Cuatro ojos
Pistas y zonas grises del “rediseño” de la inteligencia estatal
Samuel Blixen
13 diciembre, 2019
Centro del Comando Unificado del Ministerio del Interior
El “rediseño” de la Secretaría de Inteligencia del Estado, propuesto por el gobierno electo, se convertiría en un instrumento clave de la política represiva.
Especialistas en políticas de defensa han sintetizado en publicaciones españolas lo que a su juicio serán los ejes fundamentales de la gestión de Álvaro Garcé (referente en materia de seguridad del presidente electo Luis Lacalle Pou) cuando asuma al frente de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, a saber: el narcotráfico, el narcoterrorismo, la “crisis de seguridad” interna, la delincuencia regional y las oleadas migratorias.
Así planteados, estos objetivos estratégicos no difieren ni en una coma de los que proponen el Departamento de Defensa estadounidense, el Mossad israelí o la inteligencia alemana para los organismos de inteligencia de la región. El nombramiento de Garcé no ha sido negado por el equipo del gobierno electo, pero él ha preferido mantener silencio. Algunos medios vernáculos, no obstante, han coincidido en los citados objetivos, cuyas expresiones concretas (como, por ejemplo, el derribo de aviones no identificados o el patrullaje de las fronteras) serían incluidas en la famosa ley de urgente consideración.
Garcé –cuya gestión como comisionado parlamentario para las cárceles durante los gobiernos frenteamplistas concitó, en términos generales, respaldos políticos– se verá enfrentado a problemas que no pudo resolver su antecesor en la Secretaría de Inteligencia, el general Washington Rodríguez, y que se arrastran desde su creación por la ley de inteligencia en octubre de 2018. Dicha ley, 19.696, sustituyó un decreto de 2005 que creaba una coordinación de inteligencia dependiente del Poder Ejecutivo. Los principales problemas (presupuesto para actuar y personal para realizar las tareas) derivan de una ausencia de reglamentación de la ley.
En principio, la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado es un organismo desconcentrado que responde a cuatro ministerios y depende del presidente de la República. Según la ley, el director de esa Secretaría deberá coordinar con los ministerios de Defensa, Interior, Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas, cuyas actividades son pasibles de producir inteligencia, a los efectos de “la recolección, análisis, procesamiento y diseminación de información relevante para los asuntos de seguridad interna y externa del Estado”. La elaboración de esa inteligencia será puesta a consideración del presidente de la República para la toma de decisiones relacionadas con los intereses estratégicos del país. La ley no especifica limitaciones, pero al no ser taxativa, algunos organismos del Estado, en particular los entes estatales y sus empresas subsidiarias, no estarían obligados a coordinar con la Secretaría la búsqueda de información de inteligencia. Y algunas de esas actividades, como el uso del agua, la generación de energía o la producción agropecuaria, son vitales para la defensa de los intereses estratégicos del país. A diferencia de esta ley, el decreto de 2005 establecía que la actividad de la Secretaría era transversal a todo el Estado y no sólo a los cuatro ministerios mencionados.
La ley no especifica ni define los intereses estratégicos del Estado. Por lo tanto, jerarquizar aquellos objetivos relacionados con la represión es una forma de acotar el alcance de la producción de inteligencia. Aunque ciertos órganos del Ministerio de Economía (la Dirección de Aduanas, la Dgi o la Unidad de Apoyo al Sector Privado –Unasep– para las inversiones) producen material de inteligencia, son el Ministerio del Interior y el de Defensa los que cuentan con órganos específicos, operativos. Esas dependencias de inteligencia establecen sus objetivos en términos de “amenazas” y, por tanto, definen “enemigos” que, desde un punto de vista militar, deben ser eliminados. Es una concepción afianzada por décadas de relación estrecha con la Escuela de las Américas, donde se ha formado el personal de inteligencia, y subsidiariamente con Alemania e Israel. La inteligencia estratégica, en cambio, tiene como horizonte los intereses nacionales, en los que la inteligencia puede detectar vulnerabilidades, no necesariamente amenazas.
La ley de inteligencia de 2018 tiene una fuerte impronta militar, que se observa en el léxico de todo el articulado. Aunque el texto fue enviado al Parlamento desde Presidencia y llegó a la Asamblea General con las firmas de Eduardo Bonomi, Jorge Menéndez (fallecido), Pablo Ferreri y Ariel Bergamino, se le atribuye un especial protagonismo en su confección al entonces comandante del Ejército, general Guido Manini. Las definiciones sobre los objetivos que el nuevo gobierno plantea para la Secretaría de Inteligencia marcan la cancha en el sentido represivo: narcotráfico y seguridad interna, y están a tono con las prioridades planteadas en la campaña electoral. Por lo tanto, en la coordinación del sistema de inteligencia parecen destinados a tener un papel protagónico la inteligencia militar y la policial.
