Esta es una de las peores Cortes que ha tenido nuestra Patria”
Marcha del 1F: El apoyo de
organismos de derechos humanos
Por Ailín Bullentini
1 de febrero de 2022 –
Hebe de Bonafini y Taty Almeida, dos de las convocantes.
“Nuestra insistencia de cambiar este Poder Judicial es porque hasta ahora solo impartió injusticia”, sentenció Taty Almeida, Madre de Plaza de Mayo de la Línea Fundadora. Como ella, varios referentes de los organismos de derechos humanos de la mesa nacional fundamentaron su decisión de sumarse agrupaciones políticas, sociales y culturales en la marcha por la reforma judicial que se llevará a cabo el martes 1° de febrero en la Ciudad de Buenos Aires, y en distintas ciudades del país. “El 1 de febrero todos a la marcha, porque es una marcha muy necesaria. No es en contra de, es para mejorar en algo a la Corte Suprema”, había manifestado Hebe de Bonafini. La titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo fue una de las primeras en lanzar la convocatoria, y se reunió con Pablo Moyano para impulsar la convocatoria.
Para Almeida, “es necesario cambiar este Poder Judicial y esta Corte Suprema que solo ejerce justicia para los criminales de la dictadura, para los que destruyeron al país durante el macrismo, para sus amigos en el poder”. La Madre integrante de la Línea Fundadora señaló que “los jueces fueron uno de los sectores que más resistieron al reclamo por memoria y justicia para nuestros 30 mil, ellos están muy conformes con lo que hicieron y hacen, o mejor dicho con lo que no hicieron y no hacen”.
El viernes pasado, a través de un comunicado, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas, H.I.J.O.S., las dos ramas de la APDH (Nacional y La Matanza), la Comisión Memoria-Verdad-Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos se expresaron en el sentido que resumió Almeida. Si bien no todos participarán activamente de las movilizaciones –la Covid-19 los obliga a mantener cuidados extremos a muches de elles–, habrá referentes de esas agrupaciones en las calles mañana.
“Pedimos la renuncia de esta Corte, y su ampliación, como un modo de democratizarla y de atender a las diferentes perspectivas que reclamamos”, apuntó Graciela Lois, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas, en referencia a las perspectivas de género y de derechos humanos que los organismos exigen incorporar no sólo en el cuerpo supremo, sino en todo el Poder Judicial desde su formación.
Para Mabel Careaga, de Familiares y Amigos de los 12 de la Santa Cruz, la actual Corte, así integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, “es una de las peores Cortes que ha tenido nuestra Patria”. “Es una Corte que viola los derechos humanos en forma permanente y cotidiana”, puntualizó. “La Corte está para impartir Justicia y eso es lo que exigimos. Una corte transformada, que deje de responder a las clases dominantes y empiece a responder al pueblo. Hoy es sinónimo de impunidad, es parte del armado que atenta contra los intereses del pueblo, no es justicia”, consideró Adriana Taboada, de Comisión Memoria, Verdad y Justicia – Zona Norte.
El rol del Poder Judicial durante el terrorismo de Estado es uno de los ejes de las críticas de los organismos al que se le suma su reclamo por una reforma para “democratizar la Justicia”. En ese sentido, opinó Taboada: “Todos sabemos que el golpe del Estado del 76 y el genocidio tuvieron en el Poder Judicial una herramienta que consintió, permitió, sostuvo la desaparición, la tortura, el dolor”.
Otro punto que resaltan es la demora que experimenta el avance de las causas por delitos de lesa humanidad. Las críticas de los organismos de Derechos Humanos apuntan a la Corte Suprema y a la Cámara de Casación. No olvidan, además, que el máximo tribunal cuya renuncia reclaman es el que intentó beneficiar a represores con el 2X1, “que fue rechazado por la inmensa mayoría del pueblo argentino”, recordó Careaga.
Así, con ese comportamiento, “la posibilidad de justicia se pierde, los genocidas se mueren o ya no pueden llegar a juicio, como pasó con Blaquier”, sostuvo Taboada en relación a la imposibilidad por cuestiones de salud de salud que atraviesa Carlos Pedro Blaquier, el dueño de Ingenio Ledesma, de ser juzgado por secuestros, torturas y desapariciones en Jujuy. La causa que debía llevarlo a juicio demoró casi diez años en quedar a un paso de esa instancia, que hoy parece perdida. “El Poder Judicial tiene para nosotros las manos llenas de sangre”, concluyó.
El vínculo entre “lo más poderoso del Poder Judicial” y los crímenes de lesa humanidad no son sólo las cuestiones en las que los organismos de derechos humanos piensan a la hora de exigir su “democratización”. “Marchamos para gritar bien fuerte que se termine la manipulación del sistema de justicia que ejerce la Corte Suprema”, definió José Schulman, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, que centró sus críticas al máximo tribunal como “el puntal para las políticas de ajuste y represión y de entrega de nuestras riquezas de la banda de los Macri, las Vidal, las Bullrich y los Ceos de las empresas que nos gobernaron y nos saquearon entre 2015 y 2019”.
En esa línea Schulman marcó que la Corte “es la que amparó al juez (Claudio) Bonadío y las causas fraudulentas con falsos testigos y pruebas plantadas por los espías de la AFI, que terminó encerrando a más de 40 compañeros como presos políticos, que se fija el sueldo, que no paga impuestos, que se caga en la Ley Micaela”.
La detención de Milagro Sala, que este mes cumplió 6 años de encierro en Jujuy, figura entre los ejemplos destacados de prisioneros políticos que los referentes de derechos humanos recordaron. “Necesitamos una profunda democratización de la justicia, única forma de garantizar la construcción de una sociedad más igualitaria”, concluyó Careaga, en consonancia con sus compañeres de lucha.
