EXCESO
26 de julio de 2020
Formalizan a dos policías por picanear a un detenido
Desde el Minterior aseguran que los policías habrían picaneado al detenido porque este había desacatado órdenes.
Dos efectivos policiales fueron formalizados por aplicar choques eléctricos con una picana a un detenido en una comisaría, después de haber sido detenido.
La víctima fue encontrada hurtando en el interior de un auto y fue detenido por los dos policías. Desde el Ministerio del Interior informaron a la prensa que el hombre habría dejado de obedecer cuando estaba en custodia y que, por eso, los efectivos recurrieron a la picana.
Ambos fueron imputados por abuso de funciones, una medida que fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones. El fiscal de Flagrancia de 5to Turno, Diego Pérez, pidió una prisión domiciliaria preventiva de 150 días mientras continúa la investigación, medida que fue concedida.
La periodista Georgina Mayo divulgó que al hombre se le picaneó estando esposado y que era un día de lluvia, el pasado 30 de junio. El fiscal del caso podría cambiar la figura delictiva a «tortura».
Increíble reflexión de Larrañaga, como Ministro del Interior, a quién se dirige?
PICANA
27 de julio de 2020
Larrañaga: El uso de la picana no está prohibido,
pero tampoco está previsto
El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, manifestó que el uso de picanas “no está prohibido, pero tampoco está previsto ni forma parte del equipamiento de la Policía”. Por su parte, el diputado del Frente Amplio Gustavo Olmos dijo que el secretario de Estado “debe explicar inmediatamente cómo se tenía una picana en una dependencia policial y el presidente, Luis Lacalle Pou, debe tomar medidas urgentes como responsable máximo”.
En las últimas horas, Larrañaga se refirió al caso de los dos efectivos policiales que fueron formalizados por aplicar choques eléctricos con una picana a un detenido en una comisaría. El hombre había sido encontrado hurtando en el interior de un automóvil.
Desde el Ministerio del Interior se indicó que el detenido habría dejado de obedecer cuando estaba en custodia y que, por ello, los efectivos recurrieron a la picana.
Este lunes, Larrañaga explicó a la prensa que el uso de picanas por parte de la Policía “no está prohibido, pero tampoco está previsto”.
El secretario de Estado manifestó que “se trata de un armamento no letal, con un sistema de baterías que no está prohibido, pero no forma parte del equipamiento policial ni hay instrucciones para su utilización”.
Recordó que “por el año 2000 formaba parte del equipamiento policial, pero ya no”.
Larrañaga añadió que la Policía dio cuenta del hecho a la Justicia y que también existe una investigación administrativa interna.
“Yo no puedo saber exactamente qué porta cada uno de los más de 30.000 policías que tiene el Ministerio del Interior”, puntualizó.
Piden al presidente que se haga cargo
Por su parte, el diputado del Frente Amplio, Gustavo Olmos expresó: “Entendámonos. Que la picana es de venta libre y no está en el armamento policial lo tengo claro. Lo que usted elude contestar es si ¿le parece adecuado que un funcionario policial la haya usado con un detenido que estaba esposado? ¿Le parece correcto en algún caso?”.
En el FA definen el uso de picanas por
parte de policías como una «tortura»;
Larrañaga comparecerá en Diputados
El senador Carrera señaló que esta situación se enmarca como «uso irracional de la fuerza por parte de los funcionarios policiales».
Jul 28, 2020
Legisladores del Frente Amplio califican como «una tortura» lo que sucedió «con los dos policías que fueron formalizados por utilizar la picana con un detenido» por intento de hurto: «es un hecho sumamente grave», dijo el senador Charles Carrera a LA REPÚBLICA, que a su vez indicó que le preocupa que en seguridad «no hay una estrategia clara en la materia».