PREGUNTAS. El presidente electo ha atribuido una especial importancia al futuro funcionamiento de la Secretaría, pero hasta ahora no se han despejado las incógnitas fundamentales: qué ministerio se afectará en el rubro presupuestal y de dónde surgirá el personal, tanto estable como contratado. Para el reclutamiento del personal contratado, el artículo 17 de la ley establece que “la Secretaría podrá solicitar personal a otros organismos estatales para prestar funciones en la misma en régimen de comisión de servicio”. Y el artículo 18 establece que “a los efectos de la capacitación y formación de su personal, la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado podrá recurrir a instituciones públicas o privadas, civiles o militares, tanto nacionales como del exterior”. Los dos artículos, inequívocamente, se orientan hacia la captación de personal militar y policial de inteligencia, lo que reforzaría el sesgo represivo. Para la capacitación de los agentes de inteligencia, la ley hace pensar inevitablemente en las agencias internacionales de espionaje.
Quizás el anunciado director de coordinación de inteligencia tenga criterios propios y originales sobre la forma de “rediseñar” la Secretaría, y advierta que un tal poderoso instrumento a los pies del presidente puede convertirse, más allá de los controles de una comisión bicameral, en un instrumento operativo, con amplias facultades, para generar acciones políticas. Por lo pronto, fuentes vinculadas a la comunidad de inteligencia han revelado a Brecha que el proclamado senador Manini Ríos está en condiciones de sugerir nombres de su propio grupo político, con experiencia militar de inteligencia, para conformar el personal permanente de la Secretaría. Esas fuentes concluyeron, además, que el propio Manini tendría un ascendiente directo sobre la Secretaría si se cumpliera su aspiración de asumir como ministro del Interior, un anhelo no público, pero al parecer firme, que le daría mando de tropa sobre estructuras operativas altamente tecnificadas, que son la envidia de oficiales del Ejército.
Complemento al artículo anterior
Todavía cuesta
En menos de un mes, el consejo directivo fundacional de la Institución de Derechos Humanos culmina su mandato. Mientras que Mariana González, Mirtha Guianze y Ariela Peralta decidieron que no continuarán en sus puestos, Juan Faroppa y Juan Raúl Ferreira expresaron su deseo de ser nuevamente elegidos para el próximo quinquenio. Todos ellos y las organizaciones sociales muestran abiertamente su preocupación porque el tiempo corre, y el Parlamento, que debe iniciar el proceso para definir las próximas autoridades, se mueve a paso cansino.
Mariana Cianelli
2 junio, 2017
Las demoras institucionales son una marca de nacimiento de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh). La ley que dio vida al organismo fue aprobada en diciembre de 2008, pero hasta 2012 su consejo directivo no se consolidó. En 2016, después de una larga lucha por conseguir un espacio físico propio donde trabajar, la Inddhh inauguró su sede en el lugar donde funcionaba el ex Servicio de Información de Defensa, centro clandestino de torturas en el que se vio por última vez a María Claudia García de Gelman.
“Logramos armar una institución de la nada, posicionarla y que se reconozca”, manifestó Mirtha Guianze. Pero, por diferentes motivos, las tres mujeres integrantes del consejo directivo entienden que es momento de dar un paso al costado. La abogada Ariela Peralta fue postulada por el Estado uruguayo a la Corte Penal Internacional y considera que no es correcto presentarse simultáneamente a los dos cargos. La socióloga Mariana González quiere dedicarse de lleno a la docencia universitaria y siente que el fin para el que fue elegida ya se cumplió: la institución está en pie. En marzo, Guianze explicó a Brecha (véase edición del 10/III/17) que es necesario que entre gente joven al organismo y que los nuevos desafíos de la institución se trabajen desde otras perspectivas. Por su lado, Juan Faroppa y Juan Raúl Ferreira manifestaron que no harán campaña para ser reelectos, pero en caso de ser promovidos por la sociedad civil, se postularán nuevamente.
El 22 de junio terminan sus mandatos y si bien todos los integrantes del consejo directivo se mantendrán en sus cargos hasta que alguien los releve, Peralta considera que la situación no puede perpetuarse en el tiempo porque la “legitimidad” que ha ganado la institución se puede “erosionar”.
TIEMPOS DE MOVIMIENTOS. Las organizaciones sociales vienen trabajando vertiginosamente para proponer diversidad de candidaturas. Hace aproximadamente un mes, todos los jueves en Crysol, varias organizaciones han estado entrevistando a los posibles candidatos, proponiendo nombres y buscando algunos consensos.
La jueza Mariana Mota, trasladada arbitrariamente en 2013 del juzgado penal al civil cuando investigaba más de 50 denuncias por violaciones a los derechos humanos en tiempos de dictadura, es una de las candidaturas más claras hasta el momento y, además, aceptada públicamente (así lo expresó en Océano FM el 5 de mayo). Su nombre fue puesto sobre la mesa, entre otros, por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Comisión de Fusilados de Soca, Comisión Memoria de la Costa y la Comisión de Derechos Humanos del Pit-Cnt.
Esta última también promueve la candidatura de Virginia Martínez, ex directora de Tnu y realizadora de varios documentales que condensan la memoria del pasado reciente. El integrante de esta comisión de la central sindical, Raúl Olivera, sostuvo a Brecha que como criterio intentan mantener el equilibrio de género, buscar que ingrese gente relativamente joven y evitar “el desmantelamiento” de las organizaciones sociales para vestir al organismo.
