UNA COLECTIVIDAD DE MILITARES Y FAMILIAS DE CABILDO ABIERTO SE REPARTE CIENTOS DE CARGOS EN EL ESTADO
La parentela
Leonardo Cardozo
2 julio, 2021
La comunidad militar suele regirse por códigos de lealtad, autonomía y lazos familiares. El clan de Cabildo Abierto ha sabido reproducir esos esquemas a lo largo y ancho del Estado. Parejas, hijos, cuñados, hermanos, socios. La promesa cabildante de sanear la política desembocó en un rosario de cargos adjudicados a parientes de dirigentes, con especial preferencia por aquellos vinculados a militares retirados. Entre escándalos públicos y giros silenciosos, los ingresos continúan y el partido se consolida como el puente que conecta a la familia militar con la política y el Estado en su faz civil.
Irene Moreira y Guido Manini Ríos en el Palacio Legislativo, en la asunción del nuevo Parlamento en 2020
Todavía puede verse en la página web manini.uy una versión sintética de las propuestas que Cabildo Abierto (CA) blandió en la campaña electoral de 2019, cuando aún tenía en la camiseta el viento de la novedad. En aquel entonces, un apartado dedicado a la gestión del Estado arremetía con contundencia: «El Estado uruguayo se ha convertido en una puerta de entrada para cargos de confianza de nivel político. Desde el actual gobierno se ha favorecido una política de clientelismo, sin que se aprecie una mejora en la gestión pública». Hoy, después de un año y medio siendo parte de la coalición de gobierno y puestas en evidencia sus prácticas en la integración de organismos públicos, el perfil de recio desinterés con el que CA pretendía sanear el campo político se ha vuelto insostenible.
Para indagar en las preferencias familiares de CA, basta mirar el entorno de la mano derecha de Manini, el teniente coronel Eduardo Radaelli. A mediados de junio, Montevideo Portal informó que su hija fue designada como secretaria del vocal de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) Julio Micak. No fue impedimento para la designación la línea diametralmente opuesta a la de ASSE que Carolina Radaelli sostiene en sus columnas del sitio Bajo la lupa, donde la emprende contra la Organización Mundial de la Salud. Pero la hija de Radaelli no es su primer familiar designado en el Estado, sino que se suma a su esposa, Paola Claravino (también militar), que actualmente ejerce como directora de Protocolo y Relaciones Públicas del Poder Legislativo. A su vez, el mayor (r) Jorge Daniel Lewis Bollo, socio de Clavarino en la empresa de seguridad Cips Ltda. (en la que, asimismo, participa Radaelli), también obtuvo un cargo de confianza en el Estado, en su caso en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA). Allí es asesor de la presidenta del organismo, la socióloga Rossana de Olivera Méndez, cabildante y esposa del coronel Daniel Bonelli.
Los encabezados por el senador Guido Manini Ríos han mostrado una abrumadora preferencia por los militares retirados y sus familias a la hora de designar cargos políticos o de particular confianza.1 La presencia militar seguramente sería mayor si hubiera prosperado el proyecto impulsado por CA de habilitar a los militares en actividad a ejercer cargos públicos y de confianza fuera de las Fuerzas Armadas, pero la idea fue desestimada por el gobierno a fines de 2020.
Entre los designados por CA para la función pública, hay quienes han quedado por el camino antes de asumir –luego de que trascendieran sus pifias en las redes sociales–, pero, tras las reacciones precipitadas por sucesivos escándalos mediáticos, por lo menos uno de ellos ha encontrado su camino con un perfil más bajo. Es el caso del médico Fernando Silva, hijo del coronel Carlos Silva Valiente –presidente del Centro Militar y permanente defensor de los terroristas de Estado–. «Es una pena y genera un gran malestar recorrer los hospitales públicos… la mugre, la decidia [sic], la falta de control es un común denominador», había afirmado el médico, en Facebook, en abril de 2020, en un episodio que alborotó la tortuosa transición de las direcciones de los servicios de salud. El repudio a sus publicaciones llevó a que el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, desistiera de colocarlo como director de la región oeste, como proponía CA. Pero meses más tarde, en setiembre de 2020 y luego de enfriada la polémica, el doctor cabildante fue recauchutado como adjunto al director del Instituto Nacional del Cáncer, el teniente coronel Robinson Rodríguez.