A su vez el diputado Gustavo Olmos expresó que «este camino de legitimar la tortura como una práctica admitida por parte de las fuerza del orden es preocupante». El próximo 6 de agosto el ministro Jorge Larrañaga comparecerá en Diputados y esta situación será tratada; la bancada analizará esta mañana tomar alguna medida más fuerte.
Días atrás fueron imputados dos funcionarios policiales por aplicar una picana a un denunciado por intento de hurto, a quien se detuvo en Pocitos. El Tribunal de Apelaciones confirmó el arresto domiciliario.
La bancada de senadores del Frente Amplio estuvo en la pasada jornada analizando la situación, la cual definen como «un hecho sumamente grave, que puede ser calificado como una tortura», dijo el coordinador de bancada Charles Carrera a LA REPÚBLICA.
Está definido desde la oposición que quienes llevarán acciones parlamentarias respecto a lo sucedido serán los diputados, que convocaron al ministro del Interior Jorge Larrañaga para el 6 de agosto. Este tema estará entre los que se analizarán con el jerarca, pero además, según señalaron fuentes del FA a este medio, esta mañana (desde las 10:00 horas) la bancada de Representantes analizará alguna medida más fuerte para llevar a cabo.
El diputado Gustavo Olmos, entrevistado por República Radio, habló del accionar de los «funcionarios policiales contra un detenido que estaba ya reducido, esposado en la calle, que no tenía objetivo que torturarlo», lo cual es «muy preocupante. «Aplicarle un castigo que no tenía otro fin que el castigo en sí mismo es alarmante», añadió.
Además comentó en el programa del Multimedio LA REPÚBLICA que «esperaría que esto sea un tema rechazado por todo el sistema político. No solo por el FA, este camino de legitimar la tortura como una práctica admitida por parte de las fuerzas del orden es preocupante, y el país ya ha vivido el proceso de torturas en cuarteles».
«No hay una estrategia clara»
El senador Charles Carrera comentó que «realmente estamos preocupados, estamos preocupados con el tema seguridad porque no hay una estrategia clara en la materia». En esa línea recordó que «el ministro Larrañaga planteaba que había que cambiar las autoridades, después que eran necesarios los instrumentos previstos en la LUC, ahora se propone la reforma en la Constitución por el tema allanamientos nocturnos, y ahora vemos que este accionar policial totalmente ilegítimo se enmarca dentro de lo que denominamos como el uso irracional de la fuerza por parte de los funcionarios policiales», señaló.
«Eso nos preocupa porque es algo que el país no tenía situaciones de abuso policial y es grave ese hecho. Como lo solicitaron los compañeros de diputados las acciones van a ir por ahí», remarcó.
A su vez Carrera sentenció: «vamos a tomar acciones para constituir la comisión de seguridad en el Senado, y después vamos a convocar al ministro para conversar sobre las estrategias en materia de seguridad porque no se conocen las propuestas ni el programa de lo que se propone».
El ruido de la picana
Ignacio de Boni
31 julio, 2020
Hace unos días estamos escuchando de costado que algo pasó con una picana. Más precisamente, que se utilizó una picana en el marco de un procedimiento policial. En verdad, el hecho sucedió hace un mes, pero en los últimos días se hizo público a raíz de la formalización, con arresto domiciliario, de los dos policías implicados, que fueron imputados por el delito de abuso de funciones. Si se repasan las coberturas periodísticas y los testimonios recogidos en la investigación de la Fiscalía, los hechos parecen haber sido tan evidentes que ni siquiera dieron lugar al habitual choque de versiones entre los informes oficiales de la Policía y los testigos de un accionar policial violento. En este caso no hubo mucho misterio: el 30 de junio, dos policías detuvieron a una persona mientras hurtaba objetos de adentro de un auto en Pocitos, y en el marco de su detención lo picanearon para reducirlo.
