La mafia del Goyo Álvarez
Por Carlos Peláez
7 noviembre 2021
El lunes 25 de octubre Javier García, Ministro de Defensa, declaró reservado por 15 años el expediente relativo a un Tribunal de Honor realizado al entonces mayor Armando Méndez. Su decisión se basó en que “las declaraciones del militar eran relativas a asuntos económicos y no sobre derechos humanos”.
“En materia de derechos humanos, en el pasado nadie tuvo la conducta de transparencia que hemos tenido nosotros”
Pero la “reserva” duró exactamente cuatro días, porque el viernes 29 el periodista Samuel Blixen difundió en el semanario Brecha el contenido de ese expediente que trataba sobre el denominado “Operativo Conserva” uno de los tantos actos de corrupción cometidos por militares y civiles durante la dictadura.
La decisión de García dejó abierta una pregunta: ¿por qué nunca se investigaron los delitos económicos cometidos en ese período? Más cuando el inciso 2 del artículo 2 de la ley 15.848 (Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado) dejaba fuera expresamente “los delitos que se hubieren cometido con el propósito de lograr, para su autor o para un tercero, un provecho económico”.
La respuesta tal vez sea que los empresarios y políticos sostenes de la dictadura, enriquecidos en ese período como producto de sus negociados, luego se reconvirtieron a “demócratas”, pasaron a ser parte importante de la estructura económica durante los sucesivos gobiernos democráticos, lo que permitió a sus hijos y nietos ser continuadores de la saga.
Los delitos económicos y negociados de ese período se cuentan por decenas, lo que da por tierra con la falsa historia acerca de la presunta honestidad de los dictadores militares.
Pero hay otro aspecto muy poco difundido y que se puede definir como el carácter mafioso de esos militares. Varios crímenes lo revelan.
El concepto más difundido históricamente es el que relaciona a los dictadores con asesinatos cometidos contra militantes de izquierda, e incluso algunos blancos, opositores.
Sin embargo, hay varios crímenes sin aclarar que vinculan a militares con operadores económicos.
José González Boado
El 6 de octubre de 1977 encontraron un cuerpo carbonizado dentro de un auto ubicado en el parque Roosevelt. Enseguida se supo que se trataba del cadáver de José Antonio González Boado.
La primera orden: Gregorio Álvarez el militar y el dictador. Escrito por Alfonso Lessa
González era el contador de la marmolería Nuevo Renacimiento y estaba en pleno conocimiento de la sobrefacturación de mármoles adquiridos para la construcción del Mausoleo de Artigas.
El monumento ordenado por la dictadura había sido inaugurado con gran pompa el 19 de junio de ese año.
Según dos fuentes cercanas a la familia, el contador habría manifestado en diversas reuniones su decisión de denunciar “un negociado de millones de dólares con la compra de mármoles” y apuntaba como responsables al general Julio César Rapela y a otros militares.
Esa parece haber sido su sentencia de muerte.
Rapela era un militar muy poderoso entonces. Partícipe directo del golpe de Estado, fue miembro fundador de los Tenientes de Artigas, pero a la vez era un hombre muy cercano a Gregorio Álvarez.
En agosto de 1981 fue designado jefe de la División de Ejército I. Luego en febrero de 1982, bajo la presidencia de Álvarez, Rapela asumió un rol protagónico al ser designado presidente de la Comisión de Asuntos Políticos (Comaspo), encargada de fijar el nuevo cronograma político. En ese carácter, encabezó la delegación militar que participó en las conversaciones del Parque Hotel con dirigentes políticos, entre mayo y julio de 1983. El 1º de febrero de 1984 pasó a situación de retiro como general. Quince días después, asumió como ministro del Interior del gobierno del dictador Álvarez hasta la recuperación de la democracia el 1º de marzo de 1985. Falleció impune el 11 de octubre de 2004.
Hay aspectos de su vida poco difundidos. Hasta fines de los años 60 Rapela vivía en la calle Pampas (hoy Arturo Lezama) casi César Díaz, pegado al almacén de Pepino. Complementaba su salario militar con clases de preparación para jóvenes que pretendían ingresar a la Escuela Militar.
