Las volteretas de Manini
15 de agosto de 2020 ·
Escribe Gustavo Scaron, Laura Fernández
El senador y general Guido Manini Ríos, en la misma sesión del Senado del 4 de agosto de 2020 en la que rechazó vehementemente los fallos de tribunales internacionales, votó, junto a sus dos senadores cómplices de Cabildo Abierto, dos proyectos en los que Uruguay se somete a tribunales internacionales, aceptando dócilmente “que se nos indique desde otras latitudes lo que debemos hacer”, que “se nos mande desde afuera”. Si usáramos su propia definición: actuando como un cipayo apátrida, al aceptar que esos tribunales se “entrometan” en nuestras decisiones.
El “Acuerdo de cooperación policial aplicable a los espacios fronterizos entre los estados partes del Mercosur” y el “Acuerdo operativo para la implementación de mecanismos de intercambio de información migratoria entre los estados partes del Mercosur”, ambos votados por Manini y sus cómplices, tienen una cláusula idéntica (artículos 10 y 8, respectivamente) que establece que “las controversias que surjan sobre la interpretación, la aplicación o el incumplimiento de las disposiciones referidas en el presente Acuerdo entre los Estados Partes del Mercosur se resolverán por el sistema de solución de controversias vigente en el Mercosur”.
El Sistema de Solución de Controversias del Mercosur tiene dos Tribunales: Tribunal Arbitral Ad Hoc y Tribunal Permanente de Revisión. O sea que votaron que Uruguay quede sometido a la actuación de estos dos tribunales internacionales. Todo un ejemplo de genuflexión, como lo define el propio Manini. No reclamó con vehemencia en este caso que quizás estos tribunales estuvieran integrados por “personas extranjeras que capaz que nunca pisaron el Uruguay”, como lo hizo respecto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El senador de Cabildo Abierto reafirmó sus conceptos pocos días después en el programa Arriba gente, de Canal 10: “La defensa de nuestra soberanía es lo que importa […] No podemos aceptar callados que una Corte Interamericana de Derechos Humanos o cualquier otro organismo dependiente de [la Organización de las] Naciones Unidas [ONU], de la OEA [Organización de Estados Americanos] o lo que sea esté por encima de los uruguayos […] Nosotros nos rebelamos a esa realidad de que una Corte Interamericana esté por encima de la Constitución que los uruguayos se han dado”. Los argumentos desplegados por Manini son el mismo tipo de argumentos que esgrimió el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, para denunciar y retirar a Venezuela del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en 2013, aunque, claro, Manini no tiene “poder suficiente” para hacer eso; ni siquiera se anima a proponerlo en su proyecto.
La Convención Interamericana de Derechos Humanos, que incluye la definición de la integración y las atribuciones de la Comisión y de la Corte Interamericana, fue aprobada en Uruguay por unanimidad del Parlamento (no por mayorías más o menos ajustadas, que Manini pondera y valora según le convengan o no) el 8 de marzo de 1985 y promulgada por la Ley 15.737, a pocos días de restaurado el Parlamento democrático (o semidemocrático, dadas las numerosas proscripciones y limitaciones que hubo en el acto electoral de 1984), un año antes de la aprobación de la ley de caducidad (que no anula ni deroga la Convención).
El núcleo de lo que Manini aduce es que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2010 (caso Gelman vs. Uruguay) es violatorio de la Constitución, es inconstitucional; algo que la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, el único organismo con poder suficiente para definirlo, jamás ha dicho ni aceptado.
Pero cuando una periodista le pregunta a Manini que defina concretamente cuáles son las inconstitucionalidades que él ve, las que nombra son:
1) La irretroactividad de la ley, que es un principio general que no está en la Constitución sino en el Código Civil (artículo 7) y en el Código Penal (artículos 15 y 16), y del cual hay numerosas leyes que hacen excepciones, incluyendo el propio artículo 6 de la ley de caducidad, que ordena computar servicio activo retroactivamente a los Oficiales Generales y Superiores que hubieran pasado a retiro por aplicación del inciso G del artículo 192 de la Ley Orgánica Militar.
