CON EL FISCAL RICARDO PERCIBALLE
El argumento para archivar el caso Roslik
«es absolutamente insostenible»
Mauricio Pérez
20 agosto, 2021
Corría abril de 2018. Ricardo Perciballe acababa de asumir en la nueva fiscalía con el objetivo de tener resueltas, en un lapso de tres años, las más de 200 causas abiertas por crímenes de la dictadura. La experiencia le mostró que eso era «una expresión de deseo» y que la tarea resultó más compleja de lo que pensaba. Tres años y medio después, Perciballe trabaja 14 horas por día, sin descanso ni sábados ni domingos, para intentar sortear los escollos.
En diálogo con Brecha, afirmó que el grueso de estas causas está resuelto «en la faz investigativa», pero que, por distintos motivos, no se han podido hacer las imputaciones que se preveían. La complejidad, a su entender, se configura debido a los innumerables recursos interpuestos por las defensas. El Poder Judicial no los resuelve en tiempo y forma, sobre todo en el interior. Estos hechos, dice, conspiran contra «una buena administración de justicia» y consagran la impunidad.
—¿Usted considera que las normas procesales son un obstáculo para la investigación de estas causas?
—No. Las normas procesales nunca son un obstáculo porque están para dar garantías. Pero frente a determinadas conductas reiterativas por parte de las defensas se podría actuar de forma distinta. Por lo menos es a lo que aspiramos desde la fiscalía. Lo que pasa es que hay tiempos distintos de la fiscalía y del Poder Judicial. Nosotros somos una fiscalía especializada, estamos dedicados solo a esto. Tenemos una visión global de la realidad, una postura jurídica única, una posición en la faz investigativa única, y en el Poder Judicial son muchos jueces y los tribunales que actúan, y hay disparidad de criterios. Todo esto conspira para que no haya una buena administración de justicia.
—¿Hay omisión de justicia?
—Eso es claro. La Convención Americana de Derechos Humanos establece el derecho de las víctimas a ser oídas en un plazo razonable. Si los expedientes duran diez años para su resolución, evidentemente no se acompasa con las exigencias internacionales.
—¿Uruguay está cumpliendo con el fallo del caso Gelman?
—En ocasiones, sí, en otras, no. Hay tribunales, sobre todo el de Primer Turno, que siempre menciona el caso Gelman como un paradigma a seguir. Otros tribunales y algunos jueces no han tomado la obligación internacional que se generó a partir de la sentencia Gelman.
—¿Y la Suprema Corte de Justicia [SCJ]?
—Todos sabemos que la SCJ tiene una posición especial en la materia y nunca hace una mención al caso Gelman. Cuando hablo de la corte me refiero a la mayoría, porque hay dos de sus integrantes que sí admiten la normativa internacional y reconocen que estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. A estos dos integrantes se les suman los ministros de los tribunales de apelaciones, que en ocasiones tienen que participar para completar las sentencias y que, en un número importante, han mantenido la posición minoritaria de la corte. Este sí es un hecho a resaltar y nos impulsa a seguir trabajando. En la actualidad, la corte está tres a dos. No sabemos qué puede pasar en el futuro.
—¿Qué relevancia tiene que la corte cambie eventualmente su posición?
—El hecho de que admita la tesis de los crímenes de lesa humanidad resuelve un tema complejo referente a la prescripción [de los delitos]. Si cambia la posición, supongo que tendrá una repercusión a nivel de los tribunales y de los juzgados, pero no necesariamente en el avance de las investigaciones. Lo que hay que tener claro es que las investigaciones, en su gran mayoría, están finalizadas. Lo que está faltando es resolver las excepciones que se han planteado. Es muy difícil encontrar una causa en la que no esté resuelto qué pasó, quiénes son las víctimas y quiénes son los responsables.
—¿Hay diferencias entre las investigaciones que se realizan bajo el viejo Código Procesal Penal [CPP] y las que se iniciaron mediante el actual?
—Sí, no hay punto de comparación. En la actualidad, tenemos cinco investigaciones bajo el nuevo CPP. La investigación pura y dura la hacemos en cuestión de meses. En breve estamos por formalizar algunos casos en que la investigación nos demandó seis, siete u ocho meses, pero una cosa es la faz investigativa en fiscalía y otra cosa es la fase de juicio, que es muy distinta, muy compleja.
