Una abrumadora frustración
La decisión gubernamental de postergar para el año próximo el posible abordaje de una ley destinada a superar las carencias e insuficiencias de las leyes reparatorias es un tremendo error. Tremendo! Fue comunicada de manera verbal en una reunión llevada a cabo en la Torre Ejecutiva el pasado lunes 12. Es un anuncio, además, de muy dudosa concreción luego de lo ocurrido en estos años. El hecho de ser viejos luchadores sociales y políticos, con escaso poder militante y de fuego, no nos inhibe de expresar nuestras opiniones a los cuatro vientos.
Que el anuncio haya sido hecho cara a cara de manera verbal y con abundantes explicaciones por varios ministros junto al Prosecretario de la Presidencia a una delegación de Crysol, de la Comisión Nacional por el Reencuentro (CNR) y de la Secretaría de DDHH del Pit Cnt es un gesto que se reconoce y se valora. Pero no cambia el carácter y la naturaleza de la decisión ya adoptada por el Poder Ejecutivo: es absolutamente insatisfactoria.
Es una renuncia, en lo inmediato, a seguir avanzando en el cumplimiento de las obligaciones estatales en el plano resarcitorio. Como ya ha sido señalado, cuando violentan los derechos de los ciudadanos, gravemente, como ocurrió en Uruguay, los Estados tienen la obligación de reparar. Al hacerlo, no pueden obligar a los beneficiarios a renunciar a otros legítimos derechos.
Esta decisión del Poder Ejecutivo genera una enorme frustración a miles de víctimas del terrorismo de Estado y desprestigia, desacredita al gobierno y a la fuerza política gobernante, ante los organismos de DDHH del continente y a nivel mundial.
Promesa muy pero muy dudosa
El compromiso de comenzar a abordar la redacción de un nuevo proyecto de ley a principios de abril de 2019, es meramente verbal y de dudosa implementación. Sería en medio de la campaña electoral hacia las “elecciones internas”, condicionado a demasiados “si” relativos a la situación regional, al contexto económico nacional, regional, internacional, al clima parlamentario. Casi una promesa de “un tombolazo”.
Los plazos legales para presentar un proyecto de ley vencieron por que se los dejó vencer de manera deliberada. No hay excusas para ello. En reiteradas ocasiones Crysol lo advirtió expresamente. Una ley de esta naturaleza debía ser votada un año antes de las elecciones, por sus implicancias jubilatorias.
Las normas de DDHH: hay que implementarlas
El terrorismo de Estado no fue consecuencia de un vacío de poder. Fue la respuesta de los sectores económicos privilegiados a la crisis de la estructura económica del viejo Uruguay batllista. Fue un reajuste de la economía nacional transfiriendo dinero de los trabajadores y de los sectores populares a los privilegiados del campo, del comercio, la industria y la banca, aliados del capital transnacional. Fue un proyecto represivo para desarticular las organizaciones sociales y políticas que ponían en jaque sus gobiernos y su poder. Fue un proyecto país, diseñado desde EEUU, para disciplinar a toda la sociedad, en un marco de acción continental.
Las normas de DDHH son una conquista de los trabajadores y de los pueblos. Son una guía para el accionar de los gobernantes y una orientación profunda para realizar acciones. Para que las graves violaciones a los DDHH no vuelvan a repetirse deben ser investigadas, esclarecidas y castigadas como corresponde. Los Estados tienen la obligación, a través de sus mecanismos legales, de investigar y sancionar, establecer la verdad histórica y reparar a las víctimas, a los luchadores sociales y políticos que, por enfrentar a los terroristas estatales, pagaron un precio altísimo.
Una parte importante de los actuales parlamentarios han sido y son cultores de la impunidad para los criminales. Es obvio que se opondrán a un proyecto reparatorio de esta naturaleza. Renunciar a avanzar para evitar roces y fricciones con dichos sectores no es una buena estrategia. Es obvio que harán campañas mediáticas furibundas como las que promueven actualmente los diputados Dastugue e Iafigliola o suelen hacer contra las feministas. No les tenemos miedo. Confiamos en la gente, en su capacidad de raciocinio y en la movilización ciudadana.