Para tal fin había acondicionado el garaje y su ya viejo automóvil Hillman dormía en la calle.
Pero a mediados de los años 70 su situación económica había dado un giro importantísimo. Pasó a residir en Carrasco en una casa muy diferente a la que habitaba en la Aguada.
Si Rapela o Álvarez u otro militar o civil tuvieron que ver con el asesinato del contador González es algo que permanece en penumbras. Tanto que hasta casi es nula la información que existe sobre este crimen. Una referencia pequeña se encuentra en el libro de Virginia Martínez Tiempos de dictadura.
Roberto Sáenz Gallinal
A las 10 de la mañana del martes 13 de setiembre de 1978 la Policía ubicó restos de una persona tirados junto al lago Calcagno, frente al parque Roosevelt. En una maleta de color marrón estaban la cabeza y el tronco del cuerpo, en tanto en una bolsa estaban las extremidades.
Los restos pertenecían al contador Roberto Sáenz Gallinal, integrante de una de las familias más tradicionales y ricas del país, propietaria de centenares de miles de hectáreas de campo y accionista de la empresa Funsa entre otras. Sobrino nieto del dirigente blanco y candidato a la presidencia Alberto Gallinal y primo del actual ministro del Interior, Luis Alberto Heber.
El lunes 12 a la tarde recibió en su casa de Carrasco una llamada de alguien aparentemente conocido que lo convocaba a una reunión. Sáenz era miembro de la Sociedad Colombófila, que se reunía los lunes. Salió de su casa con la intención de ir a ambos encuentros. Pero tarde en la noche su esposa recibió la llamada de un hombre anunciándole que “pronto tendrían noticias”.
La familia en estado de desesperación pasó toda la noche aguardando otra llamada para tener más detalles. Eso nunca ocurrió. A la mañana siguiente el cuerpo de Sáenz fue encontrado descuartizado.
Su automóvil, un Falcon verde, fue encontrado dos horas después estacionado frente a Canelones 1611, a la vuelta de Canal 10. Y este es un dato no menor, porque en esa dirección la familia poseía un escritorio donde habitualmente se reunían para hablar sobre la marcha de sus negocios. O sea, los criminales también tenían esa información.
Roberto Sáenz había asumido la responsabilidad de administrar los bienes familiares. En 1970 vendió al Ejército la casa familiar ubicada en bulevar Artigas y Palmar donde funcionó el Servicio de Información de Defensa (SID) y hoy se ubica a la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Diarios de la época informaban que un hermano de Roberto, Gilberto Sáenz Gallinal, su exesposa, Alicia García de Sáenz, que había sido modelo, y otras ocho personas habían sacado de contrabando $ 100 millones de dólares de Uruguay desde principios de los 70.
Poco tiempo después del crimen, estas personas fueron detenidas, procesadas y enviadas a prisión.
Pero Roberto nunca fue ni siquiera investigado.
¿Por qué lo mataron? Es la pregunta que 43 años después aún busca respuestas por parte de la familia.
En varias oportunidades se juntaba a jugar al tenis con Gregorio Álvarez en la casa de Remigio Moreno en Carrasco. Este era un español franquista radical, con varios crímenes de esa época en su haber y por eso “exiliado” en Uruguay.
Dos fuentes, una vinculada entonces al Lawn Tenis y otra dirigente político, dijeron que el asesinato de Sáenz estuvo “seguramente” vinculado a temas financieros. Según esas fuentes, “Roberto se dedicaba a lavar dinero de militares y empresarios en Argentina. Algo salió mal o se perdió y por eso lo mataron”.
Pero una parte de la familia maneja otra versión. Entre 1976 y 1977 se vendió una importante cantidad de hectáreas, propiedad familiar, ubicadas en la provincia de Buenos Aires. Los secuestradores tendrían esa información y pretendieron hacerse de una importante suma de dinero.
Sin embargo, esta versión no cierra con lo ocurrido. Nunca cobraron un rescate ni lograron hacerse de lo logrado con la venta de esos campos.
