Fiscal pidió audiencia a la justicia
para imputar a Manini Ríos
25 septiembre 2019
El fiscal Rodrigo Morosoli ya tiene decidido imputarle al excomandante en jefe del Ejército y candidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, la omisión de los funcionarios públicos a denunciar hechos con apariencia delictiva y pidió a la justicia que fije una audiencia para comunicarle su decisión, según dijeron a El Observador fuentes de la investigación. Además en una resolución que la Fiscalía publicó este martes, archivó la indagatoria del caso Gomensoro con respecto al secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, a los responsables del Ministerio de Defensa y de los integrantes del Tribunal de Honor, así como del Tribunal de Alzada. Para el fiscal ninguno cometió delito. Por el caso también declaró el presidente de la República, Tabaré Vázquez.
Al declarar en el Tribunal de Honor, José Gavazzo admitió que arrojó en 1973 el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro al río Negro para hacerlo desaparecer y que le mintió a la Justicia al respecto. Jorge “Pajarito” Silveira dijo que Gavazzo fue responsable de la muerte de Gomensoro, también de otro detenido en el Grupo de Artillería 1 y de la desaparición de María Claudia García de Gelman y acusó a Gavazzo de no tener “la hombría suficiente” para asumir sus actos. Sin embargo, esos testimonios de abril y julio de 2018, recién trascendieron en marzo cuando El Observador informó de ello.
El artículo 177 del Código Penal castiga al funcionario público que omitiera denunciar delitos de los que tuvieran conocimiento por razón de sus funciones, de los delitos que se cometieren en su repartición, con una pena de tres a dieciocho meses de prisión, por lo tanto se trata de un delito excarcelable. Según se concluye del escrito de Morosoli ese delito sólo le caerá a Manini Ríos.
Morosoli entendió que no cometieron ese delito en Presidencia puesto que no integran la repartición donde cometieron los presuntos delitos. “Una lectura atenta de dicho artículo excluye a estos funcionarios como sujetos activos del delito en cuestión, en tanto no integran la repartición donde éste se habría cometido, ni integran la repartición que experimenta los efectos del delito concreto”, escribió el fiscal.
“Sea atendiendo a un criterio de especificidad respecto a las tareas administrativas a realizar; o atendiendo a un criterio de jerarquía administrativa, Presidencia de la República no encuadra en este caso en el concepto de repartición en tanto lugar de comisión de un delito, o donde se experimenten los efectos de éste”, agregó.
Y añadió que sostener lo contrario “llevaría al absurdo de afirmar que cualquier delito cometido en la esfera de cualquiera de los Ministerios que integran el Poder Ejecutivo debe ser denunciado por los funcionarios de la Presidencia de la República”.
Además, Morosoli dio por buena la declaración del secretario de la Presidencia en la que hizo algunas aclaraciones sobre las fechas en las que se enteraron de los hechos y que contradicen lo que había declarado en su momento a la prensa. Ante Morosoli, Toma dijo que tomaron conocimiento de las declaraciones de los represores el 20 de febrero aunque Toma había declarado al diario El País, en una nota publicada el 2 de abril, que “lo que recibió Presidencia fue el expediente. No declaraciones de nadie”.
Según la resolución del fiscal, publicada en la página de Fiscalía, Morosoli afirmó que los funcionarios de la Presidencia de la República cumplieron “con su mandato presidencial sobre el asunto”. De hecho, las actuaciones permanecieron en dicha oficina solamente durante un plazo de 21 días corridos (15 días hábiles) entre el 20 de febrero y el 12 de marzo.
“En ese lapso, se proyectaron las resoluciones administrativas relativas a los fallos de los Tribunales de Honor, y se realizaron las evaluaciones y estudios necesarios en conjunto con el Ministerio de Defensa para poner en conocimiento del sistema de Justicia Penal los hechos objeto de las declaraciones de Gavazzo y Silveira”, dijo el fiscal.
Consultado sobre el fallo de Morosoli, Manini dijo este martes que no tenía “nada para decir” y aseguró que estaba “muy tranquilo” con su actuación mientras era comandante en jefe del Ejército.
Cumplieron el mandato
Tampoco creyó que no cabe responsabilidad a los jerarcas del Ministerio de Defensa “en tanto todas sus actividades convergieron hacia una efectiva puesta en conocimiento a las autoridades competentes” de los hechos narrados por los represores.
“El jerarca ministerial, ni bien tomó conocimiento del contenido de las actuaciones del Tribunal de Honor puso al tanto al Presidente de la República a su respecto. Luego, y en base a la orden presidencial recibida, tomó las acciones administrativas correspondientes para dar cumplimiento a ese mandato, coordinando en este punto con Presidencia de la República, y entregando las actuaciones de los Tribunales de Honor a Presidencia el 20 de febrero del 2019”.
Agregó que cuando las actuaciones retornaron al Ministerio de Defensa Nacional el día 12 de marzo del 2019, Menéndez se encontraba de licencia médica a causa de la enfermedad terminal que padecía. En ese momento el expediente lo recibió el subsecretario Daniel Montiel pero según Morosoli, recién en ese momento tomó conocimiento del contenido de las actas.
Y a la misma conclusión llegó con respecto a los militares que los interrogaron. “Los integrantes del Tribunal Especial de Honor N.º 1 no merecen solicitud de reproche penal por parte de esta Fiscalía” porque no quisieron omitir poner en conocimiento de la justicia los dichos de Gavazzo y Silveira que “contenían información sobre hechos gravísimos de naturaleza delictiva”. “También advirtieron que la información obtenida era inédita, y unánimemente concluyeron que dichos insumos debían remitirse a las autoridades competentes del sistema de justicia penal”.
Lo mismo opinó con respecto a los miembros del Tribunal del Alzada, quienes “no presenciaron las declaraciones”. Además, Manini les informó directamente que él había tomado cartas en el asunto, por lo que “su accionar tampoco fue doloso y por tanto no configura delito”.
Y con respecto a los jerarcas del Ministerio de Defensa, corresponde arribar a una idéntica conclusión, sentencia el fiscal.
_ _ _ _ _ _ _ _
INVESTIGACIÓN
24 de septiembre de 2019
Manini Ríos es el único indagado por
omitir informar las declaraciones
de Gavazzo
El fiscal Penal de Montevideo de Flagrancia de 13º Turno, Rodrigo Morosoli, decidió continuar con la investigación del ex comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, por omitir informar sobre las declaraciones de los militares en situación de retiro ante los tribunales de Honor referidas a violaciones a los derechos humanos en dictadura, y archivar las causas de funcionarios de Presidencia de la República, Ministerio de Defensa y generales del Ejército.
Morosoli emitió este martes 24 de setiembre un dictamen en el que establece que “corresponde dar por terminada la investigación preliminar iniciada respecto de los funcionarios jerarcas de Presidencia de la República, jerarcas civiles del Ministerio de Defensa Nacional, los tres generales integrantes del Tribunal Especial de Honor y los tres generales integrantes del Tribunal de Honor de Alzada”.
Ello al amparo de lo establecido por el artículo 98.1 del Código del Proceso Penal en la hipótesis de “inexistencia” de delito a su respecto, y sin perjuicio de lo establecido por el artículo 99 del Código del Proceso Penal.
Sin embargo, continuará con las indagatorias respecto al entonces comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos.
La investigación fiscal pretende determinar si existieron omisiones y demoras al informar a la Justicia sobre los fallos del Tribunal de Honor militar que indagó, a solicitud del entonces ministro de Defensa Nacional, el extinto Jorge Menéndez, la conducta de los oficiales involucrados en causas penales por violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura militar (1973 y 1985).
