El Chasque Nº38
4 de Setiembre, 2020
El presupuesto no hace más que confirmar orientaciones político-económicas muy claras de este gobierno. Es una ley presupuestal que recorta recursos en educación y salud, afectando salarios que fueron largamente postergados hasta la llegada del Frente Amplio al gobierno en 2005, que aumentaron durante los gobiernos progresistas pero que igualmente estaban en general lejos aun de ser satisfactorios. Para llegar a niveles dignos se deberían seguir aumentando, pero esa no era claramente la opción de quienes transforman el achique del gasto público, o del gasto público que beneficia a los sectores populares -que constituye lo que los economistas llaman “salario indirecto”-, en un dogma.
El recorte es particularmente salvaje en el presupuesto de la Universidad de la República. Aquí confluye la política de “achique” con la política privatizadora de la enseñanza, que toma particular relevancia a nivel de la educación universitaria. Universidad de la República que es además la principal investigadora y productora de conocimiento científico- tecnológico en nuestro país, pero el proyecto neoliberal no está -ni nunca estuvo- preocupado por el desarrollo de una independencia científico-tecnológico del país, elemento que resulta fundamental para todo proyecto emancipador de la dependencia respecto al imperialismo. Los gobiernos del FA impulsaron este desarrollo investigativo a través del aumento presupuestal, aunque ese aumento estaba lejos de ser plenamente satisfactorio y contenía asimismo algunas orientaciones que eran por lo menos cuestionables. Pero ahora no debería sorprender a nadie que con en el nuevo gobierno se intente retornar a niveles paupérrimos de inversión a nivel de investigación científico- tecnológica, todo indica que el arte y la cultura -con los cuales el Ministro Da Silveira ha demostrado un particular encono- también serán seriamente afectados. No es prioridad, ni siquiera interés de la derecha uruguaya y latinoamericana en general, el desarrollo de una ciencia, una tecnología y de un movimiento artítistico-cultural autónomo de las potencias dominantes. Su horizonte es, y siempre lo ha sido, la integración subordinada del Uruguay en el marco de la división internacional del trabajo.
Pero el recorte no lo es todo, también vemos como se aumentan la cantidad de coroneles y militares, como en un momento de crisis los aparatos represivos son fortalecidos, como también se duplican (o casi) los salarios de los directores de las empresas públicas. Y es que el dogma neoliberal de achicar al estado es en realidad una verdad a medias, lo que achican es la participación del estado en sentido redistribuidor, como “poncho de los pobres” al decir del viejo batllismo, pero el neoliberalismo fortalece el estado en tanto maquinaria burocrático-represiva. La función de las FFAA en Nuestra América no es en términos generales -desde hace ya mucho tiempo- protegernos de un posible enemigo externo, sino proteger al “país” del “enemigo interno”, que son para las oligarquías y el gran capital aliados al imperialismo los propios pueblos latinoamericanos, sobre todo cuando estos toman conciencia y se organizan. El ejemplo más trágico y notorio de esto es Chile, que combinó políticas neoliberales extremas que lo privatizaron casi todo con un gigantesco desarrollo de los aparatos represivos, modelo que fue gestado durante la dictadura pinochetista, pero que nunca fue desarmado a posteriori por los gobiernos democráticos, que siguieron en grandes líneas con el modelo económico neoliberal impuesto por la dictadura. Porque el neoliberalismo no implica estado mínimo como ellos suelen decir, sino poner al estado todo al servicio del gran capital, y eso exige un estado fuerte y particularmente represivo, un gran Leviatán capaz de reorganizar a toda la sociedad en función de los intereses del gran capital transnacionalizado.