Desde entonces la familia busca respuestas. En varias oportunidades intentaron hablar con Armando Méndez, dada su conocida amistad con familiares del muerto. Nunca lograron nada.
El descuartizamiento de Sáenz fue un evidente mensaje mafioso.
Juan Américo Soca
El 3 de marzo de 1981, apareció en los diarios la siguiente noticia: “Buscan estafador: Afanosamente viene siendo buscado un individuo al que denunciaron por millonarias maniobras con cheques sin provisión de fondos y de negocios no muy claros. Se trata de Juan Américo Soca, quien ahora es requerido por los jerarcas del Departamento de Prevención de Delitos. Las informaciones al respecto son fragmentarias, trascendiendo solamente que el monto de los dolos superaría los 200 millones de pesos viejos”.
Soca había salido de su casa el 25 de febrero de las 18 horas y nunca regresó.
El 10 de marzo la Jefatura de Policía de Montevideo, Dirección de Investigaciones, Departamento de Prevención de Delitos, en su Oficio Nº 419, informó acerca de «denuncias por libramiento de cheques y vales sin fondo presentadas ante esta Jefatura. Se irradian los radiogramas Nos. 1.601, 1.628 y 1.841 solicitando la detención del imputado por infracción a la Ley de Cheques. Por el comunicado Nº 3.122 se informa sobre secuestro del vehículo y también se solicita impedimento de salida del país del imputado».
Ese mismo día, la Jefatura de Policía de Rivera, a través de su Radiograma Nº 466 «confirma la aparición del auto de Juan Américo Soca en la ciudad de Santa Ana do Livramento, Brasil, gestionándose el traslado a Montevideo. El automotor había sido comprado el 25 febrero de 1981 y el título de propiedad del mismo fue depositado en la empresa Hilton Automóviles, aunque luego desaparece de allí».
El 19 de marzo, la Jefatura de Policía de Montevideo, Dirección de Investigaciones, Departamento de Prevención de Delitos emite su Oficio Nº 518 a la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, Departamento 4, el que indica: «Cumpliendo Radio 1.601, 1.628 y 1.841 del año en curso, solicito con especial interés la detención de Juan Américo Soca, por encontrarse imputado de denuncias radicadas en este departamento por infracción a la Ley de Cheques» .
Al día siguiente, la misma repartición policial emitió el Comunicado radial Nº 3.872, que dejó sin efecto la búsqueda del vehículo que, como ya se ha visto, fue ubicado en la frontera con Brasil: «Ampliando Comunicado Radial Nº 3.122/81 solicito se deje sin efecto en lo que respecta al secuestro del vehículo BMW matrícula Nº 302.637 en razón de haber sido encontrado. Manteniéndose la solicitud de detención de Juan Américo Soca».
En 1985 su esposa, María de los Ángeles Amato , declaró ante la Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas.
«Mi esposo desapareció el 25 de febrero de 1981. Salió de casa a las 6.30 de la tarde para ir a una reunión de la Caja Policial, a la cual había sido citado ese día a las 6 de la mañana. El día anterior también había estado allí en una reunión y yo me enteré esa noche porque él volvió muy mal. Le pregunté hasta el cansancio qué le pasaba y me decía que nada; pero tanto insistí que me comentó que había tenido una reunión allí y que el general Alberto Ballestrino lo había amenazado de muerte. Le había dicho que había matado a muchas personas y que por otras más que matara no habría problema.
Le pregunté por qué, pero no me quiso decir. Al otro día, me dije, lo solicitan para otra reunión; se fue a las 6.30 de tarde, yo quise acompañarlo, pero no me dejó. No volvió más a casa. A las 6 de la mañana llamo a Jefatura y pido para hablar con el coronel Arregui, que era jefe de Policía, y me contesta que mi esposo tenía problemas y que, de pronto, se había ido del país. A partir de allí me movilicé, se hizo denuncia policial, fui al Esmaco y a cuanto cuartel había, pero nadie me supo informar sobre él.
