Dos militares acusados de torturas y privación de
libertad en 1972 fueron procesados
sin prisión por ser “primarios”
11 de junio de 2020 
Es la primera vez que sucede en este tipo delitos; el fiscal Ricardo Perciballe apeló la sentencia.
La Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad solicitó en febrero el procesamiento y la prisión preventiva de los militares José María Cabrera Rivas y Andrés Daniel Quintana García, integrantes de S2 ‒la repartición de inteligencia que realizaba los interrogatorios en el Batallón de Ingenieros 2 de Florida en 1972‒, por los delitos de abuso de autoridad contra los detenidos y de privación de libertad. El juez de primera instancia de primer turno de Florida, Diego Prieto, procesó a los militares retirados como autores de un delito continuado de abuso de autoridad, pero sin prisión.
El juez destacó en la sentencia que los imputados carecen de “antecedentes judiciales, revistiendo la calidad de primarios absolutos”. Pero, además, que hay “inexistencia de motivos fundados para presumir riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación”. Por estos motivos, les impuso una medida cautelar de arresto domiciliario por un plazo de tres meses.
También descartó que se les tipificara el delito de privación de libertad, ya que las detenciones se realizaron en un marco de un estado de guerra interior, decretado en 1972 y prorrogado por una nueva resolución, creándose un “régimen de excepción”, que habilitó a “las fuerzas de seguridad a efectuar detenciones de personas sospechadas de participar en el MLN-T [Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros] sin orden judicial y por plazos mayores a los constitucionalmente previstos”, argumentó el juez. “Mal que nos pese, esa era la realidad jurídica de la época sobre cuya base tomó intervención la Justicia Militar y adoptó resoluciones hoy inmutables, por encontrarse al abrigo de la cosa juzgada”, concluye el magistrado sobre la privación ilegítima de la libertad.
El fiscal Ricardo Perciballe apeló este miércoles la decisión del juez de Florida y argumentó que 31 personas fueron detenidas de forma “prolongada” en el Batallón de Ingenieros 2, sin ser sometidos a juez en el plazo constitucional. Ante el argumento del juez de que en 1972 había un régimen de excepción, por lo que no corresponde tipificar el delito de privación de la libertad, Perciballe reconoce el “loable esfuerzo realizado por la sede para contextualizar el momento político que diera marco a los hechos que nos convocan”, pero advierte que toma en “consideración normas que no se encontraban vigentes al momento de los hechos, o realiza interpretaciones extensivas que no se corresponden con el marco constitucional vigente. Y en esto se debe ser muy preciso por cuanto estaba en juego, nada más ni nada menos, que la libertad de las personas”.
En concreto, Perciballe advierte que el decreto del juez se sustenta en un decreto posterior al 278/972, que determinaba que “los militares sólo estaban autorizados a detener a quienes hubiesen cometido un delito […]. Y aquí se presenta la primera cuestión: ¿los detenidos habían cometido algún delito? Eran militantes del Movimiento de Independientes 26 de Marzo, organización política que (si bien se la visualizaba como relacionada al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros) adhirió al Frente Amplio, participó en la conformación de este y contaba entre sus filas a personalidades como el poeta Mario Benedetti, el antropólogo Daniel Vidart y el profesor universitario Domingo Carlevaro. Ergo, era un partido o movimiento lícito, que actuaba públicamente en la vida política del país y que recién fue ilegalizado por el Decreto de la dictadura cívico militar 1026, de fecha 28 de noviembre de 1973”, argumenta Perciballe en la apelación.
“En buen romance, del mismo modo que los militares no estaban autorizados a aplicarles torturas a los detenidos, tampoco estaban habilitados para retener a estos fuera del plazo constitucional y sin dar cuenta a un juez”, agrega.
El fiscal considera que se debió procesarlos con prisión porque no se puede obviar que 31 personas fueron privadas ilegítimamente de su libertad por un tiempo prolongado y, además, fueron “encapuchados, maniatados y sometidos a plantón durante largos períodos, que en algunos casos llegó a hacerles perder el conocimiento. A ello se agregaron las golpizas, en especial cuando no cumplían con el plantón, así como la limitación de acceso al baño para realizar sus necesidades y para higienizarse. En el caso de los varones, les obligaban a realizar sus necesidades fisiológicas encima, en tanto que en el caso de las mujeres se realizaron simulacros de violación”.
