Ahora mando yo
La semana pasada se alborotó la arena política cuando todos los legisladores recibieron la última versión de la ley de urgente consideración, a la vez que el presidente de la república anunciaba el inminente envío formal del proyecto al Parlamento. Anoche, en conferencia de prensa, la vicepresidenta, Beatriz Argimón, confirmó que el texto llegará al Parlamento tal cual fue enviado a los partidos. En otras palabras: con varios acuerdos importantes sin cerrar en la propia coalición. A pesar de que algunos de los socios esperaban que se los escuchase una vez más antes del ingreso al Legislativo, el partido de gobierno cerró esa puerta. La discusión de esta extensa ley se dará en un escenario en el que la protesta social se ve restringida por la crisis sanitaria. El Senado tiene 45 días para tratarla.
Sofía Kortysz
Daiana García
17 abril, 2020
Tras la primera vuelta electoral, los partidos de la coalición expresaron su respaldo político a Luis Lacalle Pou y mostraron un programa común al que votar en el balotaje. Por ello, el Partido Nacional (PN) dejó atrás el suyo y ofreció a la ciudadanía uno compartido con los socios de la coalición. De varios intercambios nació “Compromiso por el país”, un documento firmado por los cinco partidos, con trece ejes temáticos generales en los que había acuerdo.
Desde antes de las nacionales, el PN anunciaba que, de llegar al gobierno, presentaría una ley de urgente consideración (Luc) que abarcaría múltiples áreas. Sin embargo, no pasaba del anuncio y sólo se deslizaban algunos de los puntos que están hoy incluidos entre los 502 artículos del proyecto que el PN entregó a todos los legisladores días atrás. El primer borrador se hizo público el 22 de enero, y, al igual que aquella versión, la actual también parece evidenciar diferencias entre sus aliados.
El plan original del mandatario era tener el proyecto definitivo firmado por los ministros el 16 de marzo, para presentárselo a los legisladores de la coalición, luego de escuchar a sus socios. Empero, en ese interín se diagnosticaron los primeros casos de coronavirus en Uruguay y el gobierno decretó la emergencia sanitaria. Entonces la Luc quedó en pausa hasta hace dos semanas, cuando el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, le solicitó al presidente que lo enviase al Parlamento, ya que había medidas que le serviría aplicar en medio de la pandemia. Con la excepción de Cabildo Abierto (CA), que vio con gratitud la posibilidad de que el proyecto se remitiese al Parlamento durante la emergencia sanitaria, el resto de los legisladores multicolores consultados por Brecha en el número anterior (véase “Mal momento”, 9-IV-20) expresaron que no era el momento propicio. Incluso, legisladores nacionalistas dijeron al semanario que Larrañaga los tomó por sorpresa. Pero, al día siguiente, el jueves 9, el presidente tuiteó: “Hemos decidido enviar a través de @beatrizargimon el proyecto de ley de urgencia a los legisladores de todos los partidos. Queremos que tengan tiempo para estudiarlo y compartirlo antes que empiecen a correr los plazos constitucionales. En unos días lo presentaremos formalmente”. Rápidamente se escucharon las críticas de la oposición ante el anuncio de que, en “unos días”, se lo remitiría “formalmente” al Parlamento, frente a un contexto como el actual. Esa tarde, en una conferencia con el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, la vicepresidenta, Beatriz Argimón, señaló que la decisión del presidente era que “todos los parlamentarios estén en conocimiento del texto del proyecto, lo que no implica el ingreso efectivo para el tratamiento parlamentario”, aunque, por “envío formal” sólo puede interpretarse como su ingreso al Poder Legislativo.