La causa
De acuerdo a las actas del Tribunal de Honor, el teniente coronel en situación de retiro José Gavazzo reconoció haber tenido en el Grupo de Artillería Nº1, donde era el segundo al mando, al preso político, Roberto Gomensoro en marzo de 1973.
El militar relató que de madrugada lo dejó esposado en una silla y al amanecer lo encontraron en la misma silla… pero muerto.
Gavazzo informó lo ocurrido al jefe del Grupo de Artillería 1, el entonces coronel Alfredo Rubio, y ambos informaron al jefe de la División Ejército 1, el general Esteban Cristi.
“Cristi ordenó desaparecer el cuerpo. Quien tuvo que hacer eso fui yo”, expresó Gavazzo ante el Tribunal de Honor militar.
También dijo que “por temas de desprestigio del Ejército no podía darse a conocer que había fallecido alguien en un cuartel”.
Por su parte, el coronel en situación de retiro Jorge Silveira acusó a Gavazzo, ante el mismo Tribunal, de ser el responsable de la muerte de Gomensoro, y de otro detenido en el batallón: Eduardo Pérez Silveira.
A la vez responsabilizó a Gavazzo por la desaparición de María Claudia García de Gelman.
Responsabilidad de Manini Ríos
Los generales que integraron el Tribunal de Honor indicaron al fiscal que las declaraciones de Gavazzo fueron “sorprendentes, graves y novedosas, por lo que debían ser puestas en conocimiento del sistema judicial”.
Entendieron que debían comunicar los dichos de Gavazzo a su superior, el entonces comandante del Ejército, general Guido Manini Ríos, expresa el fiscal Morosoli en su informe.
También se indica que el 11 de abril de 2018 los tres generales se reunieron con Guido Manini Ríos, y le comunicaron las declaraciones con “apariencia delictiva” de Gavazzo.
Luego de recibir ese informe “in voce”, Manini Ríos “acusó recibo del mismo y ordenó suspender las actuaciones, indicando que posteriormente daría las directivas correspondientes, haciéndose cargo de la situación”.
Recién a fines de abril, Manini Ríos ordenó continuar con las actuaciones del tribunal “fundándose en la urgencia de culminar las actuaciones, y en que, a su juicio, lo declarado por Gavazzo era una ‘chicana’ para dilatar la decisión”.
En el escrito del fiscal se expresa que “tampoco consta que se haya efectuado denuncia penal alguna en ese momento por parte del comandante en Jefe del Ejército, ni que se haya comunicado el contenido de las declaraciones de Gavazzo a las autoridades civiles del Ministerio de Defensa”.
“No surge además que el comandante en Jefe del Ejército haya siquiera exigido a sus subordinados la documentación necesaria para remitirla los órganos competentes del sistema de Justicia Penal”, remarca Morosoli.
Cumplieron con su mandato
Por otro lado, Morosoli asegura que los funcionarios de Presidencia de la República, “cumplieron con su mandato presidencial sobre los asuntos”.
Las actuaciones permanecieron en dicha oficina solamente durante un plazo de 21 días corridos (15 días hábiles) entre el 20 de febrero y el 12 de marzo.
Indica que: “En ese lapso se proyectaron las resoluciones administrativas relativas a los fallos de los Tribunales de Honor, y se realizaron las evaluaciones y estudios necesarios en conjunto con el Ministerio de Defensa para poner en conocimiento del sistema de Justicia Penal los hechos objeto de las declaraciones de Gavazzo y Silveira”.
La misma resolución comprende a los jerarcas y funcionarios del Ministerio de Defensa. En cuyo caso Morosoli manifiesta que “todas sus actividades convergieron hacia una efectiva puesta en conocimiento a las autoridades competentes de los hechos narrados por los represores”.
En el mismo sentido, el fiscal asegura que los integrantes del Tribunal Especial de Honor Nº 1 “no merecen solicitud de reproche penal por parte de la Fiscalía, porque no quisieron omitir poner en conocimiento de la Justicia los dichos de Gavazzo y Silveira que contenían información sobre hechos gravísimos de naturaleza delictiva”.
Asegura que “también advirtieron que la información obtenida era inédita, y unánimemente concluyeron que dichos insumos debían remitirse a las autoridades competentes del sistema de Justicia penal”.
A la misma conclusión llegó en cuanto a los integrantes del Tribunal del Alzada.
_ _ _ _ __ _ _ _
DELICADO
26 de septiembre de 2019
Bayardi expresó que es muy delicado
que Manini Ríos ponga en
cuestión al Poder Judicial
El ministro de Defensa Nacional, José Bayardi, considera que es muy delicado el hecho de que el ex comandante en Jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, ponga en cuestión a la Fiscalía y a la Justicia, cuando expresó que el fiscal Rodrigo Morosoli actuó mandatado para continuar indagando su actuación por las declaraciones de José Gavazzo.
Bayardi se refirió en las últimas horas a la decisión del fiscal Morosoli de convocar a Manini Ríos a una audiencia de formalización en la cual seguramente presentará el cargo que eventualmente se le imputará, en el marco de una investigación en la que exoneró de responsabilidad a funcionarios del Estado, tanto civiles como militares.
Bayardi reconoció que existe un hecho político que no se puede ignorar si hubiera una imputación, pero “ello deberá ser resuelto por el Poder Judicial”.
Al ser consultado por la prensa sobre las declaraciones de Manini Ríos quien dijo que la Fiscalía actuó por mandato, Bayardi respondió que “ese sí es un tema delicado”.
“El general Manini, en el escrito que dio lugar a su relevo como comandante en jefe del Ejército, ya había hecho un largo alegato de ocho carillas, atacando al Poder Judicial”, recordó.
Añadió que “en esta oportunidad lo volvió a decir, al expresar que el fiscal habría actuado mandatado”.
El secretario de Estado dijo: “Poner en cuestión la independencia del Poder Judicial, en un Estado que está catalogado como unas de las pocas democracias plenas del mundo, no habla bien de la lectura sobre la institucionalidad que hace alguien que aspira a ser presidente”.
Candidato
Recordó que Manini Ríos ya ha incurrido en algunas faltas en este periodo.
De todos modos, aseguró que Manini “va a seguir siendo candidato, independientemente de la formalización”.
“Acá no hay impedimento para que pueda ser candidato, sentenció Bayardi”.
_ _ _ _ _ _ _
Fiscal Morosoli citará a
Manini Ríos y prevé imputarlo por omisión
en el caso Gavazzo
El fiscal archivó la investigación sobre el presidente Vázquez, el secretario Miguel Toma, otros funcionarios y generales.
El fiscal Rodrigo Morosoli resolvió este martes archivar la investigación que inició por las confesiones del ex militar José Gavazzo ante un Tribunal de Honor militar y la posible omisión del gobierno u otras autoridades en denunciar el caso a la Justicia.
El archivo comprende a todos los jerarcas investigados, como el presidente Tabaré Vázquez y el secretario de la Presidencia Miguel Ángel Toma. También alcanza a varios funcionarios de la Presidencia y del Ministerio de Defensa, y a los generales que integraban el Tribunal de Honor y el Tribunal de Alzada del Ejército.
Sin embargo excluye de este archivo al ex comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos, a quien decidió seguir investigando para determinar si incurrió en una irregularidad o delito en función de sus obligaciones.
