Un fallo aberrante
Más de cuatro década después de ocurridos los secuestros, torturas y desapariciones de 17 militantes comunistas, a manos de agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) la Octava Sala de la Corte de Apelaciones, contrariando las sentencias del ministro instructor, Leopoldo Llanos, determinó que en estos secuestros operaban atenuantes lo que finalmente se tradujo en la reducción de penas de 15 y 20 años de càrcel a condenas de tres años y un día. De no mediar otras condenas o causas en proceso, varios jerarcas de la DINA implicados en este caso, estarían cumpliendo sus penas en sus hogares. Como de hecho así ocurrirá con al menos cinco de los condenados. .
Los familiares de las víctimas califican de aberrante este fallo, lo que la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi hace suyo y expresa su total solidaridad con los familiares.
A continuación la carta abierta que han emitido, rechazando el fallo de la sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Santiago, 11 de abril de 2020
UN FALLO ABERRANTE
La Corte de Apelaciones de Santiago, a través del ministro Juan Cristóbal Mera Muñoz, la ministra Mireya López Miranda y el abogado integrante Cristián Lepin Molina, ha emitido un fallo de segunda instancia que representa en todos sus extremos la posición del pinochetismo al interior del poder judicial: son jueces nostálgicos de la dictadura cívico militar, que reivindican las violaciones de los Derechos Humanos dándole impunidad a los agentes de la DINA que cometieron secuestro, tortura, homicidio y desaparición forzada durante la dictadura militar, sosteniendo que las víctimas por sus circunstancias políticas –todos militantes del Partido Comunista- se encontraban en una situación de riesgo preexistente. No tiene otra explicación una sentencia que absuelve al Director de Operaciones de la DINA no obstante que las brigadas operativas y ejecutoras de las detenciones de las torturas y de la desaparición estuvieran bajo su dirección y dependencia; que condena a Ricardo Lawrence, hasta hace poco prófugo de la justicia, a una pena de 3 años 1 día de presidio menor en su grado máximo en calidad de autor de 16 delitos de secuestro calificado, cometido en la persona de Luis Emilio Recabarren González, Manuel Guillermo Recabarren González, Nalvia Rosa Mena Alvarado, Manuel Segundo Recabarren Rojas, Clara Canteros Torres, Alejandro Rodríguez Urzúa, Daniel Palma Robledo, Carlos Godoy Lagarrigue, Iván Insunza Bascuñán, José Eduardo Santander Miranda, Mario Juica Vega, Víctor Hugo Morales Mazuela, Carlos Vizcarra Cofré, Miguel Nazal Quiroz, Juan Aurelio Villarroel Zárate y Julio Roberto Vega Vega. Al mismo Ricardo Lawrence lo condena a una pena de 541 días de presidio menor en su grado medio como autor del delito de homicidio de Eduardo Canteros Prado; Jorge Andrade Gómez es condenado en calidad de autor de 15 secuestros calificados, a la pena de 3 años 1 día de presidio menor en su grado máximo y a la pena de 541 días como autor de un delito de homicidio; Juan Morales Salgado es condenado como autor de 6 secuestros calificados a la pena de 3 años 1 día de presidio menor en su grado máximo; Ciro Torré Sáez condenado a 3 años 1 día como autor de 3 delitos de secuestro calificado; Sergio Escalona Acuña, Juvenal Piña Garrido, Jorge Diaz Radulovich y Gustavo Guerrero Aguilera, condenados como autores del secuestro calificado de Daniel Palma Robledo a la pena de 3 años 1 día, y Gladys Calderón Carreño, condenada como autora de 6 delitos de secuestro calificado a la pena de 3 años 1 día de presidio menor en su grado máximo. A todos ellos, sin excepción, los señores Juan Cristóbal Mera Muñoz, Mireya López Miranda y Cristián Lepin Molina, le concedieron la libertad vigilada como pena sustitutiva lo que significa que por esta causa y por voluntad de estos jueces, estas personas, condenadas por crímenes de lesa humanidad, no estarán ni un solo día en prisión, esto es lisa y llanamente impunidad.
La decisión de estos jueces compromete al Estado de Chile, porque sustrae a Chile del cumplimiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que establece la obligación de sancionar, sin excepción, a los responsables de graves violaciones a los Derechos Humanos y de crímenes de lesa humanidad, y que fija criterios normativos que, estos jueces de la Corte de Apelaciones, han desconocido de manera flagrante, lo que revela una forma maliciosa y encubierta de impunidad, porque condenan, pero al mismo tiempo le otorgan a los condenados la libertad vigilada.