“Tras este relato queda meridianamente claro que el hecho en sí o si se quiere los hechos fueron muy graves, y lo mismo puede decirse del daño causado a las víctimas. En razón de ello, nunca debió haberse sustituido la prisión preventiva por la domiciliaria”, afirma Perciballe.
Ministro preocupado
12 junio 2020
El fiscal Ricardo Perciballe defendió la causa: “Este es un delito de lesa humanidad, que no prescribe”.
“Queremos transmitirles la preocupación que tienen el presidente y el ministro de Defensa con respecto al procesamiento que se dio en el día de ayer de un soldado retirado del Ejército”, dijo el ministro de Defensa Nacional, Javier García, este jueves al salir de una reunión en la Torre Ejecutiva con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou.
El soldado es Leonardo Vidal, procesado por el homicidio del tupamaro Nelson Berreta, ocurrido el 15 de julio de 1972. Vidal mató por la espalda a Berreta cuando este intentó darse a la fuga, esposado, durante un traslado que solicitó para intentar burlar a sus captores, según consta en la ficha de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente.
En declaraciones recogidas por El País, García cuestionó que el procesamiento, solicitado en 2018 por el fiscal de Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, se produzca “casi 50 años después del episodio que motivó el procesamiento”. “Hace 48 años atrás, recibiendo una orden en un operativo en la calle, utiliza su arma, dispara y muere una persona que estaba detenida. El mensaje que queda planteado [es]: ¿qué puede razonar un soldado si sabe que cumpliendo una orden que le da el Estado, que le dan sus jerarquías, el día de mañana termina siendo juzgado y preso? Es un mensaje que nos preocupa y afecta las tareas y el funcionamiento”, afirmó el jerarca.
Consultado por la diaria, Perciballe manifestó que “si Fiscalía pidió el procesamiento es porque había elementos de sobra” y que “si lo procesaron, por algo habrá sido”. Asimismo, opinó que “es al revés de lo que se plantea: lo lamentable es que se lo procese 48 años después”.
“La jueza lo procesó como procesa a cualquier ciudadano de este país, ¿cuál es la diferencia? Estamos hablando de un homicidio, no de cosas menores”, sostuvo el fiscal. Por otra parte, Perciballe explicó que del expediente surge que Vidal “le dio muerte por la espalda con una ráfaga de metralleta a alguien que estaba esposado y corriendo”. “Hay que ver que este es un delito de lesa humanidad, que no prescribe, y por tanto esto ocurre y seguirá ocurriendo”, enfatizó.
Por su parte, Ignacio Errandonea, hermano del detenido desaparecido Juan Pablo Errandonea e integrante de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, consideró que “la violación a los derechos humanos, sea hoy, mañana o ayer, es una violación a los derechos humanos”. Errandonea criticó las declaraciones del ministro de Defensa y consideró que el jerarca “debería aclarar su mensaje, porque es confuso, y dejar en claro si está bien ejecutar a un prisionero si se recibe una orden”. “Me parece que ahí el ministro le está errando”, apuntó. Además, consideró que “los militares y policías tienen que tener miedo, porque en Uruguay no existe la pena de muerte, por lo tanto no se puede asesinar a un detenido”. García había declarado que los soldados hoy “están expuestos” dado que “por orden del Estado están llevando adelante operaciones complejas y riesgosas”, por ejemplo, en la frontera, “enfrentando al narcotráfico y al contrabando”.
Errandonea no considera un atenuante del delito el hecho de que Vidal estuviera cumpliendo órdenes de superiores: “La obediencia debida no exime del delito. Los nazis decían lo mismo, y los juzgaron igual, y está bien, porque es la única forma de generar anticuerpos como sociedad para protegernos”, reflexionó. Por otra parte, insistió en que el asesinato de Berreta fue un crimen de lesa humanidad, lo cual lo hace imprescriptible: “Si no se lo pudo juzgar antes fue porque hubo dictadura y ley de caducidad, y recién ahora tiene que rendir cuentas. Gozó de demasiada libertad frente al crimen que cometió”, aseveró.
