OBSERVATORIO LUZ IBARBURO DENUNCIA ARTICULO DE “Búsqueda” titulado:
Creación de una fiscalía especializada para
delitos de la dictadura es una “intrusión ideológica”
del Frente Amplio en la Justicia
En dictamen del 20 de febrero el Fiscal de Corte Jorge Díaz se opuso a los argumentos de la defensa de los indagados en crímenes de lesa humanidad que presentan recursos de inconstitucionalidad contra la ley que instaló la fiscalía especializada.
La Fiscalía de Corte rechazó los cuestionamientos. Según desarrolló Díaz en su dictamen, lo que el artículo 19 de la Constitución prohíbe son “los juicios por comisión”, es decir, establece que el tribunal que interviene en un asunto “debe estar creado y designado con anterioridad a la ocurrencia del hecho que será objeto del proceso”.
Pero la prohibición de designar un juez ex post facto para juzgar determinados hechos o personas rige solo para los magistrados, sostuvo Díaz, no para los fiscales.
La garantía de imparcialidad “solo resulta exigible a los magistrados, y es incompatible con la calidad de parte que en el proceso penal ostenta la fiscalía. Existe un principio del juez natural, pero no existe un principio del fiscal natural”, afirmó en el dictamen.
“Los fiscales no somos magistrados, somos fiscales. (…) no debemos actuar con imparcialidad, condición requerida a los señores jueces y que nunca puede ser exigida a una parte en el proceso”.
Por otra parte, Díaz rechazó que la ley viole el principio de igualdad, ya que la Constitución no excluye “la posibilidad de que se legisle para clases o grupos de personas”.
Y en el caso a estudio, prosiguió, “la fiscalía transformada por esta norma, entenderá en todas las causas penales referidas a las violaciones de derechos humanos ocurridas en el período definido por la Ley 18.596”. En consecuencia, no se establece “un tratamiento diferencial entre todos los que se encuentran en similares condiciones”.
Los fundamentos para crear una fiscalía especializada, sostuvo Díaz, están en la necesidad de generar una política única de persecución penal contra las violaciones a los derechos humanos, de que la sede esté integrada por personas que cuenten con una preparación académica previa en la materia y de conseguir una dedicación exclusiva a esas causas, que redundará en la obtención de resultados más a corto plazo