PROPUESTAS ACEPTADAS Y OTRAS DESECHADAS. Muchas fueron las modificaciones que el gobierno hizo a partir del intercambio con los demás partidos de la coalición. En materia de seguridad, el proyecto actual establece que el proceso abreviado podrá aplicarse a quien hubiese cometido un delito cuya pena mínima no supere los cuatro años de penitenciaría, mientras que el anteproyecto estipulaba que fuesen tres años. La redacción actual implica que podrían incluirse, por ejemplo, las rapiñas, es decir, uno de los delitos más comunes. A su vez, se creó la figura de “régimen de libertad a prueba”, lo más parecido a la figura de “libertad vigilada”, derogada por la Luc.
Por otra parte, a la formulación del anteproyecto sobre agravio a la autoridad policial se le agregó que estas acciones podrán ser juzgadas sean “por palabras, escritos o hechos”. En contrapartida, el documento actual también añade que “no será castigada la manifestación de mera discrepancia, emitida en respeto a las normas legales y reglamentarias”. Otra de las varias modificaciones es que la pena mínima del abuso sexual y del abuso sexual especialmente agravado baja un año respecto a la redacción original.
En materia de seguridad, se tomaron prácticamente todas las sugerencias del Partido Colorado. Cabildo Abierto, en cambio, no está conforme, pues quedaron afuera agregados, como la creación de una cárcel de máxima seguridad. En cuanto al Partido Independiente (PI), el diputado Iván Posada manifestó que subsisten grandes diferencias en cuanto a las normas penales, la mayoría de las cuales no estaban en el compromiso.
También el capítulo de educación sufrió variaciones, entre ellas, que la elaboración del Compromiso y el Plan de Política Educativa Nacional encomendado al Ministerio de Educación y Cultura –idea que generó fuertes críticas de los sindicatos docentes– ahora deberá llevarse a cabo en coordinación con “las autoridades de los organismos estatales autónomos de enseñanza” (véase “En sintonía”, Brecha, 7-II-20). Además, en el anteproyecto se eliminaba el fragmento del artículo 14 de la ley general de educación, que prohibía “suscribir acuerdos con Estados u organismos internacionales que signifiquen considerar a la educación como un servicio lucrativo o alentar su mercantilización”. En el último documento presentado, en cambio, se quita, únicamente, el “alentar su mercantilización”. Por otra parte, la propuesta de que los consejos desconcentrados pasen a ser direcciones unipersonales se mantiene intacta.
Otra sección que presenta cambios es la referida a la inclusión financiera. En el anteproyecto no se fijaba un tope para las transacciones en efectivo, que actualmente es de 4 mil dólares. La versión final, sin embargo, establece un límite de 100 mil, que, según explicó Posada, para el PI es “absolutamente excesivo e incluso nos puede generar conflictos con compromisos de antilavado a los que nuestro país suscribe”. Por su parte, el diputado Eduardo Lust, de CA, recordó que estaba a favor de eliminar la inclusión financiera por ser una ley “inconstitucional e inconveniente, que lo único que hace es beneficiar a los bancos”.
En cuanto a la desmonopolización de Ancap, el PN no ha dado el brazo a torcer. La incluyó en el texto, desoyendo la solicitud de sus socios, que propusieron dar la discusión por fuera de la Luc. Otro punto que genera ruido en la coalición es la creación de un órgano desconcentrado del Ministerio de Vivienda –hoy dirigido por CA– porque abarcaría cometidos relevantes que hoy cumple esta cartera. Se eliminaron los artículos que derogaban parte de la ley de medios y, en su lugar, el gobierno piensa un proyecto para trabajar por fuera de esta ley. En esta nueva versión tampoco está el polémico “derecho al olvido”.