—La única investigación formalizada bajo el nuevo CPP fue la causa del excentro clandestino de detención Los Vagones, archivada en la audiencia de control de acusación, ya que el juez consideró que el caso estaba prescrito. ¿Qué valoración hace de esa decisión?
—Supongo que no tendrá andamiento la posición de la prescripción. Estoy convencido de que esa posición será revocada y se continuará con la causa. La resolución del juez [Luis Sobot] no se compadece ni aun con las posiciones menos contemplativas de que estamos hablando de crímenes de lesa humanidad.
—¿Se ha encontrado con militares que aportan información en este tipo de causas?
—En fiscalía, no. En los juzgados, hay casos muy aislados. Es la excepción de la excepción, no es la regla. Generalmente, los imputados, por regla, niegan los hechos. Hemos tenido muy poca colaboración, aun de gente que no está indagada.
—¿Cuáles son las sensaciones al interrogar a las víctimas de causas por violaciones a los derechos humanos?
—En mi caso, tengo 30 años en la fiscalía, tengo bastante conocimiento de causas, pero acá no dejamos de sorprendernos. Un ejemplo muy claro es una investigación bajo el nuevo CPP [sobre torturas en el batallón de San José]. Allí le tomamos declaración a una víctima y quedamos todos muy impactados sobre el trato cruel, inhumano y degradante que se le aplicó cuando estaba detenido… Lamentablemente, más allá de que estamos bastante fogueados, nunca nos dejamos de sorprender de las cosas que escuchamos.
—¿Hay alguna investigación que a usted lo haya marcado particularmente?
—En la fiscalía intentamos que todas las causas sean iguales, que todas las víctimas sean iguales. Esa es la premisa básica. Pero hay situaciones que a uno lo conmueven más y ahí está el tema personal. Un ejemplo muy claro es el caso [de Vladimir] Roslik: yo tenía 22 años cuando ocurrió. Me conmovió mucho, porque si bien se sabían muchas cosas sobre lo que había pasado durante la dictadura, en ese momento tomamos real dimensión. Y el país estaba a las puertas de la democracia. Pero, a diario, nos encontramos con situaciones particulares que son muy desgarradoras, fundamentalmente todo lo referido a las víctimas mujeres, a lo que pasaron. Son hechos muy dolorosos, muy duros.
—¿Qué valoración hace del archivo de la indagatoria penal por el caso Roslik?
—Lo del archivo es relativo. La SCJ no hizo lugar al recurso de casación de la fiscalía, pero dejó una pequeña puerta abierta. Veremos qué se puede hacer, estamos trabajando. La fiscalía tomó una posición en su momento y la vamos a defender. Si se efectiviza una investigación, debe ser por el nuevo CPP, porque así lo dispuso la SCJ.
—El archivo se basó en una sentencia de la justicia militar, en la que se condenó a dos militares, por lo que se declaró la cosa juzgada. ¿Por qué usted cuestiona ese argumento?
—Porque es absolutamente insostenible. No se puede trasladar lo que fue la justicia militar –si es que se la puede llamar de esa forma– al ámbito civil. La justicia debe partir de las garantías y de una investigación efectiva. En este caso no hubo ninguna garantía y menos una investigación efectiva. A los únicos a quienes les tomaron declaración fue a los militares. No se escuchó a ninguna víctima, ni a la esposa del fallecido, ni a los otros detenidos, a nadie. Además, se resolvió imputar como un homicidio culpable cuando era un homicidio doloso y muy especialmente agravado. Desde ningún punto de vista se puede admitir como cosa juzgada. Este es un caso de libro de cosa juzgada fraudulenta.
—¿Qué valoración hace de que el Poder Judicial democrático legitime esa sentencia?
—No quiero hacer ninguna valoración. Mi interpretación jurídica la plasmé en el recurso de casación y, lamentablemente, no tuve suerte. Fui muy crítico y mantengo una posición contraria.
—¿Esa sentencia estaba incorporada al expediente penal?
—En la causa Roslik se hizo un análisis formal sobre si la causa se reabría o no. La fiscalía no ingresó en un estudio completo de la parte sustancial de la investigación. Sí recuerdo que había información en el expediente.
—¿Es un elemento para reabrir la investigación?
—Si se efectiviza una investigación, debe ser por el nuevo CPP, porque así lo dispuso la SCJ. La fiscalía pidió el expediente para analizarlo, para ver el conjunto de pruebas que se pidieron. También solicitamos al juzgado de Fray Bentos los expedientes referentes al caso San Javier. Analizado todo eso, tomaremos alguna medida.
