NEGOCIACIONES CANDENTES POR CARGOS EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y OTROS PUESTOS JUDICIALES
El tiempo pasará
Mauricio Pérez
7 enero, 2022
La negociación política para cubrir las vacantes en la SCJ y en el TCA y para designar al futuro fiscal de corte parece destinada a un nuevo fracaso. La postura de CA desbarató el acuerdo entre el oficialismo y la oposición, que no tiene apuro, ya que el escenario planteado no le desagrada.
Sede de la Suprema Corte de Justicia
La negociación parecía cerrada. Todos habían cedido en algo. Todos estaban conformes. Ni vencidos ni vencedores. Con esto, el Parlamento recuperaba la iniciativa, y las vacantes en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), máximos tribunales jurisdiccionales del país, volverían a completarse por acuerdo político.
Sin embargo, todas las historias tienen un pero. Cabildo Abierto (CA) anunció su decisión de votar en contra en tanto y en cuanto no se contemple una parte de sus reclamos.
El acuerdo partidario tenía varias aristas: el oficialismo aceptaba nombrar a Rosina Rossi ministra de la SCJ a cambio de que la oposición otorgara sus votos para nombrar a Ángel Cal y Beatriz Venturini ministros del TCA. Con esto, se cumplía la aspiración del Frente Amplio (FA) de nombrar a Rossi ministra de la corte –cuyo nombre fue bloqueado en 2017 por blancos y colorados–, al tiempo que los partidos tradicionales ubicaban dos nombres de su agrado en el tribunal administrativo, que en los próximos meses deberá resolver asuntos claves, como las acciones de nulidad del contrato celebrado entre el Estado y Katoen Natie por la concesión por 60 años del puerto de Montevideo (El Observador, 29-XII-21). Mientras tanto, se mantenía abierta la negociación por el sucesor del exfiscal de corte Jorge Díaz, quien renunció al cargo en julio de 2021.
Sin embargo, los cabildantes anunciaron que no votarían la designación de Rossi si el FA no garantizaba sus votos para el nuevo fiscal de corte, cuyo nombre sería elegido por el oficialismo. También reclamaron impulsar cambios en la gobernanza de la fiscalía, para transformarla en un órgano colegiado. Esta propuesta no es nueva. Fue parte del debate parlamentario durante la consagración de la Fiscalía General de la Nación como un servicio descentralizado y fue impulsada por varios legisladores oficialistas durante la transición. Por esos días, CA, el grueso del Partido Colorado y algunos dirigentes del Partido Nacional (PN) eran partidarios de este cambio. Esta propuesta no contaba, en principio, con la aprobación del presidente de la república (véase «Presionar para cambiar», Brecha, 6-XII-19), Luis Lacalle Pou. Incluso, el diputado colorado Gustavo Zubía presentó un proyecto de ley para cambiar la gobernanza.
La idea cabildante es que la nueva estructura tenga un fiscal de corte y dos vocales abocados a la gestión administrativa de la institución. Con esto, dicen, se salvaría el obstáculo establecido por la Constitución, que describe a la fiscalía como un órgano unipersonal. Esto es rechazado por el FA, que percibe la propuesta como un intento del oficialismo de politizar la fiscalía. «Es un disparate. No existe ninguna fiscalía en todo el mundo que sea un órgano colegiado», dijeron a Brecha fuentes del FA. Debajo de estas diferencias subyace la discordia sobre quién será el futuro fiscal de corte, cuya designación requiere el voto favorable de tres quintos de la Cámara de Senadores. La coalición gobernante tiene 18 senadores, por lo que le falta un voto, que debe negociar con la oposición. Si bien ya se pusieron varios nombres sobre la mesa, todavía no hay ningún atisbo de acuerdo.
A mediados de 2020, cuando la renuncia de Díaz aún era impensada, el PN propuso los nombres de los fiscales Enrique Rodríguez y Mónica Ferrero. Ninguno tuvo el aval del FA. Con el paso del tiempo también se manejó la posibilidad de designar al abogado Mario Spangenberg, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, y a la jueza Graciela Gatti, presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU), pero ninguno de ellos generó la tracción necesaria, pese a ser bien vistos por buena parte del sistema político. En el caso de Gatti, el bloqueo provino de las filas coloradas, que aún recuerdan su firma estampada en el auto de procesamiento del exdictador Juan María Bordaberry. A fines de diciembre surgieron otros nombres. La senadora Lucía Topolansky propuso que el juez Alberto Reyes asumiera la fiscalía (La Diaria, 29-XII-21). Reyes, compañero de Gatti en un tribunal de apelaciones penal (TAP) y expresidente de la AMU, también fue mencionado como posible integrante de la SCJ. La respuesta del oficialismo fue el silencio. En los hechos, fue resistido por las filas cabildantes, que cuestionan sus posicionamientos en materia de derechos humanos. El TAP de primer turno tiene una jurisprudencia firme sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de la dictadura. A su vez, CA también propuso a su candidata: la fiscal de Rosario (Colonia), Sandra Fleitas Villareal.
En este contexto, dada la imposibilidad de adoptar una posición uniforme, la negociación parece empantanada en la interna de la coalición gobernante. En los números fríos, blancos, colorados y frenteamplistas podrían formar una mayoría circunstancial para habilitar la designación de los cargos en la SCJ y el TCA, pero eso podría abrir un nuevo frente dentro de la coalición multicolor, que el gobierno parece no estar dispuesto a soportar. Con esto como telón de fondo, los plazos del acuerdo se acortan. La Constitución establece que las vacantes en la SCJ y el TCA sean llenadas con el voto de dos tercios de la Asamblea General, pero, en caso de no llegarse a un acuerdo, los cargos deben ser ocupados por los ministros más antiguos de los tribunales de apelaciones. En el caso de la SCJ, el plazo vence el 27 de enero.
De no llegarse a un acuerdo, la designación recaerá sobre la jueza Doris Morales, ministra de un tribunal de apelaciones de trabajo, en el que es compañera de Rossi. Es una jueza con posturas progresistas y modernas desde el punto de vista laboral y tuvo «buenos posicionamientos» en materia de derechos humanos, que podrían torcer la postura de la SCJ a favor de la imprescriptibilidad de los crímenes de la dictadura. A su vez, Rossi y Cal terminarían en el TCA y Juan Gómez, que tiene el respaldo de todo el sistema político, se mantendría como fiscal de corte interino. Todo esto cae bien en las filas de la izquierda, por lo que sus incentivos para negociar bajan drásticamente. Más aún cuando se percibe cómo quedaría integrada la SCJ tras la designación de Morales: ninguno de los cinco ministros sería renovado en este período de gobierno. En efecto, de no suceder hechos extraordinarios, la corte que emerja de este proceso permanecerá incambiada por los próximos tres años: María Elena Martínez cesará en setiembre de 2025; Tabaré Sosa, en marzo de 2026; John Pérez, en marzo de 2027, y Bernadette Minvielle, en febrero de 2028. Morales será la última en retirarse, en setiembre de 2029.
