Concluyó el sexto juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia
17 de septiembre de 2019
Ocho represores condenados
en Neuquén
En la causa conocida como La Escuelita VI, los militares acusados por secuestros y torturas contra diez víctimas recibieron penas más bajas que las solicitadas por la fiscalía y las querellas.
“Todavía, señores jueces, no sabemos las Madres de Neuquén y Alto Valle qué es lo que ha pasado con nuestros hijos”, dijo Inés Ragni.
Con penas significativamente más bajas que las pedidas por el Ministerio Público Fiscal y las querellas, concluyó el sexto juicio por delitos de lesa humanidad en Neuquén, conocido como La Escuelita VI. Las más altas, de once años de prisión, fueron para el ex jefe del Destacamento de Inteligencia 182 Oscar Reinhold, y para el ex interventor militar en Bariloche, Néstor Castelli. “¡Los asesinos a la cárcel! ¡Los asesinos no tienen que estar sueltos! Ellos están esperando para echarnos la mano encima”, advirtió a los miembros del tribunal Inés Ragni, de Madres de Plaza de Mayo de Neuquén y el Alto Valle, de pie y apoyada sobre su bastón. “La Justicia debe cambiar, debe acelerar los procesos”, dijo el juez Alejandro Cabral luego de leer sentencia. “Es una deuda que tiene la Justicia con toda la sociedad”, admitió en la audiencia realizada la semana pasada.
La sala enmudeció al escuchar la parte resolutiva del fallo, cuyos fundamentos se conocerán el 10 de octubre. El proceso duró tres meses e incluyó imputaciones por secuestros y torturas contra diez víctimas, incluido Juan Marcos Herman, el único desaparecido de Bariloche. Militante de la Juventud Peronista, Herman fue secuestrado a los 22 años en la casa de sus padres, en junio de 1977, y fue visto por última vez en el centro clandestino Club Atlético, en Buenos Aires.
Si bien los ochos acusados fueron condenados, los montos de las penas fueron menores a las previstas. Para Reinhold y Castelli, condenados a once años de prisión por secuestros y torturas agravadas, el fiscal Miguel Palazzani había pedido 20 y 18 años respectivamente. Los ex oficiales de inteligencia Sergio San Martín y Jorge Molina Ezcurra recibieron 7 y 6 años de pena, lejos de los 18 pedidos por la fiscalía. Jorge Di Pasquale, del mismo Destacamento, recibió 6 (el fiscal pidió 15); el ex interventor en General Roca Marcelo Zárraga, 5 años (pedido de 10); el ex comandante de Gendarmería en Junín de los Andes Emilio Sachitella, 4 años (pedido de 6), y el ex agente de inteligencia Carlos Benavídez, 3 años (pedido de 8). “Se han establecido las responsabilidades criminales de todos los imputados, lo que nos parece importante, aunque hay que ver los fundamentos de la sentencia”, señaló Palazzani. “Nosotros siempre apelamos las penas bajas, pero hay que ver los fundamentos porque los montos difieren en mucho con lo que pedimos”, destacó el fiscal.
“Quiero hacer un pedido a este tribunal”, dijo Inés Ragni tras la lectura de la sentencia, con su pañuelo blanco en la cabeza. Recordó, junto a su compañera Lolín Rigoni, que las Madres están presentes en todas las audiencias “desde 2008 hasta hoy”, que al tribunal “le ha tocado defender los derechos humanos en la provincia de los derechos humanos”, y citó al fallecido obispo de Neuquén Jaime de Nevares, quien dijo “si querés la paz para tu patria tenés que pedir verdad, memoria y justicia”.
“Todavía, señores jueces, no sabemos las Madres de Neuquén y Alto Valle qué es lo que ha pasado con nuestros hijos”, les recordó a Cabral, Alejandro Silva y Orlando Coscia, y nombró a “las Madres que hoy no están presentes, que se han indo de este mundo sin saber que la Justicia era cierta, que la Justicia un día nos iba a decir adónde estaban nuestros hijos”. “Volveremos a estar en estos lugares y seguiremos calentando la silla si no nos dice la Justicia”, prometió. “¡Los asesinos a la cárcel! ¡Los asesinos no tienen que estar sueltos! Ellos están esperando para echarnos la mano encima”, advirtió. “Acá la Justicia está muy lejos, muy lejos, pero vamos a seguir”, aseguró.
“Lo fundamental es escuchar a las víctimas, a cada una de ellas, para poder entender todo el contexto histórico y lo que se vivió acá en la época del proceso” (sic), afirmó Cabral en diálogo con periodistas locales. “Todo lo que sucedió fue una locura y nunca más puede suceder”, afirmó el magistrado, que hizo una inusual autocrítica para el poder que integra: “La Justicia debe cambiar, debe acelerar los procesos, debe ser más ágil y solucionar este tipo de causas rápidamente y eficazmente porque es una deuda que tiene la Justicia con toda la sociedad”.