MEMORIAS DEL TERROR
Plan Cóndor: Fiscalía apeló en
Italia en juicio que acusa a militares de
Uruguay, Bolivia, Chile y Perú
Andrea Speranzoni, abogado que representa a nuestro país, presentó nuevas pruebas.
La Fiscalía y las partes encausadas en el juicio de apelación en Italia contra una veintena de militares de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay acusados de la desaparición de italianos dentro del Plan Cóndor presentaron el miércoles nuevas pruebas y testigos.
Los fiscales de Roma Francesco Mollace y Tiziana Cugini pidieron que se incorpore el nuevo material a la causa no porque en el juicio en primer grado, concluido en enero de 2017, hubiera falta de pruebas, sino para que ello permita aumentar las condenas, informaron a Efe fuentes procesales.
El abogado que representa a Uruguay, Andrea Speranzoni, presentó los pruebas contra los militares que ha recabado en su viaje a nuestro país, como nuevos documentos del Cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA), encargado de la represión dentro de la Marina, durante el Plan Cóndor, la operación represiva impulsada por regímenes de América Latina entre las décadas de 1970 y 1980.
El letrado pidió, además, escuchar al ex militante montonero Martin Gras, torturado en la Escuela de Mecánica de la Armada argentina (ESMA), así como a una de las juezas que instruyó el caso Cóndor en Argentina y tres militares del FUSNA que ya declararon en Uruguay.
Después la presidenta del Tribunal, Agatella Giuffrida, suspendió la audiencia, que se reanudará el próximo lunes con las peticiones de otras partes y, probablemente, con el anuncio de si acepta las nuevas pruebas.
El juicio en primera instancia concluyó el 17 de enero de 2017 con la condena a cadena perpetua de ocho exmilitares de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay y la absolución de la mayoría de imputados.
En el proceso solo se ha apersonado el militar uruguayo Jorge Néstor Troccoli, de 69 años, único de los imputados residente en Italia tras escapar de la Justicia de Uruguay y que el miércoles no acudió al tribunal, mientras el resto no participa en las vistas y se encargan de su defensa abogados de oficio.
La lista de imputados ha ido menguando al morir algunos de ellos debido a su avanzada edad, los últimos el dictador de Bolivia Luis García Meza y del ex primer ministro de Perú Pedro Richter Prada.
Actualmente hay veinticinco acusados; uno de Bolivia (el exministro de Interior Luis Arce Gómez, de 80 años y detenido en La Paz), siete de Chile, tres de Perú y catorce de Uruguay.
Los chilenos son el antiguo jefe de la Inteligencia Pedro Octavio Espinoza, el ex funcionario Carlos Luco Astroza, el ex suboficial Orlando Moreno, el ex coronel Hernán Jerónimo Ramírez, el ex oficial de artillería Rafael Ahumada, el ex capitán Manuel Abraham Vasque Chahuan y el ex prefecto Daniel Aguirre Mora.
Los peruanos son el antiguo presidente Francisco Morales Bermúdez y los ex militares Martín Martínez Garay y Germán Ruiz Figueroa.
Los uruguayos imputados son Troccoli, el ex canciller Juan Carlos Blanco, el ex teniente Ricardo Eliseo Chávez, el ex coronel Pedro Mato Narbondo, el ex capitán José Ricardo Arab, el militar José Horacio Gavazzo Pereira y el marino Juan Carlos Larcebeau.
También el ex capitán Luis Alfredo Maurente Mata, el exmilitar Ricardo José Medina, el ex coronel Ernesto Ramos Pereira, el ex granadero José Felipe Sande Lima, el ex coronel Gilberto Vázquez Bisio y los ex militares Jorge Alberto Silveira y Ernesto Soca.
La Operación Cóndor, ideada por el general chileno Augusto Pinochet, coordinó la represión de la oposición política entre 1970 y 1980 por parte sobre todo de las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
(Fuente: EFE)
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Juicio por el Plan Cóndor: ex
representante del Estado uruguayo
criticó al actual abogado
13 de noviembre de 2018
Escribe: Nadia Angelucci
Para Galiani, la admisión de nueva documentación que solicitó Speranzoni es innecesaria.
La Corte de Asís de Apelación de Roma, presidida por la jueza Agatella Giuffrida, convocó la próxima audiencia del juicio Plan Cóndor para el 21 de diciembre de tarde. Sólo entonces se expresará por el pedido de admisión de nueva documentación y nuevos testigos que en la audiencia del 7 de noviembre requirieron la Procuraduría General, la fiscal Tiziana Cugini y las partes civiles, en particular el abogado Andrea Speranzoni, que representa al Estado uruguayo en esta segunda instancia del juicio.
