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 DEL CORONEL VÁZQUEZ AL GENERAL MANINI, UNA CADENA DE COMPLICIDADES

Alto honor

Samuel Blixen
4 septiembre, 2020

La difusión de las actas del tribunal de honor a Gilberto Vázquez (el excoronel de inteligencia condenado por la comisión de 28 homicidios) fue calificada como una expresión de transparencia por voceros del gobierno y como una operación política por parte de la oposición. Es posible que ambas apreciaciones sean ciertas y convivan en una tumultuosa coyuntura signada por la disyuntiva de suspender –o no– los fueros parlamentarios al senador Guido Manini, con sus efectos en la ya frágil consistencia de la coalición, en la interna del partido militar y en la interna de la oficialidad del Ejército, en la cual mandos medios blancos se enfrentan a Tenientes de Artigas y cabildantes.

Hay quienes sostienen que la entrega del expediente del tribunal de honor a la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos –que lo había solicitado mediante un pedido de acceso a la información– fue una carambola a tres bandas, en la que el taco golpea una bola, pero no se sabe si la tronera en la que cae es la que se había elegido.

Para despejar intenciones hay que reconstruir la secuencia. En junio pasado, Familiares cursó el pedido de acceso para obtener los expedientes de los tribunales de honor contra José Gavazzo, Ernesto Ramas, Luis Maurente, Jorge Silveira y Gilberto Vázquez. Dos meses después, el 11 de agosto, el Ministerio de Defensa remitió dos expedientes, el de Gavazzo y el de Vázquez. ¿Fue inocente la elección? Dos semanas después, el viernes 28, Familiares difundió el contenido del tribunal de Vázquez, pero la tarde anterior fue entregada esa información en un pendrive a la vicepresidenta, Beatriz Argimón, y esa misma tarde el periodista Leonardo Haberkorn difundía las revelaciones más impactantes en una nota escrita para la edición web de El Observador.

Antes de que anocheciera, el senador blanco Gustavo Penadés anunciaba que impulsaría la discusión del contenido de las actas en la Comisión de Derechos Humanos (adonde sería citado el expresidente Tabaré Vázquez) y el ministro de Defensa, Javier García, ante los horrores de las confesiones de Vázquez, decidía remitir toda la documentación a la Fiscalía General de la Nación.

El lunes 31, el ministro revelaba que una solicitud similar formulada por Familiares había sido cursada en mayo de 2019 al ministerio que encabezaba José Bayardi, quien no facilitó los expedientes (tampoco los facilitó cuando Betania Núñez, de Brecha, los solicitó en 2016).

En una nueva intervención a propósito de la entrega de nueva documentación a Familiares, García afirmaba que todo el expediente del tribunal estuvo en conocimiento de la ministra de Defensa, Azucena Berrutti, y del presidente Vázquez. A partir de ese momento, la discusión política giró en torno a si la ministra accedió a todas las actuaciones o si sólo recibió un memorándum para la homologación del fallo, que evitó detallar las confesiones de crímenes cometidos por Gilberto Vázquez. Así, el peso de la responsabilidad derivó hacia el Frente Amplio, cuyos voceros denunciaron la operación política para desviar la atención del trámite del desafuero a Manini.

El hilo defensivo de la actuación del Frente Amplio (FA) en estos episodios de 2006 manejó diversos argumentos, algunos sólidos, otros menos, pero ninguno tan llamativo como el esgrimido por el presidente del FA, Javier Miranda, y luego también por Bayardi, que atribuyeron todo a una «operación de inteligencia militar». Cuesta creer que, para denostar al FA, la inteligencia militar estuviera dispuesta a poner en evidencia todos sus trapos sucios y a exponer a los mandos militares desde 1989 hasta 2005 por su responsabilidad en aquello que Gilberto Vázquez confesó, ya que, como explicó con cierta ingenuidad a los generales del tribunal: «Se los cuento porque esto no llega al Poder Ejecutivo». Más efectiva es la coartada del senador Manini: cuando los terroristas no son inocentes y confiesan, entonces están locos.

Porque de eso se trata, y es a lo que nadie, salvo Familiares, le ha hincado el diente hasta ahora: la responsabilidad de los mandos militares y la posibilidad de investigar a partir de las confesiones de Vázquez, que, hay que decirlo, permanecieron secretas desde 2006.

En primer lugar, la responsabilidad de los generales que integraron el tribunal de honor – Héctor R. Islas, Juan C. Couture y Juan J. Giorello–, que, empeñados en obtener del coronel Vázquez la admisión de que había faltado a su palabra de honor cuando se fugó del Hospital Militar (razón de la instalación del tribunal), no repreguntaron acerca de las confesiones de asesinatos y torturas; Vázquez explícitamente afirmó que había asesinado, desaparecido y torturado a prisioneros (episodios que habitualmente alteraban su sueño) y que lo había hecho cumpliendo órdenes. Pese a la confesión, estos generales omitieron suspender las actuaciones para dar cuenta de esas revelaciones que, según el artículo 77 de la ordenanza, merecían ser denunciadas ante la justicia penal. Cuando Vázquez afirmó que había operado durante dos años en Argentina, con conocimiento de sus superiores, que había estado en el centro clandestino de detención Automotores Orletti y que, salvo el traslado a Uruguay de María Claudia García de Gelman, había participado en todos los episodios contra uruguayos en aquel país (incluido el «segundo vuelo» en el que desaparecieron más de una veintena de prisioneros), los generales Islas, Couture y Giorello no reaccionaron en absoluto, aun cuando esa afirmación implicaba su conocimiento y eventual participación en los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, entre otros.