2) Los tiempos de prescripción, que tampoco están establecidos en la Constitución, sino en una ley: el Código Penal.
3) El no juzgar dos veces a una persona por una misma causa, que como los anteriores tampoco tiene rango constitucional, sino legal: Código del Proceso Penal.
O sea, las supuestas inconstitucionalidades de Manini son humo, cháchara; les atribuye carácter constitucional a disposiciones establecidas en leyes.
A Manini tampoco se le dan los paralelismos; ni los legales, ni los históricos. La afirmación de que “ni Jack El Destripador es perseguido 40 años después” (que como asimilación habla por sí sola), justamente, echa por tierra su argumento. Nunca dejaron de buscarlo, lo que no pudieron fue identificarlo.
La comparación, además de confesional, adolece de un enorme desconocimiento jurídico. Los asesinos seriales legendarios, por aberrantes que sean, son delincuentes comunes. El general Manini y el proyecto de Cabildo Abierto adhieren a la lógica de los “excesos individuales y aislados”.
No hubo errores ni hubo excesos. Lo que sí hubo fue una operación coordinada y sistematizada de reparto del odio, que puso la capacidad punitiva inherente a la naturaleza de los estados al servicio de los intereses más espurios de los malos militares y los peores civiles.
El terrorismo de Estado comete delitos de lesa humanidad. Imprescriptibles por definición. Desconocerlos es renegar del Parlamento y del Estado de derecho uruguayo, por cuyas rendijas pretende colar, sistemáticamente, la antijuridicidad, el olvido y la impunidad.
Desconocer el alcance y la validez del derecho internacional es grave siempre, más aún viniendo de una carrera militar. Es capital el rol que han jugado los organismos internacionales en los últimos 70 años de relacionamiento global. Por eso es llamativa su vocinglería contra las decisiones de la ONU, organismo bajo cuyo mandato han operado y operan numerosos contingentes de militares uruguayos en diversos países, y bajo cuyo mando él mismo sirvió. Un ejemplo más de su doble discurso, al igual que sus frecuentes referencias sobre supuestos revanchismos y venganzas, cuando su propio nombramiento como comandante en jefe del Ejército por un gobierno frenteamplista es un claro ejemplo de lo contrario.
Esto que en Uruguay llamamos “terrorismo de Estado” es abordado por el derecho penal internacional como crímenes de lesa humanidad. El supuesto es que los individuos tenemos derechos que nos son inherentes por nuestra condición de seres humanos y ciudadanos del mundo. Los estados modernos que honran esta evolución de la humanidad, lejos de cipayos o genuflexos, son democracias garantistas con vocación de ciudadanía global.
En definitiva, allí se resume lo más peligroso del avance de un partido militar-cívico: tomar de las instituciones, del derecho y de la democracia exclusivamente lo que les sirve.
Un recorte sesgado de la realidad (una fake news, en el lenguaje de este tiempo) precisa de relatos simplificadores y falsos. Dice el general Manini que una ley ratificada dos veces por la ciudadanía (Ley 15.484 de caducidad de la pretensión punitiva del Estado) debe imponerse sobre la ley interpretativa 18.831, sancionada en 2011.
En Uruguay no hay leyes de primera y de segunda. Una ley puede ser sometida infinitas veces al instituto de la democracia directa conocido como referéndum; entre otras cosas, porque el “cuerpo electoral” es una construcción teórica, cuya composición es irrepetible como el río de Heráclito.
El voto verde y el voto rosado, legítimos y respetables, fueron resultado del legítimo ejercicio de los resortes constitucionales; igual que la ley que hoy pretende derogarse, sancionada posteriormente por el Parlamento que hoy Manini integra a la vez que ningunea.
Laura Fernández es integrante de Fuerza Renovadora, Frente Amplio. Gustavo Scaron es presidente de la Comisión Especial de Defensa Nacional del Frente Amplio.
La jugada de Manini
Por Rafael Bayce.