PROBLEMAS DE FAMILIA. La Luc es el primer gran examen de unidad y articulación de una coalición que, ya desde antes de asumir, dejaba traslucir algunos de sus ruidos internos. El PN parece haber rebasado ampliamente los acuerdos programáticos de compromiso por el país, pero también hubo otros desencuentros entre los multicolores desde su nacimiento en octubre del año pasado. Uno de los que más se viene desmarcando es Guido Manini Ríos, líder de CA, quien se despachó en plena emergencia sanitaria enviando por su cuenta un comunicado a la población en el que exponía su discrepancia con la decisión del presidente de aumentar las tarifas. Pero no fue lo único. La semana pasada, en una entrevista a Canal 4, arriesgó, además, opiniones sobre economía, lo que generó la molestia del canciller Ernesto Talvi, que, días después, en el programa En la mira de Vtv, pidió al senador que no se entrometiera en asuntos económicos que debe definir el Poder Ejecutivo.
Para aprobar la Luc, a la coalición le tocará afinar el arte de negociar en un escenario de difícil convivencia. El PN tiene claros los reparos de sus socios con algunos puntos del texto que, al menos por ahora, parecen irreconciliables (como el mencionado punto de la desmonopolización de Ancap). No obstante, el gobierno dio una señal de rigidez al anunciar ayer la vicepresidenta que no se volverá a modificar el documento antes de su ingreso al Parlamento. La capacidad de salir de esta discusión con éxito constituye, de alguna manera, una primera prueba de fuego en este vínculo.
Hasta ayer algunos conservaban las esperanzas de tener una última instancia de negociación entre los multicolores antes del ingreso al Legislativo. El miércoles, el diputado colorado Conrado Rodríguez manifestó en conversación con Brecha que estaba a gusto con los cambios realizados en la segunda versión, en la que, a su juicio, se tuvieron en cuenta muchas de las observaciones de su partido. De todas formas, esperaban contar con un nuevo acuerdo antes de que ingresase al Senado. De hecho, ya le habían solicitado al PN una reunión a la que pensaban llevar diez puntos centrales para reverlos. CA tampoco está dispuesto a aflojar la tensión. En diálogo con el semanario, el senador Raúl Lozano recordó que el compromiso de su partido es con el documento que firmaron en octubre; ergo, ese es el contenido que garantizan votar. Así lo dijo Manini a El Observador: “Nosotros estamos obligados éticamente a votar todo aquello que estaba en el documento Compromiso por el país. Lo que no estaba, no tenemos ninguna obligación”. Agregó, además, que hicieron varios aportes, pero que le “da la impresión de que muchos de ellos no fueron tenidos en cuenta”.
El independiente Posada expresó a Brecha que, si bien advierten algunas mejoras en el nuevo documento, “en líneas generales, es muy similar” al primero y coincide con que la Luc no debería desbordar los acuerdos firmados en campaña. Sin embargo, también apeló a que la discusión permita convenir en el Parlamento lo que no se pudo antes.
El senador herrerista Gustavo Penadés, coordinador de la bancada nacionalista, entiende que la prioridad es alcanzar los acuerdos, aunque sabe que en el camino habrá mucha tela para cortar: “En las negociaciones no se da nada por ganado ni por perdido”. Estimó, además, que, por las manifestaciones que sus socios han hecho, es probable que la ley que finalmente se apruebe se parezca más al compromiso que el texto actual.
A pesar de ser una coalición, los multicolores parecen tener dificultades para cerrar filas antes de mostrar las cartas. Quedó demostrado en el primer borrador de la Luc, cuando el PN lo envió a sus socios a la vez que a la opinión pública. Algo similar ocurrió en esta oportunidad: el partido de gobierno lo envió simultáneamente a los legisladores del Frente Amplio y de la coalición, a la vez que se hizo público. La dinámica elegida no fue la de un trabajo en conjunto en un ámbito interpartidario. Ya lo marcaba el senador Julio María Sanguinetti cuando, al reunirse con Manini en febrero, reconocía ante la prensa que a los multicolores les estaba “faltando un ámbito global de conversación” y que necesitaban “darle un nivel de formalidad más permanente”.