Por consiguiente, también cabe señalar la responsabilidad del general Carlos Díaz, comandante del Ejército, a quien los generales del tribunal de alzada, Dardo Grossi, Daniel Castellá y Wile Purstcher, informaron sobre las confesiones (que Vázquez ratificó y amplió en su fundamentación de apelación), pese a lo cual, ordenó continuar las actuaciones sin dar información a la Justicia.

En su comparecencia ante el juez Luis Charles, en 2007, el general Díaz dijo, con total impunidad, desconocer los nombres de los oficiales que habían actuado en Argentina, cuando un año antes había recibido la confesión de Vázquez de que había operado durante dos años en el exterior y cuando fue él quien impulsó una negociación para que Jorge Silveira, Ernesto Ramas y el propio Vázquez asumieran la autoría por la desaparición de Adalberto Soba, precisamente secuestrado en Argentina y luego desaparecido (véase «El fallido plan de entrega»).

En el rosario de responsabilidades militares hay que sumar los nombres de los generales del Ejército que en 1989 integraban la Junta de Oficiales Generales y que, según contó Gilberto Vázquez, le propusieron organizar los asesinatos del dirigente del Partido por la Victoria del Pueblo Hugo Cores, del dirigente comunista León Lev y del dirigente del Movimiento de Liberación Nacional Eleuterio Fernández Huidobro (objetivos acordados con un general representante de la Junta), ante las versiones que indicaban que habría atentados por parte de la izquierda. Dichos atentados nunca ocurrieron, pero sí hubo ataques con bomba contra Cores, el estudio de Julio María Sanguinetti y la residencia del vicealmirante James Coates.

En sus declaraciones ante el tribunal de honor, Vázquez explicó que su intención, al fugarse en 2006 del Hospital Militar, era pasar a la clandestinidad para iniciar acciones armadas, incluido el asesinato del entonces presidente Vázquez. Esa intención expresa no impidió que, en diciembre de 2014, el entonces ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, abogara enfáticamente por la restitución de la totalidad de la jubilación a Gilberto Vázquez, en función de la buena conducta que había mantenido en prisión durante más de cinco años. Respondiendo a quienes lo criticaban, Fernández Huidobro argumentaba: «No se entiende qué es lo que reclaman: ¿el incumplimiento de la ley? ¿La incautación de los haberes jubilatorios de los presos? ¿Qué les peguemos? ¿Qué los torturemos? ¿Qué persigamos a sus familias? ¿Hasta qué generación? ¿Hasta qué lazo de consanguinidad?». Por su buena conducta, Vázquez obtuvo, además de la restitución de la jubilación íntegra, el beneficio de la prisión domiciliaria; vive actualmente en Rivera, sin cumplir el plan que se proponía tras la fuga. Si, como sostuvo el ministro Javier García, la presidencia en 2006 recibió las actuaciones completas del tribunal de honor, hay que asumir que Tabaré Vázquez estaba en conocimiento de las intenciones asesinas de su tocayo hacia su persona.

En su argumentación de apelación ante el tribunal de alzada, el coronel Vázquez afirma en una carta de puño y letra: «En cuanto a los delitos que pueda haber cometido, creo que debería ser juzgado por la justicia militar, pero debo destacar que he ejecutado a numerosas personas, secuestrado y apremiado en varios países, recibiendo por ello felicitaciones de los altos mandos del Ejército, durante el Proceso y en democracia, hasta el año pasado inclusive». Toda su justificación en el tribunal de honor se apoya en la reafirmación de que, lo que hizo, lo hizo cumpliendo órdenes y con el conocimiento de sus superiores (tan responsables como él en las «ejecuciones, secuestros y apremios»), y que ese mismo Ejército que lo felicitaba, después lo traicionó.

Si algo vincula este episodio con el que protagonizó el general Manini es el mecanismo de ocultamiento de las confesiones y la nebulosa sobre las responsabilidades civiles: Manini optó por ocultar la desaparición de Roberto Gomensoro, ejecutada por Gavazzo; Carlos Díaz optó por ocultar las confesiones del coronel Vázquez. En ambos episodios, el honor militar se agravia, en un caso, por la falta de solidaridad de un oficial respecto de su camarada preso «injustamente», y, en otro, por incumplir su palabra y fugarse disfrazado con peluquín. Por extensión, los asesinatos y desapariciones admitidas son honorables cuando las cometen los militares acatando órdenes.

En las dos conferencias de prensa de Familiares hubo reiterados reclamos de que el poder político le suspendiera los fueros parlamentarios al senador Manini. Consultado sobre si cree que Manini realmente está dispuesto a comparecer ante la Justicia, Errandonea reflexionó: «Si él hubiera querido comparecer, habría comparecido y su abogado no habría puesto las trabas que puso. Eso es como cuando éramos chicos [y uno decía]: “Agarrame, que lo mato”. Manini Ríos manifiesta la misma cobardía que han manifestado todos los militares». Nilo Patiño, a propósito de los ataques de Manini a la Justicia por procesar a militares «inocentes», dijo: «Gilberto Vázquez es uno de los inocentes de Manini».

DERIVACIONES JUDICIALES

El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad Ricardo Perciballe solicitó que las declaraciones de Gilberto Vázquez ante un tribunal de honor sean anexadas a nueve causas penales por crímenes de la dictadura. Según el fiscal, estas declaraciones no pueden considerarse como una confesión, pero representan un indicio para esclarecer diversos crímenes cometidos por agentes del Estado.