Jueces de esta jerarquía no pueden menos que conocer la normativa internacional de los Derechos Humanos contenida en los siguientes cuerpos legales: Convenios de Ginebra, la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos Contra Personas Internacionalmente Protegidas; la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y el Estatuto de Roma. Es un deber al momento de ejercer la función jurisdiccional, y al no hacerlo han fallado contra norma expresa, al amparo de la subjetividad ideológica que los identifica con la Dictadura militar y las violaciones de los Derechos Humanos, de la cual no logran sustraerse, y que lamentablemente y de manera vergonzosa, lo hacen evidente y gravemente, al dictar esta sentencia aberrante.
El fallo de estos ministros, al desconocer estas normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, compromete, además, la responsabilidad internacional del Estado de Chile, porque una de las obligaciones del Derecho Internacional, al momento de administrar justicia, es la garantía de no repetición, cuya finalidad es valorar los Derechos Humanos de tal manera que la sanción de los crímenes de lesa humanidad sea un muro de contención a futura conductas ilícitas. Se busca que aquel sujeto que viola los Derechos Humanos sabrá siempre que esas conductas criminales serán sancionadas sin excepción y de manera ejemplar, adquiriendo la garantía de no repetición un efecto educativo y preventivo en el conjunto de la sociedad en el sentido de que esta clase de crímenes no se deben volver a cometer, y que, en caso de que así ocurra, nuevamente, serán sancionados con una pena justa y proporcional a la gravedad del delito. Contrariando este principio de no repetición, lo que han hecho el ministro Juan Cristóbal Mera Muñoz, la ministra Mireya López Miranda y el abogado integrante Cristián Lepin Molina es decirle a la sociedad y a la humanidad que, en Chile sale gratis violar los Derechos Humanos; que los agentes del Estado que cometen tortura, secuestros reiterados, homicidios y desaparición forzada no van a la cárcel; que serán condenados formalmente, de manera figurada, pero que no irán presos, de manera que en el futuro cualquiera que cometa delitos de la misma naturaleza y sean juzgados por estos ministros tendrán el mismo trato procesal: impunidad material.
El efecto de este fallo para nosotros, familiares de las víctimas, ha sido devastador. La falta de justicia y de verdad por la que hemos luchado durante tantos años, con marchas, movilizaciones, encadenamientos, protestas y huelgas de hambre, vuelve a sentirse con un profundo dolor. Nuestros familiares siguen teniendo la calidad de detenidos desaparecidos y a los victimarios se les concede la libertad vigilada. En estas circunstancias el fallo de los ministros Juan Cristóbal Mera Muñoz y Mireya López Miranda y del abogado integrante Cristián Lepin Molina, nos revive la impunidad que hemos vivido durante tantos años, lo que le confiere a esta decisión un grado de malicia y perversión.
A los familiares de las víctimas de lesa humanidad cometidas bajo dictadura que suscribimos, nos resulta y resultará siempre inaceptable la pretensión de validar como sociedad el negacionismo o relativismo de los actos salvajes cometidos por agentes del Estado bajo la política de exterminio de los disidentes que tuvo lugar entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990 y se hace nuestro deber denunciar permanentemente la impunidad.
Hijos e hijas, sobrinos y sobrinas, cuñados y cuñadas, nietas y nietos, bisnietos y bisnietas de Luis Emilio Recabarren González, Manuel Guillermo Recabarren González, Manuel Segundo Recabarren Rojas y Nalvia Rosa Mena Alvarado. Hijos, hijas, nietos y nietas de Eduardo Canteros Prado. Hijas, hermana y cuñado de Clara Canteros Torres. Hijo, hermanas y hermanos, nieto, sobrinas y sobrinos de Iván Sergio Insunza Bascuñán. Esposa, hijos e hija, nietos y nieta, sobrinos y sobrinas de Carlos Enrique Godoy Lagarrigue. Esposa, hijas e hijo, hermanas y hermano, nietas y nietos de Mario Juica Vega. Esposa, hija e hijos, cuñado, nietos, nietas y bisnietos de Víctor Hugo Morales Mazuela. Esposa, hija e hijos, nietas y nietos de Miguel Nazal Quiroz. Hijas e hijos, nietas y nietos, bisnietas y bisnietos de Daniel Palma Robledo. Hijas e hijos, nietos y nietas de Alejandro Rodríguez Urzúa. Esposa e hija de José Eduardo Santander Miranda. Familiares de Julio Vega Vega. Familiar
Especial Semana Santa: Los 5 curas
asesinados por la dictadura
Por: Palöma Grunert
Publicado: 16.04.2017
Sus cuerpos no serán venerados en una cruz, ni tampoco resucitarán este domingo, algunos incluso son detenidos desaparecidos; pero ellos, que llenaron de tierra y barro sus sotanas, no sólo vivieron como Cristo, sino también murieron como él.
