LA MIRADA ARGENTINA SOBRE EL ROL EMPRESARIAL EN LA DICTADURA
Causa pendiente
Fabián KovacicFrancisco Claramunt
26 marzo, 2021
A 45 años del golpe de Estado, el apoyo y la participación de los mayores capitales del país en los crímenes del régimen cívico-militar vuelven a ser puestos a debate.
Manifestación de Madres de Plaza de Mayo en Buenos Aires, en enero de 1980
Hoy son muchos los que celebran y festejan a las Madres de Plaza de Mayo, pero hasta el final de la dictadura fueron tiempos de extrema soledad para ellas. No sólo eran mala palabra cuando reclamaban en las oficinas del Estado y en las iglesias, sino también en el barrio cuando entraban a la carnicería o la panadería y otras vecinas salían mirándolas mal», asegura a Brecha la historiadora de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) Vera Carnovale.
Las madres se organizaron un año después de instalada la dictadura, que comenzó el 24 de marzo de 1976, y marcharon por primera vez el 30 de abril de 1977, en una ronda en la Plaza de Mayo, donde reclamaron por sus hijos desaparecidos por los militares. Pocas semanas después se sumarían las Abuelas de Plaza de Mayo, que también reclamaban por sus nietos nacidos en cautiverio. Las rondas de los jueves, en las que las madres y las abuelas reclamaban en soledad y de manera pacífica, concitaron la mirada de la prensa internacional sobre la dictadura militar argentina.
La presión y las denuncias hicieron que en 1979 llegara al país una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para relevar la situación en diferentes provincias donde hubo denuncias sobre las desapariciones. Con la llegada de la democracia en 1983, el gobierno electo, presidido por Raúl Alfonsín, decidió relevar la situación de los desaparecidos a través de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, encabezada por el escritor Ernesto Sábato y un grupo de notables de la cultura.
La decisión buscaba desactivar el reclamo de las madres y los familiares de las víctimas que exigían la constitución de una comisión investigadora parlamentaria bicameral, integrada por senadores y diputados. El informe de la «comisión Sábato» fue entregado en setiembre de 1984 y seis meses más tarde se iniciaron los primeros juicios a las cúpulas militares que integraron la dictadura.
DERECHOS HUMANOS E INDULTOS
«Esa primera etapa implicó considerar que el golpe y la dictadura fueron obra de militares que violaron derechos humanos elementales como la vida y que sólo se circunscribieron al período que va de 1976 a 1983», señala a Brecha Emilio Crenzel, doctor en Ciencias Sociales, investigador del Conicet y autor del libro La historia política del Nunca Más (Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires, 2008). Para Crenzel, durante aquellos años se abonó una cultura de los derechos humanos que reemplazó, en gran medida, la cultura de la militancia revolucionaria de las décadas previas y que se centraba casi únicamente en la denuncia de la violencia de los aparatos represivos del Estado. «Esto se modificó recién en los años noventa, cuando a partir de investigaciones periodísticas y judiciales se entendió el golpe como un elemento modificador del modelo social y económico argentino para quebrar derechos adquiridos en décadas anteriores. Fue entonces que sectores de civiles, empresarios y religiosos pasaron a ser visibles como parte de lo ocurrido el 24 de marzo de 1976 y después», agrega.
Con la llegada al poder de Carlos Menem, de la mano de los grandes capitales del agronegocio y el ala conservadora de la Iglesia, hubo una apuesta a la «pacificación nacional», como llamó el propio presidente al esfuerzo para liberar a los genocidas presos: siete decretos mediante los cuales se elevó a la categoría de política de Estado la teoría de los dos demonios enunciada años antes por Sábato, indultando tanto a militares como a guerrilleros (véase «Impunidad de dos orillas», Brecha, 19-II-21). Entre los indultados estuvo también José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía entre 1976 y 1981 y entusiasta defensor de los planes privatizadores de Menem, en los que veía, de acuerdo a un libro de su autoría publicado por entonces, la continuación de su propia gestión como funcionario de la dictadura: «La acción de aquella época indudablemente sentó las bases para que pudiera llevarse a cabo el programa actual» (15 años después, Emecé, 1991).