Estas políticas de recortes y ataques a derechos conquistados no parecen aun estar
generando, sin embargo, un movimiento lo suficientemente potente en el momento presente como para frenar o revertir las políticas de ajuste, aunque no han dejado de haber importantes movilizaciones y nunca habría que olvidar, además, las grandes potencialidades organizativas y de lucha del pueblo uruguayo. Pero la hegemonía actual de la derecha es clara y ella se expresa de muchas formas, una de las más preocupantes es la de las ideologías que se alimentan del odio y alimentan el odio, un odio irracional de pobres contra pobres, que contrapone a sectores de trabajadores más precarios contra aquellos más formalizados. Algunos sectores de la clase trabajadora y otros sectores populares sienten cierta satisfacción cuando se recortan derechos de otros trabajadores que ellos ven como “privilegiados”, como el derecho a licencia por enfermedad en los trabajadores públicos. Mientras que determinados sectores de trabajadores más formalizados se satisfacen con el recorte de prestaciones sociales, que con una visión que ha asumido la ideología de la clase dominante como propia- “solo sirven para mantener vagos” o “pichis”. Estos sectores de trabajadores no se suelen percibir a si mismos como tales, sino como “clases medias” o incluso en algunos casos como “emprendedores”. De esta forma los poderosos, los que realmente concentran riquezas, privilegios y viven en base a la apropiación del trabajo ajeno, son invisibilizados, mientras promueven ciertas contradicciones -reales o inventadas- entre sectores populares. Pero la derecha, y más la derecha cuando por peculiares condiciones de crisis tiende a situarse en posiciones cada vez más reaccionarias, tiende no solo a negar u ocultar las oposiciones reales, entre los intereses de una minoría oligárquica y la mayoría del pueblo, sino que alimentan contraposiciones en sectores populares entre los cuales no hay contradicciones reales sino inventadas, o solo tienen -a lo sumo- contradicciones parciales y perfectamente superables.
La “hegemonía” política-ideológica de la clase dominante -y hoy por hoy una hegemonía particularmente conservadora y reaccionaria- es la que hace comprensibles determinados fenómenos, como la aceptación resignada del ajuste, la naturalización de diferencias sociales y económicas crecientes, y el recorte de derechos de los trabajadores. Y si la derecha tiene hoy esa capacidad hegemónica, es también porque la izquierda no fue capaz de impulsar una verdadera contrahegemonía, en parte porque sectores muy significativos de la izquierda respondían a las pautas de la ideología hegemónica en su versión más progresista y liberal. ¿Cómo revertir esta hegemonía actual? No se logrará con geniales golpes de efecto político o menos aún adoptando modalidades y métodos propios de los partidos y las concepciones propios de la derecha, sino con un lento y prolongado trabajo de militancia, cuyos frutos se ven a largo plazo. Hoy esta militancia casi anónima, gris, que siempre realizó un gran esfuerzo cotidiano para transformar las cosas no se encuentra en su mejor momento, ha sido ninguneada muchas veces, cuando no despreciada con soberbia por algunas visiones que sostenían que “vivimos en tiempos diferentes, de Internet, de redes y militancia virtual”, por lo que “los comités de base ya fueron”. Sin embargo, esa militancia, conciente y profundamente crítica, es y ha sido el músculo y diferencial histórico de la izquierda, que logró no solo que el Frente Amplio llegara al gobierno en 2005, sino que casi revirtió los resultados de octubre a noviembre en las últimas elecciones. No es adoptando mecanismos como las múltiples candidaturas, que siempre criticamos como parte de la ley de lemas, sino retomando nuestras mejores tradiciones políticas -lo que antes llamábamos “nuevas formas de hacer política”- que podremos transformar las actuales condiciones e ir abriendo caminos para cambios profundos, todo lo cual exige una participación activa y protagónica de la militancia frenteamplista.
Pero otros acontecimientos se entremezclaron con el de la ley de presupuesto y de la lucha presupuestal, como son el desafuero de Manini Ríos y la publicación de las declaraciones de Gilberto Vázquez ante un tribunal de “honor”, que prueban que tanto Vázquez como el tribunal, si algo les falta es precisamente honor. Manini Ríos debería ser desaforado para que pueda ser procesado, y para que se aclare en todos sus términos su responsabilidad en el ocultamiento de las declaraciones de Gavazzo ante el tribunal de honor, donde este último reconoció haber desaparecido a Roberto Gomensoro. Pero en medio de estas circunstancias, el Ministro de Defensa utilizó una carta que tenía escondida en la manga: las gravísimas declaraciones de Gilberto Vázquez que no supusieron ningún tipo de condena por el poco honorable “Tribunal de honor”. Estas declaraciones no fueron dadas a conocer, como demostró la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, al gobierno de aquel entonces presidido por Vázquez. Sin embargo esto sirvió al actual gobierno para descentrar el foco de atención, para generar indignación en gran parte de los militantes y votantes de izquierda por no haber dado a conocer las mencionadas declaraciones, de las cuales el gobierno de Vázquez y el Ministerio de Azucena Berrutti en realidad no tuvieron conocimiento. Lo que se podría criticar al gobierno del Frente Amplio es en todo caso haber actuado con cierta credulidad, en no haber exigido las actas, en no visualizar como la institución FFAA sigue actuando como una corporación que perpetúa la impunidad y el ocultamiento de la verdad. Pero, con todas las inconsecuencias y contradicciones posibles que se puedan haber dado en 15 años de gobiernos del FA, no se puede desconocer que los únicos avances significativos que hubo en el conocimiento de la verdad histórica y contra la impunidad se dieron en los gobiernos del FA, y que la actual coalición gobernante no solo está formada mayormente por quienes en su momento promovieron la ley de impunidad, sino también por quienes fueron sus férreos defensores a posteriori, como el herrerismo y el sanguinettismo, a los cuales se suma Cabildo Abierto que expresa, entre otros sectores reaccionarios, a los elementos más retrógrados y corporativos de las FFAA. Sin duda queda mucho para hacer contra la impunidad y por la verdad histórica, pero para poder realizar esas tareas es fundamental analizar las fuerzas políticas y las clases sociales que han promovido históricamente primero el golpe y la dictadura y posteriormente la impunidad.