15 AGOSTO, 2020
El ahora senador por Cabildo Abierto y excomandante del Ejército, Guido Manini Ríos, junto a otros dos legisladores del grupo, Guillermo Domenech y Raúl Lozano, presentaron un proyecto de ley que busca derogar la Ley 18.831 del gobierno de Mujica, en 2011, que pretendía ser interpretativa de la Ley 15.848 de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, del primer gobierno de Sanguinetti. Dichos proponentes afirman que lo de ‘interpretativa’ fue un eufemismo para bautizar una ley de contenido ‘derogatorio’ de la de Caducidad, extendiendo forzadamente el plazo de imprescriptibilidad para homicidios militares agravados y declarándolos delitos de lesa humanidad, lo que los haría imprescriptibles. También objetan el rango normativo de la Sentencia de 1998 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordena investigar los hechos, juzgar y en su caso sancionar a los responsables del caso Gelman hasta adaptando la legislación interna para hacerlo.
Entonces, los pilares jurídicos que el proyecto ataca son esos dos: la ley de 2011 y la Sentencia de 1998. Las objeciones son jurídicamente admisibles y discutibles porque se trata de asuntos en torno a los cuales la dogmática y la doctrina jurídica no tienen una sola opinión: la más recibida por la izquierda gobernante (2005-2019) ha sido una y la oficial hasta hoy; la otra campana es la seguida por el proyecto de ley de Manini.
Sanguinetti, en su momento, resolvió una urgencia política más que adherir a alguna de las bibliotecas, y ahora le toca al gobierno de Lacalle Jr. tomar ese fierro caliente específicamente, pasado el gobierno de quienes sostienen la biblioteca jurídica uno ante reclamos de quienes sostienen la biblioteca jurídica dos.
Buena suerte en una empresa imposible de resolver a satisfacción de todos, y preñada de efectos y consecuencias políticas en plazos diversos; ante una gran jugada de Manini, seguramente aconsejado por una internacional político jurídica, o sea ideológica, transnacional de ONG y bufetes de abogados. Zambullámonos en algunos de esos aspectos, riquísimos y altamente debatibles.
Los dilemas jurídicos
Dilema uno. Imprescriptibilidad vs. irretroactividad de delitos. En cada legislación nacional, tradicionalmente y como protección de la seguridad jurídica, se establecen plazos procesales de cese de la imputabilidad de responsabilidades: los delitos prescriben más allá de diverso tiempo de vigencia desde su fecha de formalización o comisión. La mira está, entonces, en las garantías para el imputado. Pero el derecho moderno estableció excepciones con delitos imprescriptibles, llamados de lesa humanidad, cambiando el foco hacia la protección de la víctima porque la penalización puede llevar muchos más años, y porque los derechos de las víctimas deben ser protegidas más allá de plazos de seguridad para los imputados. Pero el cambio hacia la imprescriptibilidad de algunos delitos no asegura la resolución de su colisión con la irretroactividad del derecho penal; es posible que un delito antes prescriptible se vuelva imprescriptible por ser de lesa humanidad, sí, pero ¿desde cuándo se vuelve tal? Porque un delito puede haberse convertido en imprescriptible, pero ello no anularía su inaplicabilidad por retroactividad. Lo que cuestiona el proyecto es la acumulación de imprescriptibilidad con irretroactividad en el caso del juzgamiento de los militares.
Dilema dos. Los argumentos de la propuesta de Manini cuestionan los argumentos jurídicos aceptados desde 1985 hasta 2019 sobre prescriptibilidad, sobre retroactividad, sobre su acumulatividad y sobre la jerarquía jurídica constitucional o no de las sentencias y pactos internacionales devenidos derecho positivo nacional. En este último caso, solo una sentencia de la Suprema Corte de Justicia acepta el rango constitucional del derecho internacional vuelto derecho positivo nacional, que los proponentes califican como cesión de soberanía, incluso del ‘bloque constitucional’ que favorece esa asimilación.
Astutos ingredientes. Los proponentes agregan el argumento humanitario de la avanzada edad de los juzgables 50 años después, aun sin retroactividad y con imprescriptibilidad, hábil puente hacia el ‘mujiquismo’ y el ‘ñatismo’. También lo hacen proponiendo las amnistías, más amplias que las caducidades de pretensiones punitivas, puente hacia el ‘sanguinettismo’, reivindicando la tradición de la amnistía posbélica en Uruguay, puente hacia la historia blanca en clave Pivel Devoto. Pidiendo perdón por el símil, algo así como el código entre jugadores de fútbol que dicta que lo que pasó en la cancha debería quedar ahí, sin ulterioridades interpersonales ni jurídicas.