Berreta integraba el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) y fue detenido el 14 de julio de 1972 por las Fuerzas Conjuntas. Durante el interrogatorio posterior a su detención, intentó burlar a sus captores y se ofreció a colaborar, para encontrar una oportunidad para darse a la fuga, según señala la ficha de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente. Fue trasladado en una camioneta hacia dos supuestos locales del MLN-T y al llegar a la intersección de las calles Capitulares y Casavalle solicitó descender del vehículo, para lo cual fue autorizado. Descendió esposado y fue seguido por dos custodias, hasta que en un momento comenzó a correr al grito de “déjenme ir, no quiero volver”. El teniente Sergio Velazco ordenó abrir fuego y Berreta fue alcanzado por una ráfaga de ametralladora que le dio muerte. Vidal portaba el arma que lo mató.
Malos vientos contra la Justicia
13 de junio de 2020
El ministro de Defensa Nacional, Javier García, hizo saber que a él y al presidente Luis Lacalle Pou les “preocupa” el procesamiento de un soldado retirado que, en 1972, ametralló por la espalda a Nelson Berreta, que estaba detenido y esposado, cuando intentaba huir.
Arguyó García que ese hombre disparó porque se le ordenó que lo hiciera, y que los militares reciben de la Justicia un mensaje que “afecta las tareas y el funcionamiento” de las Fuerzas Armadas en la actualidad, dado que sus integrantes pueden prever que, por hacer lo que se les manda, quizá luego sean juzgados y condenados.
El juez Diego Prieto, de Florida, procesó a otros dos militares por torturar a presos en 1972, pero resolvió que los procesamientos fueran sin prisión, porque ambos imputados carecen de antecedentes judiciales y son, por lo tanto, “primarios absolutos”.
Es grave que opiniones como las del ministro García sean expresadas desde el Poder Ejecutivo, no sólo porque su contenido es perjudicial para la convivencia democrática y viola derechos de las víctimas, sino también porque implican una presión indebida sobre quienes deben juzgar los crímenes del terrorismo de Estado.
García destacó la edad avanzada del procesado, sus problemas de salud y que “vive en un lugar carenciado”. Eso hizo recordar la escandalosa intervención de Guido Manini Ríos en el Senado, el 14 de abril, en la que cuestionó que la Justicia “persiguiera” hoy, con ánimo de “venganza”, a personas añosas y enfermas por hechos ocurridos hace medio siglo. El ministro de Defensa y Lacalle Pou, al igual que Manini, han asegurado que apoyan la búsqueda de restos de desaparecidos (veremos), y parece que también tienen en común con el líder de Cabildo Abierto el rechazo a que la verdad sea acompañada por la justicia.
Es grave y riesgoso que estas opiniones sean expresadas desde el Poder Ejecutivo, no sólo porque su contenido es perjudicial para la convivencia democrática y viola derechos de las víctimas, sino también porque implican una presión indebida sobre quienes deben juzgar los crímenes del terrorismo de Estado.
A todos nos complace hablar de la independencia del Poder Judicial, pero las carreras de los jueces dependen hasta cierto nivel de decisiones de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) sobre sus ascensos y traslados, y luego de la voluntad combinada de la SCJ y de los representantes de partidos en el Parlamento. A su vez, la designación de integrantes de la SCJ depende de las mayorías partidarias en la Asamblea General.
Los jueces saben que si no actúan en armonía con las opiniones predominantes en la SCJ pueden verse perjudicados (como le ocurrió, por ejemplo, a Mariana Mota), y que no llegarán a la cumbre del Poder Judicial, por mayor que sea su capacidad, sin apoyos partidarios.
Es un hecho que, mientras gobernaron los partidos Colorado y Nacional, la gran mayoría de los magistrados y de los ministros de la SCJ se sometieron sin chistar a las aplicaciones más extremistas de la Ley de Caducidad. Luego de que el Frente Amplio ganó las elecciones nacionales en 2004, y con esa ley aún vigente, se aceptaron otras formas de interpretarla, varios procesos fueron reactivados y hubo condenas a renombradas figuras de la dictadura.