Son los sacerdotes que la dictadura no pudo quebrar, y cuya consecuencia les significó la muerte física, transformándolos en hondos ejemplos de entrega. Sus cuerpos no serán venerados en una cruz, ni tampoco resucitarán este domingo, algunos incluso son detenidos desaparecidos; pero ellos, que llenaron de tierra y barro sus sotanas, no sólo vivieron como Cristo, sino también murieron como él.
En El Desconcierto te contamos las historias de estos cinco curas: dos chilenos, dos españoles y un francés, que trabajaron con el pueblo pobre durante los años de la Unidad Popular y que supieron resistir la dictadura militar a costa de sus propias vidas.
Miguel Woodward, 42 años
Asesinado el 22 de septiembre de 1973 – Detenido Desaparecido
De padre irlandés y madre chilena, Miguel nació en Valparaíso en 1930, vivió en Inglaterra gran parte de su juventud y luego de titularse como Ingeniero Civil, regresó a Chile para ser cura. En 1961, Raúl Silva Henríquez lo ordenó sacerdote diocesano en la Catedral de Valparaíso. Pese a que toda su familia decidió regresar a Europa, Miguel se quedó en los cerros porteños. Durante esos años, y decidido a ser un sacerdote obrero, trabajó como tornero en el puerto y como profesor del Centro de Estudios y Capacitación Laboral de la Universidad Católica de Valparaíso. Un año antes de la llegada de la Unidad Popular al gobierno, abandonó su cargo de párroco de Peñablanca, se fue a vivir a la Población Progreso del Cerro los Placeres y encabezó una comunidad religiosa en su barrio. Más tarde ingresó al MAPU (Movimiento de Acción Popular Unitaria) y fue dirigente local de las JAP (Juntas de Abastecimiento y Control de Precios).
Cinco días después del golpe de Estado contra Salvador Allende, el 16 de septiembre de 1973, fue detenido por miembros de la Marina, quienes lo sacaron de su casa y lo condujeron a la Universidad Técnica Federico Santa María. El infante José Manuel García Reyes, contó en su declaración a la justicia que en ese lugar fue torturado por él y por el teniente Luis Montenegro: “¿Cuántas puntas tiene una cruz?” le preguntaba Montenegro a Miguel. “Cuatro” respondía él, “Entonces cuatro culetazos” decía el teniente antes de golpearlo con un arma. Después de pasar por el buque Lebú, fue llevado al buque Escuela Esmeralda. Pero el padre Miguel no logró resistir las agresiones a las que había sido sometido por varios días y la mañana del 22 de septiembre despertó agonizando. Fue trasladado al Hospital Naval, al que llegó muerto y con un orificio de bala en el pecho. Su cadáver fue enviado a la morgue y luego lanzado a una fosa común.
“Allí reposará pues, definitivamente, el cuerpo de Miguel, abrazado a los cuerpos de tantos anónimos seres humanos, sin duda los más pobres y abandonados. Por lo demás, es lo que Miguel hubiera deseado, en consonancia con lo que siempre buscó”, escribió el padre José Aldunate en el diario La Nación, en 1998.
André Jarlán, 43 años
Asesinado el 4 de septiembre de 1984 – Ejecutado
André Jarlán nació en Francia en 1941. En 1984 llegó a Chile, siendo misionero francés de la orden de los Oblatos, para trabajar junto a su amigo Pierre Dubois en la Parroquia de La Victoria, una de las poblaciones más emblemáticas en su lucha por la resistencia ante la represión de la dictadura. Allí, André destacó por su carisma bondadoso y alegre, haciéndose muy amigo de los niños y jóvenes del barrio, con los que trabajó arduamente para sacarlos de la drogadicción.