Jorge Rafael Videla, junto al presidente de IDEA, el ingeniero Livio Guillermo Kühl (izq.), y el coronel Horacio Rivera, integrante de la comisión directiva (der.), en el Coloquio Anual de IDEA, 1978 s. d. de autor, Portada del libro Cuentas Pendientes
RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL
La resistencia popular que la política económica menemista provocaba fue alumbrando nuevas interpretaciones de lo ocurrido durante la dictadura ajenas al paradigma de Sábato. «En los años noventa las movilizaciones sociales generaron una confluencia entre los organismos de derechos humanos y los sectores excluidos por el neoliberalismo. Esa confluencia cambió los tópicos sobre el pasado reciente mientras aumentaban las demandas sociales», señala Crenzel.
Néstor Kirchner, llegado al gobierno en 2003, procedió a anular las leyes de obediencia debida y punto final. En 2005 se reiniciaron los juicios por delitos de lesa humanidad, que tuvieron su primera condena al año siguiente. Fue en ese momento que las madres decidieron abandonar sus Marchas de la Resistencia anuales, «porque el enemigo ya no está en la Casa Rosada», según dijo a la prensa Hebe de Bonafini, líder de la asociación Madres de Plaza de Mayo.
Con la resignificación de la dictadura desde su dimensión jurídica y económica se abrió una puerta para abordar los crímenes en los que participó o fue cómplice la clase empresarial. Así, en 2013 se iniciaron sucesivos juicios sobre desapariciones de dirigentes sindicales en las empresas Ford, Veloz del Norte, Mercedes Benz, Acindar, Ledesma y Molinos Río de la Plata, entre otras, por los que ya fueron condenados media docena de dirigentes empresariales. El número contrasta, sin embargo, con un reciente informe de la Procuración General de la Nación, que señala que desde 2005 ha habido un total de 1.025 personas condenadas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, a los que se suman 623 imputados, 618 procesados y 165 absueltos. Para la Justicia argentina, los culpables del terrorismo de Estado siguen siendo, de forma casi exclusiva –aunque con algunas excepciones–, militares.
En 2015, en las últimas semanas del gobierno de Cristina Fernández, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos publicó el informe Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a los trabajadores durante el terrorismo de Estado, un trabajo de una veintena de investigadores que estudia en detalle la implicación de una muestra de 25 grandes empresas con el aparato represivo de la dictadura.
Entre quienes se relacionaron con los distintos actores militares y se involucraron, en interés de la empresa, en las distintas prácticas represivas hacia los trabajadores, los investigadores identificaron «capataces, jefes de áreas claves, como seguridad y vigilancia, relaciones industriales o laborales y personal, pero también jerárquicos en cargos ejecutivos más importantes, como jefes de producción o superintendentes de fábrica e incluso, en algunos casos, miembros de directorio, accionistas o dueños de empresas». La panoplia de métodos represivos utilizados fue desde la militarización de los lugares de trabajo hasta su «expresión más extrema»: «La instalación de centros ilegales de detención y tortura en los propios establecimientos fabriles». Al decir de una de las participantes en la investigación, la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, hoy ministra de Mujeres, Género y Diversidad de Argentina, el trabajo demostraba que «el terrorismo de Estado tuvo la finalidad no sólo de eliminar a parte de la militancia política, sino también, centralmente, de disciplinar a la clase trabajadora» (véase «Teoría de la praxis», Brecha, 24-VI-16).
En 2018, por primera vez, exfuncionarios de una empresa multinacional fueron condenados por delitos de lesa humanidad cometidos en Argentina: Pedro Müller, exjefe de manufactura, y Héctor Sibilla, exjefe de seguridad de Ford Motor, fueron condenados a diez y 12 años de prisión, respectivamente, por secuestro, privación ilegal de la libertad y torturas a 24 empleados de la firma en hechos ocurridos en 1976. Ya en 2014, Marcos Lavin, propietario de la empresa de transporte público La Veloz del Norte, fue condenado a 12 años de prisión por haber privado de libertad, en 1978, a su empleado Víctor Cobos, que era delegado gremial (véase «La represión privada», Brecha, 14-XII-18).
