VINOS ENVENENADOS
Una sargento
Luego de finalizar la feria judicial mayor, el senador y futuro ministro de Transporte Luis Alberto Heber intentará reabrir la investigación por las botellas de vino envenenadas que produjeron el asesinato de su madre, ya habló con el fiscal de Corte, Jorge Díaz, y acordaron dar este paso.
Por Víctor Carrato
26 enero, 2020
El 29 de agosto de 1978 el Dr. Luis Alberto Lacalle Herrera recibió en su casa tres botellas de vino blanco Riesling Los Cerros de San Juan dirigidas a su persona, a Carlos Julio Pereyra y al Dr. Mario Heber (esposo de Cecilia Fontana), integrantes de la dirigencia del Partido Nacional.
Los vinos envenenados habrían sido llevados por un hombre y la esquela escrita por una mujer.
Envueltas en papel azul, las botellas llevaban una tarjeta manuscrita que decía: “El jueves 31 al mediodía brindaremos por la Patria en su nueva etapa”, y llevaba la firma “M.D.N”.
El 5 de setiembre, Cecilia Fontana, esposa de Heber, fue la única que bebió el vino y murió.
Antes de estos sucesos, el 25 de agosto de 1978, el Directorio provisorio del Partido Nacional –integrado por Mario Heber, Carlos Julio Pereyra y Dardo Ortiz– había divulgado un comunicado reclamando que el país se reintegrara a sus canales democráticos. Poco tiempo antes, los tres destinatarios de las botellas envenenadas se habían entrevistado con el presidente de la Cámara de Diputados de España en visita a Uruguay. Posteriormente, publicaron en la prensa un comunicado en el que defendían al dirigente Wilson Ferreira Aldunate, requerido por la Justicia Militar. Por ello, el gobierno los sancionó reduciendo a un tercio sus jubilaciones.
Por entonces circulaba la versión de una probable modificación en el gobierno, con la sustitución del Dr. Aparicio Méndez por un triunvirato militar o cívico-militar. El rumor apareció asociado a publicaciones del periódico de ultraderecha El Talero dirigido por militares, así como trascendidos recogidos por varios periodistas. También, se difundió una muy publicitada reunión del Cosena, que se realizaría precisamente el jueves 31 de agosto. Nadie pensó, ni por un instante, en la terrible posibilidad de que el vino estuviera envenenado, aunque alguien expresó la conveniencia de no tomarlo, por las peculiares condiciones en las que “el obsequio” había llegado. Todos quedamos especulando sobre lo que pasaría el 31, y las botellas quedaron casi olvidadas, relató Carlos Julio Pereyra en el libro Soy Testigo, en junio de 2006.
La dictadura “investiga”
“La primera reacción del gobierno pareció proclive a una investigación sobre el atentado, pero pronto constatamos la farsa”, continuó Carlos Julio Pereyra. “Fuimos interrogados como sospechosos tres destinatarios del veneno, es decir, las víctimas del atentado, a los que mantuvieron en situación de emplazados durante meses, en medio de frecuentes citaciones policiales y judiciales…”.
En su intervención en una de las sesiones de la Comisión Especial Investigadora que actuó sobre el caso de Cecilia Fontana, Pereyra recuerda: “… durante las horas de la tarde, desde el momento que tomé conocimiento de este suceso, no supe qué hacer con la botella de vino que tenía en mi casa, porque si no se trataba de un caso de envenenamiento podía aparecer en una situación difícil, presentándome como víctima de un atentado que no existía”.
“Recuerdo que alrededor de las 5 o de las 6 de la tarde tuve la información –a través del propio Mario Heber– de que la policía había comunicado que la botella efectivamente contenía veneno. Entonces me dispuse a entregar la mía al Juzgado. Pero en ese momento me enteré de que el señor inspector Campos Hermida había mandado a buscar la botella a mi domicilio”, sigue el relato de Pereyra.
