A precio rebajado
El genocida argentino Scilingo pasea libre por Madrid.
Álvaro Hilario
24 enero, 2020
Condenado por su participación en dos vuelos de la muerte en 1977, durante la dictadura argentina, Scilingo fue beneficiado semanas atrás por la justicia española con un régimen de semilibertad.
Hace ya un mes que el genocida argentino Adolfo Scilingo abandonó la prisión de Alcalá-Meco (Madrid), donde cumplía una condena de 1.084 años de prisión por delitos de lesa humanidad, y pasó a colaborar con una parroquia católica. Después de dos años de salidas transitorias, Scilingo ha accedido al tercer grado penitenciario, un régimen de semilibertad que lo exime incluso de pernoctar en la cárcel cuatro noches por semana y lo habilita a hacerlo en un centro de inserción social. Este beneficio es el paso previo a la concesión de la libertad condicional. De hecho, el represor ya se apersonó en el consulado argentino en Madrid para solicitar un certificado de antecedentes penales, trámite necesario para ello. Hasta la última reforma del código penal, que establece en 40 el máximo de años de cumplimiento efectivo de las penas de cárcel, este estaba situado en 25 años, supuesto en el que entra Scilingo, ya que la reforma no tiene carácter retroactivo.
DELITOS DE LESA HUMANIDAD. En abril de 2005, la Audiencia Nacional española (tribunal de excepción que juzga delitos de terrorismo, narcotráfico o delitos cometidos fuera del Estado español) condenó al represor argentino a 640 años de prisión al considerarse probada su participación en el asesinato de 30 detenidos políticos y en una detención ilegal seguida de torturas. Dos años después, el Tribunal Supremo español elevó la condena hasta los 1.084 años al comprobarse su complicidad en 225 detenciones ilegales más.
Antes de ser juzgado, Scilingo había relatado cuál era el modus operandi aplicado por los genocidas argentinos: “Todos los miércoles se hacía un vuelo y se designaban en forma rotativa distintos oficiales para hacerse cargo de esos vuelos. A los que el día antes se los elegía para morir se los llevaba al aeropuerto dormidos o semidormidos mediante una leve dosis de un somnífero, haciéndoles creer que iban a ser llevados a una prisión del sur. Una vez en vuelo, se les daba una segunda dosis muy poderosa, quedaban totalmente dormidos, se les desvestía y, cuando el comandante daba la orden, se los arrojaba al mar uno por uno”.
Aunque durante el proceso Scilingo afirmó haber participado en 1977 en dos vuelos en los que 30 personas “fueron arrojadas desnudas a las aguas del Atlántico”, fue, a medida que pasaban los días, negando sus dichos, y llegó a afirmar que sus testimonios eran invenciones que no tenían más objeto que promover la investigación de aquellos delitos. De hecho, Scilingo reclama su inocencia y la anulación de la causa por la que fue juzgado y condenado. Así, el pasado 9 de abril, en entrevista concedida al medio digital español Vozpópuli, señalaba: “Estoy condenado por 30 asesinatos sin que yo sepa quiénes son los asesinados. El juez reconoce que no sabe quiénes son mis víctimas. La justicia argentina estudió el auto de procesamiento mío y dijo que no hay casos concretos ni hechos concretos, y que no hay ni fechas ni víctimas”.
REPUDIO E INDIFERENCIA. La medida de semilibertad, conocida hace una semana, ha provocado el repudio de las organizaciones de derechos humanos de Argentina. Así, la agrupación Hijos señaló a través de su cuenta de Twitter que el único lugar para Scilingo es “la cárcel común”.
En España, sin embargo, la polémica no ha llegado al grueso de la opinión pública. Esto puede deberse tanto a la frenética coyuntura sociopolítica española, marcada por la formación del gobierno de coalición progresista, la crisis catalana o la emergencia de la extrema derecha, como al hecho de que los españoles están acostumbrados a la laxitud del Poder Judicial –no depurado tras el franquismo– para con los represores.
Ejemplo de lo dicho es el atípico cumplimiento de penas de todos los condenados por el terrorismo de Estado desarrollado durante los gobiernos de Felipe González. Para muestra, dos botones: el general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, condenado a 71 años por secuestro y asesinato, fue excarcelado a los cuatro años por motivos de salud; José Barrionuevo, exministro de Interior, condenado a diez años por su participación en la represión ilegal, sólo cumplió tres meses.