En este marco, Perciballe considera que las declaraciones de Vázquez sobre su actividad en Argentina son relevantes en investigaciones que tienen su epicentro en ese país, entre ellas las torturas contra Enrique Rodríguez Larreta y Antonio Viana Acosta, y el caso de los fusilados de Soca. Asimismo, solicitó anexarlas a la causa que investiga delitos sexuales contra ex presas políticas y a la que indaga la muerte del militante tupamaro Edison Marin en 1972.

Estas actas también podrían incorporarse al expediente por el secuestro de los hermanos Anatole y Victoria Julien, en el que se solicitó el procesamiento de Vázquez y de otros cuatro represores. Sin embargo, el fiscal estudia el resto de la información recibida sobre los tribunales de honor para definir si puede agregarse en otros causas aún abiertas por delitos del terrorismo de Estado.

NEGOCIACIONES POLÍTICO-MILITARES

El fallido plan de entrega

Samuel Blixen
4 septiembre, 2020

Gonzalo Fernández, José Bayardi y el Gral. Carlos Díaz en la asunción de este último como comandante en jefe del Ejército.

La fuga del coronel Gilberto Vázquez del Hospital Militar en junio de 2006 –que dio lugar a la formación del tribunal de honor– es una secuela de los intentos del entonces presidente, Tabaré Vázquez, y de su secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, de negociar con los terroristas de Estado la información que pudiera facilitar la ubicación de los restos de los detenidos desaparecidos. Así como no prosperó el pedido presidencial –formulado por intermedio de tres generales– para que los oficiales involucrados en delitos de la dictadura aportaran la información, también fracasó la intermediación «oficiosa» del secretario de Presidencia para que los que habían enterrado a los desaparecidos «entregaran algunos huesitos» a cambio de una solución jurídica. Igual resultado tuvieron las gestiones del excomandante del Ejército, Ángel Bertolotti, para identificar a cuatro responsables de la desaparición y asesinato de María Claudia García de Gelman, según el compromiso del presidente Vázquez con el presidente argentino Néstor Kirchner.

LAS NEGOCIACIONES EN LA MANSIÓN DE AGRACIADA

En mayo de 2006, la eventualidad de una extradición a Argentina por delitos cometidos en el marco del plan Cóndor impulsó al presidente Vázquez a aceptar la sugerencia de que los requeridos fueran procesados, sí o sí, por delitos cometidos en Uruguay, para evitar la entrega. Esa alternativa fue la que generó una nueva negociación, esta vez con los coroneles Gilberto Vázquez, Jorge Silveira y Ernesto Ramas.

El escenario fue la mansión de la avenida Agraciada, asiento de la comandancia de la División de Ejército I, donde los tres coroneles permanecían en «arresto administrativo» desde que la jueza Aida Barreto, a comienzos de mayo, los hubiera convocado al juzgado para preguntarles si aceptaban voluntariamente ser extraditados. Los tres dijeron que no, y el comandante del Ejército, Carlos Díaz, se comprometió ante la jueza para que los coroneles permanecieran en dependencias militares mientras durara la prisión administrativa (unos 18 meses), en lugar de ser alojados en Cárcel Central.

Con matices, la convicción de los coroneles era que el Ejército allanaría una solución similar a la de «los Berríos», el teniente coronel Tomás Casella y el capitán Eduardo Radaelli, que permanecieron en libertad en junio de 1993, cuando se supo que habían desaparecido al agente chileno Eugenio Berríos. En el momento de la citación judicial, Gilberto Vázquez resultó inubicable, hasta que el comandante Díaz le mandó decir que habría una «solución Berríos» y accedió a presentarse.

Durante dos semanas de reclusión en la División I el ambiente se fue tensando, porque la solución no llegaba, y el 22 de mayo creció la expectativa cuando se enteraron de que Díaz tenía planeado cenar con el presidente Vázquez al día siguiente; dedujeron, correctamente, que se discutiría su caso.

En realidad, de la cena participaron, además del presidente y el comandante del Ejército, los comandantes de la Armada y de la Fuerza Aérea, el jefe de la Casa Militar y el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández. No estuvo presente –quizás no fue invitada– la ministra de Defensa, Azucena Berrutti.

El miércoles 24, al mediodía, el comandante del Ejército se hace presente en la sede de la División I. Díaz le informa al general Manuel Saavedra, jefe de la División, que quiere tener una conversación reservada, secreta, con los coroneles. Saavedra le advierte que es difícil mantener el secreto cuando son muchos. Díaz se sienta detrás de una mesa larga, flanqueado por el jefe de la División y el general Walter Díaz Tito, que estaba accidentalmente de visita. Del otro lado, Silveira, Vázquez y Ramas.¹

—A ustedes los quieren ver presos sí o sí –dice sin preámbulos el comandante del Ejército–. O ustedes son extraditados o se meten en una causa acá.

—¿Yo extraditado? –dice Ramas–. Yo nunca trabajé en la Argentina, no tengo nada que ver con Argentina, no tengo nada que ver con el caso Gelman. ¿Por qué tengo que hacerme cargo?

—No es que tenga que hacerse cargo –dice Díaz–. No le veo otra solución. Los quieren presos para evitar la extradición. Yo no voy a permitir la extradición. La única forma de impedir la extradición es que ustedes sean juzgados aquí.

—Pero los plazos para la extradición, ¿seguimos pensando en dos años? –pregunta Vázquez.

—Dieciocho meses –responde Díaz.

—Una causa acá… ¿qué causa? –pregunta Ramas.