—¿Qué valoración hace de que en el interrogatorio participaran más de una decena de oficiales?
—Del expediente ya surgía que [los responsables del interrogatorio] no eran solo las personas que fueron juzgadas. Generalmente pasa que los interrogatorios, y fundamentalmente las torturas, eran ejecutadas por un conjunto de personas, en su mayoría oficiales. Que haya más de un interrogador y más de un torturador es algo que se repite.
—¿Los expedientes de la justicia militar son un elemento clave para indagar los crímenes de la dictadura?
—Sí. Esos expedientes son muy importantes en las investigaciones, pero no son todo.
—¿Qué información aportan estos expedientes?
—Hay que separar claramente antes de 1975 y después de ese año. Antes de 1975, generalmente los operativos de persecución de ciudadanos se llevaban a cabo en las unidades militares. En ese caso, estos expedientes nos dan la información de quién era el jefe de la unidad militar, quién era el S-2, quién era el juez sumariante y otra información importante. A partir de 1975, comienzan a actuar los centros clandestinos de detención y ahí es todo mucho más complejo.
—¿Cómo evalúa la decisión de transferir la investigación policial de las causa de derechos humanos desde la Dirección de Asuntos Internos al Comando de la Policía?
—Nosotros hemos tenido siempre un relacionamiento muy bueno con Asuntos Internos. Ellos aportan un trabajo importante. Esperemos que eso no se cambie, porque sería un retroceso en las investigaciones.
—¿Cómo es el vínculo de la fiscalía con el Ministerio de Defensa?
—Nosotros hemos trabajado con tres ministros: Jorge Menéndez, José Bayardi y Javier García. No podemos decir nada en contrario de ninguno de ellos. Lo que se ha solicitado lo han aportado, cada uno de ellos con distintos perfiles, pero no hemos tenido ningún inconveniente. La realidad es que la información está, la tienen determinadas personas, pero no la han aportado.
—¿Considera que existen archivos estatales sobre la represión dictatorial que permanecen ocultos?
—Sin dudas. Los archivos tienen que estar. Si se obtuvieran los archivos del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y del Servicio de Información de Defensa, sería un paso muy importante para la investigación.
—¿Los archivos detectados, como el «archivo Berrutti», el del Fusna [Cuerpo de Fusileros Navales] o el del Ministerio del Interior, han aportado información relevante?
—Sí. Se obtuvo información importante. En una de las causas en las que estábamos trabajando, y que muy probablemente en un tiempo cercano se pueda llegar a una formalización, ha sido sumamente relevante toda la documentación que se ha recabado de los archivos.
—¿Se crea verdad histórica a partir de estas investigaciones?
—La verdad es la verdad a la que podemos acceder. Es la verdad a través de las formas jurídicas que establece un proceso, con las garantías y con las limitaciones que tiene un proceso penal. Sin dudas, cuando hacemos una imputación, es porque estamos absolutamente convencidos de que eso que expresamos es lo que pasó y que los responsables son los que imputamos.
—¿Hubo algún período de la dictadura que haya sido particularmente duro con relación a las torturas contra detenidos políticos?
—Es muy difícil calibrar qué es lo más o menos duro. Tener a una persona varios días de plantón, sin comida, es durísimo en cualquier circunstancia. Que se le aplique el submarino, choques eléctricos, el caballete… son tan innumerables los tormentos que se aplicaron que es muy difícil valorarlo. Probablemente, puede haber existido una especial saña contra algún grupo político o contra alguna persona por su condición religiosa, pero es difícil de calibrar.
—¿Cómo valora la situación de las víctimas menores de edad detenidas y torturadas?
—Con víctimas menores de 18 años constatamos una causa en Treinta y Tres, que es una de las que más nos duele y donde más énfasis hemos puesto. El de Treinta y Tres es un caso muy paradigmático: estamos hablando de víctimas de entre 13 y 20 años. Ahí si hubo una diferencia. Entre 13 y 14 años se aplicaron distintos tormentos. Entre 14 y 17 años, otros, y entre 18 y 20 años, otros, con más intensidad. Pero todos fueron detenidos ilegalmente y sufrieron tratos inhumanos, crueles y degradantes. Sin perjuicio de esta causa, hemos notado que hay otras detenciones de menores, pero nunca se hizo una investigación a fondo y muchos casos no se denunciaron. Eso pasó, por ejemplo, en el caso San Javier: hay varios detenidos menores de 18 años.