Fernando Silva había ingresado a ASSE como adjunto del exvocal Enrique Montagno (también coronel retirado), destituido luego que Búsqueda difundiera la grabación de una conversación suya con el exmilitante cabildante Adrián Puppo. Allí Montagno contó que había montado «una estructura gigantesca» con 135 cargos en la institución. La reacción de Cipriani a esa publicación fue destituir a «unos 30» funcionarios que habían ingresado por la Comisión de Apoyo, órgano que habilita a ASSE a contratar personal de modo directo. Entre los destituidos estuvo el propio gerente general de la Comisión de Apoyo, Alén Machado, que ocupaba ese rol como cargo de confianza de Montagno. Pero la cúpula de ASSE resolvió no meterse con la parte de la estructura creada por Montagno que había ingresado por resolución del Directorio, a pesar de los espurios objetivos que el exvocal manifestó como fundamento para colocarlos.
Así, por ejemplo, la directora administrativa del SAME continúa siendo Karina Pilar Acosta, quien fue tesorera de un cabildo (o comité barrial) de CA en Paso Carrasco a cargo de Montagno, a pesar de que no tiene bachillerato completo, según dijeron distintas fuentes a Brecha. También se mantiene en ASSE el integrante de las juventudes de CA Sebastián Muniz, quien fuera expresamente mencionado por Montagno en la conversación grabada. Según el exvocal, el joven cabildante «entró como cámara» en el prestador de salud. En su perfil de Linkedin, Muniz se presenta como coordinador de seguridad en ASSE, aunque ese cargo no existía al menos hasta la administración pasada, por lo que en la institución figura como vigilante epidemiológico.
En diciembre de 2020, Montagno designó, también como secretaria, a la hija de su amigo el coronel Eduardo Pin Bascou, a quien previamente había nombrado como su adjunto (véase «Cadena de favores», Brecha,29-I-21). De esta manera, lograron eludir la reglamentación que impide que los directores designen a familiares directos en las áreas donde trabajan. Pin Bascou se retiró de su cargo junto con Montagno, pero su hija fue confirmada como secretaria. Ahora se suma a ella, con una función similar, la hija de Radaelli.
A COLOCAR
Los dos ministerios encabezados por Cabildo Abierto, Salud Pública (MSP), y Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), parecen desmentir, además, la preconizada disminución de cargos de adjuntos. Las estructuras de ambos ministerios están cargadas de militares retirados que acumulan altos salarios públicos a sus cuantiosas jubilaciones. Y, precisamente, esa lógica que maneja el partido para colocar correligionarios en el Estado volvió a quedar en evidencia cuando Brecha publicó un mensaje enviado vía Whatsapp por la ministra de Vivienda, Irene Moreira, esposa de Manini, a la ingeniera química y cabildante Silvana Romero, presidenta de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA). Moreira preguntó a Romero si había podido «colocar a algún cabildante en la URSEA» y Romero respondió que ya había colocado a la pareja del diputado cabildante Martín Sodano, María de los Ángeles Pereda (véase «Agencia de colocaciones», Brecha, 7-IV-21). También la pareja del senador Raúl Lozano, Laura Melo, tiene su lugar en la administración pública, en su caso como prosecretaria de la Cámara de Representantes.