El Chasque Nº39
11 de Setiembre, 2020
El gran robo al pueblo uruguayo.
El club del vintén presentó el presupuesto al Parlamento.
Batlle y Ordóñez caracterizaba como el “club del vintén” a las patronales rurales reunidas en la ARU y la Federación.
Hoy, luego de mucho tiempo, vuelven renovados y acompañados por una jauría violenta y afín a los golpes de estados y a conductas fascistas para hacerse nuevamente de cada vintén de los trabajadores y jubilados. Si hay algo que caracteriza al “club del vintén” es su voracidad y avaricia. Han pasado seis meses y en ese período, el gobierno de la derecha radical y prehistórica que representa a este “club del vintén” a avanzado en un conjunto de medidas regresivas que golpea directamente a la amplia mayoría del pueblo.
Este club se compone por el selecto grupo del 0,1% de la población que concentra la mayoría de la riqueza del país: “De acuerdo al informe de UBS “World ultra wealth report 2013” existían en el Uruguay 120 personas con una fortuna superior a los 30 millones de dólares y que en total sumaban 17.000 millones de dólares.
En Uruguay, 2500 personas (0,1% de los perceptores de ingreso) acaparan el 3,5% de los ingresos totales de los hogares. Estas 2500 personas ganan lo mismo que 830.000 de menores ingresos”.
Las medidas anunciadas en el presupuesto implican una reducción radical en los sectores públicos claves como ser educación, con reducción de horas en secundaria y primaria, con 0 pesos para la Universidad de la República. En la salud pública se destina un 14% manteniendo los niveles anteriores cuando es necesario abordar el crecimiento que ha tenido ASSE.
En viviendas una reducción real del presupuesto para la construcción y medidas que limitan o hacen imposible llevar adelante las cooperativas de ayuda mutua. Sin embargo se premia al aparato represivo, tanto al Ministerio del Interior para incorporar 1000 policías jubilados y al Ministerio de Defensa con el aumento de coroneles y sueldos que se suma al hecho que ambos ministerios quedaron por fuera del recorte del 15% aplicado a todas las instituciones estatales.
Pero no siendo suficiente el ajuste a los sectores populares, se votan un aumento del 100% para los presidentes de los organismos estatales con el argumento según Arbeleche de poder “contratar a los mejores”. Álvaro Delgado luego de tomarse unas copas o fumarse un porro, sale a decir que ese aumento “es cuestión de justicia”. Es tan brutal la medida y es tal el desparpajo de cómo argumentan que nos vienen dudas si piensan que los uruguayos somos imbéciles.
El optimismo mentiroso
Con cara de póker, Alfie y Arbeleche, declaran que el presupuesto no afecta los salarios ni la inversión en educación, salud y viviendas. Hacen una serie de proyecciones y anuncian que “lo peor ya pasó” cuando la economía cayó un 10% entre abril y junio y se prevé un déficit fiscal de 6,5% del PBI. El presupuesto presentado y la proyección de recuperación de la economía según ellos, es en realidad una expresión de deseo y falso optimismo ya que nadie tiene la verdad sobre como va a terminar esta historia.