—¿Se ha encontrado con resistencias de las víctimas o de sus familiares para que estos crímenes se investiguen?
—Hay un universo muy grande de víctimas. Por eso no actuamos de oficio. Se nos ha criticado por parte de algunos organismos internacionales, de organizaciones que se dedican a la protección de los derechos humanos, por no actuar de oficio. Pero somos muy respetuosos de las víctimas. Entendemos que si pasaron tantos años y la gente no quiso hacer la denuncia, por algo es. Pero cuando alguien concurre a un juzgado y da testimonio de lo que le pasó, más allá de si denunció o no denunció, la fiscalía hace la imputación.
—Varios militares investigados han fallecido antes de que se solicite su procesamiento. ¿Qué reflexión le merece?
—Lo que tiene que quedar claro es que la gran mayoría de los responsables ha muerto. Los responsables no son solo los alféreces, tenientes o capitanes que estamos juzgando actualmente; murieron los tenientes coroneles, los coroneles, murió la gente que daba las órdenes. La gran mayoría ha muerto.
—¿El tiempo genera impunidad?
—En esta materia, el tiempo es ambiguo. Por un lado, se genera esa impunidad que usted plantea, pero, por otro lado, permite acceder a información que antes no se tenía. Si un fiscal en 1985 hubiera podido investigar como correspondía en un Estado democrático, probablemente no contara con toda la información y con todo el conocimiento que tenemos hoy. Seguramente, en ese tiempo se hubieran archivado un montón de causas porque no habría pruebas contundentes para un procesamiento o para una condena. Hoy, 40 años después, aunque sea increíble y contrario a la lógica de lo que es el trabajo de una investigación criminal, el tiempo es ambiguo. Nos da la impunidad, pero nos permite avanzar en el conocimiento y la comprensión global de qué estamos hablando.
—¿Las víctimas son más proclives a declarar hoy que en los años ochenta o noventa?
—Es muy probable. Por miedo, pero también porque el recuerdo no es algo estático, sino que es algo dinámico, que se construye a partir de otras consideraciones, a partir de un relato colectivo. Cuando la gente salió de los penales y volvió a la vida, seguramente no conocía lo que era el 300 Carlos, lo que era La Tablada o los centros clandestinos. Fue un proceso que se fue elaborando. Tampoco sabían quiénes eran los represores. Eso también fue un hecho colectivo.
—Desde el punto de vista político, hay gente que cuestiona que estas investigaciones sigan vigentes después de más de 40 años. ¿Qué dice usted ante estas críticas?
—Lo que les explico es que hasta 2017 o 2018, Alemania, un país del primer mundo, seguía juzgando criminales nazis de la Segunda Guerra Mundial. Personas que tenían más de 90 años fueron condenadas por los crímenes que cometieron en su momento. ¿Por qué se persiguen estos crímenes? Porque estos crímenes no prescriben, porque no solo es una reparación para las víctimas, sino también una garantía de no repetición para el futuro. Más allá del tiempo que haya pasado, estos crímenes deben ser investigados, juzgados y castigados en cualquier lugar y en cualquier tiempo.
NÚMEROS CONTRA LA IMPUNIDAD
Desde la creación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, en 2018, la Justicia procesó a 32 militares, policías y civiles. Los primeros procesamientos se dictaron en febrero de 2019, en la causa que indaga las torturas contra presos políticos en el Batallón de Ingenieros 4 de Laguna del Sauce (1972-1976). En esa causa fueron procesados los militares Artigas Rivera Bianchi –jefe del batallón– y Plácido Amorín. Más adelante fue procesado el militar Víctor Stocco. Los últimos procesamientos se registraron el 10 de agosto: los militares Gustavo Mieres y Alberto Ballestrino fueron procesados por torturar hasta la muerte a Óscar Fernández Mendieta. La lista de procesados en estos años incluye a los represores José Nino Gavazzo, Jorge Silveira, Gilberto Vázquez y Ernesto Ramas, así como a dos civiles: Miguel Sofía y Jorge Guldenzoph. Asimismo, la fiscalía solicitó el procesamiento de 37 personas en 13 causas penales, que están pendientes de resolución.