EL OFICIALISMO ARGENTINO SACA A RELUCIR LA RED DE ESPÍAS DE MACRI
Super Mario en la Gestapo
Fabián Kovacic
desde Buenos Aires
14 enero, 2022
Múltiples causas por espionaje ilegal inundan hoy los tribunales bonaerenses. El macrismo parece no haberse privado de sacarle jugo a una vieja tradición argentina.
El expresidente argentino Mauricio Macri en la corte federal de Dolores, provincia de Buenos Aires, el 3 de noviembre de 2021
La historia no es nueva, pero sí lo es el entramado de relaciones, el rompecabezas desplegado en los documentos que hoy están a disposición de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la exfiscal Cristina Camaño. En ellos se expone buena parte de la trama de espionaje desarrollada por el gobierno de Mauricio Macri entre 2015 y 2019.
«Si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría», dijo con enjundia y bronca Marcelo Villegas, la tarde del 15 de junio de 2017, en un salón del Banco Provincia, ubicado a tres cuadras de la Plaza de Mayo. En esos días era ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires gobernada por la macrista María Eugenia Vidal. Lo dijo, de forma confidencial, ante otras 13 personas: un intendente, un senador provincial, empresarios, funcionarios de la justicia provincial y agentes de los servicios de inteligencia nacionales. Acto seguido, Villegas pasó a detallar su estrategia, coordinada, según él, con el Poder Judicial y con el aval de «Nación y provincia» para enjuiciar a diferentes sindicalistas de la construcción y la educación.
Todo quedó grabado en un video alojado en el disco rígido de una de las tantas computadoras que revisa Camaño. La funcionaria lo encontró en la última semana de diciembre y de inmediato lo denunció ante el juzgado federal de La Plata.
CLOACAS DE LOS SERVICIOS
Apenas asumió, el 19 de diciembre de 2019, Camaño supo que tenía un arduo desafío por delante. El presidente Alberto Fernández le había encomendado «limpiar los sótanos de la democracia», que desde los días de la dictadura militar venían siendo usados para la persecución de opositores políticos. Desde ese momento Camaño no ha parado de encontrar piezas de un rompecabezas montado desde el Estado nacional y con ramificaciones en la gobernación bonaerense durante la gestión de Vidal.
En junio de 2020, apareció en la pantalla judicial la banda de Super Mario Bros., un grupo integrado por 18 miembros de la AFI. El nombre sería obra de su fundador, Diego Dalmau Pereyra, exjefe de Contrainteligencia durante el gobierno de Macri, según consta en los documentos a estudio de la Justicia. La investigación fue iniciada por el juez federal Federico Villena a partir de una denuncia de Camaño. La banda está acusada de espionaje ilegal a la expresidenta Cristina Fernández, al think tank kirchnerista Instituto Patria y a periodistas, sindicalistas y líderes de la iglesia, con base en archivos encontrados en las oficinas de la AFI.
Poco tiempo después fueron encontrados en esa repartición estatal documentos que probaban el seguimiento y el espionaje a los familiares de los 44 marinos muertos en el submarino San Juan de la Armada argentina. La causa recayó entonces en el juez Martín Bava, de la localidad de Azul. En diciembre, Bava procesó por espionaje ilegal al expresidente Macri y a la plana mayor de la AFI durante su mandato: el jefe de inteligencia Gustavo Arribas y su vice, Silvia Majdalani. Arribas y Majdalani habían sido también imputados en la causa de Super Mario Bros., pero la Cámara Federal había ordenado finalmente revocar sus procesamientos. El órgano de casación consideró que los espías con nombre de videojuego eran agentes «cuentapropistas» y «sin vinculaciones con el gobierno nacional».
Lo cierto es que Bava tomó la causa del Ara San Juan por encontrarse vacante el juzgado federal de Dolores tras la salida de su titular, Alejo Ramos Padilla. Se trata del magistrado que entre 2017 y 2019 investigara la red de espionaje y extorsiones de funcionarios políticos y judiciales contra exmiembros de los gobiernos kirchneristas detenidos en la llamada «causa de los cuadernos». Por el proceso a la red terminó preso el falso abogado Marcelo D’Alessio, hombre cercano al fiscal de la causa de los cuadernos –Carlos Stornelli, quien se declaró en rebeldía y se negó a declarar ante Ramos Padilla– y a la exministra de Seguridad de Macri, Patricia Bullrich.