—Están abriendo la causa de un tal Soba –dice Díaz.

—Yo no tengo nada que ver con Soba –retruca Ramas.

—Yo no le exijo nada, mi coronel –dice Díaz–. Es como lo estoy viendo yo. Es mi percepción de la cosa.

—Yo no acepto la extradición –dice Ramas–. Mi teniente general, no me mande el helicóptero, no me voy a subir al helicóptero, y le pido que no me mande a arrestar por soldados.

—Si nos procesan, ¿qué significa? –pregunta Vázquez.

—Bueno, cierto tiempo; ocho años, si se quedan, para que podamos manejar la cosa –dice Díaz–. Estarían procesados 25 días en Coraceros y después irían al Interior, a diferentes dependencias del Ejército.

—Para mí, personalmente, que tengo 61 años –dice Vázquez–, es pasar el resto de mi vida útil en una cárcel. Es cadena perpetua.

—Usted sabe que soy inocente –dice Ramas– y pretende que me acusen de vuelta de algo que no hice. Me sanciona como un aspirante y me pone ocho años. Mejor firme mi certificado de defunción.

—Soy milico –dice Díaz– y digo las cosas de frente.

—Mi coronel, tranquilo –dice Saavedra–. Esta situación es hoy, 24 de mayo a las 14.30, sé que es cambiante.

—Dejalo hablar al coronel –dice el general Díaz Tito.

—¿Se puede llevar a la familia? –pregunta Vázquez.

—Voy a hacer lo imposible –responde Díaz–. Voy a tratar de acondicionar un par de casas, una, tal vez, en San José, otra en Florida.

—¿Se va a poder vivir con la familia en la casa? –dice Silveira.

—Van a pasar 20 o 30 días en Coraceros, para tapar la cosa un poquito, y después ustedes van a ir y van a poder recibir a la familia allá y todo lo demás –dice Díaz.

—Teniente general –dice Ramas–, usted no me puede dar garantías porque mañana renuncia o lo relevan, viene otro comandante y dice: ¿y estos que están haciendo acá? Estos que se vayan para Cárcel Central, para el Comcar. De ningún modo, yo no acepto.

El comandante Díaz dio por finalizada la conversación. Esa noche los tres coroneles discutieron la situación. El general Raúl Gloodtdofsky habló con el coronel Vázquez y le confirmó que el plan incluía cárcel por ocho años; le dijo que se lo había oído decir al secretario de la Presidencia. Tenían la convicción de que la propuesta había sido formulada por el presidente Vázquez en la cena con los comandantes. (El general Díaz Tito después lo confirmó cuando declaró ante el tribunal de alzada.)

Los tres coroneles tenían la sensación de que el Ejército los estaba entregando, cuando ellos sólo habían cumplido órdenes. Esa sensación se robusteció cuando supieron que el general Gregorio Álvarez, en el juzgado, dijo desconocer qué era el OCOA y que nunca había conocido a los oficiales implicados.

Vázquez anunció que se fugaría; Silveira aclaró que él no se fugaba, y Ramas confesó que pensaba en suicidarse.

1. Actas 10, 11, 14 y 19 del tribunal de honor.

HOY, EN PLAZA LIBERTAD

Para reiterar la vigencia de sus consignas principales por verdad y justicia, para reclamar la investigación de los delitos admitidos por el coronel Gilberto Vázquez en un tribunal de honor militar y para demandar la necesidad de que el Parlamento suspenda los fueros del senador Guido Manini, la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos convoca para hoy, viernes, a la hora 18, a una concentración en la plaza Libertad.

 Frente Amplio y poder militar

La voluntad de no enfrentar

 RESPONSABILIDADES

Gonzalo Fernández y el caso de Gilberto Vázquez

03.09.2020

MONTEVIDEO (Uypress/Esteban Valenti) –  “Si alguno de los integrantes de los gobiernos del FA (que es un núcleo muy reducido) logra dar una explicación decente, creíble, verdadera y apoyada en los hechos, me comprometo con la mayor alegría a retractarme de todo lo que he dicho hace tiempo y voy a reiterar ahora.” Con este párrafo comencé mi columna el pasado 2 de setiembre en Montevideo, “Las actas de la vergüenza”.

Voy a cumplir lo prometido.

Con una comunicación que duró 29 minutos, a través de una llamada telefónica del doctor Gonzalo Fernández, ex Secretario de la Presidencia de la República del primer gobierno de Tabaré Vázquez; de documentación escrita que me proporcionó 25 hojas y de las referencias en las páginas web del gobierno, me expuso los hechos. Y no digo su visión de los mismos, porque comprobé que cada una de sus afirmaciones, son reales y al alcance de todos y por lo tanto me retracto públicamente de que Gonzalo Fernández tenga alguna responsabilidad en la homologación del fallo del Tribunal Militar de 28 de setiembre de 2006 sobre Gilberto Vázquez.

Un complemento: en varias de mis declaraciones incluí a Fernández entre los que debían rendir cuentas y tenían responsabilidades, por una deducción lógica y elemental: estaba seguro que si el expediente del Tribunal Militar hubiera pasado por sus manos, jamás hubiera dejado pasar la oportunidad de leer toda la documentación anexa (actas, cartas manuscritos etc).