En una de las reuniones mencionadas anteriormente se impulsó también la candidatura de Ivonne Klingler, ex presa política, médica de profesión, fue una de las 28 mujeres denunciantes por abuso y violencia sexual durante la dictadura. Klingler, en diálogo con Brecha, resaltó la importancia de que las propuestas partan de las organizaciones sociales (“es algo por lo que hemos luchado siempre”) y decidió aceptar el desafío propuesto por sus compañeros de Crysol y, posteriormente, de Fucvam.
Otra candidatura que surgió en ese ámbito fue la de Marina Morelli, feminista, abogada e integrante de la organización Mujer Ahora. Morelli explicó a Brecha que “lo interesante” de la lógica de las candidaturas es que se hace énfasis en los perfiles y no en los nombres, pero considera importante que las “activistas de base” sean tenidas en cuenta a la hora de integrar este tipo de instituciones.
En tanto, desde Ielsur impulsaron la candidatura de uno de sus fundadores el abogado Wilder
Tayler, quien fue secretario general de la Comisión Internacional de Juristas y también integrante del Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura. El presidente de Ielsur, Jorge Pan, explicó a Brecha que Tayler fue elegido por sus credenciales, sus años de experiencia y su capacidad de gestión.
Otro nombre puesto sobre la mesa es el del docente Óscar Destouet. El secretario de comunicación de la Feuu, Marcio Mañana, manifestó a Brecha que el Centro de Estudiantes de Derecho presentó su candidatura para que se discuta en la Feuu como “un compañero de confianza, un cuadro histórico del movimiento estudiantil, de la generación del 83, y además tiene un compromiso ineludible con la defensa de los derechos humanos”. Si bien la Feuu aún no ha tomado una decisión, Mañana no cree que existan grandes discrepancias.
TIEMPOS PARLAMENTARIOS. “Los tiempos legales a esta altura parecen prácticamente imposibles de cumplir”, explicó Peralta. La ley que creó la Inddhh establece que una comisión especial bicameral será la encargada de recibir las postulaciones, concretar las entrevistas y elaborar una nómina de candidatos –basándose en los propuestos por las organizaciones sociales– que luego deben ser votados por la Asamblea General. El plazo no puede ir más allá del 1º de agosto.
Los integrantes del consejo directivo se reunieron hace aproximadamente dos meses con Raúl Sendic, en su calidad de presidente de la Asamblea General, para recordarle sobre la inminencia de la fecha límite y también tuvieron
reuniones informales con varios legisladores por el tema.
La senadora frenteamplista Daniela Payssé informó a Brecha que el 17 de mayo se designó a los integrantes de los partidos para la conformación de la comisión especial. Sin embargo, hasta el momento no se han reunido. La senadora frenteamplista aseguró que “no se va a generar un vacío” y si bien este asunto se puede superponer con la rendición de cuentas, no hay una decisión de postergar la elección del consejo directivo de la Inddhh. En todo caso, argumentó, puede postergarse “por obra de las circunstancias”.
Desde la Inddhh, González analiza: “El tema está moviéndose, los nombres están circulando, se empezó a aceitar el engranaje, pero no sé cuánto falta para que empiece a marchar con los ritmos que tiene que marchar, ese es el enigma. De parte nuestra, lo que deseamos y para lo que estamos trabajando es para que efectivamente el engranaje se mueva y si bien está claro que los tiempos de la ley no se van a poder cumplir, por lo menos no nos alejemos tampoco demasiado”.
Breve balance
“No teníamos nada. Fue todo un desafío construir, levantar una institución pública y creo que dejamos, por lo menos, la base y las columnas para que continúe creciendo”, reflexiona la actual presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) Ariela Peralta.
Las tres integrantes del consejo directivo que entienden que su etapa en la institución está cumplida coinciden en que el primer período fue de construcción institucional. Después de idas y venidas, el organismo consiguió una sede fija y funcionarios que ingresaran por concurso. También se consolidó el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura que, actualmente, realiza visitas casi rutinarias a diferentes centros de privación de libertad. “Logramos dar visibilidad a algo que no existía”, sintetiza Mariana González y agrega que eso generó que se reciban más denuncias y casos que atender.
Para Peralta los desafíos que quedan en la puerta son: llegar al Interior a través de los centros regionales de la Universidad de la República, cumplir con el mandato de la ley de servicios de comunicación audiovisual que establece que la Inddhh debe presentar un relator de audiencias y trabajar para que cada área dentro de la institución tenga un protocolo de actuación definido ante las denuncias.
Guianze destacó que el renovado consejo directivo tendrá el desafío de hacer que las instituciones del Estado cumplan con las recomendaciones de la organización o “que por lo menos las atiendan y se den cuenta que si el Estado de buena fe armó esta institución, de buena fe tiene que cumplir también”. González agregó que sería interesante elaborar, de manera sistemática, contenidos temáticos sobre derechos humanos (como medio ambiente, violencia de género, salud mental), y marca la necesidad de que la sede de la Inddhh sea reconocida por la gente como un espacio de memoria.