Según supo Subrayado, el fiscal Morosoli citará a declarar a Manini Ríos en los próximos días y de acuerdo a la información recabada prevé imputar al ex general de un delito de omisión. Como funcionario público y en particular sujeto a jerarquía, debió informar del delito que confesó Gabazzo ante el Tribunal, cuando dijo que él había tirado al río Negro en 1972 el cuerpo de Roberto Gomensoro, asesinado en un cuartel militar.
El ahora candidato a la Presidencia por el partido Cabildo Abierto asegura que informó en tiempo y forma a sus superiores las confesiones de Gavazzo, extremo que el actual ministro de Defensa José Bayardi niega, ya que asegura que no hay registro alguno de que Manini alertara al ministro de entonces Jorge Menéndez (fallecido).
El 1 de abril de este año Presidencia envió las declaraciones de Gavazzo a la Justicia, luego que constatara que la denuncia se había demorado en el Ministerio de Defensa.
Al respecto de la eventual responsabilidad de Manini Ríos, el fiscal Morosoli escribe lo siguiente en su dictamen: “Ese mismo lunes 1 de abril la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad recibió un testimonio del expediente conteniendo las actuaciones del Tribunal del Honor, a la par que esta Fiscalía penal de Montevideo de Flagrancia y Turno también recibió un testimonio de similares características, ambos remitidos por Presidencia de la República. Habían pasado ya 356 días desde que Manini Ríos (en su calidad de jerarca máximo del Ejército Nacional) tomó contacto por primera vez con las declaraciones de Gavazzo. Y habían transcurrido 291 días desde que tomó contacto con las declaraciones ampliatorias de Gavazzo y los dichos de Jorge Silveira”.
_ _ _ _ _ _ _
Los tiempos del general
Fiscalía imputó a Guido Manini Ríos.
Mauricio Pérez
27 septiembre,2019
Guido Manini Ríos en la sede de la Fiscalía General de la Nación, en mayo de este año
La justicia definirá la próxima semana si formaliza al candidato presidencial de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, por no denunciar en tiempo y forma las declaraciones de José Gavazzo ante un tribunal de honor. El ex comandante en jefe del Ejército fue el único imputado en una causa que durante siete meses tuvo en vilo a la propia Presidencia de la República.
Trescientos diez días, ese fue el tiempo que pasó desde que los integrantes del tribunal de honor del Ejército informaron al entonces comandante en jefe del Ejército, general Guido Manini Ríos, de la confesión del coronel José Gavazzo, hasta que este elevó los antecedentes a las autoridades civiles del Ministerio de Defensa Nacional (Mdn). En ningún momento, el hoy candidato presidencial informó de esa confesión a sus superiores ni al Poder Judicial, pese a las advertencias de los integrantes del tribunal de que se trataba de un delito grave.
Por este motivo, el fiscal Rodrigo Morosoli imputó al general Manini Ríos por omisión de denunciar un delito. El fiscal consideró que era el único responsable del retardo en la presentación de la denuncia penal por la confesión de Gavazzo y dispuso el archivo de la investigación contra el resto de los indagados: los seis integrantes de los tribunales de honor, los jerarcas del Mdn y el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma.
El dictamen detalla el devenir del expediente del tribunal de honor desde la confesión hasta que el presidente Tabaré Vázquez homologó los fallos del tribunal –disponiendo el pase a retiro de Gavazzo y de Jorge Silveira–, pero dejando por escrito su discrepancia y los motivos. La cronología indica que Gavazzo declaró ante el tribunal el 10 de abril de 2018. Allí reconoció su participación en la desaparición del cuerpo del militante tupamaro Roberto Gomensoro Josman en 1972. Esa revelación “sorprendió” a los tres integrantes del tribunal, los generales Gustavo Fajardo, Alfredo Erramún y José González, quienes entendieron que se trataba de declaraciones “graves y novedosas (…) que debían ser puestas en conocimiento del sistema de justicia penal”.
Por eso decidieron informar a su superior, Manini Ríos. La reunión se concretó al otro día, en el despacho del comandante en jefe. Tras recibir la versión, Manini Ríos ordenó suspender la actuación del tribunal y les dijo que se haría cargo del asunto. A fines de abril, el ex comandante llamó a Fajardo a su despacho y le ordenó seguir con las actuaciones; el argumento fue que existía “urgencia” por conocer el fallo y que, a su juicio, lo declarado por Gavazzo era una chicana para dilatar la resolución. Tras la orden, el tribunal retomó su actividad y volvió a convocar a Gavazzo, quien declaró el 13 de junio. Allí amplió detalles de su confesión. A esto se le sumaban las declaraciones de Silveira, quien aportó información sobre otros hechos delictivos, entre ellos, la desaparición de Luis Eduardo Pérez Silveira, alias el Gordo Marcos.
Con estos elementos se volvió a solicitar una reunión con Manini Ríos. “Nosotros lo que decíamos es que esto era un caso para pasar a la justicia. Con esto hay que hacer algo (…), no hay vuelta”, declaró Erramún ante el fiscal. La respuesta del ex comandante, por segunda vez, fue que Gavazzo pretendía dilatar la resolución y, días después, ordenó seguir adelante con la investigación.
Manini declaró ante Fiscalía que al enterarse de estas confesiones informó a su mando, el ex ministro de Defensa Jorge Menéndez, hoy fallecido (veáse “Mirando para arriba”, Brecha, 27-VI-19). Según Morosoli, si bien no existe registro escrito de esas reuniones, a raíz de los testimonios recabados durante la investigación se puede dar por cierto que los generales informaron a Manini Ríos; sin embargo, no existen elementos para confirmar que el ex comandante haya informado a Menéndez. A esto se suman las diversas contradicciones en que incurrió el general durante su declaración.
Los testimonios recabados indican que las autoridades civiles del Mdn se notificaron del contenido de la declaración de Gavazzo el 14 de febrero, día en que Manini entregó –en persona– el fallo del tribunal para su homologación. Al fallo se le anexó un informe firmado por Manini con duras críticas al accionar del Poder Judicial en relación con la investigación de los crímenes de la dictadura. Cuatro días después, Menéndez informó de esto al presidente Vázquez, que ordenó presentar la denuncia penal.
La interpretación del fiscal Morosoli es que tanto en el Mdn como en la Presidencia de la República el expediente se tramitó en plazos razonables, pese a que la denuncia penal se presentó recién el 1 de abril, luego de que la confesión de Gavazzo fuera revelada por el diario El Observador. Según el dictamen, esa demora se produjo a raíz del proceso de destitución de Manini Ríos (el 12 de marzo) y de la recopilación de información sobre las confesiones. Un informe preliminar del Mdn determinó que en el expediente del tribunal de honor se mencionaba cinco hechos delictivos distintos.
En plena campaña electoral, y con el ascenso de Cabildo Abierto en las encuestas (véase en estas páginas la entrevista a Óscar Bottinelli), la imputación no pasó desapercibida en el sistema político. Manini Ríos habló de intencionalidad política y acusó al fiscal de “estar mandatado”, al tiempo que volvió a apuntar sus críticas a la Presidencia de la República. En tanto, los senadores José Mujica y Javier García criticaron el momento del dictamen –a un mes de las elecciones–, ya que puede terminar beneficiando al ex comandante en jefe en sus aspiraciones electorales.