“A la Secretaria de la Presidencia durante aquella época, durante toda la semana iban entrando expedientes con proyectos de resolución o proyectos de decretos para ser firmados en los Consejos de Ministros del día lunes. Los expedientes entraban por la sección Acuerdos que los pasaba directamente a la Asesoría Jurídica de la Presidencia, la Asesoría Jurídica los examinaba y si no había ninguna objeción jurídica me los bajaba para mí, lo que yo recibía no eran los expedientes que eran 4.000 por mes, sino que eran la Resolución que venía en unos carpetones de cartón con las resoluciones  que iban a ser firmadas en el acuerdo con el Presidente.”

“Íbamos los lunes, el Presidente los firmaba y yo los devolvía a Acuerdos y no tomaba más contacto con el tema. Cuando había alguna Resolución que a mí me llamaba la atención, pedía ver las cosas para ver ‘qué era eso’. Y a su vez, la Directora de Jurídica bajaba todos los días porque estaba en el piso 8, cuando veía  que había algún error, a veces tipográfico, para decir ‘mire doctor esto…’ Lo informábamos o lo manda de vuelta para que se corrija”.

“El expediente de Gilberto Vázquez estuvo en el Ministerio de Defensa,  que fue el que preparó la Resolución hasta la tarde del 27 de setiembre de 2006 y aparece firmado el 28 de setiembre de 2006, al día siguiente. Si entrás a la página de la Presidencia te vas a encontrar que esa es la única Resolución firmada ese día, seguramente porque la Ministra se lo llevó en mano al Presidente, no pasó por la Secretaría de la Presidencia. Después que en Suarez se firmó eso, lo mandaron directamente a Acuerdos y volvió al Ministerio de Defensa. Yo nunca tuve en mis manos la Resolución que pasaba a Situación de Reforma por falta gravísima a Gilberto Vázquez, y además nunca tuve el expediente y menos tuve el expediente del Tribunal de Honor que había quedado en el Ministerio de Defensa. Eso también surge probado y lo agregaron después que esto se firmó”.

“Si yo hubiera tenido ese expediente en mi poder solo por el nombre del tipo este, me hubiera zambullido a leer para saber de qué se trataba, y hubiera dicho pero un momento, acá falta el Tribunal de Honor que no se mandó.”

En el caso del expediente sobre el Tribunal Penal referido a la fuga de Gilberto Vázquez, comprobando a través del propio sistema (portal) de la Presidencia https://www.presidencia.gub.uy/, pasando a “Marco Normativo” https://www.presidencia.gub.uy/normativa  posteriormente a la sección “Resoluciones 2005-2010” https://www.presidencia.gub.uy/normativa/2005-2010/resoluciones/inicio y de allí a las “Resoluciones”  correspondientes a setiembre del 2006 https://www.presidencia.gub.uy/normativa/2005-2010/resoluciones/resoluciones-09-2006 donde figuran todos los ministerios, en el sector del MDN (Ministerio de Defensa Nacional) aparecen  83 resoluciones en el mes de setiembre, el último corresponde al 28/09/20- APROBACIÓN DEL FALLO EMITIDO POR EL TRIBUNAL ESPECIAL DE HONOR PARA OFICIALES SUPERIORES N° 1 CONFIRMADO POR EL TRIBUNAL DE HONOR PARA OFICIALES GENERALES ACTUANDO COMO TRIBUNAL DE HONOR DE ALZADA. http://archivo.presidencia.gub.uy/_web/resoluciones/2006/09/D898_26_09_2006_00001.PDF Nro 14337 D/898.

A través del sistema APIA de la Presidencia que es accesible vía Internet y que por su propio diseño de protección no se puede modificar la información, está establecido que la Resolución entró en Acuerdos a las 15.04 horas del día 28 de setiembre de 2006 y salió a las 15.05 del mismo día para el Ministerio de Defensa.  Seguramente lo único que hicieron fue atribuirle el número al expediente: D/898.

Cualquier lector o ciudadano puede realizar este recorrido y comprobar que ese día 28/09/2006 se firmó esa única Resolución. El expediente pasó directamente del Ministerio de Defensa Nacional a la Presidencia de la República sin que en ningún caso el Dr. Gonzalo Fernández haya intervenido en el proceso.

“En segundo lugar, yo ayer (02.09.2020) recopilé Resoluciones del Poder Ejecutivo que declararon excluidos de la Ley de Caducidad los casos respectivos. Los bajé de la página porque yo no los tengo. Yo en aquellos primeros meses le dije al Presidente: ‘nosotros tenemos que mandar esto al Poder Judicial, es el que tiene que investigar y tiene que juzgarlos, sigamos con las excavaciones pero la investigación la tiene que hacer el poder judicial’. Él estuvo de acuerdo y por tanto, comenzaron a venir las consultas de los juzgados. Si vos te acordás, cuando se presentaba una denuncia bajo la Ley de Caducidad, el primer paso que tenía que dar el Juez era elevar el expediente en consulta al Poder Ejecutivo para ver si lo declaraba comprendido o no comprendido. Yo le dije al Presidente: ‘ puedo buscar una interpretación alternativa y di la orden de que todos los oficios de los juzgados vinieran a mí, no pasaban por jurídica, el que hacía el informe era yo y era yo, el que proyectaba la Resolución y bajé cerca de 20 resoluciones que comienzan en el años 2005 y terminan 2009, donde en absolutamente todos los casos, declaramos asunto no comprendido en la Ley de Caducidad”.

En La documentación que me hizo entrega Fernández, figuran los 20 expedientes del 31 de octubre 2005 (D 358) hasta 26 de octubre 2009 (U 3175).

“Todas las resoluciones en el ATENTO por lo establecido en el artículo tal, tomado por la Secretaría de la Presidencia. El que inventó la perforación de la ley de caducidad fui yo y era yo el único que lo informaba. Quedó como un modelo cuando yo me fui de Presidencia, seguían utilizando el mismo modelo”.