CALLADOS PERO CREATIVOS. El inminente ingreso del texto al Parlamento generó molestias en la oposición y el movimiento social. Este proyecto, que contiene más de 500 artículos y casi todo el programa del PN, será discutido en el marco de una emergencia sanitaria, que ha grabado a fuego la necesidad de evitar las aglomeraciones. En este escenario, en los que las clases, las reuniones e incluso los cumpleaños son a través de plataformas virtuales, parece imposible una expresión de protesta callejera, una de las formas más clásicas de manifestación. Cabe preguntarse, si al poner en marcha esta discusión, en un contexto en el que la ciudadanía no puede expresar su desacuerdo en las calles, no se afecta la calidad democrática. En el pasado número de Brecha, Edison Lanza, relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se preguntaba al respecto: “Si alguno de los actores sociales o políticos involucrados quiere organizar una protesta contra determinado capítulo de la ley de urgencia, ¿va a ser posible?, ¿se va a dictar un estado de excepción que restrinja las libertades de asociación, reunión y expresión?”.
Sin embargo, para los parlamentarios de la coalición consultados por Brecha esto no representa una preocupación, ni ven en ello un problema. Para el colorado Rodríguez, la libertad de expresión está asegurada. “¿Cuál es la otra opción?, ¿que el Parlamento deje de funcionar? El país necesita que funcione.” En la misma línea, el diputado colorado Ope Pasquet entiende que no es una limitante para el ingreso de la ley e incluso arriesga que en caso de que se organicen marchas, se las podría realizar con una “prudente distancia entre un integrante y otro”. “No me parece razonable decir ‘el Parlamento va a dejar de trabajar hasta que los que quieran protestar estén en las condiciones ideales para hacerlo’. Eso tampoco es un criterio serio.” En tanto Lust indicó: “Me parece que en eso no se pensó, habría que preguntarle a los que la enviaron”. A su vez, si bien en el contexto actual nada formal impide que se realice una movilización, considera que no sería “grave que la ley llegue en un momento en que los ciudadanos no se pueden movilizar porque sus representantes sí lo pueden hacer”. Para el legislador “es lo mismo” si se manifiesta “un dirigente de Secundaria con 800 maestros atrás o el dirigente solo” representando al gremio.
Para Penadés, como el tratamiento parlamentario será lo más similar posible al habitual –pero con los reparos relativos al virus–, “todas las voces van a ser escuchadas, ya que recibirán a todos los actores”. Pero, considera que en caso de que se convoquen manifestaciones, será responsabilidad de quienes las promuevan tomar los recaudos necesarios para evitar el contagio. Además, agregó que también este contexto invita a la “creatividad” en la expresión popular, poniendo como ejemplo los cacerolazos del mes pasado. Para el PI esto tampoco representa un problema. Posada afirmó que, si bien cuestionaron el impulso de Larrañaga de que la ley entrara al Parlamento el pasado lunes, los plazos que están sobre la mesa ahora son los apropiados. Pese a que asume que el momento no es ideal, entiende que en este contexto “muchas cosas no lo son”. El diputado coincide en que si hay necesidad de protesta, la responsabilidad de tomar las medidas sanitarias será de sus organizadores, planteo que parece arriesgado. El gobierno sabe que las marchas o los actos públicos son la esencia para medir fuerzas por una causa, y, es probable que, en un escenario de pánico colectivo debido a una pandemia, a pesar de que estén las libertades para hacer manifestaciones, la asistencia sea bastante menor a la de un contexto normal.
El proyecto de la Luc es cuestionado, desde la primera versión, entre otras cosas por su extensión, más larga que la propia Constitución. De hecho, al conocerse el borrador, el constitucionalista José Korzeniak afirmaba que “por sus dimensiones es inconstitucional”. Por esta razón y por la cantidad de temas sensibles que incluye, ya cuando se conoció la primera versión en el movimiento social empezaba a germinar la posibilidad de juntar firmas para derogarla en caso de ser aprobada. Hoy, en el contexto de emergencia sanitaria, esa herramienta de democracia directa parece impracticable, porque requiere recolectar firmas, para lo que es vital la posibilidad de hacerlo en espectáculos públicos o en puntos céntricos de la ciudad cuando la circulación es la habitual.
