Creció choque de relatos
sobre el pasado reciente, con
exagentes del Estado presos y fallos
pendientes, y se intensificará en 2022
La cárcel especial de Domingo Arena alberga a 18 presos por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Nº 2154 – 23 al 29 de Diciembre de 2021
escribe Sergio Israel
Las contradicciones acerca de la poco divulgada muerte del capitán de artillería Roberto Botti Porras, sobre la que existen al menos dos versiones, expresan con claridad la coexistencia de relatos antagónicos respecto a lo ocurrido en el país casi medio siglo atrás.
En una lista de 77 víctimas mortales elaborada por familiares de los militares, policías y civiles presos a la que accedió Búsqueda, Botti figura como el último oficial caído a manos del terrorismo. Su muerte, según el Ejército, se produjo por un disparo en la nuca con una bala calibre 38, que no es de uso militar, mientras participaba en un operativo para capturar a integrantes del Partido Comunista, en febrero de 1976, en Las Piedras.
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, sin embargo, publicó hace años que Botti perdió la vida a causa del disparo accidental de un soldado. En el libro A todos ellos, de 2004, la organización aporta esa versión, diferente a la oficial: Botti murió “en un procedimiento militar como consecuencia de un accidente en que un soldado dispara su arma hiriéndolo de muerte”. También se incluyen referencias a su participación en la “pesada” del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), que había instalado un centro de torturas bajo el mando del mayor José Gavazzo, en el cuartel de artillería conocido como La Paloma.
Estas “verdades” en extremo opuestas, que se replican con sus particularidades en otros casos, fueron reforzadas en los días previos a la Navidad por la campaña lanzada por un grupo de 52 familiares de presos acusados por violaciones a los derechos humanos, alojados en Domingo Arena y Guardia Republicana, y también por el proyecto presentado por Cabildo Abierto (CA) para enviar a prisión domiciliaria a mayores de 65 años, que tuvo su respuesta del otro lado y que el jueves 9 se expresó en una manifestación masiva.
Los procesados o condenados por violaciones a los derechos humanos hasta ahora son 54: 22 permanecen detenidos entre la Unidad N° 8 de Piedras Blancas y Guardia Republicana, 14 en prisión domiciliaria y 18 han fallecido. Además, hay varios casos, en etapa final de presumario, que deberán resolverse después de la feria judicial, lo que hace prever una intensificación del choque de relatos.
“Hijos de represores” versus sistema político
“Para nosotros es muy difícil hablar, porque lo primero que le dicen (a una) es que es defensora de genocidas, de violadores de derechos humanos, sin profundizar en los casos particulares. Hay mucha bronca con un montón de gente que hizo cosas mal, que hasta podría llegar a incluir a mi abuelo, si alguno conoce los apellidos, pero todo eso no tiene nada que ver con mi padre”, dijo en una reciente visita a la Comisión de Constitución del Senado, la arquitecta Ruth Ballestrino, hija de un capitán retirado preso en Domingo Arena por la muerte del militante Óscar Fernández Mendieta, del prochino Partido Comunista Revolucionario, ocurrida en mayo de 1973 en el cuartel de caballería de Durazno. La representante del nuevo movimiento es nieta del general Alberto Ballestrino, uno de los que cerró el Palacio Legislativo durante el golpe de Estado de junio de 1973.
Algo parecido sostiene Gustavo Mieres, hijo del coronel retirado y expresidente del Tacuarembó F.C., que llevaba el mismo nombre.
Su caso también es complicado en el plano familiar, pero por otras razones: mientras el padre, igual que Ballestrino, está preso por la muerte en la tortura de Fernández Mendieta, su suegro es un exmilitante tupamaro que se fugó de la cárcel de Punta Carretas en 1971 y que luego estuvo exiliado en Perú.