Ante la notoriedad que cobró el caso, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, tuvo que salir a dar explicaciones, y lo hizo con el mismo porte rígido y gesto severo que viene cultivando desde que abrazó apasionadamente la demagogia punitiva y el discurso del combate a la delincuencia como una oportunidad electoral. No es su fuerte la argumentación, por lo que sus declaraciones, lejos de esclarecer la situación, la tornaron más confusa. Consultado en una rueda de prensa, dijo que la picana no forma parte del equipamiento policial oficial, pero que su uso no está prohibido; que no está previsto ni existen instrucciones oficiales para su utilización, pero que es un objeto de venta pública y que él no puede saber qué portan los más de 30 mil policías. Releído un par de veces, sigue quedando una sensación ambigua, de «no, pero sí»: no se recomienda usar picana, pero tampoco lo podemos controlar.
El trabajo de generar confusión y ambigüedad estuvo dividido entre las autoridades del ministerio. Mientras Larrañaga oscilaba entre que la picana no está prevista ni prohibida (lo que instaura de hecho un clima habilitante para usarla), Erode Ruiz, el jefe de Policía de Montevideo, intentó relativizar el hecho aduciendo que los efectivos usaron la linterna de la picana, no su descarga eléctrica. Esto contradice abiertamente la investigación de la Fiscalía, en la que se sostiene que la persona fue picaneada mientras estaba en el piso y esposada. A pesar de esto, si uno quisiera aferrarse a la excusa de Ruiz, el repaso de su legajo no ofrece muchas garantías, sino que más bien delinea una intachable vocación represiva.1
Parece obvio que un policía no es una persona común y corriente, sino que tiene la enorme responsabilidad de ser la autoridad legítima para ejercer la fuerza. Como parte de su trabajo es intervenir en situaciones conflictivas, tiene que hacerlo con extremo cuidado, sin despegarse un milímetro de los procedimientos, recursos e instrumentos indicados en su formación. Las ambigüedades y discrecionalidades son especialmente peligrosas en el accionar policial, porque del otro lado de sus actos están el cuerpo, la vida y los derechos humanos de las personas. Cuando el ministro y el jefe de policía, en lugar de mandar un mensaje claro repudiando el hecho y prohibiendo la picana, dejan entrever que si un policía ve una en la vidriera de un comercio y la quiere usar para enchufarle unos voltios a un chorro desacatado, no se le puede prohibir, la mesa queda servida para que abunden las discrecionalidades. Y sabemos por experiencia que esos grises, en el accionar policial, siempre se traducen en abusos de poder, prácticas estigmatizantes, prepoteo y violencia desmedida.
Todo esto, además, en medio de un acuerdo casi unánime entre las autoridades del ministerio, el sindicato policial y los estudios académicos respecto a que el gran déficit de la Policía está en su corta e insuficiente formación. Patricia Rodríguez, presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, dijo hace unos días en el programa de TV Ciudad La letra chica que un policía recibe seis meses de formación antes de salir a la calle.2 Entonces, encima que la Policía está insuficientemente preparada para la función importante y delicadísima que debe cumplir, el uso de un instrumento que está fuera del reglamento (y que además es un símbolo del terror y las torturas durante la época más nefasta de este país) se deja prácticamente a su criterio.
Pero esto no significa que la Policía uruguaya tenga un gusto particular por reprimir, sino que forma parte de una sociedad que progresivamente ha sido convencida de que la represión policial y el aumento de las penas son la única manera de enfrentar el delito. La Policía es el brazo armado y legitimado de ese clima social, alentado por un gobierno que llegó prometiendo ejercer la autoridad, restablecer el orden y castigar a los delincuentes. Los rodeos y las excusas del ministro y del jefe de policía demuestran que, en el marco de su política de seguridad, la picana es simplemente un pequeño exceso tolerado, que si se usa discretamente contra un delincuente, no pasa nada. En la misma línea, Larrañaga dijo que no hay que exagerar, que no es una picana como las que se usaban en dictadura, llevando el tema a una cuestión de voltaje. Ahora sí podemos quedarnos tranquilos. Parece que no se puede controlar las armas que lleva un policía (¿esa no es una de las responsabilidades de un ministro del Interior?), pero sí que las picanas no tengan demasiados voltios.