Pero CA ha hecho lugar para hijos de compañeros de armas también en otras dependencias. En mayo de 2020, el contador Marcos Rodríguez de Almeida fue designado como director de Economía Social e Integración Laboral en el Ministerio de Desarrollo Social, cargo de confianza que fue suprimido en la reestructura ministerial incluida en la ley de presupuesto, tras lo cual pasó a ser gerente de Promoción Sociolaboral. El contador es hijo del coronel Carlos Rodríguez de Almeida, amigo de Manini (según lo definió el propio senador) y su delfín en el departamento de Rocha, donde sostiene una feroz disputa por el liderazgo del partido.
En Maldonado, otro coronel retirado se granjeó un cargo en el Estado, aunque con una particularidad: fue designado por el intendente blanco Enrique Antía. Gaspar Barrabino Silveira es hijo de Julio Barrabino Sáez, uno de los golpistas que ingresó junto con Gregorio Álvarez al Palacio Legislativo en la madrugada del 27 de junio de 1973, y hermano de Julio Barrabino Silveira, quien tuvo la custodia junto con Wellington Sarli del chileno Julio Sanhueza Ross, mientras Eduardo Radaelli y Tomás Casella ocultaban al químico chileno Eugenio Berríos, finalmente asesinado. Gaspar fue uno de los coordinadores de la candidatura de Manini cuando el actual senador todavía era comandante en jefe del Ejército (véase «Viejos conocidos», Brecha, 10-V-21). Luego de un acuerdo de Barrabino con Antía en las elecciones departamentales, el intendente retribuyó el apoyo nombrando al coronel como director de Planificación y Fiscalización en la Intendencia de Maldonado.
FRACTURA INTERNA
La preferencia por los militares y sus familias a la hora de ocupar cargos divide aguas en la interna de CA, y ha llevado a que muchos cabildantes civiles lo abandonen, decepcionados por este criterio. Otros se lo han hecho saber al líder Manini, como el diputado por Maldonado Sebastián Cal o el diputado por Salto Rodrigo Albernaz (Búsqueda, 17-IX-20), aunque, en el caso del salteño, la predilección por la propia familia también es notoria. La lista por la que Albernaz obtuvo la diputación en 2019 incluía a familiares directos como candidatos a integrar la Junta Electoral departamental. Es así que hoy la representante de CA como vocal en ese órgano departamental (cuyos cargos son electivos y honorarios) es la madre del diputado, Alba Carmen Pereira da Costa, y la suplente es su cuñada, Kenesy Murad. Esta situación no se repite en ninguno de los otros partidos con representación en el organismo. A su vez, el representante salteño llevó a trabajar a su despacho en el Parlamento a su cuñado, Carlos Daniel Sánchez Bignone, a través de un pase en comisión del Ministerio del Interior.
Otra diputada que tomó distancia del orden militar que impera en CA fue Elsa Capillera, que sostuvo una discusión en Facebook al respecto con el director de Secretaría del MVOT, coronel Gabriel Albornoz. La hermana de Capillera, Ramona, es educadora en el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) desde hace años, pero en esta administración fue designada por el Directorio del INAU como directora de la división Coordinación del Sistema de Protección de 24 horas en Montevideo. Ramona Capillera fue propuesta por el representante de CA en la dirección del INAU Aldo Velázquez, integrante de la agrupación ultranacionalista Dignidad Nacional, que pasó del Partido Nacional a CA. Velázquez también impulsó la designación en la dirección del Centro de Información y Estudios del INAU a una activa militante en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. La odontóloga Gabriela López Ferrari, que llegó a INAU con un pase en comisión desde ASSE, ha tenido roles protagónicos en varias organizaciones «provida» a nivel nacional (véase recuadro).
