La hora de los mentirosos
POR ENRIQUE ORTEGA SALINAS
2 AGOSTO, 2021
Tras dedicar ríos de tinta a descalificar a gremios y sindicatos, el diario El País dedicó el editorial del 26 de julio a atacar al instituto del referéndum por socavar la democracia.
Es coherente. El diario oficial de la dictadura blanquicoloradamilitar (1973-1985) y del herrerismo antiwilsonista nunca ocultó su desprecio por los trabajadores organizados que reclaman pagos y condiciones laborales dignas. El trabajador ideal para la aristocracia uruguaya -cuyos intereses representa el diario caganchero- es aquel que se limita a decir “sí, señor”, aceptando tres monedas sin quejarse de maltratos físicos o verbales que el patrón decida aplicarle. El trabajador ideal es aquel que desprecia a los sindicatos y vota lo que ese patrón le indica. Su sociedad ideal es aquella que no husmea en los negocios turbios del gobierno, ni toma las calles para manifestarse ni junta firmas para torcerle el rumbo al gobierno. Su sociedad ideal es aquella a la cual no le importa que el presidente use dineros públicos para pagarse peluqueras, maquilladoras y atención para sus perros. Es aquella que no desconfía de lo que afirman los medios hegemónicos dependientes del suprapoder derechista.
No estaban en contra de las iniciativas populares cuando Jorge Larrañaga impulsaba la campaña “Vivir sin miedo”.
El País considera injusto este intento de derogar 135 artículos de la LUC, ya que Lacalle la anunció durante la campaña y solo estaría cumpliendo su promesa electoral. La verdad que omite el editorial es que, si bien Lacalle anunció un paquete de medidas, no dio a conocer sus contenidos totales sino hasta luego de asumir la presidencia, y que recuerde, nunca habló de los desalojos express (hay 70.000 familias con contratos precarios -en su mayoría mujeres solas con hijos a cargo-, que podrían ser desalojadas en 6 días) ni que dicho paquete sería una bendición para los narcotraficantes y otros criminales que desearan lavar dinero en nuestro país.
Por otra parte, Álvaro Delgado demostró ser capaz de mentir sin que se le mueva un pelo. Efectivamente, negó que desde la Presidencia se hubiera dado la orden a los ediles blancos y colorados de Canelones de votar negativamente un proyecto de financiación de obras por 80 millones de dólares; pero los mismos ediles confesaron que Delgado los llamó y algunos cambiaron el voto que en principio iba a ser afirmativo.
No fue el único multicolor que quedó en evidencia en estos días. El abogado Fabrizio Bacigalupo fue condenado por el delito de difamación e injurias en reiteración real, debiendo cumplir cuatro meses de trabajo comunitario y filmar un video reconociendo que mintió al acusar de varias cosas a Enrique Amestoy, quien lo demandó en 2019. Entre otros delirios, Bacigalupo acusó a Amestoy de ser un “nazitupamaro” y haber participado en secuestros en 1972. De ser así, Amestoy habría comenzado su carrera delictiva a muy temprana edad: tres años.
Otro que quedó pegado en las redes sociales fue el militante nacionalista Ignacio Pou, quien suele publicar toda clase de mentiras contra la izquierda. Esta vez fue tan grande el bolazo que hasta Ana Lía Piñeyrúa (del mismo Partido Nacional) le tuvo que señalar que estaba difundiendo una fake news. Se trataba de un acta falsa de la Corte Electoral que comenzó a circular en las redes sociales a partir del viernes 23 de julio y daba cuenta de que las firmas anuladas (de las presentadas para habilitar el referendo contra 135 artículos de la LUC) alcanzaban al 22,77%. La verdad es que la página web de la misma Corte Electoral menciona un promedio de 6%. Considerando que se presentaron 797.261 adhesiones y las necesarias para habilitar el referéndum serían 671.544, tendría que ocurrir una hecatombe para evitar que los uruguayos concurran a las urnas en 2022.
El Ministerio del Interior informó que hasta mediados de julio se habían registrado 131 homicidios, pero tal como pasó en 2020 con Jorge Larrañaga, esta cifra no coincide con las de aquellos que llevan la cuenta basándose en las noticias de los medios de comunicación. A menos que todos los medios mientan, no fueron 131, sino 152. Heber intentó arreglarla manifestando que los que en principio parecían homicidios terminaron catalogándose como suicidios. Como sea, por lo menos un jerarca policial (el comisario mayor Fernando Pereira, Coordinador de la Jefatura de Maldonado) fue grabado mientras dejaba claro que no se informaban todos los delitos. Por lo menos en un caso, desestimuló una denuncia de abigeato para que no subieran las cifras de este delito.
Resulta increíble que tanto el anterior ministro del Interior como el actual nieguen el incremento de casos de abuso policial cuando todos lo hemos podido comprobar gracias a las personas que han filmado procedimientos y publicaron los videos en las redes sociales.
La Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay ha constatado este incremento y así lo ha expresado en una carta enviada a la Suprema Corte de Justicia. Entre los abusos denunciados figuran: «Irregularidades en los procedimientos policiales y diferentes formas de abusos policiales como coacción física y psicológica para conseguir declaraciones, no brindar asistencia adecuada a los detenidos o concretar allanamientos sin una orden judicial, al forzar la firma de documentos que habilita el procedimiento voluntario».
Los defensores de oficio aseguran que la LUC es en buena medida la causa de estos desbordes.
Nos mintieron en la cara al fingir que el intendente de Colonia, Carlos Moreira, se había alejado del Partido Nacional. Mintió el presidente al dar a entender que no tendría a nadie trabajando a ambos lados del mostrador. Mintió al no decir que bajaría el presupuesto del Ministerio de Vivienda de 313 millones de dólares que tenía en 2019 a 187 millones de dólares.
Mintieron (y con éxito) al decir que el Mides mantenía vagos o, como decía un edil multicolor fernandino: “Los negros no quieren trabajar”. Mintieron al decir que la empresa Katoen Natie tenía un juicio ganado de antemano contra Uruguay, falacia que usaron para regalarle el puerto por 60 años. Mienten sus militantes al decir en las redes sociales que Sendic se robó 800 millones de dólares, cuando la verdad es que según la Justicia le ahorró al país 300 millones de dólares. Miente El País al reducir el espacio que generosamente dedicaba a los delitos durante los gobiernos frenteamplistas para intentar con esta acción bajar la percepción de inseguridad que ellos mismos alimentaron cuando les convenía alta.
Mienten al decir que les importa la democracia. Cuando asuma Pedro Castillo la presidencia del Perú, Lacalle Pou no se hará presente y solo enviará a su canciller.
Mintieron, mienten y seguirán mintiendo. Está en su naturaleza.
Como sea, ya se les terminará la fiesta.
Solo es cuestión de tiempo.