Hemos tratado de ser fieles a las declaraciones y respuestas del doctor Gonzalo Fernández pero de realizar nuestra propia búsqueda en el sistema y el portal de la Presidencia de la República.

El único agregado propio es el que figura al inicio de esta nota.

 NEGACIONES, REALIDADES Y COMPLEJIDADES

Detrás de la grieta

Gabriel Delacoste
4 septiembre, 2020

Desde hace algún tiempo, la grieta es un concepto que ha tomado cierto protagonismo en la discusión política uruguaya. Al igual que el relato, es uno de los lugares comunes del discurso de la derecha uruguaya. Se dice que alguien «profundiza la grieta» cuando dice o hace cosas que intensifican el conflicto. Pero no es tan evidente qué quiere decir esta expresión.

El ganar un Martín Fierro en 2013, Jorge Lanata dio este breve discurso: «Hace más de 20 años que yo vengo a estas fiestas del Martín Fierro, y nunca vi en ninguna antes lo que pude percibir acá. Que cuando alguien dice algo alguno silbe o que otro diga “viva tal” o “viva tal otro”. […] Yo creo que hay una división irreconciliable en Argentina, y a esa división yo la llamo la grieta. Realmente creo que la grieta es lo peor que nos pasa. Y creo que, incluso, va a trascender al actual gobierno. […] El gobierno en algún momento se irá, y la grieta va a permanecer, porque la grieta ya no es política, es cultural, tiene que ver con cómo vemos el mundo. Ha separado a amigos, hermanos, parejas, compañeros de laburo. […] Han provocado una grieta, una división, esta idea de que quien está en contra es un traidor a la patria, y se debe poder estar en contra sin ser un traidor a la patria. La última vez que algo así pasó fue en los años cincuenta, y esa grieta duró 50 años, 40 años. […] Ojalá alguna vez podamos superar esta grieta. Porque dos medias Argentinas no suman una Argentina entera».

Esta arenga antikirchnerista fue tomada como un manifiesto por la derecha argentina. Era la respuesta a la estrategia populista del gobierno de Cristina Fernández –intensificada después del conflicto con el campo– que estaba inspirada, según muchos, por el teórico político Ernesto Laclau. Para él, la disputa política es fundamentalmente un asunto discursivo, en el cual se busca articular las demandas populares de tal forma que sean capaces de plantear un antagonismo que produzca una mayoría popular, una hegemonía.

La grieta fue la forma como la derecha argentina dio cuenta de estas ideas. Lanata señala que la grieta no existe espontáneamente, sino que la «han creado», deplora la división y sueña con una Argentina unida. Unos años después, uno de los lemas de campaña de Mauricio Macri sería «unir a los argentinos». En 2016, Lanata volvía a ganar un Martín Fierro, esta vez de oro. Festejó: «Se lo dedico a Cristina que lo mira por TV». En el esplendor de la demagogia duranbarbista, los que poco antes lloraban por la grieta y buscaban cerrarla eran los que acusaban a la oposición de traición a la patria. Nacía una extraña ideología de derecha, al mismo tiempo liberal y nacionalista, tecnocrática y populista.

Una parte de la izquierda uruguaya pensó que acá había faltado más relato y más grieta. Relato, en realidad, no faltó. Sólo que no fue un relato antagónico. El relato del progresismo era que podía haber una mejora de los sueldos y los indicadores sociales para siempre, sin conflicto social, gracias al crecimiento económico perpetuo. Al final, el problema en Uruguay fue el mismo que en Argentina: que no se puede vivir del relato porque el precio de la soja y el conflicto son reales. De todos modos, que los gobiernos del Frente Amplio en Uruguay nunca tuvieran el gusto del kirchnerismo por el antagonismo no impidió que la derecha uruguaya adoptara el lenguaje de la grieta.

CERRAR O DISIPAR

Los progresistas y los liberales niegan la grieta. Para los primeros, es posible evitar el conflicto con grandes acuerdos sociales y políticas públicas, y por eso se sorprenden cuando los que tienen que ceder para pagar esas políticas deciden responder y quebrar el pacto, haciendo que vuelva el conflicto. Para los segundos, la grieta es mala porque dicotomiza una sociedad que en realidad es plural, y se sorprenden de cómo la grieta vuelve cuando las políticas procapitalistas que llevan adelante concentran la riqueza y polarizan a la sociedad.

Mientras los liberales y los progresistas quieren que la grieta se tape, los izquierdistas y los nacionalistas (categoría que incluye, pero no se reduce a los fascistas) la reconocen. Pero la ven en lugares diferentes. Para la izquierda, la grieta es una expresión de la lucha de clases, y en la medida que todavía alguien piensa que la historia progresa hacia la igualdad, la lucha puede plantearse como una entre el progreso y el atraso. Para los nacionalistas, en cambio, el antagonismo es entre el verdadero pueblo (que tiene sus tradiciones, su forma de ser, sus jerarquías y sus elites nacionales) y un puñado de agitadores, degenerados y corruptos serviles a misteriosos poderes extranjeros que quieren disolver la nación. Así, cualquiera que lucha por la igualdad, el progreso o la transformación se convierte inmediatamente en un intruso antinacional.