EN EL CONGRESO Y EN LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO
La abundancia de información sobre espionaje ventilada en los tribunales motivó, a partir de julio de 2020, la intervención de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, encabezada por el diputado oficialista Leopoldo Moreau. «Cuando Iniciamos nuestro trabajo, en abril de 2020, a partir de las investigaciones del juez Ramos Padilla, determinamos que hubo 307 personas investigadas ilegalmente por los servicios de inteligencia y más de 300 organizaciones sociales, sindicales y políticas espiadas», comenta Moreau a Brecha.
«Estamos seguros de que la Gestapo de Vidal se ensambla con otros casos de persecución y espionaje ilegal a ciudadanos para amedrentarlos», afirma el diputado peronista, para quien «los imputados van a tratar por todos los medios de que las causas que hoy están en Lomas de Zamora y La Plata pasen a los tribunales de Comodoro Py, en la capital, porque allí tienen amigos, como el fiscal Stornelli».
La semana pasada la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) presentó un informe ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, en el que denuncia a la «Gestapo antisindical» del ministro Villegas. «La Gestapo diezmó a los sindicatos de Alemania, Italia y Francia durante los años del nazismo y eso está en la memoria del movimiento sindical europeo y mundial. Por eso nos parece importante denunciar este hecho ocurrido en Argentina y bajo un gobierno elegido por los ciudadanos», dice a Brecha Hugo Yasky, secretario general de la CTA y también legislador oficialista.
La exgobernadora Vidal –actual diputada nacional de la oposición macrista– fue imputada ahora por la persecución a dirigentes sindicales. Y desde las dirigencias de la CTA y la Central General de Trabajadores anunciaron que pedirán el juicio político al procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, mencionado por Villegas como uno de los garantes de la persecución a dirigentes gremiales.
CRONOLOGÍA DEL ESPIONAJE ARGENTINO
Los primeros servicios de inteligencia civiles de Argentina fueron establecidos por el gobierno de Juan Perón en 1948 y perfeccionados por la dictadura antiperonista del general Pedro Aramburu a partir de 1955.
Más tarde, con el golpe militar del 24 de marzo de 1976, todo el sistema nacional de inteligencia pasó a depender de las autoridades militares. Desde ese momento, los servicios adoptaron una lógica castrense que permaneció hasta bien entrado el gobierno democrático de Raúl Alfonsín (1983-1989). Bajo el alfonsinismo incluso se mantuvieron activos varios de los agentes secretos de la dictadura militar, pese a las tibias purgas intentadas por el presidente radical. Además, a partir de ese período las distintas reparticiones de espías comenzaron a actuar con una autonomía cada vez más descarada con respecto al poder político, más socias que subordinadas de los gobiernos de turno.
Una nueva primavera esperaba a los servicios durante los años de Carlos Menem. La mano oscura de la inteligencia enturbió las causas judiciales de los atentados a la embajada de Israel de 1992 –nunca esclarecidos– y de la Asociación Mutual Israelita Argentina en 1994 –ídem–, cuyas secuelas siguen deambulando por los tribunales porteños y pusieron en el banquillo a una multitud de agentes y contraagentes. Menem sería luego denunciado por espionaje ilegal de organizaciones populares entre 1994 y 1998, con el surgimiento del movimiento de desocupados y piqueteros.
El breve período de la Alianza, encabezado por el presidente Fernando de la Rúa, vio destaparse el escándalo de los fondos reservados, cuantiosas sumas pagadas desde la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para coimear a legisladores y sancionar la reforma laboral. El caso terminó en la Justicia y motorizó la sanción de la Ley Nacional de Inteligencia en diciembre de 2001, a pocos días de la caída del gobierno.
Pese a esa norma, el general César Milani, jefe del Ejército, fue acusado en 2013 de montar una red de espionaje ilegal paralela a los servicios de inteligencia oficiales y a favor de la entonces presidenta Cristina Fernández. Milani debió renunciar, pero la estructura quedó en pie, según la denuncia que presentó en su momento la abogada Myriam Bregman, hoy diputada del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Otros escándalos de alto vuelo tendrían como protagonistas o actores de reparto a los espías, entre ellos la misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman.
En 2015, antes de dejar el gobierno, Cristina Fernández ordenó finalmente desarticular la septuagenaria y problemática SIDE para crear la Agencia Federal de Inteligencia, organismo que centraliza el sistema nacional de inteligencia argentino. El macrismo haría luego uso y abuso de la herramienta, según puede presumirse de las múltiples denuncias que estudian hoy los tribunales.