Existe una gran inestabilidad y falta de certezas en el plano de la economía y su comportamiento. Proyecciones económicas como nuestro Presupuesto, en un marco de pandemia, cinco años es una eternidad. Nuestra Constitución obliga definir una trayectoria para las variables que son claves desde el punto de vista de la asignación de recursos en un horizonte temporal, pero lo cierto es que en ese tiempo y con esta realidad se planifica y se pretende anticipar adecuadamente el futuro que cada día se manifiesta más incierto.
Según el informe de la CEPAL, “la región evidenciará una caída del producto interno bruto (PIB) de -9,1% en 2020, -9,4% en América del Sur, -8,4% en América Central y México y -7,9% para el Caribe. La caída en la actividad económica es de tal magnitud que llevará a que, al cierre de 2020, el nivel del PIB per cápita de América Latina y el Caribe sea similar al observado en 2010, es decir, habrá un retroceso de 10 años en los niveles de ingreso por habitante. “Se prevé ahora un aumento también mayor del desempleo, que a su vez provocará un deterioro importante en los niveles de pobreza y desigualdad” Se espera que la tasa de desocupación regional se ubique alrededor del 13,5% al cierre de 2020, lo que representa una revisión al alza (2 puntos porcentuales) de la estimación presentada en abril y un incremento de 5,4 puntos porcentuales respecto del valor registrado en 2019 (8,1%).
Con la nueva estimación, el número de desocupados llegaría a 44,1 millones de personas, lo que representa un aumento cercano a 18 millones con respecto al nivel de 2019 (26,1 millones de desocupados). Estas cifras son significativamente mayores que las observadas durante la crisis financiera mundial, cuando la tasa de desocupación se incrementó del 6,7% en 2008 al 7,3% en 2009 (0,6 puntos porcentuales), indica el reporte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Por otro lado, la caída de -9,1% del PIB y el aumento del desempleo tendrían un efecto negativo directo sobre los ingresos de los hogares y su posibilidad de contar con recursos suficientes para satisfacer las necesidades básicas. En ese contexto, la CEPAL proyecta que el número de personas en situación de pobreza se incrementará en 45,4 millones en 2020, con lo que el total de personas en esa condición pasaría de 185,5 millones en 2019 a 230,9 millones en 2020, cifra que representa el 37,3% de la población latinoamericana. Dentro de este grupo, el número de personas en situación de pobreza extrema se incrementaría en 28,5 millones, pasando de 67,7 millones de personas en 2019 a 96,2 millones de personas en 2020, cifra que equivale al 15,5% del total de la población” Se estima una caída de 3,6% para Uruguay. El actual gobierno ha impulsado medidas recesivas en un contexto recesivo retirando al Estado como motor de la reactivación económica y apostando a la actividad privada para que ocupe ese papel y dinamice la economía.
En perspectiva y a corto plazo no se ve el despegue de la economía global. Los capitalistas no van a invertir si no tienen garantizado el retorno de ganancias, y en la actualidad, necesitan que la demanda y el mercado global se recompongan. Nada dice que eso va a suceder a corto plazo. Además la “recuperación” no es automática para todos los sectores de la actividad económica.
El posible acuerdo con el Mercado Común Europeo se aleja por la actitud de Brasil con la Amazonia y además por las incertidumbres existentes a la interna de los países europeos donde crece fuertemente las tendencias nacionalistas y proteccionistas. Europa se enfrenta al desafío del brexit con el Reino Unido que no logra llegar a un acuerdo estable, es decir, no hay nada claro en cuestión económica y menos en las tendencias políticas globales que dependerá mucho del resultado de las elecciones en EEUU y de los procesos europeos con un fuerte crecimiento de la ultraderecha. Por lo tanto lo proyectado por el equipo económico en la ley de presupuesto para este período encierra un optimismo mentiroso ya que parte de premisas no confirmadas y sin fundamentos científicos, basándose en supuestos subjetivos que se transforman en una simple expresión de deseo.
Si te gusta, bien, y si no, te lo robo
En la ley de presupuesto se devela una serie de enunciados que borran de un plumazo derechos o normas establecidas largamente incorporando a su vez un estilo de confrontación y choque. Imposibilitan a la UDELAR a tener sus depósitos en unidades indexadas o a transferir recursos de un sector a otro. En el caso de las cooperativas de ayuda mutua impiden la contratación de terceros, es decir no se puede contratar a una cementera, por ejemplo. Sabemos que hay tareas o servicios que de la única forma de resolver el trabajo es contratando porque es imposible resolverlo con ayuda mutua.