El 4 de marzo sale en televisión y en los diarios la foto de él, requerido por estafa. A partir de allí me ponen un custodio en la mañana, otro de tarde y otro de noche, suponiendo que no podía volver. El 11 de marzo aparece en Livramento el coche [de Soca] con las puertas abiertas. Me presento en Jefatura a reclamarlo y me contestan que el coche no me pertenece, que el dueño es el señor Roberto Puig. Entonces mi padre trata de hablar con este señor para ver cuándo había adquirido el coche -porque de casa él había salido con el coche- y le contesta que mi esposo le debía $ 48.000 y que por lo tanto él se había quedado con el coche. Voy a la intendencia para que me informen si había habido transferencia de vehículo, y me informan que con fecha 11 de marzo de 1981 se hizo la transferencia a nombre de Roberto Puig.
Omití decir que las personas que estaban en esa reunión a la que había sido citado por lo menos el día anterior a la desaparición -porque yo le pregunté quiénes habían estado- habían sido el general Ballestrino, el jefe de Policía coronel Hugo Arregui, el coronel Calixto de Armas, el señor Roberto Puig, el jefe de Policía de Rivera, coronel (r ) Reginaldo Rocha y el comandante Gervasio Somma, que era el titular de la Caja Policial. Se hizo una denuncia en la Embajada de Estados Unidos y nunca obtuve respuesta. Se presentó también un escrito en el Colegio de Abogados. Pero hasta hoy no sé nada de él. Fui varias veces al Ministerio del Interior y me contestaron que no sabían nada, que sabían lo que sabía yo, o sea, las versiones que corrían en la calle, y nada más […].
Después de la desaparición de mi esposo recibí un telegrama colacionado del comandante Somma en el cual intimaba a mi esposo al pago de tres vales, cuya fotocopia tengo en mi poder. A partir de allí, más o menos a un mes de su desaparición, también recibo cedulones mediante los cuales me notifican que se van a rematar los bienes. Me pongo en contacto con UBUR, concretamente con el señor Eduardo Rocca Couture, a quien pregunto por qué rematan los bienes. Me contesta que él había prestado un dinero a mi esposo a pedido del general Ballestrino -que era su amigo personal-, y como mi esposo no cumplió con el pago, se remataban las propiedades
De acuerdo a lo que pude averiguar por intermedio de mi abogada -ya que ningún otro abogado quiso hacerse cargo del caso-, parecería que hubo un traslado de deuda ya que él tenía una deuda con el Banco del Plata y UBUR se hizo cargo de ella. Esto es lo que pudimos averiguar de acuerdo a la fotocopia de los cedulones», dijo la esposa de Soca.
El escribano Carlos Vivas Elizalde, jefe de la Asesoría Letrada de la Jefatura de Policía de Montevideo, también concurrió a la Comisión Parlamentaria.
Allí dijo: «El coronel Arregui, que era el jefe de Policía de Montevideo, me había citado a una reunión con el señor Soca, con motivo de una deuda que él tenía con el coronel Arregui, con el coronel Ballestrino, con el general Núñez y con el comandante Somma […] El origen de la deuda era la colocación de dinero […] El señor Soca prácticamente estaba en imposibilidad de cumplir con las obligaciones a raíz de la colocación de dinero.
Había tenido una reunión una semana antes con Ballestrino, Somma y Soca, ahí mismo. No fue una reunión extremadamente cordial. El individuo plantea su imposibilidad de pago de determinada obligación. Recuerdo que manifesté al señor Soca si podía ofrecer una garantía real, a lo que contestó que no podía hacerlo porque la única propiedad inmueble que poseía estaba en vías de ejecución. El monto de la deuda era elevado. Más de $ 3.000.000.
En esa primera reunión se firmaron 4 o 5 vales al portador por aquella suma. El señor Soca manifestó que el 25 él iba a tener una solución, es decir, prometió pagar; pero el día 25 no apareció la solución. En una segunda reunión había más personas: el coronel Arregui y el general Núñez, ministro del Interior, quienes estaban como acreedores. Hablaron el general Ballestrino, el comandante Somma, el general Núñez. Manifestaron que ese hombre no se había portado bien con ellos. Después Somma me dice ‘Necesitan sus servicios’, y pasé con Soca. Ahí estaba Pucci y ahí redacté el documento. No sé como terminó todo, cuando terminó el asunto de la venta entre Pucci y Soca me despedí y ellos quedaron reunidos».