Dilema Tres. La empresa contra jueces y la cúpula fiscal, más allá de su viveza porque es un rival más débil dentro de los poderes del Estado, lo pone en entredicho con el Poder Judicial, lo que pone a Manini en posición de cuestionar la imparcialidad de quienes deberán pronunciarse sobre su desafuero, carambola a dos bandas que aprovecha, además, las fragilidades de la decisión del Frente Amplio de resolver los crímenes de la dictadura cívico militar por la vía judicial más que la política.
En suma, y diciéndolo previamente a la consideración de lo más propiamente político, una propuesta jurídicamente sostenible, ideológicamente muy pesada, amparada en bibliotecas ajenas a las usadas en Uruguay, pero internacionalmente vigentes. Y amparada también en desprolijidades jurídicas y legislativas cometidas, que presentan flancos explotables. Hueso duro de roer, que deberá ser masticado y metabolizado por este gobierno, acuciado no solo por las diversas factibilidades jurídicas sino también por las pesadas implicaciones políticas a futuro y en diversos plazos. Veamos.
Los objetivos políticos
Solo es posible sobrevolar algunos, que seguramente deberán ampliarse en futuras columnas.
Al interior de la coalición. La propuesta pone en un brete significativo a las otras dos fuerzas políticas de la misma: los partidos tradicionales. Al gobernante, P. Nacional, porque su actitud puede retacearle el apoyo de Cabildo Abierto, que tiene la llave para muchas mayorías legislativas, demasiado arduas sin ella. También juega con que la vuelta a la situación de la ley de caducidad fue copromovida por el P. Nacional, pese a su cacareada negativa a sumarse al pacto del club Naval. Ni que hablar que votar el proyecto los condena a calificativos fuertes en esta sociedad polarizada. Y no votarlo lo mismo, pero al contrario. Algún prestidigitador político tendrá que evitar ese estímulo a la polarización estigmatizante que parece estar en el horizonte, se haga lo que se haga, se diga lo que se diga. Al mismo tiempo, lo que hagan el gobierno y la coalición le puede dar argumentos a Cabildo para retirarse de esta última, cosa que sin duda piensa hacer, pero cuando le convenga y reúna elementos para decidirlo. Al Partido Colorado, lo pone en un brete porque tienta a Sanguinetti con restaurar una caducidad sanguinettista en lugar de una interpretación/derogación mujiquista, aunque fue una salida política entonces, que Sanguinetti no apoyaría hoy con el mismo énfasis. Pero también reflota la amnistía como utopía, propuesta sanguinettista rechazada en el pasado y apoyada tradicionalmente por muchos blancos desde la doctrina Pivel Devoto.
Entonces, con el chantaje del apoyo legislativo, la amenaza del desprendimiento como partido y los vínculos y tentaciones ideológicas e históricas, aumenta la importancia de su lugar en la coalición multicolor. Como en el caso del debate jurídico recién visto, jugada inteligente, pasaje al ataque que obliga a defender, con difícil contraataque.
El futuro electoral. Una propuesta como la de Manini probablemente tendría más apoyo electoral que el concitado hasta ahora por Cabildo Abierto si nos fijamos en los apoyos plebiscitarios anteriores y en las votaciones de la derecha desde 1971 hasta ahora. De modo que la decisión estaría entre crecer adentro o crecer afuera, saliendo desde dentro, más radicalizados, outsiders, nacionalistas y justicieros ofendidos; la segunda alternativa debería ser preferida y me caben pocas dudas de que será la elegida; el crecimiento abandonando la coalición convocaría mejor a la derecha y a los ultras -hasta promilitares- que una permanencia más amordazada en la coalición multicolor.
