Condena por delitos de lesa humanidad en el Chaco
Domingo Mazzoni, el fiscal que
colaboró con los torturadores
03 de octubre de 2019
Domingo Mazzoni y Pablo Casco recibieron once años de prisión.
El ex fiscal federal chaqueño Domingo José Mazzoni se convirtió en el duodécimo ex integrante del Poder Judicial condenado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. El Tribunal Oral Federal de Resistencia le impuso una pena de once años de prisión por la “omisión deliberada, generalizada y sistemática” de investigar los secuestros, torturas y homicidios del terrorismo de Estado. Por los mismos delitos estaban acusados el ex juez federal Luis Ángel Córdoba y el ex fiscal federal Carlos Flores Leyes, que murieron antes de que comenzara el juicio oral. El tribunal aplicó la misma pena de once años a Pablo Casco, un ex torturador del Servicio Penitenciario Federal en la cárcel de Resistencia.
Ya en 1984 la comisión investigadora de la Cámara de Diputados del Chaco recibió denuncias sobre la participación de Mazzoni en torturas físicas y psicológicas, pero nada le impidió seguir en carrera. En 1992 el gobierno de Carlos Menem lo promovió como fiscal general. En 2003, cuando se anularon las leyes de impunidad y se reabrieron las causas, el CELS e Hijos Chaco pidieron su apartamiento del Ministerio Público Fiscal, que el procurador Esteban Righi ordenó cuatro años después tras un largo sumario administrativo. Para evitar ser sometido a un jury de enjuiciamiento renunció al cargo a fines de 2007.
El incansable trabajo de víctimas, abogados y fiscales derivó finalmente en la condena de Mazzoni por los delitos de tormentos psicológicos, omisión de denunciar e incumplimiento de deberes de funcionario público. Los jueces Juan Manuel Iglesias, Selva Angélica Spessot (de la Cámara Federal de Corrientes) y Eduardo Ariel Belforte (del Tribunal Oral de Formosa) lo sentenciaron a once años de prisión, cinco menos de los que pidió la Unidad de Derechos Humanos de Chaco que integran los fiscales Federico Carniel, Carlos Amad, Patricio Sabadini y Diego Vigay.
Mazzoni, igual que el resto de los magistrados imputados, no fue acusado “por meros olvidos o descuidos en el ejercicio de la función judicial” sino por la “ausencia de conductas judiciales obvias, básicas, elementales de cualquier empleado judicial” destacaron los fiscales. “Tampoco acusamos porque ex funcionarios no investigaron un hecho aislado, estamos diciendo que hubo una omisión deliberada, generalizada y sistemática”, una decisión “de no investigar el terrorismo de Estado, de no investigar crímenes de lesa humanidad”. Córdoba, Flores Leyes y Mazzoni “no llevaron a cabo de modo activo los tormentos ni las privaciones ilegítima de libertad, sino que por sus cargos de fiscal y juez federal al momento de los hechos revestían especiales deberes de protección frente a la libertad e integridad física de los detenidos al tomar conocimiento de los hechos denunciados y esta omisión debe serle imputada como si la hubiesen llevado de modo activo”, argumentaron en su alegato, fundado en testimonios y expedientes de la época.
En el caso de Casco, los fiscales habían pedido 19 años de prisión por su participación en tormentos. “En la cárcel federal U7 los detenidos por razones políticas, denominados ‘especiales’, padecían un régimen de encierro irregular, cruel e inhumano”, recordaron. El maltrato incluía castigos sistemáticos y tormentos con el fin de “quebrar al detenido psicológicamente para poder dominarlo y doblegarlo”. La fiscalía describió a Casco como “obsesivamente cruel, un torturador” que “siempre tenía excusas para pegar o sancionar a los detenidos”. Una de sus víctimas contó que en junio de 1977 “recibió una sanción de treinta días que cumplió en un pabellón de castigo: allí lo tenían desnudo, lo obligaban a bañarse con agua helada dos veces por día, dándole una ración mínima de comida”. El tribunal acreditó que Casco tenía a su cargo la denominada “guardia dura” de la U7, que dirigía en persona las requisas en las que se despojaba a los presos hasta de papel y lápiz, y que fue quien aplicó la orden de suspender la correspondencia y las visitas familiares en 1976.