En la audiencia de ayer, Fabio Maria Galiani, el abogado de Uruguay durante la primera instancia de la contienda, buscó evidenciar su aporte durante el juicio y cuestionó la sentencia, ya que, en su opinión, cae en el error de considerar a Jorge Néstor Tróccoli y el Fusna (Fusileros Navales) marginales en los operativos de represión. Se quejó de la poca consideración que se dio a las pruebas que presentó, que a su juicio eran más que suficientes para demostrar la culpabilidad de Tróccoli y Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray. Luego pasó a explicar lo que, según él, no funcionó en el juicio de primera instancia. Su análisis se centró en el rol de la ex fiscal Mirtha Guianze, quien fue testigo en el juicio, en las supuestas contradicciones en su testimonio y en su conflicto de interés en las investigaciones sobre Tróccoli. También mencionó el parentesco de la ex fiscal con Carlos Guianze, quien en 1976 designó a Tróccoli al frente del S-2 (el departamento de inteligencia del Fusna). También sostuvo que Guianze tuvo influencia en las testigos Rosa Barreix y Cristina Finn, a quienes empujó a ocultar algunas circunstancias.
Sobre el pedido de admisión de nueva documentación y de nuevos testigos que hizo Speranzoni dijo que ya hay suficiente documentación y que todo el material depositado en esa segunda instancia tiene una relevancia histórica y no jurídica. Respecto de los testigos, expresó que al único que vale la pena escuchar nuevamente es a Alex Lebel. En cambio, sostuvo que los otros testigos propuestos por Speranzoni no tienen una relevancia en el juicio. Los demás abogados que defienden a las víctimas, en cambio, apoyaron completamente los pedidos de la Procuraduría General, la Fiscalía y Speranzoni.
Las defensas de los imputados, en cambio, se opusieron de forma contundente a la renovación parcial de la prueba y a la convocatoria de nuevos testigos, e interpusieron cuestiones relacionadas con la ciudadanía de las víctimas en el momento de sus desapariciones y al retraso en el recurso de la apelación interpuesto por la Procuraduría General.
Buena parte de la audiencia correspondió al alegato del abogado defensor de Tróccoli, Francesco Guzzo, que centró su discusión en el compendio documental presentado por Speranzoni. Sostuvo que no se puede aceptar la documentación porque no se trata de pruebas que surgieron después de la sentencia en primera instancia, sino de documentación que siempre estuvo en los archivos del Fusna y del Ministerio de Defensa Nacional, y que se buscó después de las absoluciones. Se refirió a Tróccoli como un soldado de segunda fila, marginal en cualquier operación y a quien se le encomendaba exclusivamente escribir relaciones de servicio; un personaje secundario que “vivía entre papeles”. Le agradeció a Galiani por decir que la documentación depositada en primera instancia era completa y que es innecesario proceder a nuevas adquisiciones documentales. Concluyó con una firme oposición a la renovación de la prueba y se opuso de manera contundente a los pedidos de las otras partes procesales, especialmente a volver a convocar testigos. “Los defensores de los imputados afirmaron que las nuevas pruebas aportadas no eran útiles”, dijo Speranzoni a la diaria. “Esto revela nerviosismo, porque en realidad hablamos de testigos a los que nunca se escuchó en primera instancia y, sobre todo, de testigos y material documental que relacionan a Tróccoli y Larcebeau con las actividades operativas de la Escuela de Mecánica de la Armada de Buenos Aires. El acceso a ese material fue posible sólo a partir de abril de 2017, con la apertura de archivos hasta aquel entonces cerrados y con su desclasificacion. Esa alteración demuestra que hemos apuntado al corazón de la cuestión”, argumentó el abogado. El jurista explicó que los documentos relacionados con los casos de Elena Quinteros y Rafaela Filipazzi, depositados en la pasada audiencia, sirven para explicar los procedimientos operativos del Fusna, y sostuvo que son “útiles” para que la oficina del fiscal inicie nuevos procedimientos. “La importancia de las nuevas evidencias es funcional para identificar las responsabilidades de aquellos que han sido absueltos en primera instancia, pero también para encontrar la verdad sobre el destino de los desaparecidos: para saber dónde y cómo fueron asesinados. Soy optimista acerca de la decisión que la Corte tomará en relación con nuestros pedidos”, concluyó Speranzoni.