Durante los álgidos años 80, la represión policial dentro de los barrios más pobres de Chile era dura. Así lo sabían André y Pierre, y mientras este último participaba de las jornadas de resistencia desde las calles, interponiéndose ante las Fuerzas Especiales de Carabineros para impedir el ingreso a la población, el trabajo de André implicaba menos riesgos: permanecer con las mujeres y niños, ayudando en la atención de los heridos. En las protestas nacionales del 4 de septiembre de 1984, y caída la tarde, luego de enterarse de la muerte del joven Hernán Barrales -uno de los muchachos con los que trabajaba Jarlán-, el padre subió a su cuarto en la casa parroquial, ubicada en una de las calles de la población, para orar por el cese de la violencia.
Luego de los enfrentamientos, Pierre Dubois regresó también a casa, y al entrar a la habitación vio a su amigo André sentado en el escritorio. Su cuerpo, extrañamente, estaba inclinado sobre la mesa. Pierre pensó que dormía, y se acercó. La cabeza de André reposaba junto a la Biblia abierta. Tres delgados hilos de sangre emanaban desde la nuca hacia la boca. Un policía había disparado una ráfaga justo en la intersección de la capilla, matando al cura de los jóvenes de La Victoria.
“La bala no fue disparada contra André, pues no sabían que estaba en su pieza en este momento, pero sí contra quien la pudiese recibir. Así que André compartió plenamente la suerte de los pobres de este sector”, dijo días después su amigo y compañero Pierre Dubois.
Joan Alsina, 31 años
Asesinado el 19 de septiembre de 1973 – Detenido Desaparecido
Fue en su país natal, España, donde Joan Alsina se hizo sacerdote católico. A Chile llegó a vivir en enero de 1967, impulsado por su afán de la evangelización del pueblo obrero. Aquí, se hizo parte del Movimiento Obrero de Acción Católica. Fue párroco en el puerto de San Antonio y luego se mudó a Santiago para ejercer su sacerdocio en la parroquia San Ignacio de San Bernardo, trabajando además como jefe de personal en el Hospital San Juan de Dios, lugar en el que destacó por su espíritu de justicia e igualdad social, el que quedó en manifiesto cuando el 19 de septiembre de 1973 y, preocupado por la situación de los trabajadores del hospital, no se retiró del recinto pese al peligro de la dura represión en los primeros días de la dictadura.
Esa mañana los militares allanaron el lugar llevándose solamente a Juanito, como le decían sus amigos y compañeros. Fue trasladado al Instituto Barros Arana y, horas más tarde, conducido hasta el puente Bulnes del Río Mapocho para ser fusilado. Un joven soldado de 18 años, llamado Nelson Bañados fue quien debió ejecutarlo. Tiempo después, le confesó su crimen al sacerdote Miguel Jordá y luego ratificó su versión en el juicio por el crimen del padre: “Él sabía que lo íbamos a matar porque en el Barros Arana se lo habíamos comunicado. Al llegar al puente Bulnes, mi capitán frenó, y yo, como lo hacía con cada uno de los que fusilaba, me bajé, saqué a Juan del furgón y fui a vendarle los ojos, pero Juan me dijo: ‘Por favor no me pongas la venda, mátame de frente porque quiero verte para darte el perdón’. Yo le disparé la ráfaga y cayó al tiro. El impacto fue tan fuerte que volteó su cuerpo y prácticamente cayó solo al Mapocho. Yo tuve que darle un empujoncito nomás. Otros, a veces, caían al piso del puente y había que levantarlos y echarlos al río. Eran las diez de la noche y de este fusilamiento no me voy a olvidar nunca jamás”.
Y así fue; la única manera en la que Bañados logró olvidar aquel momento fue cuando, años más tarde y agobiado por el remordimiento, se suicidó. Hasta el día de hoy Juanito Alsina permanece como Detenido Desaparecido.
Antonio Llidó, 38 años
Detenido en septiembre de 1974 – Detenido Desaparecido
El curita Antonio Llidó llegó desde España a trabajar a la parroquia de Quillota en julio de 1969, ciudad en la que participó activamente junto a la población más pobre de la ciudad, organizando vacaciones para niños de escasos recursos y protestando, por ejemplo, contra la construcción de un lujoso gimnasio para un colegio religioso. Su convicción por las causas sociales lo llevó a unirse a la Unidad Popular y, a mediados de 1971, al Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, donde fundó el colectivo “Cristianos por el Socialismo”, razón que impulsó al obispo de Valparaíso, Emilio Tagle, a darle un ultimatum ante su actitud revolucionaria: Si no regresaba a España perdía su sacerdocio. Antonio optó por lo segundo y se quedó en Chile.