Cuando las políticas liberales causan desigualdad y surgen la polarización y el antagonismo social, los discursos nacionalistas pueden ser una buena respuesta para la derecha. Muchas veces la derecha liberal, que critica las formas antagónicas de entender la política desde la pluralidad, y la nacionalista, que la critica desde la unidad nacional, coinciden de formas que pueden parecer paradójicas. Y también muchas veces vemos todo tipo de mezclas entre posturas populistas, progresistas, liberales, nacionalistas e izquierdistas.

Pero hay otra crítica a la política dicotómica, que, al igual que la liberal, reivindica lo plural, pero sin defender la concentración del poder económico. Estas críticas pueden venir desde anarquismos, autonomismos, posmodernismos o «republicanismos desde abajo». Para estos, la forma como los discursos progresistas, populistas e izquierdistas plantean la división de la sociedad en dos campos antagónicos cristaliza la hegemonía y las jerarquías en cada uno de ellos, acusando a quienes no luchan como quieren los líderes del «campo popular» de «hacerle el juego a la derecha». A la izquierda siempre le costó pensar cuáles son los momentos para la unidad y el compañerismo, y cuáles las formas de la disputa interna entre las partes subalternas y transformadoras de cada grieta.

La sociedad no está atravesada por una gran grieta, sino que está toda agrietada: hay grietas entre hombres y mujeres, entre el campo y la ciudad, entre locales y forasteros, entre quienes defienden la tierra y quienes claman por puestos de trabajo, entre románticos e iluministas. Estas grietas se cruzan de formas no siempre fáciles de comprender para los grandes bandos de la disputa política, causando todo tipo de confusiones. Además, en esta sociedad de microcomunidades autocentradas y nichos virtuales, en los que pequeños grupos unidos por subdisciplinas profesionales o gustos culturales excéntricos (siempre en pugna con otros) cultivan lenguajes no fácilmente traducibles a los de la sociedad más amplia, el mapa que forman las grietas de la sociedad no es fácil de interpretar.

GRIETA Y GUERRA

Cuando el antagonismo se profundiza, amenaza la posibilidad de la guerra. Es que una de las formas como se puede salir de la grieta es eliminando al otro. Se pasa del antagonista al enemigo, y de allí al deseo de exterminio. Para las posiciones «antigrieta» de la derecha, cuando la izquierda habla el lenguaje del antagonismo da un paso hacia la guerra, el totalitarismo y el exterminio. Por eso es tan frecuente que modestas propuestas de redistribución sean rápidamente acusadas de estalinismo. Pero, detrás de esto, la derecha dice algo más siniestro: que si la cosa va de guerra, ellos van a ganar, y la exterminada va a ser la izquierda. Y en eso último quizás tengan algo de razón. Entonces, ¿qué formas de antagonismo son planteables? ¿Qué hacemos cuando la disputa aparece en la sociedad?

Otra forma de salir de la grieta es ceder. Si uno de los bandos no disputa (quizás por miedo, quizás por cansancio, quizás por confusión, quizás por falta de proyecto) y deja el terreno libre al otro, la grieta desaparece. Una versión más moderada de esto es intentar una paz, un lenguaje común en el que los bandos se reconozcan mutuamente y administren sus diferencias. El problema es que cuando el conflicto surge, las sociedades tienen una tendencia a volverse en contra de las elites que pactaron en su conjunto, sin ver allí diferentes bandos.

Otra forma, quizás utópica, de cerrar la grieta es crear una sociedad nueva, sin clases, en la que el problema estructural que produce la grieta desaparezca. Pero hay un pequeño problema y es que los dueños de la riqueza, de los ejércitos y de los medios de comunicación demostraron que están dispuestos a matar, a quebrar instituciones y a colapsar sociedades para que esto no se intente. Y parecen quedar solamente dos opciones: negociar con esos poderes, sabiendo que van a usar el tiempo que dura el pacto para reorganizar su poder y hacer retroceder todo lo que se había logrado en ese pacto o transformarse en un ejército jerárquico e implacable dispuesto a sostener militarmente las conquistas. Cabría desear que la astucia popular logre crear terceras opciones.

Tiene sentido que un semanario llamado Brecha dedique una de sus páginas a pensar la grieta. Que la sociedad está agrietada es un hecho. La derecha suele querer cerrar las grietas, y la izquierda abrirlas aún más. Quizás el tema no es tanto si se abren o se cierran, sino usarlas como rendija para pasar a través de ellas. Pero para eso, necesitamos que se mantengan abiertas. Y no parece que se vayan a cerrar pronto.

 La oligarquía uruguaya:

el gobierno de los de siempre

Nicolás Centurión.

Psicólogo y periodista uruguayo

2 septiembre, 2020 

Empresarios, militares, terratenientes y la banca; intelectuales, académicos, medios de comunicación y políticos; familias y apellidos que se repiten una y otra vez desde hace dos siglos. Nuevos administradores, viejas políticas.