Claro que este hecho no es un caso aislado, como los que casualmente sucedencada semana en torno a antecedentes o declaraciones peligrosas de militantes o dirigentes de Cabildo Abierto. El uso de una picana en un procedimiento policial, con habilitación implícita por parte de las autoridades del ministerio, debe ser enhebrado en el largo collar de desbordes policiales ocurridos en los últimos meses. Si se hace memoria, se puede ver a un policía apuntando con un arma larga a un muchacho en una plaza de San José, la golpiza y amenazas por parte de efectivos de la Guardia Republicana a un artista callejero en Millán y Garzón, la denuncia pública de vecinos de Malvín Norte sobre un operativo policial con tanquetas, camiones y disparos al lado de una olla popular, la incredulidad de un señor al que le allanaron la casa por error y las decenas de denuncias (algunas podrán ser falsas; seguro muchas no lo son) que circulan en las redes sociales referidas a tratos agresivos por parte de policías en la calle.
Es sabido que este clima represivo tendiente a los desbordes se instaló antes que el actual gobierno. Basta mencionar la represión policial a las marchas contra UPM y los megaoperativos en los barrios periféricos de Montevideo, tantas veces denunciados por los vecinos y organizaciones de derechos humanos. No obstante, parece claro que hay una intensificación de la violencia policial contra la ciudadanía, y es difícil no asociarla con el recrudecimiento de la lógica punitivista defendida por el gobierno, encabezada por el Ministerio del Interior y consagrada jurídicamente en la Ley de Urgente Consideración (LUC). Al aumentar los permisos concedidos a la Policía para terminar con el recreo, aumentan los excesos. No es casualidad que la Institución Nacional de Derechos Humanos haya recibido un récord de denuncias de abusos policiales a pocos meses de asumida la coalición de derecha.3
Creo que en el fondo el uso de una picana no puede sorprender a nadie. Hablamos de un ministerio que difunde con orgullo en sus cuentas institucionales videos en los que la Policía entra a las cárceles, formada en bloque como un ejército que va a la guerra, a requisar celulares y canutos de droga, pero sobre todo a someter a los presos, para que todo el mundo sepa que están sufriendo, que están siendo castigados como se merecen. Repito: es un ministerio que exhibe eso como un logro, que rinde cuentas a la ciudadanía a través de un elogio explícito del belicismo, la represión y la imagen de la cárcel como un basurero humano.
Estamos viendo las consecuencias del «respaldo absoluto a la Policía» en el combate a la delincuencia, que fue un latiguillo de campaña de Lacalle Pou y la consigna central del discurso de asunción de Larrañaga. Partiendo del supuesto de que la Policía estaba atada de manos, el gobierno, a través del ministerio y de las nuevas potestades habilitadas en la LUC, le está dando rienda suelta. Claro que respaldar a la Policía no es decirle «no, pero sí», sino prohibirle usar instrumentos por los que puede ser procesada (con total razón) por delito de tortura, como puede ocurrirle a los dos policías implicados. Y respaldar a la población en su conjunto sería dejar de plantear el conflicto social como una guerra entre la gente de bien y la delincuencia o la subversión, que es el marco que habilita el avance progresivo de las fuerzas represivas contra las personas. Pero eso al gobierno no le interesa.
- Véase nota de Mónica Robaina «Premio al fracaso», Brecha, 17-I-20.
- Programa completo disponible en el canal de TV Ciudad en Youtube.
- «Institución de Derechos Humanos analiza récord de denuncias de abusos policiales; gobierno niega las cifras», El Observador, 10-III-20.
Uruguay, la tortura, el regreso de la
pobreza y la temida estampida
2 agosto 2020
Por Andrés Gaudín
A seis meses de asumir, se deshilacha la alianza de gobierno, la desocupación se nota y un ministro admite que la picana “no está prohibida”.