En el sistema de partidos. Varias consecuencias posibles: una, habría cuatro partidos de caudal representativo en lugar de los tres actuales, que ya excedían a los dos tradicionales. Ese cuarto y nuevo partido reuniría a la derecha, centrificaría a los partidos tradicionales, los desderechizaría de su abroquelamiento antiizquierdas desde el 71, devolviéndoles algo de lo que fue su naturaleza catch-all de más de 100 años, pero con una izquierda muy frentista y una derecha muy cabildista, casi condenados a constituir un ‘centro’ residual en materia de apoyo militante y electoral.
En el espectro político ideológico. La propuesta revela que habría una más articulada y políticamente poderosa defensa de la dictadura cívico militar, coartada de defensa que configuraría la primera derecha partidizada de la historia del país, que podría luego crecer con todos los argumentos que agrupan a las derechas en la región, pero más que nada en Europa y Estados Unidos: neonacionalismo, antiglobalismo, derechos humanos no intocables, conservadurismo neorreligioso, antiliberalismo premoderno; una agenda con cierta atracción juvenil en otros lares importable.
En suma, una propuesta peligrosamente inteligente, que toca múltiples ámbitos políticos, ideológicos, jurídicos, electorales y hasta internacionales hacia el futuro. Pesado fardo para el gobierno y su coalición. Desafío para la izquierda, que debe hacer autocrítica y actualizarse y pensar cómo reaccionar con una oposición llamativa y atractiva, sobre conceptos aggiornados y nuevos, aunque por ahora le resulta tan cómodo como irritante repetir los versos del pasado, aunque más amenazados que antes.
Cría cuervos…
por Jorge Zabalza
13 agosto 2020
Guido Manini Ríos se afilia a la versión más retrógrada de la historia reciente: el golpe de 1973 fue a pedido del parlamento y consentido por la mayoría electoral, la que había votado a Bordaberry (apadrinado por Pacheco Areco) y al general Aguerrondo, cuya logia “tenientes de Artigas” ya había copado el mando superior del ejército. Manini estima que dicha mayoría se mantuvo con el correr de los años, indiferente a la barbarie del terrorismo de Estado y que, en noviembre de 1980, se expresó en el plebiscito: más del 40% del electorado apoyó la propuesta de la dictadura cívico-militar. Tampoco disminuyó, piensa él, con la restauración de la república liberal: en el plebiscito de 1989 se respaldó por mayoría la impunidad de los criminales uniformados. Por supuesto, ese no es el análisis visto desde la izquierda, pero, es el relato donde se afirma la acción política de Manini Ríos.
Antes de librarse de los límites propios del cargo de comandante del ejército, ya venía creando hechos que, indirectamente, lo iban aproximando al poder político. Su propósito parece ser desarticular el modo pacífico de dominación, para reemplazarlo con una pirámide de ordeno y mando a lo Pacheco Areco o a lo Mourao-Bolsonaro en Brasil, pero, aunque no lo desee, la actual correlación de fuerzas le impone transitar el laberinto electoral y parlamentario. Su problema es cómo avanzar por esos recovecos hacia un régimen autoritario, cómo respetar las reglas del juego liberal mientras va acumulando y centralizando su base electoral entorno a Cabildo Abierto.
Manini calcula que, dispersa y atomizada, sobrevive la opinión pública favorable a la dictadura, una masa siempre predispuesta a alinearse tras un caudillo militar. Simplemente busca marcar las líneas de acción política para aglutinar lo disperso. No le interesa que se despida al fiscal de corte ni que se derogue la ley de interpretación obligatoria, solo se propone enarbolar banderas ideológicas para despejar confusiones y ganar la confianza del electorado más conservador.
Nacionalismo de cuartel.