En este marco, Manini Ríos deberá comparecer ante la justicia el jueves 3 de octubre, a las 14.30 horas. Ese día, la jueza Marcela Vargas definirá si acepta la formalización e inicia el juicio contra el candidato presidencial. El delito imputado es excarcelable, por lo que el fiscal no pedirá la prisión preventiva, dijeron a Brecha fuentes judiciales. Sea cual sea el resultado de esa audiencia, nada impedirá que Manini Ríos participe de la elección nacional. Su nombre quedaría vedado sólo en caso de ser condenado por la justicia, algo que no sucedería en el corto plazo. Y de confirmarse el pronóstico de las encuestas, después del 27 de octubre ya tendría fueros parlamentarios: Manini Ríos encabeza la lista al senado de Cabildo Abierto.
_ _ _ _ _ _ _
CONFESIONES DE GAVAZZO
Caso Gomensoro: Las
contradictorias versiones de
Vázquez, Toma y Montiel
28.09.2019
MONTEVIDEO (Uypress)- El presidente de la República, Tabaré Vázquez, el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, y el exsubsecretario de Defensa, Daniel Montiel, hicieron declaraciones contradictorias ante las indagatorias del fiscal Rodrigo Morosoli en torno a la demora en denunciar las confesiones de José Nino Gavazzo sobre el caso Gomensoro.
Según análisis que desarrolla el periodista Joaquín Silva, para El Observador, Vázquez y Toma han dado versiones distintas a los medios que las que reprodujeron ante el fiscal -el primero como testigo, el segundo como indagado-, y Montiel directamente se contradijo en dos interrogatorios separados por cuatro meses.
Morosoli resolvió este martes archivar la investigación respecto a Toma, Montiel, y a los militares que integraron los tribunales militares y dejó como único indagado al excomandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos.
El fiscal Morosoli tiene previsto imputar al militar por la omisión de los funcionarios públicos de denunciar delitos de los que tuviera conocimiento, en una audiencia que se realizará el 3 de octubre. El delito compredido en el artículo 177 del Código Penal castiga con hasta 18 meses de cárcel. Eso significa que se trata de un delito excarcelable, por el que el fiscal no podrá pedir pena de prisión preventiva.
Ante la justicia, Morosoli expondrá un relato de los hechos y aportará como pruebas los testimonios de Vázquez del 4 de junio en la residencia de Suárez y Reyes, de Toma el 29 de mayo, y de Montiel el 8 de ese mes y el 17 de setiembre.
Sin embargo, ninguno de los tres narró una versión que no haya sido modificada en algún momento.
El presidente, por ejemplo, dijo el 3 de abril en una entrevista que se enteró de la confesión de Gavazzo de haber tirado al río Negro el cuerpo de Roberto Gomensoro (1973) luego de que El Observador lo informara el 30 de marzo. Pero ante Morosoli declaró que estaba al tanto del caso el 19 de febrero, cuando se reunió con el exministro de Defensa, Jorge Menéndez -fallecido en abril-.
Según los hechos relatados por el fiscal, Toma se enteró de la confesión del represor al día siguiente -cuando se reunió con Menéndez por orden del presidente-, pero a principios de abril el jerarca había afirmado a El País que en esa reunión no se había enterado de eso.
Y Montiel dijo dos cosas diferentes ante Morosoli: primero, el 8 de mayo, que Manini Ríos, había informado a Menéndez de las declaraciones de Gavazzo, y luego, el 17 de setiembre, que eso no había ocurrido.
La “sorpresa” de Vázquez
Era el 3 de abril. Dos días antes, había destituido a Menéndez, a Montiel y a los seis integrantes de los tribunales -el de Honor y el de Alzada- que juzgaron la conducta de Gavazzo y Jorge “Pajarito” Silveira en los hechos conocidos como el “segundo vuelo” en 1976. A la cúpula ministerial le adjudicó la responsabilidad política de haber demorado la denuncia a la justicia de las confesiones de Gavazzo, mientras que a los militares los responsabilizó por el incumplimiento del artículo 77 de la normativa de los tribunales de honor, de informar al superior sobre la presunción de un delito.
El 4 de junio, Morosoli le pidió al presidente que recordara cómo había sido esa reunión, y le preguntó directamente si “en esa oportunidad, (Menéndez) ahondó en las confesiones que Gavazzo vertió en esas audiencias del Tribunal de Honor respecto a la disposición del cuerpo de Gomensoro, detenido y asesinado en marzo del 73”.
Y Vázquez respondió: “Sí, efectivamente”. Luego, según un audio al que accedió El Observador esta semana, desarrolló: “Me comentó que en ese tribunal había existido una disputa, una discusión entre Silveira y Gavazzo, referido a un par de hechos ocurridos durante la dictadura. La muerte de Gomensoro y lo que pasó, me lo comentó Menéndez, y también que se había mencionado el caso (María Claudia García de) Gelman. Pero yo no sé si ahondó, pero sé que efectivamente me lo comentó”.
Sin embargo, ese 3 de abril el mandatario concedió una entrevista a VTV Noticias, en la que aseguró que recién se enteró de todo a raíz de la publicación de El Observador. “Cuando en un medio de prensa sale lo que un periodista investigó y publica, a mí me toma de sorpresa porque yo no leí todo el expediente”, sostuvo en diálogo con el periodista Gabriel Pereyra.
Agregó que “no había leído el expediente”, y que “todo el trabajo previo lo tiene que realizar la cadena correspondiente, que era jefe del ejército, secretario, subsecretario, ministro, presidencia a través de secretaria, jurídica”.
E insistió: “Yo no lo sabía. Yo me entero, reitero, por un medio de comunicación, ni siquiera por el medio donde salió la noticia el sábado. Yo la mañana del sábado no leí la prensa. En la tarde del sábado miro por el celular para ver las noticias del día y en uno de los portales me entero de la situación”.
También dijo que desde el 20 de febrero, cuando Menéndez se reúne con Toma, el expediente del tribunal se lo llevó el secretario de Estado para que lo tratara su cartera, pero en realidad quedó en Presidencia, hasta el 11 de marzo, cuando Vázquez volvió a solicitarlo para tenerlo consigo: al otro día iba a destruir a Manini Ríos como comandante en jefe del ejército, debido a críticas a la Justicia que había incluido en un escrito que estaba adjuntado a ese expediente.
La fecha de Toma
Morosoli tiene pruebas de que Toma se enteró de la confesión de Gavazzo ese 20 de febrero, según dijeron a El Observador fuentes de la investigación. Allí el exministro de Defensa le llevó el expediente y dialogaron sobre el crimen de Gomensoro. Pero en entrevista con El País el 2 de abril dijo lo siguiente sobre esa reunión: “Lo que recibió Presidencia fue el expediente. No declaraciones de nadie”. Y se extendió: “Cómo voy a estar al tanto del expediente… (risas)”.
Luego aseguró que si hubiera sabido ese 20 de febrero que en las actas estaba la admisión de la desaparición, se hubiera hecho la denuncia enseguida. “Si fuese así se hubiese presentado la denuncia penal. Y la denuncia penal la presentamos nosotros hoy”, en referencia al primer día de abril.
Pero fuentes de la investigación dijeron a El Observador que Morosoli, en base a testimonios y documentos, no tiene dudas de que Toma estaba al tanto del contenido de las actas del expediente.
Las dos versiones de Montiel
Cuando el exsubsecretario de Defensa declaró ante el fiscal el 8 de mayo, dijo que Manini Ríos “obviamente” le contó al entonces ministro de la confesión del represor el 14 de febrero cuando se reunieron.
“Le dice, obviamente, porque lo trae en el fallo. Le dice que está el tema Gomensoro”, dijo Montiel.
En palabras del exjerarca, Menéndez le había comentado lo siguiente: “Mirá, vino el comandante, me trajo los fallos, acá esta el tema Gomensoro, realmente es impresentable esto, me siento mal del estómago por lo que estoy viendo o leyendo’. Sin lugar a dudas en el diálogo le tiene que haber dicho esto tal”.
