Grageas de impunidad
Un ex presidente, un ex comandante y un sucesor.
SAMUEL BLIXEN
22 marzo 2019
“El camino que tenemos que seguir los orientales es el del reencuentro y la reconciliación”, declaró el sucesor de Manini Ríos, José González, al asumir el lunes la jefatura del Ejército
Los exabruptos del ex comandante del Ejército Guido Manini Ríos sirvieron para, además de provocar una crisis y agitar viejos fantasmas sobre políticos y magistrados –nada nuevo bajo el sol–, dejar en evidencia a otros personajes. Uno de ellos es el sargento retirado Plácido Gregorio Amorín, procesado con prisión el 18 de febrero. Manini utilizó el caso del sargento para “demostrar en forma incontrastable que la justicia actuó sin pruebas y sin respetar los más elementales principios del derecho”,tal como denunció en el encuentro con el presidente Tabaré Vázquez, que terminó en su remoción.
La condición de sargento retirado y su avanzada edad, 74 años, fueron los dos elementos que Manini consideró de impacto para cuestionar el procesamiento “por un delito cuya pena es excarcelable, pero igualmente fue enviado a prisión, más de cuatro décadas después de sucedidos los supuestos delitos que se le imputan”.
Primero que nada, habría que determinar quién es responsable de que hayan pasado cuatro décadas sin castigar un delito de torturas. Pero Amorín no era un sargento cualquiera, era un experto entusiasta en torturas en el cuartel del Batallón de Ingenieros número 4 de Laguna del Sauce. Una veintena de prisioneros provenientes de San Carlos, Maldonado, Las Flores y Piriápolis lo recuerdan por su dedicación durante los interrogatorios tras los operativos en el departamento contra el Movimiento Marxista (MM) en 1975, y por el espionaje y seguimiento que realizó a sus antiguos prisioneros una vez que estos obtuvieron su libertad en democracia.
Hoy, cuando se agitan sus 74 años para infundir compasión, algunas de sus víctimas recuerdan cuando él, que tenía 30 años, torturó salvajemente a un prisionero que rondaba la edad que él tiene ahora. Se llamaba José Pedro Tizze, no tenía ninguna vinculación con el MM y a pesar del encierro y las torturas logró sobrevivir a su esposa, Amanda Lavagna, quien decidió envenenarse para no soportar el drama de su compañero.
Si la cárcel y la edad son atenuantes, habría que recordar cuántos prisioneros y prisioneras de 70 años fueron torturados en los cuarteles y permanecieron recluidos en las cárceles durante la dictadura, y no tuvieron el beneficio de la prisión domiciliaria, como hoy disfrutan José Gavazzo y Ernesto Ramas, que llevan una mochila plagada de delitos aberrantes.
Otro personaje que contribuyó a estas grageas con afirmaciones más elípticas y menos directas fue el sucesor de Manini, el actual comandante del Ejército, teniente general José Ariel González. El día de su asunción, una vez que ofreció en el discurso un panegírico de su antecesor, y prometió seguir su rumbo, González encaró a la prensa. Preguntado por las cuestiones de los derechos humanos, el flamante comandante recurrió a una frase trillada: “El camino que tenemos que seguir los orientales es el del reencuentro y la reconciliación, y debemos trabajar todos para lograr esa reconciliación”. Se le preguntó si la reconciliación incluía la búsqueda de los desaparecidos. Respondió: “Ya contesté eso”, una fórmula muy básica pero muy clara para eludir la cuestión. Menos esquivo fue el ahora comandante cuando rubricó las conclusiones de un tribunal de honor que juzgó la conducta del coronel (r) Luis Maurente, procesado por la comisión de 28 homicidios. El tribunal, que al parecer no tuvo en cuenta un sentimiento de reconciliación, llegó a la conclusión de que la justicia no había recolectado las pruebas suficientes de los delitos cometidos por Maurente y que, por tanto, no se había lesionado el honor militar. Discreparon con el general González los fiscales del tribunal de Roma –que juzga asesinatos y desapariciones contra ciudadanos de origen italiano en el Cono Sur americano–, quienes reclamaron cadena perpetua para Maurente y otros 11 militares y policías uruguayos por crímenes del Plan Cóndor.
Si la cárcel y la edad son atenuantes, habría que recordar cuántos prisioneros y prisioneras de 70 años fueron torturados en los cuarteles y permanecieron recluidos en las cárceles durante la dictadura, y no tuvieron el beneficio de la prisión domiciliaria, como hoy disfrutan José Gavazzo y Ernesto Ramas, que llevan una mochila plagada de delitos aberrantes.
La necesidad de dar vuelta la página y olvidar el pasado (que no es otra la intención tras la “reconciliación”) llevó al ex presidente José Mujica a coincidir con González, claro que con otro lenguaje y otro estilo. Para eludir una opinión sobre la conducta de Manini Ríos, que no sólo había denostado a la justicia, así, al barrer, sino que también utilizó el cargo que ya había abandonado para arengar a los efectivos del Ejército a través del canal institucional de Youtube, explicó: “Yo de Manini no hablo. No le voy a dar más bombo al asunto”, dijo a la prensa, argumentando una picardía: hablar sería favorecer la candidatura del ex comandante. Explicó que “hay una herida del pasado, pero latente, que tiende a divorciar; yo no creo que se le puedan cobrar las cuentas del pasado a las nuevas generaciones”.
¿A quién hay que pedirle cuentas? Identifica a “los soldados rasos (que) son una expresión del pobrerío de la campaña, las clases sociales por las cuales peleé toda la vida”.Con un recurso que utiliza a sabiendas, incita a la confusión: habla de los soldados,cuando en realidad las cuentas pendientes son de los oficiales y de los mandos de la dictadura. Y aprovecha para deslizar línea: “Si algún garrotazo me pegaron, no me la voy a agarrar con ellos”, aclara, cuestionando indirectamente a los que sí piden cuentas. Y por las dudas agrega: “Fui presidente y no anduve persiguiendo gente”; es decir, no creyó conveniente perseguir a los criminales, a los asesinos, a los violadores de mujeres. Hasta ahora había dicho que no había podido; ahora confiesa que no había querido.