El acto de robo más espectacular y que Larrañaga aun no ha incluido en las estadísticas, es el que se pretende hacer a la IM con el Parque Agroalimentario según articulado en la ley de presupuesto. Proyecto iniciado en los 90 por Arana para trasladar el Mercado Modelo hacia las afueras de Montevideo tiene su inauguración en el mes de noviembre. Las explicaciones del delegado de la ARU y de la Federación Rural en el consejo de ministros, Carlos María Uriarte, puso por delante a los productores señalando que fue a pedido de ellos. Las mentiras tienen patas cortas. Ya salieron a desmentirlo, ninguna organización de productores le sugirieron al ministro de que le robara a la IM esa unidad de gestión. Aparte de esas mentiras han ido agregando otras, como decir que son los únicos que ponen dinero. Falso. El dinero aportado de 10 millones de dólares es la primera cuota
acordada en el convenio. La IM esdueña del terreno y lo que está construido arriba también y que hasta la fecha ha costado a los montevideanos 90 millones de dólares. Si se la quieren robar es mejor que lo digan sin tanta vueltas.
Un general sin honor
Manini dijo recordando su elección a hacerse militar: “porque en este país había una guerra y quería participar en la guerra´”, y quería hacerlo del lado “del hermano” Hugo, fundador de la organización ultraderechista “Juventud Uruguaya de Pie”.
En este contexto de discusión presupuestal se suma la definición en torno al desafuero del Senador y ex general Guido Manini Ríos a solicitud de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad que investiga el ocultamiento al Ejecutivo de los documentos del Tribunal de Honor sobre Gavazzo cuando él fue comandante del ejército.
Luego de hacer buche y afirmar que no iba a eludir esa responsabilidad, lo cierto es que ahora no va a suceder. Sus amigos de coalición y su propio partido, Cabildo Abierto, no van a votar el desafuero y él no va a entrar a sala, lo hará su suplente.
El General falta a su palabra y a su honor.
Esta decisión estuvo previamente abonada por una ataque sostenido contra la justicia y la fiscalía por parte de Manini.
El intento de desacreditar al sistema jurídico sobre la base de ser imparcial, de persecución a los torturadores hoy “viejitos”, trajo respuestas muy claras de los jueces y fiscales. Poner en duda al Poder Judicial es impulsar en la sociedad la desconfianza ante las instituciones democráticas. Elegir este camino que debilita la credibilidad sobre la “democracia”, es sumamente peligrosa y los uruguayos sabemos donde termina. Esta operación política y de inteligencia abre a su vez otro frente atacando al Fiscal General de la Nación Jorge Díaz como responsable directo de impulsar ese espíritu vengativo e imparcial de la justicia.
Frente a un posible desafuero, Manini intenta victimizarse y sus amigos de la coalición le siguen el juego. Pero no es suficiente, Manini pasa a la ofensiva proponiendo volver a la ley de caducidad y derogar la ley interpretativa que ha permitido procesar a un conjunto de represores y responsables de torturas, asesinatos y desapariciones durante la dictadura. Nuevamente se avanza en el intento de justificar la dictadura y el golpe de estado tratando de reinstalar un falso relato sobre el pasado reciente.
Lo real de esta novela es que Manini tiene garantizado la mayoría dentro de la coalición para que no voten el desafuero. El PN nuevamente dará apoyo a la impunidad como ya lo hizo cuando votó la ley de caducidad, colocándose del lado de los torturadores y golpistas. Dentro del PC, Sanguinetti, el padre de la impunidad, obviamente que acompaña a Manini con la salvedad de Ciudadanos que ya adelantó el voto por el desafuero. Otra vez triunfa la impunidad, pierde la verdad y la justicia, pierde la democracia y los partidos tradicionales son responsables.