Aunque los familiares —que el jueves 16 llenaron el salón principal del Ateneo de Montevideo— se declaran apartidarios, en primera fila estaba sentado el presidente de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, casi el único partido que se ocupa de la situación de quienes consideran “prisioneros políticos”, y por lo tanto cuenta con las simpatías del movimiento, que buena parte del resto del espectro político identifica como los “hijos de los represores”.
En la proclama, leída en el Ateneo por el vocero Diego Flores, mientras se proyectaban imágenes con los nombres de los presos, hay fuertes críticas al sistema político, en especial al Frente Amplio, “que desnudó sus intenciones y aprovechando una minoría circunstancial decidió interpretar al pueblo” (en referencia a la Ley 18.831, que restableció la pretensión punitiva del Estado a pesar de los dos plebiscitos, de 1989 y 2009) “y ayer lo hizo con las armas, atentando contra las instituciones y procurando alcanzar el poder con acciones terroristas”.
Otro “Nunca más”
El documento declara que el “compromiso” del movimiento “con aquellas familias que aún no pueden enterrar a sus familiares es el de trabajar para que nunca más nuestro país deba enfrentar el terrorismo”. Y advierten: “En atención a nuestra condición humana, todos hemos querido saber lo que sucedió. Y no se trata de regodearnos en el dolor, sino de tomar nota y asumir el compromiso esencial de trabajar para que nunca más nuestra sociedad deba vivir lo padecido con el terrorismo. Para que nunca más se deba interrumpir el sistema democrático con un golpe de Estado”.
Más adelante, los familiares describen la dictadura y su salida: “Lo que se vivió fue un proceso cívico-militar que terminó con la sublevación terrorista”, seguido de “un proceso de recuperación de la institucionalidad democrática que fue pactado y negociado, sin violencia”.
Sin embargo, concluyen, “lo que estamos viviendo ahora es el atentado contra esos compromisos y sus consecuencias son, entre otras igualmente graves, la persecución de militares, civiles y policías que, por sus actuaciones en los años terribles, hoy son indebidamente procesados”.
Para abonar la idea de que los juicios están fuera de la ley se sumaron los coroneles Eduardo y Luis Pedro Aranco, que integran el grupo Reconciliación Nacional, empeñado en “dar vuelta la página” igual que el Foro Montevideo y la fundación Toda la Verdad, que preside Sergio Molaguero.
“Mirada hemipléjica”
El martes 21, Domenech volvió a la carga en Twitter: “Se homenajeó a Pascasio Báez en Pan de Azúcar. De la política solo acompañaron el intendente de Maldonado y legisladores de Cabildo Abierto. Es lógico, los demás le votan presupuesto al instituto de supuestos derechos humanos, para que ponga placas con una mirada hemipléjica”.
El caso de Báez, al que también hizo referencia el senador Guido Manini Ríos en su programa en Radio Oriental, a diferencia de otros crímenes, fue aclarado: lo mataron los tupamaros en 1972 porque buscando un caballo descubrió la entrada de un búnker subterráneo en la estancia Spartacus. Al caso le dedicó este año una novela del escritor Pablo Vierci, donde recrea el drama que le tocó vivir a este modesto trabajador rural y el conflicto ético de los tupamaros.
Diciembre, como advirtió el senador Domenech, en efecto, estuvo cargado de homenajes a víctimas de la dictadura. Solo en los últimos días hubo dos: el viernes 17, con presencia de la intendenta Carolina Cosse y el subdirector general de secretaría del Ministerio de Defensa, Cipriano Goñi, se descubrió una placa en la puerta del batallón de Comunicaciones 1, donde en 1974 fue muerta la profesora de Literatura y militante comunista Nibia Sabalsagaray, un caso paradigmático a escala judicial que llevó a la cárcel por primera vez a un general en actividad, el fallecido Miguel Dalmao, el primero ascendido por el expresidente Tabaré Vázquez.