Pero el 17 de setiembre, en un interrogatorio solicitado por la defensa del militar, dijo lo opuesto: “Le pregunté al señor ministro, y ratificó una vez más lo que ya dije, si en algún momento el comandante Manini le había dicho (…) de algún tipo de causa referida a la muerte, desaparición y dispendio del cadáver (…). El ministro me dijo que no. Que eso no había acontecido. específica”, declaró.
– – – – – – – – –
Las contradicciones del Ejecutivo en el caso Gomensoro
Para leer el artículo publicado por el diario “El Observador” se debe tocar la línea de arriba
– – – – – – – – –
UNA MAS
Fiscal Morosoli: horrores, acusaciones
y absoluciones
27.09.2019
MONTEVIDEO (Uypress/Esteban Valenti) – Una vez más un tema político y moral de primera importancia, que además tiene que ver con uno de los aspectos más sensibles tanto humanamente, institucional, moral, como políticamente, el de los derechos humanos, quiere ser saldado por el dictamen de un fiscal. En este caso Rodrigo Morosoli.
Roberto Gomensoro e integrantes de su familia
Todos los medios de prensa que quieran obtener opiniones recurrirán a abogados penalistas, cuanto más famosos mejor. Y es otro grave error, no estamos ante un dictamen solo de carácter legal, sino con profundas implicancias morales y políticas. Eso no limita las responsabilidades de parte del fiscal, que inculpó al ex Comandante en Jefe del Ejército General Guido Manini Ríos y absolvió de toda responsabilidad a los civiles involucrados, desde el Presidente de la República, el Ministro de Defensa, el Secretario de la Presidencia y otros funcionarios.
Todos saben que yo no tengo formación legal y que ponerme a opinar de estos temas es un atrevimiento y que me podría recluir exclusivamente en los aspectos políticos y morales de este caso. Pero no me voy a lavar las manos, también voy a opinar sobre la secuencia de los hechos tal como los presenta el fiscal, porque me parecen una vergüenza, porque seguro que sé mucho menos de leyes que Morosoli, pero tengo una mediana capacidad de razonar. Y la justicia, no puede ser la negación de la racionalidad. Y que no me vengan con el verso de las dos bibliotecas, aquí lo que hay es un cachivache.
No hay ninguna duda que el general Manini Ríos, que luego de su destitución el 12 de marzo del 2019, antes de retirarse, se calzó el uniforme de fajina (no de combate) y delante del retrato de José Artigas en la sede del comando del ejército y pronunció uno más, de los varios discursos políticos, por los que debía haber sido destituido mucho antes y en diversas oportunidades y de hecho lanzó ante la población, pero también ante sus ex subalternos, su candidatura a la Presidencia de la República. Sobre los anteriores pronunciamientos políticos y su capacidad como caudillo militar construyó su capital político cuyos frutos está cosechando todos los días, ante la mirada atónita del mundo político y de muchos de los responsables de este proceso.
Hoy, en algunas encuestas empata al Partido Colorado y en algunos departamentos de frontera como Artigas y Rivera (que todos sabemos que aportan muchos integrantes del ejército, desde siempre) figura en segundo lugar en la intención de voto. Falta poco para que comprobemos si son ciertas las estimaciones. Lo que si son ciertas son dos cosas: primero que el conteo de los votos observados, demuestra el gran peso que tiene Manini entre los militares de guardia en las mesas de votación y lo segundo es que hoy recoge votos mucho más allá de “la familia militar”. En otra oportunidad analizaremos este proceso, que por ejemplo determinó que algunos importantes dirigentes del Frente Amplio, comiencen a hablar de acuerdos con Cabildo Abierto en el futuro.
Lo cierto, lo comprobado, es que un general cuyas posiciones críticas hacia la justicia sobre el tratamiento de los temas de la verdad y la justicia hacia los militares implicados y que figuran en el documento que entregó el propio 12 de marzo al Presidente Tabaré Vázquez, como escribe el propio fiscal Morosoli es responsable de que: “Habían pasado ya 356 días desde que Manini Ríos (en su calidad de jerarca máximo del Ejército Nacional) tomó contacto por primera vez con las declaraciones de Gavazzo”.
Que en todo ese periodo siendo el jerarca del servicio, con argumentos variados y muy discutibles, lo cierto es que no cumplió con la obligación de presentar las declaraciones de Gavazzo y Silveira sobre sus crímenes ante el Tribunal de Honor, a la justicia penal, porque no tenían “apariencia delictiva” directamente comprobaban un delito flagrante, el asesinato y el ocultamiento del cadáver de Roberto Gomensoro, tirándolo al Río Negro, con alevosía y premeditación. Varios meses antes del golpe de Estado, lo que confirma que el Ejército ya violaba brutalmente los derechos humanos antes de apropiarse del poder con la complicidad de Juan María Bordaberry y otros civiles.
Esa responsabilidad a Manini no se la saca nadie y aunque varios juristas argumenten que finalmente presentó el caso ante el Poder Ejecutivo para su presentación ante la justicia, la responsabilidad jurídica y moral es innegable. Y mucho mayor es la responsabilidad política, que no es el fiscal quien debe juzgarla.
Pero es tan fracasada la política llevada adelante por los dos últimos gobiernos del Frente Amplio, incluyendo en primer lugar el Ministerio de Defensa, pero también la Secretaria de la Presidencia y la Comisión de Derechos Humanos, que ese hecho grave, esa responsabilidad política gravísima en lugar de afectar a Manini, es una de las bases principales de su ascenso político. Pero en la actual izquierda, nadie se pregunta nada, al contrario.
Pero ahora entremos en las responsabilidades morales, políticas y también legales de los civiles involucrados.
El 12 de marzo el Presidente de la República homologa el fallo de los tribunales militares.https://275rzy1ul4252pt1hv2dqyuf-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/03/documento-2.pdf
Leerlo atentamente y seguir el cronograma de los hechos.
Los fallos de los Tribunales de Honor, son del 15 de setiembre del 2018.
El día 18 de febrero del 2019 el Ministro de Defensa ya informado del fallo de los Tribunales Militares le solicita una entrevista al Presidente Vázquez. Ésta se realiza el 19 de febrero, donde el ministro informa del contenido de los fallos de esos tribunales.
Finalmente Vázquez le pidió a Menéndez que gestionara una entrevista con el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, “a los efectos de coordinar el cumplimiento de estos extremos”. Esa reunión a la que Menéndez acudió con Nogueira y Maeso se concretó el 20 de febrero. Donde solicita que se proceda a la denuncia ante la justicia penal, y Miguel Toma es informado de los contenidos de las resoluciones de los Tribunales Militares y las declaraciones de Gavazzo y Silveira.
En esos 23 días hasta el 12 de marzo, se supone que se redacta el texto de la resolución adoptada el 12 de marzo por el Presidente de la República homologando los fallos militares.
Homologar: “1. tr. Equiparar, poner en relación de igualdad dos cosas.2. tr. Dicho de una autoridad: Contrastar el cumplimiento de determinadas especificaciones o características de un objeto o de una acción.3. tr. Dicho de un organismo autorizado: Registrar y confirmar el resultado de una prueba deportiva realizada con arreglo a ciertas normas.Real Academia Española © Todos los derechos reservados.
La homologación tiene para cualquier uruguayo el mismo significado, darse por enterado y aprobar las actuaciones de dichos Tribunales, para que tenga valor legal.