El 20 de setiembre de 1978 toma el caso el Juzgado Letrado a cargo del juez Dr. Juan Carlos Larrieux. La investigación fue llevada adelante por la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), cuyo director era el comisario inspector mayor Víctor Castiglioni y la Brigada de Narcóticos y Drogas Peligrosas de la misma dirección, cuyo responsable era el comisario Hugo Campos Hermida.
Finalmente el juez Juan Carlos Larrieux se inclinó hacia un acto perpetrado por un “loco”.
Nunca se aclaró por qué el caso lo tomó la Brigada de Narcótico, una dependencia financiada por el gobierno norteamericano (que también había creado la DNII), y nunca hubo un grupo policial de la División Homicidios en la investigación de un evidente asesinato.
En su informe, Campos Hermida aclaró que sobre todo el procedimiento se dio cuenta a las autoridades policiales, quienes se hicieron presentes en el lugar: el jefe de Policía, coronel Julio César Bonelli; el jefe de día, inspector Yamandú Castro, y el director de la DNII, Víctor Castiglioni, entre otros.
En la investigación se interrogó a Heber, a Pereyra, a Lacalle, a Julia Pou, al personal doméstico, a amigos y familiares, y a casi todos los vecinos (un contador que vivía junto a lo de Lacalle nunca fue interrogado) para intentar averiguar quién había llevado el vino.
En los peritajes se llegó a hacer pruebas caligráficas de decenas de mujeres que estudiaron en el Seminario Sagrado Corazón, porque según el calígrafo Pedro María Achard de allí provenía la letra de las tarjetas. Incluso se hizo la prueba a personal policial de la DNII, pero sus nombres no están en el expediente.
Se indagaron todas las ventas del plaguicida foxdrín (dimetoxifosfinil) con el que el vino fue envenenado. Incluso a un sobrino del derechista Celio Riet, cuyo nombre adquirió ese veneno. Riet, autor de “La Orientalidad como Doctrina Nacional”, quien estaba vinculado al semanario ultraderechista Azul y Blanco, nunca declaró ante un juez.
La investigadora parlamentaria
En julio de 1985, en el marco de una Comisión Investigadora Especial sobre el homicidio de Cecilia Fontana, varios legisladores, entre ellos Germán Araujo y el propio Carlos Julio Pereyra, nuevamente vincularon al sector Azul y Blanco, y a Riet.
El senador frenteamplista José Germán Araújo declaró que, según fuentes propias, Celio Riet había sido indicado como ideólogo del crimen y una mujer policía como la autora de las notas. Ninguno de ellos fue citado por el juez, que volvió a archivar la causa.
El Senado destacó en sus conclusiones de 1986 que había existido una “crisis de conducción” en la indagatoria.
“Alentado” por la embajada de EE. UU.
Exmiembros de la DNII reiteraron, ya en el año 2007, al diario La República, que aquel homicidio fue “alentado” por la embajada de Estados Unidos en Montevideo, que “sugirió” a sus agentes “tocados” de la Brigada de Narcóticos que “neutralizaran” el operativo político.
Las fuentes reiteraron que el director de la DNII, inspector Castiglioni, elaboró un informe paralelo en el que denunciaba la responsabilidad de la gente de la Brigada de Narcóticos en el homicidio, y que fue llevado en mano al general Amaury Prantl, quien pese a su destitución seguía teniendo todo el poder en el SID.
El documento concluía que había sido un “trabajo interno” que adjudicaban a Hugo Campos Hermida. “Fue un disparate. Desde la embajada habían dicho que se debía ‘neutralizar’ a la dirigencia blanca y se entendió que había que matarlos”, narró uno de aquellos agentes a La República el 7 de diciembre de 2006.
“Los informantes –dos fuentes separadas– coincidieron en señalar a un exagente de Narcóticos, de iniciales H. F., como el hombre que trasladó las botellas al domicilio de Lacalle. Ambos apuntan a una funcionaria de iniciales R. L. como la posible autora de las misivas que llevaban los vinos envenenados en 1978”, publicaba La República en enero de 2007.