Sería muy lamentable que, tras el reciente cambio de gobierno nacional, las posiciones expresadas por el ministro García activaran la aplicación de criterios como los del juez Prieto.
Ministro de Defensa ratificó sus dichos
sobre el procesamiento de un exsoldado
El ministro de Defensa Nacional Javier García ratificó este sábado sus dichos sobre el procesamiento del exsoldado Leonardo Vidal, que en 1972 mató al militante tupamaro Nelson Berreta por la espalda cuando este quiso huir.
Jun 14, 2020
Berreta recorrió aproximadamente 30 metros, esposado, circunstancia en la que el teniente Sergio Velazco (hoy fallecido) le ordenó a Vidal abrir fuego, recibiendo Berreta una ráfaga de ametralladora.
Vidal fue procesado por homicidio con prisión efectiva. «Ratifico, con respeto y también con la firmeza democrática y republicana que corresponde, todo lo dicho en la nota. Lo reafirmo 100% en su fondo, tono y por lo que representa el lugar donde fue dicho», dijo el titular de Defensa en su cuenta de Twitter.
García se mostró preocupado por el hecho de que se lo procesara por algo ocurrido hace 48 años, cuando lo que hizo fue obedecer una orden de su superior.
El Frente Amplio emitió una declaración en la noche de este viernes en la que exige al ministro de Defensa, Javier García, su retractación, pero este ratificó sus dichos.
La fuerza política entiende que los dichos de García son de «extrema gravedad». «Sus apreciaciones son violatorias de la Constitución, de la ley y atentan contra la separación de poderes que rige nuestra forma republicana de gobierno.
Constituyen, asimismo, un ataque a la independencia del Poder Judicial», se señala en la declaración. Además, en el texto el Frente Amplio recordó que «la responsabilidad penal de un crimen que puede ser calificado de lesa humanidad no prescribe».
«El Frente Amplio entiende que debe existir una inmediata retractación del Gobierno por los injustificables dichos del ministro de Defensa. El Frente Amplio recurrirá a todos los mecanismos constitucionales en procura de lograr la rectificación de una política que utiliza viejos argumentos para defender la impunidad», concluye la declaración.
Ignacio Errandonea, integrante de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, dijo a Montevideo Portal estar «muy preocupado» por las declaraciones del ministro. «Primero que nada, los militares, la Policía, cualquier persona, están sujetos a la ley. Cuando se comete un crimen debe enfrentarse a la Justicia. Matar a un prisionero en Uruguay en estas condiciones se prohíbe. Por lo tanto, debe comparecer ante la Justicia», expresó Errandonea.
Diputado Núñez: «Es preocupante
que autoridades del gobierno cuestionen
una decisión judicial»
Tras criticar expresiones del ministro Javier García sobre el procesamiento de un militar, apuntó contra el senador Lozano por sus dichos en República Radio: «Los delitos de lesa humanidad no prescriben».
Escrito por Nicolás Silva
Jun 14, 2020
Gerardo Núñez dijo a LA REPÚBLICA que son alarmantes las expresiones del ministro Javier García que mostró «preocupación» ante la detención de un exmilitar de 72 años por el asesinato del tupamaro Nelson Barreta: «Preocupante es que autoridades del gobierno estén cuestionando una decisión judicial», respondió el diputado, que además recordó que lo sucedido «fue un homicidio» más allá que hayan pasado 48 años. También apuntó contra el senador de Cabildo Abierto Raúl Lozano en torno a la prescripción o no de estas causas. «Los delitos de lesa humanidad deben ser juzgados».
El pasado miércoles Javier García se refirió al procesamiento del exmilitar Leonardo Vidal, detenido, tras 48 años, por el asesinato del tupamaro Nelson Berreta, en julio de 1972. «Queremos transmitirles la preocupación que tienen el presidente y el ministro de Defensa con respecto al procesamiento que se dio en el día de ayer de un soldado retirado del Ejército», dijo.
«Hace 48 años, recibiendo una orden en un operativo en la calle, utiliza su arma, dispara y muere una persona que estaba detenida, recibiendo una orden. ¿Qué puede razonar un soldado si sabe que cumpliendo una orden que le da el Estado, que le dan sus jerarquías, el día de mañana termina siendo juzgado y preso? Es un mensaje que nos preocupa y afecta las tareas y el funcionamiento», añadió.