Año 1998. El 16 de octubre fue arrestado Augusto Pinochet por la policía de Londres. Acusado por genocidio, torturas, violaciones, homicidios y desapariciones forzadas, estaba requerido por el juez Baltasar Garzón de la Audiencia Nacional de España. Los testimonios de sus crímenes no sólo vinieron de Chile, sino también de España, Suiza y Francia. Dos semanas después Pinochet fue internado en un hospital siquiátrico de lujo. Allí disfrutó de la vida mientras esperaba que se dilucidara su caso y le permitieran regresar a Chile. La única forma de condenar judicialmente sus crímenes era en el plano internacional, lo otro era la impunidad, porque, ¿qué juez chileno se atrevería a meterlo preso? Sorpresivamente Eleuterio Fernández Huidobro dirigió sus dardos contra el juez Garzón. Según el dirigente histórico del MLN-T, la iniciativa del magistrado español entrañaba una intromisión en los asuntos internos y amenazaba la soberanía y la independencia de las patrias latinoamericanas.
Año 2006. En el mes de abril, Eduardo Radaelli, Wellington Sarli y Tomás Casella fueron extraditados a Chile, acusados por asociación ilícita y el secuestro de Eugenio Berríos. En defensa de los tres oficiales, Eleuterio Fernández arremetió agresivamente contra el poder judicial uruguayo, lo acusó de cortar el hilo por lo más delgado, sostuvo que los tres oficiales eran “presos políticos”. Para él, se trataba del acto inaugural de una nueva etapa para el Uruguay, pautada por la pérdida de la soberanía nacional, “una especie de Plan Cóndor al revés”, decía Fernández, embanderado con un “nacionalismo” ramplón y de baja estofa, a lo “carapintada” en una palabra.
Fernández replicaba sus antiguos devaneos con el “peruanismo” de los torturadores y asesinos del Batallón Florida, un verso que utilizaron para debilitar las defensas de los interrogados: “si ambos somos enemigos de la oligarquía y del capital extranjero… ¿para qué luchar entre nosotros? ¡Dale, no resistas!”. El artilugio atrapó a un Fernández Huidobro propenso a aceptarlo desde hacía tiempo. Fueron las mismas redes que tendieron los comunicados 4 y 7 y que, en febrero de 1973, enredaron al movimiento sindical y el Partido Comunista.
Apenas fallecido Raúl Sendic y derrotado el Voto Verde en 1989, Fernández Huidobro se sintió libre para reemprender, con renovadas energías, sus relaciones carnales con los militares de la logia “tenientes de Artigas”. Hizo sonar nuevamente las campanas del “nacionalismo” de baja estofa e inició el largo recorrido de infidelidades que lo condujeron al ministerio de defensa. Lo designó el presidente Mujica, uno de sus discípulos favoritos. Entre ambos, el 2 de febrero designaron a Guido Manini como comandante en jefe del ejército. Fue el regalo que dejaron a Tabaré Vázquez que, al mes siguiente, cuando asumió la presidencia, mantuvo a Huidobro y Manini en la cumbre verde. Los hechos posteriores al fallecimiento del ministro dejaron en evidencia los vínculos entre sus ideas y las que expone el comandante hoy transformado en líder partidario.
Olvido y perdón.
En diciembre del 2003, durante el Congreso “Héctor Rodríguez”, el compañero Hugo Cores propuso que el Frente Amplio impulsara la anulación de las leyes que se contraponían con los tratados internacionales sobre derechos humanos. Adecuar la legislación uruguaya a la internacional suponía, de hecho, anular la ley de caducidad. En la comisión del congreso donde se discutió la propuesta, se opusieron el Movimiento de Participación Popular, la Vertiente Artiguista, el Partido Socialista y Asamblea Uruguay. En el plenario final, Hugo Cores y Eleuterio Fernández argumentaron a favor y en contra del proyecto.