Curiosamente, el carné de policía de H.F. habría sido el que mostró a los agentes de Interpol el excoronel Gilberto Vázquez cuando fueron a detenerlo en un departamento del barrio Palermo, donde se había ocultado durante su breve fuga del Hospital Militar.
La conexión norteamericana con la muerte de Cecilia Fontana no fue descartada por el abogado Javier Barrios Bove, quien solicitó al Departamento de Estado abrir todos los archivos secretos que pudieran tener información sobre el caso. Ningún documento desclasificado hasta hoy menciona el tema.
La petición de datos fue dirigida a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), al Departamento de Estado y al Buró Federal de Investigaciones (FBI), e instó a la administración Obama a desclasificar los archivos vinculados a la muerte de Cecilia Fontana, esposa del dirigente del Partido Nacional Mario Heber.
Una nota diplomática enviada por el embajador de EE. UU. en Uruguay en 2008 negó la existencia de documentos clasificados vinculados a este caso.
La “Brigada Gamma”
El 25 de octubre de 2010, La República reveló que fuentes consultadas por ese diario aportaron información sobre este hecho que aún seguía siendo indagado por la Justicia. En esos días se supo que una junta de peritos determinó que una policía retirada de iniciales M. L. no fue la autora de las esquelas entregadas con los vinos envenenados enviados y que causaron la muerte de Cecilia Fontana de Heber.
La verdadera autora de la esquela sería una mujer que también fue policía por aquellas épocas cuyas iniciales son R. L. Según confiaron las fuentes, esta expolicía tenía entonces el grado de sargento 1ª y tres hermanos también policías. R. L. había hecho un curso de policía especializado e integraba una brigada que trabajaba para la embajada de los Estados Unidos. Posteriormente al conocido episodio de los vinos envenenados, R. L. dejó de trabajar en la Policía hasta 1982 en que se reintegró.
Las fuentes agregaron que efectivamente la pista lograda a través de las esquelas que acompañaban los vinos envenenados eran correctas en cuanto a que la escritura pertenecía a una mujer que tuvo formación en el Sagrado Corazón.
En tanto, la persona que habría llevado los vinos a los distintos domicilios se trata de otro policía, un oficial principal de iniciales H. F. conocido como El Flaco, quien estuvo viviendo en Paraguay y en España.
Las fuentes confirmaron que la operación fue organizada por la propia embajada de EE. UU. como se sospechaba, y fue llevada a cabo por elementos de la brigada policial que efectuaba distintos trabajos para esa representación extranjera y que era directamente financiada a través del encargado de negocios. La brigada era conocida entonces como Gamma, nombre que provenía de la característica radial Gamma 1 y operaba a las órdenes del fallecido inspector mayor Hugo Campos Hermida. En ella operaba un agente cubano llamado José Hinojosa que supuestamente pertenecía a la DEA. Sin embargo, según otros datos, José Hinojosa era en realidad un agente de la CIA.
En La estación montevideana de la CIA, la historiadora Clara Aldrighi menciona a Hinojosa en Uruguay ya en el año 1971. Allí se cuenta que, en las famosas actas tomadas a Nelson Bardesio por los tupamaros sobre el escuadrón de la muerte, el fotógrafo y expolicía “pretextó ignorancia y mencionó, del nuevo equipo de estadounidenses que había sucedido al de Mitrione, solamente al consejero de entrenamiento Richard Biava”. Agrega este trabajo que Bardesio “nada dijo de los nuevos consejeros de seguridad pública Roy Driggers, José Hinojosa y Lee Echols; tampoco mencionó, naturalmente, su propia condición de agente de la CIA ni la identidad de los funcionarios que lo atendían. Indicó al MLN los estadounidenses que ya habían partido de Uruguay: Sáenz, Cantrell, Noriega, Bernal y Richard Martínez. El MLN no se percató de ello ni estaba en condiciones de hacerlo: su infiltración en los servicios de seguridad era absolutamente marginal, y así lo comprobaban los analistas de Estados Unidos que seguían muy de cerca la evolución de las guerrillas uruguayas”.