Los Senadores de la
impunidad, otra vez
28 mayo 2019
La semana pasada, aunque en minoría, los senadores de la impunidad impidieron que los generales involucrados en despreciar a la justicia fueran pasados a retiro tal como lo solicitó el Poder Ejecutivo. La medida se basó en el hecho de que no cumplieron con la obligación de dar paso a la justicia al tomar conocimiento de las declaraciones de Nino Gavazzo y de Jorge Silveira. Para estos senadores, al igual que para los involucrados, y sus apólogos del vocero El País, el hecho de que los integrantes de los Tribunales de Honor despreciaran los pronunciamientos sucesivos del Poder Judicial, al procesarlos y condenarlos, no merece ningún reparo. Su conducta no afecta el honor de las Fuerzas Armadas. Terrible!
Tribunales de Honor vergonzosos
Una parte importante de los generales en actividad sigue despreciando la Constitución, el sistema democrático republicano de gobierno y las normas de Derechos Humanos. Se nota claramente al leer la Resolución de los Tribunales de Honor que juzgaron las conductas de los criminales José Nino Gavazzo, Ricardo Maurente y Jorge “Pajarito” Silveira.
A pesar de haber sido juzgados y condenados, con todas las garantías del debido proceso, por el Poder Judicial por crímenes horrendos, en el marco del Plan Cóndor, El Honor de nuestras actuales Fuerzas Armadas acepta, sin ninguna molestia o malestar, las acciones que el conjunto de la sociedad uruguaya considera abominables y sancionables penal y moralmente.
Es lo que surge en la interpretación que los generales que integraron dichos tribunales, Juan Fajardo, Alfredo Erramún y José González, realizaron y realizan de las normas vigentes y de la doctrina de honor de las Fuerzas Armadas. La sola firma de los tres militares en las conclusiones amerita haber sido pasados a retiro en forma inmediata por el Presidente de la República y el pasaje a la justicia ordinaria por encubrimiento.
Lo mismo sucede con aquellos que integraron el Tribunal de Alzada. Demostraron ser absolutamente antidemocráticos, desconociendo las normas constitucionales. Revelaron una complicidad alarmante con los principales criminales de nuestro país, un desprecio absoluto por las decisiones del Poder Judicial.
Para los tres generales, torturar, asesinar y desaparecer ciudadanos, son conductas honrosas que no dañan ni la moral ni el prestigio de la institución. Revelan un ideal de institución absolutamente contrario a las normas constitucionales vigentes y a la sensibilidad de la inmensa mayoría de la población. Son indignos de permanecer como generales en actividad por su claro pronunciamiento golpista. Igual situación se ha vivido en la Armada en el Tribunal de Honor que juzgó a Larcebeau.
No hubo errores ni excesos: crímenes de Lesa Humanidad
Hasta el momento las Fuerzas Armadas no han brindado la información que permita saber lo ocurrido con los casi doscientos detenidos desaparecidos. Es una deuda institucional. La Fuerza Aérea ha reconocido oficialmente su participación en dos vuelos que transportaron detenidos en forma clandestina. Proporcionó, además, la información que permitió ubicar los restos de Ubasgesner Chaves Sosa.
Llegar a la verdad de lo ocurrido, esclarecer los hechos, cuando los responsables institucionales, las Fuerzas Armadas, se niegan a proporcionar la misma, es patrimonio exclusivo del Poder Judicial, quien tiene el monopolio de la actuación al respecto. La investigación criminalística que solo el Poder Judicial, con el auxilio de la Policía, puede llevar a cabo de acuerdo a las disposiciones constitucionales, es el camino para romper el silencio delictuoso de todos los involucrados.
En estos años han habido pequeños avances, pero la Suprema Corte de Justicia, tal como lo anunció el expresidente de la misma Dr. Jorge Ruibal Pino en el año 2013, ha continuado siendo “una muralla” inamovible. Desde la designación de la Dra. María Elena Martínez como integrante de la misma en el año 2017 han recrudecido las posturas que privilegian el derecho de los terroristas estatales antes que el de las víctimas y la necesidad de que haya justicia para evitar la repetición de los hechos.
Ha continuado y continúa tolerando, incluso, todas las chicanas habidas y por haber presentadas por los defensores para enlentecer las causas y paralizarlas. Ha permitido la total condescendencia hacia los criminales para que obtengan el beneficio de la prisión domiciliaria y tengan una vejez agradable y apacible, tal como lo puso al desnudo el reportaje impúdico, hace unos días, del vocero oficial del terrorismo de Estado.
Mucho camino para transitar
La creación del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ) al comienzo del actual gobierno fue un gran avance político, más allá de los escasos logros obtenidos. Fue una señal reconfortante. Se trasmitió al sistema político, al conjunto de la sociedad, un mensaje claro y elocuente.
La creación de la Fiscalía Especializada en crímenes de Lesa Humanidad ha sido también un paso importante, otro claro mensaje del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo en cuanto a su compromiso con las normas internacionales de DDHH y con la justicia, un importante paso adelante, pero que no está en condiciones de derribar, aparentemente “la muralla de la impunidad” en la SCJ.
La negativa de los senadores a votar a favor del pase a retiro de los generales involucrados en los tribunales de honor es una vergüenza. Demuestra que la impunidad, los terroristas estatales, siguen teniendo apoyos importantes a todos los niveles, incluso a nivel parlamentario. Votaron para que sigan integrando el Ejército, y con mando de tropa, generales que entienden que el secuestro, la tortura, el asesinato, la desaparición forzada de ciudadanos no ofenden el honor militar. La movilización permanente y constante ha permitido obtener los logros alcanzados hasta ahora. Habrá que seguir movilizados. La marcha del pasado lunes, multitudinaria como nunca, con una lluvia torrencial, fue una digna respuesta popular.
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