El sábado, el intendente de Canelones Yamandú Orsi y el presidente de la organización de ex presos políticos Crysol, Gastón Grisoni, entre otros, hablaron en el acto que cada año se organiza para homenajear a los llamados fusilados de Soca, un caso en el que la justicia no ha logrado avanzar y que habría sido ordenado al más alto nivel y ejecutado por oficiales del Ejército como respuesta a la muerte en París del coronel Ramón Trabal.
Ayer miércoles 22, fue presentada a través de la plataforma Zoom, la reconstrucción virtual, con animación en 3D del Sitio de Memoria 300 Carlos, Infierno Grande, que funcionó en el galpón N° 4 del Servicio de Material y Armamento.
El lunes 27 quedará inaugurado el Sitio de Memoria La Tablada, un viejo hotel donde se negociaba ganado y que entre 1977 y 1983 fue sede del OCOA de la División de Ejército I (Búsqueda N° 2.144). Antes de que el edificio quedara cerrado por un tiempo fue centro clandestino de detención y tortura con 13 desaparecidos, entre ellos, Óscar Tassino, un caso por el cual Uruguay fue condenado el lunes 20 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también incluyó a otro desaparecido, Luis Eduardo González. El fallo también señala “falta de diligencia investigativa” de la muerte violenta de tres jóvenes mujeres en 1974 (Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio), que se conoce como las muchachas de abril, luego de un tiroteo en el que también murieron un policía y un oficial del Ejército.
Alternativas
Eduardo Aranco, conjuez militar de la Suprema Corte, había explicado sus razones para sostener que los procesos actuales a sus camaradas están fuera de la norma. Los dos argumentos centrales son la prescripción de los delitos y la no retroactividad de la ley (Búsqueda N° 2.129).
Aranco discute que se pueda aplicar el principio de que al impedido por justa causa no le corren plazos, incluyendo la dictadura y la vigencia de la ley de caducidad, un principio aceptado por la mayoría de los magistrados. A su vez, no admite que los delitos de lesa humanidad integren el marco jurídico antes de junio de 2002, cuando el Parlamento ratificó el Tratado de Roma, algo más polémico entre los jueces.
“El tema es político y por tanto la solución es política y debe instrumentarse por ley, interpretando de forma clara y definitiva las normas relativas a la prescripción para terminar con la inseguridad jurídica”, explicó entonces el coronel y abogado.
Los políticos, sin embargo, hasta ahora no han dado señales claras de respaldar un cambio en las normas, ni siquiera como propusieron los cabildantes, enviando a prisión domiciliaria a los mayores de 65 años.
Aunque el tema quedó para después de pasada la consulta popular sobre la Ley de Urgente Consideración, algunos legisladores como el senador Raúl Batlle se mostraron contrarios. “El proyecto es un parche; hay que poner un punto final, pero no así”, dijo a Búsqueda.
El comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, recibido por la misma comisión en la que estuvieron los familiares de los presos, elogió el sistema de penas alternativas, pero expresó que él y su equipo tienen opinión contraria al proyecto presentado porque crearía situaciones potencialmente complicadas.
Mientras los presos aguardan en silencio, sus voceros se debaten entre las críticas al presidente Luis Lacalle Pou, que recibió hasta ahora al grupo representado por la escritora Mercedes Vigil pero no a ellos, y la consideración de los esfuerzos que se hacen desde la Torre Ejecutiva.
Por un lado, afirman que son conscientes de las preocupaciones de parte de los socios de la coalición por “contrarrestar el daño” provocado por el Frente Amplio “al copar los puestos realmente importantes en la administración pública, la Justicia, la educación” y, por el otro, afirman que ante el embate del PIT-CNT, “que ahora es el brazo del Partido Comunista”, el gobierno “no está pasando la prueba que la legitimará como una coalición programática en vez de una coalición electoral”.
Entre tanto, fuentes militares reconocieron a Búsqueda que en las fuerzas ha ganado la idea de que los oficiales generales se equivocaron a fines de la década de 1980 cuando no aceptaron una amnistía y que por eso ahora la situación es mucho más difícil.