¿En 23 días nadie en la Presidencia, en las diversas oficinas legales que intervinieron, se les ocurrió que TODO lo que estaban homologando de los Tribunales Militares era una barbaridad y que lo que debían haber hecho es: a) destituir de inmediato al responsable de tantas demoras y “chicanas” al comandante en jefe del ejército y más importante aún, presentar todo el legajo de inmediato y sin dilación ante la Justicia Penal? ¿Lo que se les ocurrió fue redactar y presentarle al Presidente una resolución de homologación el 12 de marzo?
Señor fiscal Morosoli, ya que usted justifica todo por las demoras administrativas y burocráticas, no se le ocurrió formularse esta simple pregunta: ¿porqué se homologó el fallo antes de presentar todo a la justicia penal? Homologar es demostrar el conocimiento de las actuaciones, los graves hechos penales contenidos y reconocidos por primera vez por dos asesinos convictos de 28 asesinatos, no le parece que esos 23 días eran suficientes para cumplir con la obligación que impone el artículo 177? ¿No encontró usted en el propio texto de la homologación una clara demostración de que había motivos suficientes para sin demora presentar el legajo ante la justicia penal?
¿Pero además usted leyó la resolución del 12 de marzo y sus implicancias legales?
Es más grave, no dejaron simplemente pasar 23 días sin realizar ninguna actuación -que obviamente ante los 356 días de omisión de Manini puede parecer una nimiedad-, pero en Presidencia y en sus oficinas dependientes se procedió a redactar y emitir un decreto de homologación. Y eso es lo grave.
Tiene implicancias legales, pero además demuestra que sobre un tema de esa gravedad humanitaria, política y que hiere la sensibilidad de tanta gente, todo se trató a nivel administrativo, como un trámite más. Y sobre eso está claro que no es el fiscal el que debe opinar y actuar, es el Presidente de la República, que por generosidad quiero creer y creo que, le llevaron el documento pronto y a la firma. Y solo lo firmó. Y espero que ni siquiera lo haya leído.
La justificación de Vázquez es que Menéndez en su entrevista del 19 de febrero le dio una versión muy escueta sobre los contenidos de las declaraciones de Gavazzo y Silveira. Aunque en sus declaraciones al Fiscal reconoce que todo el expediente se lo había enviado Toma el 11 de marzo, para tenerlo presente durante la entrevista con Manini. ¿Vázquez no tuvo el básico impulso de solicitar que le señalaran las partes más importantes y graves y leerlas?
Pregunta:¿para alguien que surgió a la vida política como responsable de finanzas de la Comisión por el Voto Verde, que durante su primer gobierno nacional dio un fuerte impulso a la búsqueda de los desaparecidos y de la verdad y la justicia, no se le ocurrió de inmediato ampliar la información y conocer que habían declarado esos dos asesinos? Dejo solo esta pregunta, nadie me la va a contestar.
Lo que si tengo claro que toda la cadena de jerarcas que intervinieron en la redacción del decreto de homologación merecerían una buena patada y su expulsión del gobierno. No pasa nada y además tienen la santificación de Morosoli.
Pero hay algo que agrava todo, la denuncia penal no se presentó espontáneamente pasado el plazo que los burócratas de Defensa y de Presidencia consideraron conveniente, no. Fue necesario que el diario El Observador, el 20 de marzo de 2019, con la firma de Leonardo Haberkorn, 8 días después publicara partes fundamentales de las declaraciones de Gavazzo, para que como lo reconoció ante la propia justicia el Presidente Vázquez, el 1 de abril (otros 11 días más…) exigiera a Toma (notoriamente responsable) que le trajeran el expediente en “45 minutos” y resolviera cumplir su deber como funcionario público de denunciar un crimen confeso por un asesino de la dictadura. Desde que conoció la situación habían transcurrido 40 días. No tenemos derecho a preguntarnos, ¿y si no se hubiese publicado el artículo de El Observador, cuánto tiempo más hubiera sido necesario para que se presentara la denuncia? Y todavía más, y esto va también para usted fiscal Morosoli, ¿se hubiera presentado la denuncia? Y la pregunta se la hago habiendo escuchado la grabación de su interrogatorio al Presidente de la República.
Si ninguno de los funcionarios civiles involucrados a los diversos niveles recibe la mínima observación y sanción, proporcional a sus obligaciones institucionales y políticas quiere decir que todo queda justificado por la burocracia imperante. ¿Es admisible?
¿Es admisible esto que declara el Presidente ante el fiscal: Jurídica ya había dado la orden de que esto pasara a la Justicia, administrativa tenía que investigar el ministerio de Defensa toda la secuencia del expediente, y políticas, porque esto tenía visos de despertar una cierta conmoción política. Y entonces en ese momento, Montiel dijo: “Sí, yo soy consciente de esta situación, yo voy a dar un paso al costado y voy a renunciar”.
Así que el tema era “los visos de despertar una cierta conmoción política” y por eso renuncia el subsecretario a cargo de la cartera y todos los demás se sienten liberados de toda responsabilidad. La conmoción política es por haber homologado los fallos, conociendo las declaraciones de Gavazzo y Silveira y no haber realizado de inmediato la denuncia ante la justicia penal. Y eso, señor Fiscal, es un delito, no solo por el tiempo transcurrido, sino porque medió nada menos que una homologación del fallo que contenía las declaraciones de los dos asesinos. Y cíteme a Papiniano, Gayo, Ulpiano, Paulo y Modestino, pero no me va a convencer que no hay responsabilidades, además de la innegable de Manini Ríos.
Tengan un poco de paciencia y lean esta parte de la resolución del 12 de marzo del 2019 firmada por el Presidente Vázquez. Los subrayados son míos.
“II) – que por Sentencia Nº 037 de 26 de marzo de 2009, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 16º turno, condenó a José Silveira Quesada como autor responsable de veintiocho (28) delitos de homicidio muy especialmente agravados en reiteración real, fallo que fue confirmado por la Sentencia Nº 204 de 29 de junio de 2010 del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º turno y por Sentencia Nº 2294 de 20 de julio de 2011 de la Suprema Corte de Justicia;
III) – que por Sentencia Nº 036 de 26 de marzo de 2009, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 19º turno, condenó a José Nino Gavazzo como autor responsable de veintiocho (28) delitos de homicidios muy especialmente agravados en reiteración real, fallo que fue confirmado por la Sentencia Nº 1 de 4 de febrero de 2010 del Tribunal de Apelacione en lo Penal de 2º turno y por Sentencia Nº 1501 de 6 de mayo de 2011 de la Suprema Corte de Justicia;
- IV) – que dicho Tribunal de Honor consideró que los hechos por los que fueron condenados por la justicia penal ordinaria no están lo suficientemente aclarados y no hay elementos que fundamenten la convicción que los oficiales sometidos faltaron a los códigos de honor, de la Institución Miliar, del Cuerpo de Oficiales y de los suyos propios;
- V) – que sin embargo, entendió que existió falta contra el honor, porque los militares juzgados, teniendo conocimiento de l condena con prisión del Coronel en situación de retiro Juan Carlos Gómez (quien estuvo privado de libertad durante tres años y medio) por el fallecimiento de Roberto Gomensoro en el Grupo de Artillería Nº 1, cuyo cuerpo apareciera en aguas del Río Negro no le comunicaron a la Justicia Penal ordinaria que el condenado era inocente;
- VI) – que, por tal razón y no otras, los Fallos del Tribunal de Honor interviniente, y por unanimidad de sus integrantes, resolvieron -para ambos militares- declararlos comprendidos “…en el Límite D numeral 2, del Literal “d” del Artículo 108 del Reglamento de los Tribunales de Honor de las Fuerzas Armadas, “Descalificación por falta gravísima”, haciéndose constar que la falta cometida no constituye conducta habitual y afecta el Honor del Cuerpo de Oficiales del Ejército Nacional y el suyo propio.”;
¿Hace falta agregar algún comentario a esta barbaridad, a esta mentalidad que HOY EXISTE EN LOS ALTOS MANDOS DEL EJERCITO NACIONAL y que fue homologada por el gobierno nacional el 12 de marzo del 2019?