Fernández sostuvo que el Frente debía respetar la voluntad ciudadana expresada en el plebiscito de 1989 y dejar congelada la impunidad, como si el resultado del plebiscito fuera eternamente válido. En realidad, era un argumento falaz: la opinión de los electores es cambiante y se deben respetar esos cambios, por eso hay elecciones cada cinco años y los partidos se alternan en el gobierno. Además, sostenía Fernández, la propuesta de Cores comprometía el triunfo del Frente Amplio y, decía él, se podía renunciar a todo menos a obtener a la victoria electoral. Fernández estaba mostrando su hilacha, pero no sólo él, sino también los 746 congresales que acompañaron sus fundamentos, una mayoría que lo acompañó camino al olvido y perdón. Por el contrario, 569 delegados levantaron su mano para continuar la lucha para anular la ley de caducidad. La línea quedó que bien dibujada: Verdad y
Justicia, pero, no tanta, sin extralimitarse. Aun así, durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez se realizaron las primeras excavaciones y, antes de finalizar ese año, ya se habían descubierto los cuerpos de Ubagesner Chaves Sosa y Fernando Miranda. Lástima que el implso inicial se detuvo. En el 2009, junto a las elecciones presidenciales se plebiscitó nuevamente la anulación de la ley de caducidad. Recién al finalizar la campaña, a regañadientes, el candidato progresista José Mujica adhirió a la lucha por Verdad y Justicia. Tal vez sus reticencias determinaron que no todos los votantes del Frente Amplio apoyaran la papeleta rosada. Tal vez esa fue la razón de que no se alcanzara el 50% necesario, pese a que el Frente Amplio ganó con más de la mitad de los votos emitidos. El sector acaudillado por Fernández Huidobro directamente no ensobró la papeleta que anulaba la ley de impunidad.
Las ambigüedades continuaron luego de saboteado el voto rosado. Una notable lentitud del Estado para resolver los crímenes de lesa humanidad. En el “caso Gelman”, año 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado uruguayo por el incumplimiento en “adecuar su derecho interno a la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. El país debía garantizar que la ley de caducidad no volviera a ser un obstáculo para la investigación de las desapariciones forzadas y el procesamiento y condena de los culpables.
Tal vez con cola de paja y en respuesta a la condena internacional (¡vergüenza!), el gobierno de Mujica impulsó la ley que restableció “el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometido en aplicación del terrorismo de Estado”. Sin embargo, otros apóstatas la rechazaron acaloradamente. Argumentaban nuevamente que el resultado del plebiscito de 1989, reafirmado en 2009, desvirtuaba para siempre cualquier tentativa de juzgar y castigar a los criminales. En primera instancia el diputado Víctor Semproni, ex tupamaro de sinuosa trayectoria, impidió que se aprobara la ley al retirarse de sala y dejar sin mayoría al Frente Amplio. Luego, Fernández Huidobro, ya senador, al quedar en minoría y por disciplina partidaria, renunció a su banca.
Pocas semanas más tarde, sabiendo de su defensa de la impunidad y de sus afinidades con sectores de los mandos militares, el presidente Mujica lo nombró ministro de defensa. Mujica apostaba a Fernández porque entendía la cabeza de los militares, entendimiento que lo llevó a pelearse con los frenteamplistas y los que luchaban por Verdad y Justicia, mientras fortalecía su excelente relación con los militares 1 . …que te arrancarán los ojos.
El comandante Manini Ríos no tuvo una presencia destacada en los medios de Manini Ríos, comandante en jefe, prácticamente no salía en los medios de comunicación hasta la muerte del ministro de defensa. No le era necesario hacerlo: Fernández lo interpretaba al dedillo. Una vez desaparecido el ministro, el comandante Manini debió llenar el vacío e interpretarse a sí mismo. Comenzó su carrera pública.
Cabildo Abierto y Guido Manini Ríos surcan el mar de ambigüedades y desigualdades que caracterizan la república liberal. Aprovechan, además, la pérdida de perspectiva transformadora del progresismo, la que conduce al desánimo y la disidencia. La institucionalización del Frente Amplio, su incorporación al capitalismo financiero transnacional, lo llevaron a abandonar la tarea de educar conciencias, de profundizar la comprensión y la organización política de los más desprotegidos. Es en esos espacios vacíos que crece el huevo de la serpiente. Criaron el cuervo y hoy caminan ciegos. Sólo se lamentan. No saben cómo detener la clara ofensiva del monstruo que ayudaron a nacer. El golpe de Estado podrá o no sobrevenir, todo depende de la resistencia que encuentre, de que el movimiento popular uruguayo tome el ejemplo del pueblo chileno y luche para defenderse del autoritarismo que vendrá luego de la pandemia.
Jorge Zabalza
1 Emisora M24, 28 de marzo del 2019, vocera oficiosa del MPP.