DICTADURA
14 de septiembre de 2019
Entregan a la Justicia 80 expedientes
de médicos que participaron
de torturas en dictadura
El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y la Federación Médica del Interior (FEMI) entregaron a la Justicia 80 expedientes referidos a médicos que participaron en hechos de torturas, en el marco de la pasada dictadura cívico-militar (1973-1985).
Este viernes 13 de septiembre, el SMU y la FEMI retiraron un cofre fort que se encontraba en custodia en el Banco República con los 80 expedientes de los dictámenes de la Comisión Nacional de Ética Médica que en el año 1985 juzgó el comportamiento de los profesionales durante la pasada dictadura.
Asimismo, tales expedientes fueron entregados este viernes a la Justicia.
La presidenta de FEMI, Patricia Nava, remarcó la importancia “recordar y saber que lo acontecido para no repetir los hechos”.
Indicó que el Poder Judicial ahora puede digitalizar los archivos y asegurar que no se van a perder.
Primer juzgamiento objetivo sobre hechos de la dictadura
El abogado Oscar López Goldaracena integró junto otros destacados juristas como el hoy fallecido Jorge Pessano (presidente de la Suprema Corte de Justicia entre los años 1989 y 1990) la Comisión Nacional de Ética Médica que funcionó en el año 1985.
En diálogo con LARED21, Goldaracena recordó que en 1985 se creó una Convención Médica Nacional, la cual resolvió juzgar, desde el punto de vista ético, a los médicos que participaron en la dictadura y cometieron faltas al Código de Ética Médica, por colaborar en actos de tortura.
Dicha Convención acordó, a su vez, crear la Comisión Nacional de Ética Médica, en acuerdo con el Colegio de Abogados del Uruguay y el Sindicato Médico del Uruguay. La misma estaba integrada por abogados y médicos.
“Fue entonces que se formaron equipos instructores. Se recibían y analizaban las denuncias, se labraba un acta desde los puntos de vista legal y médico y se solicitaban pruebas. Se convocaban testigos, se citaba al médico involucrado quien podía concurrir con su abogado”, detalló Goldaracena.
Agregó que se trató de un proceso en el cual el médico que estaba siendo investigado contaba con todas las garantías.
Remarcó que en dichas instancias se pudo comprobar que “en la tortura participaban médicos que controlaban que la persona detenida no falleciera, para poder continuar aplicándosele apremios físicos”.
Asimismo, “algunos médicos falsificaron las causas de muerte. Es decir, la partida de defunción expresaba una causa que no era la real, porque el deceso había ocurrido por torturas”.
Luego se dictaba “un laudo, no una sentencia porque no era un tribunal judicial”. En los casos en que el médico era condenado, recibía una sanción moral y no penal.
Goldaracena destacó que el trabajo de la Comisión fue “el primer juzgamiento objetivo sobre los hechos de la dictadura”.
Remarcó que se presentaron ante la Justicia denuncias contra tales médicos. Sin embargo, no existieron juicios debido a que en forma concomitante el entonces comandante en jefe del Ejército, el general Hugo Medina (1984-1987), no daba curso a las citaciones judiciales contra militares involucrados en violaciones a los derechos humanos y las guardaba en una caja fuerte en su despacho, en abierto desacato.
Asimismo, en ese marco se aprobó, en el año 1986, la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.
De todos modos, algunas de las actas luego fueron incorporadas a muchos juicios, en el marco de denuncias por violaciones a los derechos humanos que contaron con su patrocinio.
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Sindicatos médicos entregaron
a la Justicia la custodia de los
archivos sobre médicos que
participaron en casos de tortura
durante la dictadura
14 de septiembre de 2019
Hasta el momento, los 80 expedientes estaban resguardados en un cofre fort en el Banco República.
En una caja azul, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y la Federación Médica del Interior (Femi) entregaron ayer a la Justicia unos 80 expedientes que contienen los resultados de tribunales de ética médica que evaluaron el accionar de médicos durante la última dictadura.
Luego de firmar el acta de la entrega de la custodia de los documentos, el presidente del SMU, Gustavo Grecco, valoró en rueda de prensa que se trata de un “momento histórico”: “Lo que entregamos aquí es información vinculada a colegas que lamentablemente participaron en violaciones a los derechos humanos y tortura durante el período de la dictadura. Es algo que la memoria de nuestro país no puede permitirse olvidar”, dijo en la sede judicial ubicada en la calle 25 de Mayo.
Los archivos estaban resguardados en un cofre fort en el Banco República, pero en abril de este año los gremios resolvieron entregar la información a la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Patricia Nava, presidenta de la Femi, aclaró que la información siempre estuvo al alcance de la Justicia, pero ahora están “dadas las condiciones” para que la Justicia resguarde los documentos que están en formato papel y digitalice los archivos.
Grecco agregó que hasta el momento los gremios tenían la custodia de los archivos y periódicamente los jueces solicitaban información para las causas en curso. “Lo que estamos haciendo en este momento es transferir la custodia de los expedientes –que siempre estuvieron a disposición de la Justicia–, de tal manera que si hay información relevante que pueda contribuir a esclarecer algún elemento de aquel período, sea utilizada para que haya verdad y justicia. Es lo que todos queremos”, afirmó.
Uruguay Russi, ex presidente de la Femi e integrante de la Comisión Nacional de Ética Médica –conformada por los dos gremios y encargada de juzgar los casos que se presentaban–, estuvo presente ayer en la sede judicial y relató que los gremios trabajaron junto con el Colegio de Abogados para recibir las denuncias contra médicos que participaron en torturas durante el período dictatorial.
Gustavo Grecco, presidente del Sindicato Médico del Uruguay, Patricia Nava, presidenta de la Federación Médica del Interior (Femi), y Uruguay Russi, ex integrante de Femi, el 13 de setiembre, en la sede judicial de la calle 25 de Mayo.
Russi recordó que hubo médicos que firmaron documentos falsos o establecieron causas de muerte que no eran las reales. También mencionó que algunos médicos atendieron a personas en condiciones en las que no debían ser atendidos, como estando encapuchados o en presencia de militares.
El asesinato del médico Vladimir Roslik, en 1984, llevó a que se presentaran una serie de denuncias ante los gremios. El médico falleció por las torturas que recibió en el centro militar, pero la autopsia indicaba que había muerto por un paro cardíaco.
Los criterios que se fijaron en su momento para investigar, explicó Russi, fueron que el médico tuviera –al menos– dos denuncias. Una vez que la comisión analizaba los hechos y tomaba los testimonios a las víctimas, se le otorgaba el derecho a que el médico se defendiera. Esto llevó a que se expulsaran a cuatro médicos de los gremios y muchos otros fueran sancionados por “faltas éticas de distinta identidad”. Russi explicó que la comisión de ese momento no podía expulsar a los médicos del sistema, pero mencionó, por ejemplo, que en el caso de la Femi “si te expulsan como socio gremial no podés trabajar en ninguna institución asistencial”.
Con la vuelta de la democracia, opinó Russi, “muchos querían mirar para el costado, pero los gremios dijeron ‘no, hay que investigar’. Eso enorgullece al sindicato y a la Femi de ese momento y de hoy, que comparten esto con la población en un acto de verdad y justicia”.