Sobre los dos asesinos confesos, declaran “que los hechos por los que fueron condenados por la justicia penal ordinaria no están lo suficientemente aclarados y no hay elementos que fundamenten la convicción que los oficiales sometidos faltaron a los códigos de honor, de la Institución Miliar, del Cuerpo de Oficiales y de los suyos propios;” pero los inculpan por “Falta gravísima” por permitir que uno de sus pares haya estado preso por los delitos que ellos cometieron. Puede haber una muestra más horrorosa de obsecuencia, que descalificar dos fallos de la justicia, casados por la Suprema Corte de Justicia, que correspondía a 28 asesinatos y condenarlos porque un oficial estuvo preso injustamente.
¿Puede haber contradicción más flagrante? Es cuando el derecho quiere parecerse a la farsa mareándonos con palabras y más palabras. La justicia al final del camino es simple y clara.
Y aquí tanto a nivel legal, como político, como moral y ni que hablar a nivel humano la justicia no existió, se hizo oscura y barrosa.
Sería parcial e injusto si no agregara la otra parte de la resolución del Presidente:
- V) – que si bien se comparte con el Tribunal de Honor actuante que de acuerdo al artículo 100 del Reglamento de los Tribunales de Honor de las Fuerzas Armadas, los fallos de éstos son independientes de los juicios de los tribunales de justicia civiles o miliares, el Poder Ejecutivo no puede soslayar que el Poder Judicial, en oportunidad de dictar las condenas y confirmarlas en sede del Tribunal de Apelaciones y de la Suprema Corte de Justicia, consideraron la prueba “francamente agobiante en su capacidad incriminatoria compartiéndose íntegramente la valoración efectuada, tanto por el Ministerio Público al acusar como el Señor Juez al sentenciar.”, “la participación y responsabilidad… siquiera aparecen empañadas por la menor sombra de dudas”. (numerales IV, V y VI de la Sentencia de Tribunal de Apelaciones y IV y VI de la Sentencia de la Suprema Corte de Justicia);
- VI) – que en un Estado Constitucional de Derecho, el Poder Ejecutivo debe ser respetuoso de los fallos judiciales no sólo por su valor jurídico, sino por su innegable trascendencia social;
VII) – que el cuestionamiento genérico realizado al Poder Judicial en los instrumentos agregados en el expediente, no se compadece con las apreciaciones incluidas en los mismos con referencia a ciertos casos, donde la actuación de la justicia permitió el esclarecimiento de hechos, a satisfacción de quien escribe lo contrario;
VIII) – que por consiguiente, tal razonamiento, es contradictorio, va contra las reglas de la lógica, intenta socavar el prestigio de nuestro Poder Judicial y es injusto; de tal suerte que la descalificación pretensa termina desacreditando íntegramente cuánto se expresa en la pieda agregada de fojas 90 a 97 del Expediente MDN Nº 2018.04583-7;
- IX) – que en el caso en cuestión, la conducta de los referidos militares desprestigia el honor de la Fuerza Armada que representan y el suyo propio;
- X) – que por tanto el Poder Ejecutivo, por todas las razones que se expresaron y no sólo por los motivos restringidos expuestos por el Tribunal interviniente, homologará los Fallos;
ATENTO: a lo dispuesto por el artículo 20 del Decreto-Ley Nº 14.157 de 21 de febrero de 1974 (Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas) y por el Decreto 55/985 de 8 de febrero de 1985.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
RESUELVE:
1º. Homológanse los Fallos de 15 de setiembre de 2018 que resultan de las Actas Nº 009 y Nº 011 emitidos por el Tribunal Especial de Honor para Oficiales Superiores Nº1 del Ejército Nacional que juzgaron las conductas de los señores Coronel en situación de retiro Jorge Silveira Quesada y Teniente Coronel en situación de retiro José Nino Gavazzo Pereira.
2º. Comuníquese, publíquese y pasa al Ministerio de Defensa Nacional a sus efectos, etc.
Mi nueva pregunta es a los redactores de esta homologación, ¿si fueron tan prolijos en transcribir diversas partes de los fallos de los Tribunales, no les pareció obligatorio por su gravedad e importancia, incluir una cita sobre las declaraciones de Gavazzo y Silveira reconociendo haber cometido delitos atroces y dejar todo a nivel de aspectos legales e institucionales? Era la primera vez que estos dos delincuentes confesaban sus crímenes ¿No había que incluir esas confesiones en la homologación? ¿O en 40 días no tuvieron tiempo de leer esa parte del expediente?
Una última consideración. En el 2002 Nino Gavazzo, este mismo siniestro personaje fue condenado por un tribunal penal por violencia privada vinculado a una operación de falsificación de moneda como cómplice otro asesino de la dictadura. Tiempo después Gavazzo fue sometido a un Tribunal de Honor en el Ejército para determinar si el haber sido hallado culpable de un delito común había afectado su honor personal y el del Ejército.
Analizado el caso, los integrantes del Tribunal de Honor entendieron que la honra del oficial y del Ejército no había sido mancillada en absoluto, y absolvieron a Gavazzo. Parece que también en materia penal y de delitos de todo tipo, los conceptos de los Tribunales Militares son realmente un modelo… Lo absolvieron por “violencia privada” pero ahora directamente por asesinar 28 personas.
El entonces comandante del Ejército, el general Santiago Pomoli, homologó el fallo. Con el mismo criterio y las mismas normas vigentes actualmente, el dictamen debía ser entonces homologado por el Poder Ejecutivo.
Pero ni el ministro de Defensa Nacional de esa época, YamandúFau, ni el presidente Jorge Batlle, accedieron a hacerlo. Según informó Búsqueda el 24 de febrero de 2005, el Poder Ejecutivo no homologó el fallo porque -en contraposición a lo que había determinado el Tribunal de Honor- Fau y Batlle opinaron que el militar sí había afectado su honor personal y el del Ejército.
Disculpen la suspicacia, pero me revuelve el alma.
_ _ _ _ _ _ _ _
Se entrecubren?
El comandante en jefe del Ejército, Claudio Feola, reivindicó la actuación de los seis generales que integraron los tribunales de honor del Ejército en el caso Gavazzo.
Todos ellos fueron absueltos por el fiscal Rodrigo Morosoli al concluir que en tiempo y forma advirtieron a su superior, el excomandante Guido Manini Ríos, de las confesiones que hizo Gavazzo ante el tribunal de honor sobre la muerte de Roberto Gomensoro en un cuartel militar a comienzos de 1973.
Feola dijo a Subrayado que “quedó claro que la justicia falló y quedaron los militares absueltos. Fue archivada la causa”. “Esto da la pauta que hicimos las cosas como corresponde”, sostuvo.
“Lo que lamento es que dos generales cuatro estrellas fueron pasados a retiro”, indicó el jerarca militar.
