toda la oposición tuvo esa reacción. El diputado Rubio, de Unidad Popular, que no piensa votar la reforma de la Caja, no obstante, respaldó a Vázquez en su decisión de sancionar al comandante del Ejército. Los Jóvenes Blancos, una agrupación nacionalista que tiene como referente al diputado Pablo Iturralde, tuvieron un gesto de independencia de sus referentes políticos. Y el senador Pablo Mieres, del Partido Independiente, opinó que “hay que apoyar al gobierno en esta situación. Es muy importante una señal de mando; hay que marcar con firmeza y claridad cuando un militar cruza la línea”.
Pero si blancos y colorados juegan al coqueteo, otros juegan otras cartas. A 24 horas de la decisión presidencial, comenzaron a circular grabaciones de conversaciones telefónicas de supuestos militares retirados anunciando movimientos castrenses, como acuartelamientos y órdenes de desplazarse hacia Montevideo. En el ámbito político se coincide en que dichos audios son falsos, es decir, no corresponden a conversaciones telefónicas auténticas de supuestos oficiales de reserva que convocan a desplazarse desde el Interior para dar una muestra de apoyo al comandante en jefe cuando el avión aterrice en Carrasco.
Si no son ciertas esas conversaciones, entonces el hecho es mucho más grave, porque revela operativos de inteligencia para generar esa reacción y esa movilización. A caballo de la crítica opositora, las usinas de rumores han hablado de acuartelamientos y de pronunciamientos de la oficialidad en respaldo al comandante en jefe, como si la sanción fuera un agravio a toda la institución militar.
Sería descabellado suponer, como dice algún audio, que el respaldo puede llegar al golpe de Estado. Pero el abanico es amplio y, como demostró el trámite de la ley de caducidad en 1986, hay distintas cajas fuertes antes de llegar a la ruptura del orden institucional.
Por lo pronto, el propio comandante Manini habría recomendado desarticular cualquier muestra de apoyo público a su persona, cuando retorne al país. Y esa también puede ser otra movida calculada, como lo son sus reiteradas apariciones públicas, incluidas aquellas que notoriamente incorporaban la mentira, como lo fue la falsa información sobre presuntos enterramientos de detenidos desaparecidos.