La coalición da a luz a su primer proyecto de ley con problemas de forma y fondo, al tratar temas que no parecen urgentes en sus más de 500 artículos, en un momento en que la protesta y las garantías para activar posibles procesos de democracia directa, como un referéndum, están claramente restringidas. Esta decisión, así como la de negar la cadena nacional al Pit-Cnt el próximo Primero de Mayo –cuando los envíos al seguro de paro rozan los 100 mil en las últimas semanas y la emergencia no permite que la central pueda hacer el tradicional acto– parecen ser señales claras del gobierno al movimiento social. El presidente tiene este gesto al mismo tiempo que se predica que son tiempos de unidad y no de hacer política.
El senador Guido Manini Ríos volvió a criticar al Poder Judicial
¿Hasta cuándo?
“¿Hasta cuándo seguirá actuando este tipo de venganza? ¿Hasta cuándo se seguirán procesando y encarcelando militares octogenarios por hechos ocurridos hace 50 años?”, se preguntó Manini Ríos. Esta vez lo hizo desde una banca de la Cámara de Senadores. Justo un 14 de abril, fecha en que hasta el año 2006 se conmemoraba el Día de los Caídos en Defensa de las Instituciones.
Manini Ríos utilizó la media hora previa para criticar el reciente procesamiento del coronel (r) Lawrie Rodríguez Freire por crímenes de la dictadura. Allí cuestionó que el militar fuera procesado en plena feria judicial sanitaria y que siendo población de riesgo –tiene 75 años y fue operado hace poco– se lo haya trasladado desde Treinta y Tres a Montevideo para declarar. “Lo que sufrió Lawrie Rodríguez fue un atropello, una violación a los derechos humanos y creo que tiene que haber responsabilidades si es que estamos en un Estado democrático […]. Se parece más a venganza que a justicia”, fustigó.
Lawrie Rodríguez fue el primer militar procesado por delitos de la dictadura durante el gobierno de la coalición multicolor. La jueza Isaura Tortora lo procesó como coautor del homicidio muy especialmente agravado del dirigente del Opr-33, Iván Morales Generalli, muerto por torturas en las entrañas del Regimiento de Caballería número 6, en 1974; Rodríguez fue recluido en la Guardia de Coraceros.1
La indagatoria judicial determinó que Morales Generalli falleció a causa de las torturas a las que fue sometido en la unidad militar; Rodríguez fue el juez sumariante en la investigación oficial de la dictadura sobre el crimen. Se trata de un militar con activa participación en la represión antes y durante la dictadura, que integró los cuadros del Ocoa. También está imputado por el homicidio del estudiante de Agronomía Hugo Leonardo de los Santos, en 1973.
En su intervención parlamentaria, Manini afirmó que el pueblo uruguayo “tiene derecho a no seguir sumergido en el odio que unos pocos irradian hacia el resto de la sociedad” y recriminó el desvarío sesentista de esos pocos que le costaron “muchísima sangre y dolor a nuestro país”. En contrario, la jueza Tortora fundamentó el procesamiento en la necesidad de contribuir, desde el sistema judicial, en la búsqueda de la paz y el equilibrio en la sociedad, “lo que redundará sin atisbo de dudas en beneficio de las generaciones venideras”.
Las palabras de Manini Ríos se producen en un contexto en el que la Justicia avanza lentamente en la investigación de los crímenes de la dictadura, en atención de los recursos en cascada que interponen las defensas y la aceptación tácita de estas “chicanas” por parte de algunos tribunales. Pero es probable que, antes o después, se sumen nuevos procesamientos, ya que la Justicia tiene pendiente de resolución las imputaciones contra unos 25 militares, policías y civiles por crímenes de la dictadura.