Cuando sobrevino la dictadura, Llidó viajó a Santiago para participar en la resistencia desde la clandestinidad. A fines de septiembre de 1974, en aquellos oscuros meses en que todo el MIR estaba cayendo, fue detenido por la DINA y llevado al centro de exterminio José Domingo Cañas. En ese lugar recibió innumerables torturas que destrozaron su salud, incluyendo algunas de carácter sado-sexual que se le aplicaron cruelmente debido a su condición religiosa. Sin embargo, sus compañeros de prisión sobrevivientes coinciden en que a pese a su frágil estado, Antonio siempre tuvo palabras de amor y contención para los demás detenidos, ofreciendo misas para los presos, conteniendo sus dolores e incluso cantando en momentos en que todos parecían claudicar de angustia.
“El padre Antonio fue objeto de repetidas sesiones de interrogatorios, y cada vez volvía en peor estado físico, tenía grandes dificultades para moverse a consecuencia de los golpes y de la aplicación de electricidad en todo el cuerpo durante varias horas seguidas, pero a pesar del trato que recibía, mantuvo siempre una presencia de ánimo sorprendente y aún encontraba fuerzas para consolar a sus compañeros de celda, compartiendo también con ellos lo poco que tenían para comer” recuerda el prisionero Julio Laks Feller.
El 25 de octubre del mismo año, mientras se encontraba en el recinto de Cuatro Álamos, fue sacado con destino desconocido. Hasta el día de hoy, Antonio Llidó permanece como Detenido Desaparecido.
Gerardo Poblete, 31 años
Asesinado el 21 de octubre de 1974 – Ejecutado
El padre Gerardo era uno de los curas salesianos del Colegio Don Bosco de Iquique, en donde ejercía como profesor de filosofía, destacándose por incentivar a sus estudiantes a desarrollar su capacidad reflexiva y crítica. Haber impedido una huelga contra el gobierno de Salvador Allende y haber sido visto usando binoculares, fueron las razones que otros religiosos del establecimiento consideraron suficientes para acusarlo a Carabineros, a semanas de haber estallado el golpe de Estado. El domingo 21 de octubre de 1973, la policía allanó su dormitorio, encontrándosele literatura de izquierda, por lo que fue llevado junto al profesor civil Ricardo Salgado a la prefectura de Carabineros, donde fue asesinado luego de una violenta sesión de tortura.
La policía atribuyó su deceso a una caída accidental que supuestamente habría tenido al momento de bajar del vehículo que lo llevó a la comisaría. Según ellos, el impacto de ese accidente habría originado su posterior muerte dentro del recinto. Pero la verdad, que sólo se comprobaría años más tarde, es que el padre falleció producto de las torturas realizadas, entre otros, por el prefecto de Carabineros Enzo Meniconi, quien además era apoderado del Colegio Don Bosco. Según el expediente judicial, Gerardo Poblete “fue interrogado usando golpes de pies, puños, culatazos y otros elementos contundentes, situación que en definitiva le produjeron la muerte”. “Tanto le pegaron al padre Poblete que les murió en el acto”, recuerda el docente Ricardo Salgado, apresado junto a él ese día.
Uno de los alumnos del cura Gerardo, Nicanor Herrera, de entonces 14 años, recuerda que al día siguiente de la detención y asesinato del padre, la noticia de su muerte fue comunicada a los estudiantes por el director del colegio, el padre Maximiano Ortúzar, quien le dijo a los adolescentes que se había tratado de una caída. Él mismo había sugerido a Carabineros inventar esta versión. Según Nicanor Herrera, el director Ortúzar “siempre fue un cobarde rastrero, privilegiativo de su posición preferencial en esos años de inicio de la dictadura genocida” y que tanto éste como otros religiosos, callaron en complicidad: “Estos idiotas pensarían que los niñitos de entonces no crecerían, que no se educarían, que no entenderían lo que pasó”.
La investigación de la muerte del sacerdote señala, además, que un hombre atestiguó que días después de conocido el fallecimiento “accidental” de Poblete, un amigo carabinero, ahogado de culpas, le confesó que había “matado a un cura” y que mientras lo torturaba, este miraba al cielo diciendo: “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”. Esas fueron, probablemente, las últimas palabras de Gerardo Poblete.