Modificar los Decretos
El hecho de que no haya posibilidades constitucionales de promover un proyecto de ley para cumplir con los compromisos internacionales no exime al gobierno de abordar otras cuestiones básicas y elementales que siguen estando pendientes de resolución. Se pueden resolver mediante decretos y no necesitan debates parlamentarios. Además es hora de que sean resueltas ya que no tienen impactos financieros.
Decreto 106/2007
Es el decreto reglamentario de la Ley 18 033. Regula la manera en que se trasmite la reparación a los cónyuges cuando los ex presos políticos fallecen. En un colectivo en que tres cuartas partes de sus integrantes son hombres, impacta básicamente en las viudas. Afirma dos hechos contradictorios al mismo tiempo y obliga a las cónyuges a renunciar a sus propias jubilaciones y pensiones para percibir solamente el 66% de la pensión como si fuera una jubilación. Es un universo de víctimas acotado. No hay razón para que no se modifique. Las cónyuges de los ex presos políticos son las únicas en todo el universo previsional que deben renunciar a sus propias jubilaciones y pensiones para percibir una pensión de sobrevivencia.
Dado el sufrimiento históricamente sufrido por este colectivo, Crysol entiende, hace meses que presentó un proyecto alternativo al respecto, que debería darse la opción de percibir el 100% de la PER o el 66% de ella y su propia jubilación o pensión. En un país en que el Estado desembolsa 100 millones de dólares anuales para subvencionar las jubilaciones con aguinaldo incluido de 1.500 oficiales de la dictadura, esta aspiración es razonable. Además de justa.
Asegurar la libre opción del prestador de salud
Hace años que Crysol demanda que se modifique el Decreto 297/2010. Es nefasto. Violenta el derecho a la libre opción del prestador de salud para los beneficiarios del Artículo 10 de la Ley 18 596. Fue solicitado al Ministro Basso apenas asumió su mandanto. Lo solicitado por nuestro colectivo tiene un proyecto serio, ya presentado y descartado en su momento en base a premisas erróneas con un trasfondo ideológico que no compartimos y que rechazamos.
Jerarquizar la Oficina de Atención a las Víctimas
La creación de la Oficina de Atención las Víctimas del Terrorismo de Estado (OAVTE) fue un logro de la movilización del colectivo para encausar la atención a los beneficiarios de la ley. Los años transcurridos nos demuestran que es necesario definir un adecuado marco administrativo institucional para clarificar su accionar, eliminar las trabas burocráticas que entorpecen el cumplimiento de sus obligaciones. La participación de las organizaciones sociales involucradas, Crysol, Memoria en Libertad, sería un gran avance.
El Poder Ejecutivo debería reconsiderar
Quienes pasamos varios años de “viru viru” político colectivo sabemos que existen restricciones en toda economía. Está en la tapa del libro. Detrás de ellas hay decisiones políticas adoptadas. Hay priorizaciones. Hay un trasfondo político ideológico implícito que no compartimos.
No luchamos para ser reparados pero el Estado tiene la obligación de reparar el daño ocasionado, como lo establecen las normas. Más allá de los “chamuyos” carceleros los criminales deben ser juzgados y sancionados. La justicia no es un obstáculo para llegar a la verdad y es el camino de afirmar la institucionalidad democrática. Está claro que el equipo económico incidió negativamente en esta decisión. Pero lo hizo ante el silencio de quienes deberían haber jugado un papel más activo por el peso numérico y su incidencia.
Esta nueva frustración no nos hará claudicar. Para generar las condiciones de no repetición del terrorismo de Estado, como colectivo organizado seguiremos batallando por Verdad, Justicia, Memoria y Reparación de acuerdo a los estándares establecidos por la Resolución 60/147 de la ONU.
Llamamos a todas las ex presas y ex presos políticos a seguir respaldando a Crysol. Llamamos a todos los ex presos que ocupan cargos de gobierno en los distintos niveles, a los más renombrados y conocidos públicamente, a que se comprometan con la causa del colectivo y se pronuncien públicamente. Llamamos al gobierno a recapacitar. Ante la imposibilidad de enviar un nuevo proyecto de ley a corto plazo, lo exhortamos a modificar los decretos mencionados. Es de justicia. Es un paso en serio para avanzar.