Una discusión necesaria
Unos de los errores del FA fue no discutir internamente y llegar a una visión común sobre el papel de las FFAA. Por lo tanto, la estructura, educación y la carta orgánica de las FFAA no fueron abordados desde el primer día con una visión única y un objetivo central de erradicar la Doctrina de la Seguridad Nacional como modelo de formación de las FFAA. Es claro que actualmente a diferencia de la composición política interna de las FFAA en 1973, hoy en día no hay un militar frenteamplista porque a partir del golpe de Estado se produjo una operación de homogeneización de las FFAA. Los 15 años de gobierno del FA mostraron una profunda debilidad y ausencia de definiciones estratégicas consensuadas en lo referido las FFAA. En materia militar el Frente Amplio no avanzó porque le faltó voluntad política de cambiar dicha Doctrina de origen estadounidense en las Fuerzas Armadas. Esa carencia del FA generó lo que tenemos hoy, esto es una especie de adaptación de la Doctrina de la Seguridad Nacional a las nuevas realidades del mundo globalizado del siglo XXI. A pesar de esas contradicciones, es con el FA y por el incremento en la movilización popular exigiendo “verdad y justicia” que se avanza en los procesos a los responsables de torturas y asesinatos, así como en la búsqueda de los desaparecidos.
Arismendi señalaba que la dictadura dejaba una espina clavada en el cuerpo de la democracia. Esa espina es la impunidad, su ley de caducidad y a su vez, una corporación militar totalmente cohesionada y convencida de que sus actos fueron justificados ante la inoperancia de los “políticos” para enfrentar a los enemigos de la patria. El manto de silencio que mantienen las FFAA sobre los hechos pasados es el ejemplo más claro de ese relato.
Las FFAA se ven a sí mismo como una institución que fue utilizada para hacer el trabajo sucio que los políticos no se animaron hacer, el chivo expiatorio, vilipendiada y pisoteada durante todo este período. Ni un oficial ni sectores de las FFAA se han pronunciado contrariamente a esa visión. Hasta la fecha todos son cómplices, justificando de hecho el terrorismo de Estado.
Hoy, los aparatos de inteligencia relacionados a la dictadura vuelven a actuar en un contexto de desafuero del senador Manini y de la discusión presupuestal sacando a luz un nuevo documento relacionado al tribunal de honor a Gilberto Vázquez por su fuga del H. Militar. En ese juicio por su fuga, Gilberto Vázquez confiesa una serie de horrores que a posterior se ocultan a la hora de informar al Ejecutivo. Esto sucedía en el 2006. Gilberto Vázquez fue procesado bajo el gobierno de Tabaré Vázquez a 25 años de cárcel por 29 delitos.
El hecho de que salgan a luz hoy en el 2020 parte de las actas del Tribunal de Honor, en el marco de una definición de desafuero y la discusión del presupuesto, es claramente una operación de los aparatos de inteligencia para correr el centro de debate, ensuciar al FA y a Tabaré Vázquez acusándolo de haber homologado las actas a pesar desu contenido y de ocultamiento de las mismas.
Por supuesto que el Partido Nacional es parte de esta operación y vemos a Javier García, Gandini y al propio Presidente Lacalle Pou señalar que el FA lo sabía y lo ocultó acusándonos de antidemocráticos. Lo real es que debemos asumir que fuimos unos ilusos al creer que los aparatos de inteligencia ya no existían.
Por otro lado el PN se olvida, en su alharaca democrática y libertaria, que los muertos, torturados, presos y desaparecidos en la lucha contra la dictadura son nuestros. El Partido Nacional ha tenido muchas oportunidades para colocarse del lado de la verdad y de la justicia, pero siempre las ha desaprovechado. Fue así cuando votó la ley de caducidad y después levantó la mano para expulsar a Germán Araujo del Parlamento. Se lo recordamos en palabras de él:”¡Levanten la mano! ¡Retírenme del Senado, pero no me van a retirar de la lucha por la democracia, por la verdad y por la justicia! ¡Viva mi país y esta democracia que vamos a preservar y a profundizar. ¡Viva la patria! (23 de diciembre 1986). Aquellas manos que votaron para expulsar la voz de la dignidad son las mismas que hoy no votan el desafuero. Por encima de todo ruido mediático lo verdadero e inocultables es que el PN volvió a colocarse del lado de la impunidad.
Sabemos que este tema no está cerrado aún y tendremos que abordarlo en futuros análisis del Frente Amplio en la redefinición estratégica para un nuevo período histórico. La experiencia debe ser insumo para los nuevos desafíos teóricos y prácticos que el Frente Amplio debe asumir con urgencia. Sin un profundo análisis del último período donde el FA fue gobierno, es imposible proponerse un futuro cierto.
Ahora todas las fuerzas están puestas en las elecciones departamentales y municipales, y desde esa realidad comenzaremos a delinear con el pueblo el nuevo horizonte al cual pretendemos llegar.
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