Personajes que se entrecruzan en directorios de grandes grupos económicos y en cargos de gobierno. Clanes, logias, militares, religión y ONGs. De toda esa fauna está compuesta la oligarquía uruguaya.
Esta enredadera, que se viene armando desde hace décadas y que lleva adelante su proyecto de dominio y control del país, no sin disputas internas y matices, pero unidos a la hora de combatir enemigos en común.
La madeja

Empecemos por nuestro presidente Luis Lacalle Pou. Es hijo del ex presidente Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995). Su padre y su madre, Julia Pou recibieron una frondosa coima por la venta del Banco Pan de Azúcar. Fiel representante de los gobiernos de la década del 90, Lacalle Herrera intentó privatizar las empresas públicas, pidió préstamos al FMI sin necesidad, según indica el economista finés Vreeland.
Luego sucedió la masacre del Hospital Filtro donde en el marco de la extradición de tres supuestos etarras, la policía asesinó a dos manifestantes e hirió a cientos de ellos. Su gabinete ministerial estuvo integrado por sendos representantes de la oligarquía nacional. Entre ellos Enrique Braga, en el Ministerio de Economía, quien luego sería procesado por abuso de funciones.
En el Banco Central, Ramón Díaz. Pater totum del neoliberalismo uruguayo. Artífice, formador e ideólogo de esta corriente a nivel criollo. Llegó a ser presidente de la Sociedad de Mont Pellerin. En inteligencia, el general Mario Oscar Aguerrondo que tuvo gran participación en la última dictadura militar de 1973-1985.
Los Lacalle
Otro de los integrantes del gabinete de Lacalle Herrera fue Juan Carlos Raffo. Senador por el Partido Nacional y ministro de Transporte y Obras Públicas. Involucrado también en casos de coimas con el empresario Igor Svetogorzky. Juan Carlos es el padre de la economista y empresaria Laura Raffo, candidata a intendenta de Montevideo por la Coalición Multicolor.
Lacalle Pou es bisnieto del caudillo del Partido Nacional Luis Alberto de Herrera, que lideró la primera victoria de su partido en el siglo XX junto con Benito Nardone (alias “Chicotazo”). Nardone fue apadrinado por Domingo Bordaberry. Otro apellido “ilustre” de nuestra historia. Domingo junto con Lacalle Herrera apoyaron el golpe de Estado de Terra en 1933.
Fue padre de Juan María Bordaberry, que el 27 de junio de 1973 dio el golpe de Estado disolviendo las cámaras legislativas. Uno de sus hijos, Pedro Bordaberry, fue candidato a la presidencia por el Partido Colorado, ministro, diputado y senador de la República. Fiel representante de su linaje, ha intentado llevar adelante reformas punitivas contra adolescentes.
Uno de sus hermanos, Santiago Bordaberry es terrateniente y estanciero vinculado a la Asociación Rural del Uruguay, organización representante de la oligarquía latifundista del país.
Junto con Domingo Bordaberry y Lacalle Herrera “El patriarca”, como le decían en su familia, otra rama de la enredadera oligárquica brinda apoyo a la dictadura de Gabriel Terra (1933): los Manini Ríos. Pedro Manini Ríos. Nació en 1897, hacendado y riverista, el sector más conservador y reaccionario del Partido Colorado.
Fue fundador del diario La Mañana en 1916, que estuvo en circulación hasta 1998. En 2019 este periódico fue reflotado por el periodista Marcos Methol (hijo de Alberto Methol Ferré), Manuela Manini, hija del arrocero Hugo Manini, y Alberto Manini, padre de Guido Manini Ríos.
La dinastía Manini echa raíces en Uruguay desde el siglo XIX. Para algunos, Guido Manini Ríos, ex general de las Fuerzas Armadas y candidato a presidente, hoy líder del partido de ultraderecha Cabildo Abierto y senador; ha sido una sorpresa en la arena política. Pero esta familia extiende sus influencias en los medios de comunicación, los cuarteles, el parlamento, el agro, etc.
Alberto Manini Ríos fue diputado por Montevideo en 1958. Carlos Manini Ríos fue diputado y senador en 1934 y 1936. Fue embajador de Uruguay en Brasil durante la dictadura cívico-militar. Ministro del Interior durante el gobierno de Julio María Sanguinetti (1985-1990).
Carlos A. Manini Ríos, fue redactor responsable del diario La Mañana y El Diario. Junto con su hermano Hugo Manini Ríos, fundó la Juventud Uruguaya de Pie (JUP) , grupo de extrema derecha que se caracterizaba por romper huelgas y dar palizas a jóvenes de izquierda. Hugo también fue participante del escuadrón de la muerte.
Guido Manini Ríos sigue la línea familiar conservadora y ligada a las altas esferas de poder. En 1996 integró una delegación del Instituto Militar de Estudios Superiores (IMES) en la que recibió instrucción en los Estados Unidos. En el 2010 regresó como Agregado Militar adjunto a la Embajada uruguaya en ese país y como Asesor del Colegio Interamericano de Defensa.
Hoy como líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos pretende volver a la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, más conocida como ley de caducidad. En pocas palabras, una ley que pretende amnistiar a policías y militares de los delitos cometidos durante la dictadura, utilizando como siempre, un viejo aforismo de la derecha cavernaria: “dar vuelta la página.”
El pedigree/Los Bordaberry
Parece que los destinos de Uruguay siempre están signados por los mismos apellidos, las mismas familias, que a su vez tienen negociados, alianzas y participación conjunta en los menesteres de la nación. Desde diarios, atriles, radios, cuarteles, televisión, círculos, logias, colegios y más; han perfilado, pulido, manifestado, cooptado y convencido que si a ellos les va bien, a todos les va a ir bien y debe ser a su manera. Cuando la oligarquía habla de nación o patria, está hablando de clase.
Estos párrafos son simplemente una pequeña muestra de esta madeja que inicia su hilo en los albores del Uruguay como república. Los nudos de esta trama siguen pariendo capítulos donde se repiten una y otra vez actores que luego dejan a sus descendientes seguir el argumento de un final inconfesable. Mientras la grandes mayorías asisten al espectáculo del saqueo. ¿Quién romperá la cuarta pared?

* Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE). Fragmento de la investigación titulada “La oligarquía uruguaya. Radiografía de las familias dueñas del país”