DECLARACIONES DE CABILDO ABIERTO
Impunidad y reivindicación de la
dictadura en Uruguay
Referentes de la formación derechista Cabildo Abierto, que forman parte del nuevo Gobierno de Lacalle Pou, realizaron declaraciones negando que haya existido un plan institucional de represión durante la dictadura, y reivindicando el papel de las Fuerzas Armadas. La derecha más rancia y los nostálgicos de la dictadura se manifiestan con absoluta libertad, consecuencia en última instancia de la impunidad que les garantiza el régimen heredero del pacto del Club Naval.
Hernán Yanes
Lunes 24 de febrero
Los referentes de la formación derechista Cabildo Abierto, partido integrante de la coalición que asumirá el Gobierno dentro de pocos días, se expresan de forma desembozada en su reivindicación de la dictadura y en la negación de un plan sistemático de represión estatal. En definitiva actúan como portavoces de todo un régimen político heredero del Pacto de Club Naval, el acuerdo que a la salida de la dictadura les dio impunidad a las Fuerzas Armadas. Esta impunidad que se mantiene hasta el día de hoy habilita, en sus versiones más de derecha, a una suerte de revisionismo que niega hechos comprobados del pasado para relegitimar a una fuerzas armadas genocidas.
Represtigiar a las Fuerzas Armadas
Las declaraciones de Rivera Elgue, Moreira e incluso Manini Ríos no son hechos aislados, es parte de una política que encabeza Cabildo Abierto, pero que no es ajena a los partidos tradicionales de olvidar, “dar vuelta la página” y reconciliarse los torturadores de los 70.
Para esto apelan a falsear la realidad histórica, intentando negar que hubo una política sistemática y planificada de genocidio para contener el ascenso obrero y popular de la época.
El coronel retirado Rivera Elgue, futuro subsecretario de Defensa con el aval de Cabildo Abierto y sus socios de la Coalición, señaló que las Fuerzas Armadas como tales no actuaron mal en la dictadura sino que “hubo hombres que se equivocaron y actuaron mal, pero la institución, no”. Fundamentó su posición en el hecho de que supuestamente hubo 32 desaparecidos en el Uruguay durante el periodo dictatorial.
A su turno Manini Ríos, consultado por las declaraciones escandalosas de su asesor de confianza, tomó distancia de sus apreciaciones sobre los desaparecidos (diciendo que fueran 32 o 300 era algo grave); pero apoyó y compartió con Rivera Elgue en cuanto a que “no hubo una política institucional de desaparición forzada en las Fuerzas Armadas uruguayas”.
La derecha política olvida que más allá de las metodologías represivas predominantes en las dictaduras del cono sur, ya sea desapariciones, asesinatos o cárcel y tortura masiva, se trató de un plan perfectamente planificado y con un fin preciso que fue el exterminio de los luchadores de los 70, y que las Fuerzas Armadas jugaron un rol central en este accionar, con el papel cómplice de sectores civiles.
Se trató además de una política regional de coordinación represiva que incluyó las dictaduras militares de toda la región; una política conocida como Plan Cóndor, cuya existencia está absolutamente probada y que por otra parte eleva las cifras de desaparecidos uruguayos a más de 200.
La cárcel por motivos políticos, la tortura y los asesinatos son también crímenes de lesa humanidad, y en el caso de Uruguay tuvieron como resultado la existencia de decenas de miles de presos (en su momento un record mundial en relación al tamaño de la población del país) y torturados así como también de exiliados, perseguidos y destituidos por motivos políticos.
Las declaraciones del suegro de Manini, Roque Moreira, cuando dice que prefiere decir gobierno de facto que dictadura, van en el mismo sentido de minimizar lo sucedido durante el gobierno militar y negar el carácter dictatorial del periodo encabezado las fuerzas armadas.
La negativa de Lacalle Pou a tomar alguna medida concreta de sanción para Rivera Elgue, en tanto futuro funcionario de su gobierno, deja ver que más allá de alguna frase al pasar tomando distancia, comparten con Cabildo Abierto el objetivo de represtigiar a las Fuerzas Armadas y preservar la impunidad a como de lugar. Por algo los partidos tradicionales en más de 20 años fueron activos defensores de los militares e hicieron todo lo posible por evitar el accionar de la justicia o investigar en profundidad lo sucedido.
El Frente Amplio, como también lo demostró en sus 15 años en el gobierno no tiene ningún interés en terminar con la impunidad. Desde su firma en el Pacto del Club Naval se ha comprometido a dejar en pie a las mismas Fuerzas Armadas que dieron el golpe.
De hecho el propio Manini es una “creación” de Fernández Huidobro y de la política hacia los militares que llevó adelante el FA.
Cuando se acerca el 20 de mayo y una nueva Marcha del Silencio se hace necesario volver a plantear el reclamo de verdad y justicia; cárcel común para los genocidas y que no habrá olvido ni perdón. En estos 30 años ya vimos que ningún partido del régimen tiene interés en terminar con la impunidad; el camino entonces es continuar con la movilización popular para alcanzar este objetivo.