Ante las declaraciones del secretario de Estado, el diputado Gerardo Núñez señaló que «preocupante sería que la justicia ante un homicidio no actuara, que mirara para el costado. Que construyera o fuera partícipe de la impunidad. Eso sería preocupante. Preocupante es que autoridades del gobierno estén cuestionando una decisión judicial. Eso realmente es algo llamativo», afirmó.
«Que en estos momentos suceda una expresión como la que se dio por parte del ministro, que además dice ser portavoz de la opinión del presidente, es preocupante. Estamos hablando de un hecho que reviste gravedad, porque es una decisión que adoptó la justicia luego de una investigación que llevo muchísimos años. Se presentaron las pruebas de un homicidio, hablamos de eso», continuó.
«Más allá de que hayan pasado 48 años, lo que sucedió fue un homicidio, sobre una persona que se estaba fugando, pero seguramente la justicia entendió que había otras formas, otros mecanismos para detener la fuga de esa persona y no disparándole y causándole heridas de muerte. Creo que es realmente preocupante esa situación».
Al cruce de Lozano
Entrevistado por República Radio, el senador por Cabildo Abierto, Raúl Lozano, acompañó lo dicho por García: «Compartimos lo que dijo el ministro de Defensa, obviamente. Se está poniendo en duda hasta el propio sistema militar». «Si mañana se fuga un recluso de algún establecimiento carcelario, se cumple con todo el proceso de detención que está indicado en el protocolo, y se le dispara y lamentablemente muere al intentar evadirse», ¿se lo juzgará dentro de 50 años?, preguntó.
«La justicia tarda pero llega, y a veces también la injusticia tarda y llega. En definitiva, hay en nuestro Código Penal tiempos de prescripción de los delitos, si es que lo hubiera. En este caso, este humilde soldado simplemente cumplió con una orden de un oficial que estaba a cargo, y resulta que en su momento la justicia imperante en el año 72, estamos hablando en un gobierno democrático, lo absolvió. Ahora resulta que 50 años después, lo meten preso», agregó.
Gerardo Núñez le respondió, marcándole que «se desconoce la ley orgánica militar vigente que establece con claridad que el personal militar puede anteponer recursos a su superiores para no llevar adelante órdenes que violenten los DDHH. Eso está previsto».
«Si mal no recuerdo es el artículo 126 lo cual debería constar justamente como un tema importante. No es un argumento real el hecho del efecto que este juicio pueda llegar a tener sobre el personal en las actuales circunstancias porque un militar que actúa bajo el protocolo, que actúa bajo los mecanismos establecidos para su defensa o para repeler determinadas situaciones, no va a tener ningún inconveniente con la justicia. Acá lo que pasó es que hubo un homicidio que está por fuera de los parámetros de actuación legal de los integrantes de las FFAA», comentó.
Por su parte dijo que «hay planteos de Lozano en torno a la prescripción o no de esas causas. Los delitos de lesa humanidad, para nosotros, para la comunidad internacional, para el derecho internacional, no son prescriptibles. Por lo tanto deben ser juzgados. Si la justicia entendió que había elementos para que esto se llevara adelante, la justicia no debe ser atacada».
«Atentan contra la separación de poderes»
El FA emitió una declaración ante expresiones de Javier García. Indica que «resultan de extrema gravedad el contenido de las mismas, no sólo por su investidura ministerial, por la que actúa en representación del presidente, sino por la propia invocación al mismo en ocasión de emitir su desafortunada ‘preocupación’». «Sus apreciaciones son violatorias de la Constitución, de la ley y atentan contra la separación de poderes que rige nuestra forma republicana de gobierno. Constituyen, asimismo, un ataque a la independencia del Poder Judicial.
La responsabilidad penal de un crimen que puede ser calificado de lesa humanidad no prescribe, ni depende de la condición militar o no de sus autores, así como tampoco aplica el principio de la obediencia debida». Ante esto el Frente Amplio entiende que «debe existir una inmediata retractación del Gobierno por los injustificables dichos del ministro de Defensa».