_ _ _ _ _ _
Jefe del Ejército reivindica la
actuación de los generales
sancionados en el caso Gavazzo
Cuatro de ellos siguen en funciones porque el Parlamento no aprobó su destitución. Otros dos fueron cesados por el presidente Vázquez.
26 de septiembre de 2019
Para leer el artículo y videos de SUBRAYADO tocar la imágen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
DENUNCIAS
03 de octubre de 2019
Manini: Se ha montado una farsa (…) la
Fiscalía opera como brazo
del Poder Ejecutivo
El candidato presidencial por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, cuestionó que “se ha montado una verdadera farsa” para intentar inculparlo de omisión en denunciar las declaraciones de José Gavazzo ante los tribunales de honor militar, y cuestionó que la Fiscalía “opera como brazo del Poder Ejecutivo, en un caso en el cual el propio Ejecutivo está involucrado”.
Manini Ríos presentó un recurso de inconstitucionalidad (contra la Ley que crea la Fiscalía como servicio descentralizado y contra el nuevo Código del Proceso Penal) y logró suspender la audiencia en su contra en la que se lo imputaría por omitir informar a las autoridades sobre las declaraciones de José Gavazzo ante los tribunales de Honor militar.
Si bien en su momento no realizó declaraciones al respecto, de todos modos luego, en un acto en Casabó, sí se refirió a los hechos.
En tal sentido dijo que “se ha montado una verdadera farsa”, en referencia a la acusación en su contra.
“Nuevamente se activó la Fiscalía para llevarnos a juicio y hemos recurrido la inconstitucionalidad de esa Fiscalía, que opera como brazo del Poder Ejecutivo en un caso en el que el propio Ejecutivo está involucrado”, cuestionó.
El ex comandante en jefe del Ejército dijo que no puede admitir que “alguien mandatado por el Poder Ejecutivo exima de responsabilidad a quienes están más involucrados y pretendan llevar a un candidato a juicio cuando ese candidato hizo lo que tenía que hacer”.
“Nos asiste la razón y seguiremos nuestro camino en forma inexorable hacia el 27 de octubre”, aseguró Manini Ríos, quien también indicó que “con la forma de actuar de la Fiscalía, el ciudadano de a pie no tiene las reales garantías que consagra la Constitución de la República”.…
Cariz político
Por su parte, el candidato a vicepresidente por Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, se preguntó “por qué la Fiscalía General de la Nación se la agarra con Manini Ríos”, y agregó que “es claro que no es independiente y está mandatado por el presidente de la República”.
“No nos vamos a prestar a una maniobra que, evidentemente, tiene un cariz político”, aseguró.
Aseguró que Manini Ríos no demoró en informar sobre los dichos de Gavazzo, porque “no tenía por qué presentar la denuncia, ya que el mando superior de las Fuerzas Armadas, de acuerdo a la Constitución de la República, es el presidente de la República”.
Dijo que el expediente fue entregado al entonces ministro de Defensa quien lo elevó a la Secretaría de Presidencia y fue allí donde “durmió el sueño de los justos”.
Sobre la decisión de presentar el recurso de inconstitucionalidad y diferir el pronunciamiento dijo: “Que se pronuncie el pueblo sobre Manini Ríos, y luego vemos. 50 mil voluntades valen más que la opinión del señor fiscal”.
_ _ _ _ _ _
SUSPENSIÓN
03 de octubre de 2019
Manini Ríos presentó recurso de
inconstitucionalidad y se suspendió
audiencia en su contra
El candidato a la Presidencia de la República por Cabildo Abierto, el ex comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, presentó un recurso de inconstitucionalidad (contra la Ley que crea la Fiscalía como servicio descentralizado y contra el nuevo Código del Proceso Penal) y logró suspender la audiencia en su contra en la que se lo imputaría por omitir informar a las autoridades sobre las declaraciones de José Gavazzo ante los tribunales de Honor militar.
La jueza penal Marcela Vargas citó a declarar a Manini Ríos, tras la solicitud de audiencia de formalización del ex comandante que planteó el fiscal Penal de Montevideo de Flagrancia de 13º Turno, Rodrigo Morosoli.
Según el fiscal, el presidenciable de Cabildo Abierto no realizó denuncia penal, ni comunicó a las autoridades civiles del Ministerio de Defensa el contenido de las declaraciones de José Gavazzo ante el Tribunal de Honor, sobre violaciones a los derechos humanos en dictadura.
Manini Ríos se presentó este jueves 3 de octubre ante la sede judicial, tal como estaba acordado.
Si bien el ex comandante no realizó declaraciones a la prensa, el vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat, manifestó que la defensa de Manini Ríos presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 19.334 (que crea a la Fiscalía como servicio descentralizado), y contra ley 19.293 (del nuevo Código de Proceso Penal).
Por su parte, la magistrada aceptó los recursos, suspendió la audiencia y elevó los recursos a la Suprema Corte de Justicia.
El 28 de mayo de 2018, la Suprema Corte de Justicia rechazó por unanimidad una excepción de inconstitucionalidad presentada contra normas del nuevo Código del Proceso Penal, el estatuto de los fiscales y la creación de la Fiscalía General de la Nación como un servicio descentralizado.
El recurso había sido interpuesto a mediados de febrero del mismo año por la defensa de particular confianza de un abogado imputado de amenazar al fiscal de Corte, Jorge Díaz.
La resolución sobre el recurso de Manini Ríos
La jueza letrada Marcela Vargas manifiesta en su resolución, sobre el recurso que presentó Manini Ríos:
“Que los Sres. defensores del indagado, previo a la celebración de la audiencia señalada en autos, plantean por vía de excepción o defensa, la declaración de inconstitucionalidad de las leyes 19.293 y 19.334 en la redacción actual, legitimados en la disposición del numeral 1º del artículo 509 del CGP.
Analizada la admisibilidad del planteamiento, se advierte en el plano temporal que el mismo se ajusta al requisito establecido por el artículo 511.1 del CGP, ‘desde que se promueve el proceso hasta la conclusión de la causa, en la instancia pertinente’, que si bien en estas actuaciones se convocó a audiencia la celebración de la misma resultaría inconducente en cuanto a su función en virtud del efecto que la excepción de inconstitucionalidad produce en el proceso, conforme artículo 514 del CGP.
Formulándose la excepción por escrito, se indican con claridad los preceptos que se reputan inconstitucionales y normas constitucionales que se vulneran.
Como corolario de lo expuesto al tenor del artículo 514 del CGP, acógese el planteo de inconstitucionalidad por vía de excepción suspendiéndose los procedimientos y elévese las actuaciones para ante la Suprema Corte de Justicia, con noticia personal de las partes cumpliéndose los trámites de estilo”.
_ _ _ _ _ _
TRIBUNAL DE HONOR
Caso Gavazzo: Miranda
no sabe por qué el Ejecutivo
homologó el fallo sin hacer mención
a los delitos que cometió
03.10.2019
MONTEVIDEO (Uypress)- El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, entrevistado por Telemundo, afirmó que no sabe por qué el Poder Ejecutivo homologó el fallo sobre José “Nino” Gavazzo sin hacer mención a los delitos que cometió, aunque, aclaró, que el tema de fondo es por qué los PPTT ocultaron la verdad durante décadas.
Las declaraciones de Javier Miranda: “La homologación viene porque eso permitía… si no se homologaba el confesor no era sometido ¿no?. No se comparte las razones por las cuales el Tribunal de Honor termina condenando… Yo insisto, este es el tema de fondo que es la permanente búsqueda de verdad y justicia en este país y cómo, entre otros sectores militares, pero los partidos históricos en especial ocultaron la verdad durante tantos años”.