EL PARATE MACRISTA
Con la llegada del macrismo, todas las políticas de memoria y justicia se vieron entorpecidas o discontinuadas (véanse, por ejemplo, «El fin de una era» o «Una casa junto al mar», Brecha, 3-XI-17 y 12-I-18). Los organismos de derechos humanos coinciden en que el retroceso general vivido en materia de participación estatal y de apertura del Poder Judicial frente a los juicios por crímenes de lesa humanidad se sintió especialmente en las causas por responsabilidad empresarial. Fueron varios los procesos jurídicos e iniciativas legales demoradas o directamente «encajonadas», algo que aún perdura bajo algunas administraciones provinciales, según denunció días atrás la diputada santafesina Matilde Bruera al periódico local El Ciudadano. Este 2021, sin embargo, hay algunas señales en pos de retomar las tareas pendientes. La seccional de Santa Fe de la Unión Obrera Metalúrgica decidió esta semana presentarse como querellante en la causa contra dos exdirectivos de Acindar, una de las principales siderúrgicas argentinas, por los delitos de «desaparición forzada, privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidio». Por este caso ya fueron procesados una treintena de exmilitares, expolicías y exprefectos. Este miércoles, con ocasión del nuevo aniversario del golpe de Estado, el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires (Bafici) estrenó dos documentales que abordan el tema de la participación corporativa en los crímenes de la dictadura: Fuerzas vivas, de Esteban Garelli y Juan Pablo Felix, y Responsabilidad empresarial, de Jonathan Perel, basado en el informe presentado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en 2015.
WALSH Y LA SOCIEDAD RURAL EN EL PRIMER ANIVERSARIO DEL GOLPE
BALANCES
Al cumplirse un año del golpe de Estado del 24 de marzo de 1977, el periodista, escritor y militante revolucionario Rodolfo Walsh escribía, en la clandestinidad, su famosa «Carta abierta de un escritor a la Junta Militar». Luego de enumerar los horrores de la represión, Walsh insistía en que «estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos». Era, según él, en la política económica de la dictadura donde debía «buscarse no sólo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada». Walsh observaba cómo «congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación», los miembros de la junta y sus acólitos «han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial» y cómo «cuando los trabajadores han querido protestar, los han calificado de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos y en otros no aparecieron». Y apuntaba a lo que entendía como el centro neurálgico de los objetivos dictatoriales: «Dictada por el FMI [Fondo Monetario Internacional] según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o a Indonesia, la política económica de esa junta sólo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales encabezados por la ITT, la Esso, las automotrices, la US Steel, la Siemens, al que están ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz y todos los miembros de su gabinete».
Pero en ese primer aniversario, que sería el último día con vida de Walsh antes de su muerte (véase, en este número, «El bello camino de la lentitud»), aparecería también otra obra de balance, complementaria, de lo logrado hasta entonces por el régimen. La misiva, que sí sería publicada por los principales periódicos, estaba firmada por la Sociedad Rural Argentina y celebraba «la ardua labor» del gobierno de las Fuerzas Armadas para salvar una nación que, antes de su llegada al poder, «se desintegraba». «La guerrilla apátrida y brutal, amparada en buena medida por las anteriores autoridades, ha sufrido rudos golpes y está en franca retirada», felicitaban los ruralistas, aunque «ahora se dedica desde el exterior a atacar al país, a través de la prensa izquierdista, abusando cínicamente de la calificación de derechos humanos». Los empresarios del campo alentaban a la junta a cumplir «el plan económico inicialmente enunciado» y «desarmar el andamiaje creado por casi 35 años de una lenta pero sistemática estatización socializante», un proceso que «requiere el apoyo y sacrificio de todos los sectores, sacrificios que deben hacer no sólo los empresarios y los obreros, sino especialmente el Estado, dando el ejemplo a través del reordenamiento presupuestario, que ya ha comenzado, la liquidación de las empresas estatales y el redimensionamiento de la burocracia». Para finalizar, la Sociedad Rural Argentina llamaba a propios y ajenos a evitar la impaciencia frente a la acción de gobierno y alertaba sobre la «inconveniencia de actitudes demagógicas, de aperturas políticas prematuras» que pudieran poner en riesgo los objetivos anunciados.