Y, esta semana, una militante de CA vinculada a Elsa Capillera vino a engrosar la lista de cabildantes destituidos de la función pública por derrapes en las redes sociales. Susana Núñez, responsable del Departamento de Adulto Mayor y Discapacidad de la Intendencia de Rocha presentó su renuncia (a pedido del intendente nacionalista Alejo Umpiérrez y de Manini, según declaró posteriormente) luego de que trascendiera su elogio al torturador recientemente fallecido José Nino Gavazzo. Aunque el vínculo no es directo, Núñez está relacionada familiarmente con Capillera (es la suegra de su sobrino, Nelson Fraga Capillera, convencional de CA por Rocha) y fue la actual diputada quien impulsó la conformación de la agrupación de Núñez –Campamento Arerunguá– en el departamento del este. En sus descargos en la radio Difusora Rochense recogidos por Montevideo Portal este miércoles, la cabildante destituida se consideró como vulnerada en su derecho a la libertad de expresión, se preguntó si se la acusaba por ser hija de un militar retirado (vínculo que no se había mencionado en el repudio a sus dichos) y manifestó que, cuando el intendente le pidió la renuncia, buscó acordar que su lugar lo ocupe alguien de su confianza y sector dentro del partido.
Como consta en sendas listas publicadas por Uy Press (25-IV-20) y Búsqueda (17-IV-20).
UNA ODONTÓLOGA «PROVIDA» DIRIGE EL CENTRO DE FORMACIÓN
DE EDUCADORES DEL INAU
COLMILLOS CATÓLICOS
La actual directora del Centro de Formación y Estudios (Cenfores) del INAU, Gabriela López Ferrari, tiene una larga trayectoria en el activismo contra la interrupción voluntaria del embarazo. Desde 2006, ha asistido a la comisión de Salud Pública de la Cámara de Senadores a manifestar su postura contraria a la ley de defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva, en ese entonces en tratamiento, como representante de la Mesa Coordinadora Nacional por la Vida y de la ONG SOS Bienvenida. López Ferrari tiene estrechos vínculos con los sectores más conservadores la Iglesia Católica.
En 2018, un reportaje de este semanario narró la experiencia de dos periodistas que se presentaron en el apartamento de la zona de Tres Cruces al que convocaban ambiguos anuncios en la vía pública de la organización Cam Uruguay, versión local de la Red Latinoamericana de Centros de Ayuda para la Mujer (Cam Latinoamérica). «¿Embarazo no deseado? No te desesperes. Podemos ayudarte. Llamanos ya. 093 794 132. Absoluta discreción. Consulta gratuita», decía uno de esos anuncios. En Internet, la organización daba su número de teléfono incluso junto a la oferta de venta de misoprostol. Sin embargo, al llegar al apartamento, López Ferrari y otra mujer se dedicaban a presionar a las mujeres que llegaran con intenciones de interrumpir un embarazo (véase «A la sombra de Dios», Brecha, 16-III-18). Según una publicación posterior de Sudestada (25-III-21), las mismas organizaciones están vinculadas a la campaña Formemos ConCiencia, que en marzo de este año lanzaron una fuerte campaña publicitaria en contra del aborto con cartelería paga contratada a la empresa Publicartel.
El desembarco de López Ferrari como directora del Cenfores, donde se capacita para trabajar con niños y adolescentes (incluyendo una tecnicatura en primera infancia), se concretó a través de un pase en comisión de ASSE –donde la actual directora ejercía su profesión de técnica odontóloga– resuelto por su directorio el 25 de noviembre de 2020. Su designación por el Directorio del INAU tuvo el voto contrario de la representante del Frente Amplio, Natalia Argenzio, y los votos favorables del presidente, el nacionalista Pablo Abdala –que en 2010 se reunió con la organización religiosa Vida Humana Internacional, también vinculada a López Ferrari y Cam Latinoamérica–, y el vicepresidente Aldo Velázquez, representante de CA que propuso a la odontóloga para un cargo enteramente ajeno a su profesión.
Este miércoles, el Centro de Estudiantes de Educación en Primera Infancia del Cenfores informó en un comunicado del retraso en diversos cursos del instituto, producto de la falta de caminos alternativos para implementarlos en el contexto de la emergencia sanitaria.