En el año 2008, el periodista e historiador Lincoln Maiztegui, escribió la siguiente versión de los hechos.
“ Soca se encargaba de colocar, con prestamistas privados, los recursos económicos de algunos oficiales y de realizar para ellos otra clase de negocios, como compra de terrenos o casas. Manejaba considerables cantidades. Al parecer, tenía el vicio del juego, y perdió en el casino casi todo ese dinero, por lo cual no pudo responder a sus obligaciones.
La desaparición de Soca determinó una gravísima crisis en medios militares. El 27 de marzo renunciaron el ministro del Interior, general Núñez, el general Ballestrino, que ocupaba el cargo de director de la Escuela de Armas y Servicios, y el coronel Hugo Arregui. También se destituyó del cargo al comandante Somma y pasó a retiro al coronel Calixto de Armas. El nuevo ministro del Interior fue el general Yamandú Trinidad, quien expresó públicamente que aquellas dimisiones y cambios eran ‘de rutina’. Como jefe de Policía de Montevideo fue nombrado el coronel Washington Varela y el general Julio César Bonelli se hizo cargo de la Jefatura de la Escuela de Armas y Servicios.
El caso se investigó por el propio comandante en Jefe del Ejército, general Luis Vicente Queirolo, y los cuatro jefes de División. Ballestrino tomó muy mal su destitución y se reunió con sus subordinados de la Escuela de Armas y Servicios, sobre los que ejercía un notable liderazgo. Cuando les estaba narrando lo sucedido, vieron que estaban rodeados por tropa fuertemente armada. Se estuvo a un tris de un enfrentamiento, pero el general destituido calmó a su gente y firmó su pase a retiro. El general Manuel Núñez, que fue sacado de su cama a las 5 de la madrugada del 27 de marzo, protestó enérgicamente, y acusó a algunos de quienes lo estaban interpelando, entre ellos al propio Queirolo, de haberse beneficiado con prebendas ilegales. La denuncia resultaba muy seria, porque Núñez era, hasta ese momento, ministro del Interior, y como tal, manejaba información privilegiada. Sus ataques a Queirolo fueron directos y con datos precisos, y el comandante en jefe fue instado por sus pares a desmentirlos, razón por la que tuvo que presentar documentos de una de sus propiedades. La figura de Queirolo, al que consideraba un hombre próximo a Gregorio Álvarez (con quien, sin embargo, no tenía buena relación personal), quedó sumamente debilitada”.
Según un informe de la Comisión para la Paz del año 2003, “Soca fue llevado a la Escuela de Armas y Servicios, donde fuera intensamente torturado en la llamada ‘Casa SAS’, dentro del predio militar. Murió allí, a consecuencia de la tortura, entre el 25 de febrero y el 2 de marzo de 1981, ya que al día siguiente, el 3 de marzo de 1981, se publica una requisitoria de captura.
Según la información recibida, sus restos habrían sido primero enterrados dentro del predio de la Escuela de Armas y Servicios -a los fondos- y después exhumados a fines del año 1984, incinerados y tirados al Río de la Plata».
El de la Casa SAS no es dato inoportuno. En ese mismo lugar habría sido descuartizado el contador Sáenz Gallinal.
Mafia
Los crímenes reseñados tienen varios elementos comunes. Todos los militares mencionados estaban estrechamente vinculados a Gregorio Álvarez. Los crímenes de Sáenz y Soca se cometieron cuando el Goyo era comandante en jefe del Ejército.
Los cadáveres de González y Sáenz se encontraron en la misma zona.
Soca habría ocupado el lugar de Sáenz como “lavador” de dinero de los militares.
Todo indica que ambos fueron asesinados por “haber perdido” el dinero entregado.
En cambio, González fue asesinado cuando se disponía a denunciar a militares corruptos.
Ninguno de estos casos fue investigado en democracia.