El ministro del Interior de Uruguay, Jorge Larrañaga, salió a reivindicar el uso policial de la picana eléctrica para torturar y reducir a un aprendiz de chorro. Su colega de Desarrollo Social, Pablo Bartol, no pudo explicar que durante julio se le hayan muerto de frío tres indigentes a los que su cartera no supo sacar de la calle ni darles abrigo. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, anticipó que tras haber recibido el país con algo menos de 9% de desocupados, julio cerrará con entre el 14% y el 15%, un índice que no se conocía desde la crisis de inicios del siglo. Así, día tras día, el presidente Luis Lacalle Pou va recibiendo novedades que lo mellan y a las que no sabe darles una explicación.
Eso no es todo. Lacalle tiene cuatro años y medio de mandato por delante y en los seis meses que lleva en el cargo ya se hipotecó buena parte de su salud política. Llegó a la Presidencia de la mano de una alianza de cinco partidos unidos con el único objetivo de ganarle al Frente Amplio y ahora, en un proceso acelerado, el rejunte se le está deshilachando. Dirigentes que fueron decisivos para ganar lo están abandonando. La tercera fuerza de la alianza se desangra en un incesante proceso de goteo. El cuarto partido del quinteto se declaró independiente y entró en proceso de desintegración. Aun así las encuestas de imagen siguen dándole relativamente bien.
Para que la alianza le ganara al FA por poco más de 30 mil sufragios, fueron vitales todos los votos. En primer lugar los 300 mil que arrimó el colorado Ernesto Talvi, un recién llegado a la política que a principios de julio renunció a la cancillería y también al partido, prometiendo además que nunca más se postulará a cargo electivo alguno. “Debo admitir que sobreestimé mis posibilidades y ahora veo que el entretejido de la política no es para mí”. Renunció a través de una carta pública. Sus legisladores –8 diputados y 2 senadores– siguen sin un líder que los conduzca.
Edgardo Novick, un empresario que hace cinco años fundó el Partido de la Gente y puso sus 26 mil votitos para el triunfo pírrico de Lacalle, ahora se fue. Su único diputado que obtuvo se declaró “independiente” y anunció que “el partido está en proceso de desintegración”. Todo suma al descrédito: el clima que se vive al interior de Cabildo Abierto, el partido de ultraderecha crecido exponencialmente a partir del ex comandante en jefe del ejército, general Guido Manini Ríos (11 diputados y 3 senadores). Se fueron varios caudillos del interior que rechazan la existencia de una mesa política integrada por militares retirados, “nostálgicos de los cuarteles que bajan línea y dan órdenes como si los civiles fuéramos su tropa”, dijo al renunciar la candidata por Durazno, María Noel Olivera.
Manini había minimizado el número y las causas de las diferencias. “Hay algunos problemitas, todo se arreglará”, dijo el 22 de julio. Pero las cosas se precipitaron y en CA se acababa la verticalidad tan deseada por Manini y los nostálgicos. Según el semanario Búsqueda y el diario El País, dos fieles voceros al servicio del gobierno, hay disidencias profundas en al menos cinco departamentos. “Nos usaron de pantalla decorativa. Después de las elecciones se cayeron las caretas y aparecieron los uniformes. En Cabildo Abierto hay un grupo de militares, y no son milicos rasos sino oficiales con galones que se reúnen como en un casino a resolver y a ordenar a la tropa, pero nosotros somos civiles, no militares, y en un partido político nadie puede darnos órdenes, obligarnos a acatar sin pensar ni discutir”: Alba Berreta, la segunda candidata a diputada por el departamento de Colonia, se fue. Ese mismo día el diputado por Montevideo, Eduardo Lust –autor del Decálogo del Buen Cabildante–, pidió “un informe sobre las irregularidades financieras” y declaró a todos los medios: “Si el presidente no escucha nuestras demandas, CA debe retirarse ya de la coalición”.