El reclamo de reforma judicial tomó las calles, con réplicas en todo el país
1 F: Multitudinaria marcha por la
democratización de la Justicia
En las principales ciudades hubo movilizaciones “por un poder judicial democrático y plural”, con pedidos de cambios en la Corte. En CABA la convocatoria fue masiva y el juez Juan Ramos Padilla fue el principal orador.
Por Karina Micheletto
2 de febrero de 2022 –
Los carteles caseros sintetizaron consignas varias, también con obras plásticas.
“¡Ahora, ya, reforma judicial!”. “¡Se va a acabar, se va a acabar, la dictadura judicial!”. Los cantitos que resonaron el martes por la tarde alrededor de Plaza Lavalle sintetizaron con eficacia, como suele ocurrir con las expresiones populares, lo que allí se había ido a decir y a reclamar. “Un poder judicial democrático, plural, amplio, accesible, diverso y con paridad de género”, se escuchó pedir sobre el final, en el documento de cierre que leyeron las actrices Luisa Kuliok y Cristina Banegas. “A ustedes, Supremos, Cortesanos, Excelencias, como prefieran que los llamemos, les decimos: se tienen que ir hoy. Van a quedar en la historia como la peor Corte que hubo, la que más delitos cometió”, graficó un rato antes en su estilo llano –y muy celebrado– el juez Juan María Ramos Padilla, único orador y uno de los principales impulsores del acto.
Fue una movilización masiva, cuya dimensión –la plaza Lavalle y las calles adyacentes lucieron llenas de columnas y de “gente suelta”– sorprendió incluso a las organizaciones políticas, gremiales, sociales y de derechos humanos convocantes, y dejó fuera de escala al sonido y al pequeño escenario que se había montado.
Lo mismo podría evaluarse (que estuvo fuera de escala) sobre el desproporcionado despliegue que exhibió de la Policía de la Ciudad, que a lo largo de toda la calle Corrientes recibió a los muchos y muchas que llegaban a la marcha en el subte B con carros y largas filas de uniformados, y que valló las calles Lavalle y Talcahuano desde Uruguay, protegiendo al “Palacio” y al mismo tiempo obligando a dar un largo rodeo a los manifestantes.
Las demandas
La convocatoria aglutinó una cantidad de demandas urgentes, de las grandes y estructurales –los ejemplos de Lawfare, la Gestapo antisindical, la noticia del día sobre las causas de espionaje ilegal a familiares del ARA San Juan que involucran al expresidente Macri y que pasan a Comodoro Py, la condición de presa política de Milagro Sala, entre una larga lista de reclamos–. Y también las pequeños e individuales, expresadas en carteles hechos a mano por familiares de víctimas de femicidios, homicidios, casos sin resolver por años, víctimas que pasan a ser un número de expediente abierto, conmovedores botones de muestra de todas esas veces en que la justicia falla, falta, está en deuda.
La marcha se replicó en otras ciudades del país, también con convocatorias destacables en Rosario, Santa Fe, San Salvador de Jujuy, Corrientes, Resistencia, Paraná, Córdoba, Santa Rosa, Viedma, Neuquén, Bariloche, Bahía Blanca, Mar del Plata. Y en todos los casos, con un espíritu de puntapié inicial para el reclamo alrededor de la tan declamada y no iniciada reforma de la justicia.
“Hoy empezamos una nueva historia para el Poder Judicial. Esto no es una simple reforma”, advirtió Ramos Padilla. “Un grupo de nosotros se ha comprometido a seguir y seguir, no solo acá, en todo el país. Ahora vamos por el sistema judicial. Es hora de una justicia que nos trate de verdad por igual, a la mujer, al pobre, al morocho, al jubilado”, expresó quien se define como “ciudadano que trabaja de juez”.
En el documento consensuado, los organizadores llamaron a la multitud a declararse “en estado de alerta y movilización permanente” y celebraron: “Ganamos las calles porque es nuestro derecho a que nos escuchen”.
Las presencias
La Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, los dirigentes sindicales Roberto Baradel, Daniel Catalano, Omar Plaini, Pablo y Facundo Moyano, el diputado y secretario general de la CTA Hugo Yasky, el dirigente social Luis D’Elía, la directora de Asuntos Jurídicos del Senado Graciana Peñafort, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, el exvicepresidente Amado Boudou, Sergio Maldonado, hermano de Santiago, fueron algunos de los presentes.
Sobresalieron columnas de la CTA, H.I.J.O.S. Capital y La Plata, Asociación Detenidos de Campo de Mayo, entre muchas agrupaciones políticas y sociales. La de Historias Desobedientes –agrupación formada por hijos, hijas y familiares de genocidas que reclaman juicio y castigo para los crímenes cometidos por sus padres– fue aplaudida al hacer su ingreso a la plaza Lavalle. Las adhesiones y apoyos abarcaron a la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, que se sumaron a la convocatoria.
Los antecedentes
La marcha contra el 2 x 1 del año 2017 apareció como antecedente, tanto de la importancia de la movilización popular como de las decisiones que ha tomado esta corte, así conformada. “La fuerza popular que llenó las plazas del país con pañuelos blancos y dijo No al 2×1 para genocidas logró que la Corte cambie su criterio. Seguramente, no por modificar su opinión, sino porque la condena social fue inmensa. Pero (Carlos) Rosenkrantz siguió defendiendo su voto por el 2×1”, recordaron desde H.I.J.O.S. Capital.
También se recordaron las marchas post 2001, como mencionaron en el documento: “Veinte años atrás, un grupo de compañeres iniciaba una serie de demandas contra una Corte Suprema antipopular, reaccionaria y manifiestamente subordinada a la voluntad de los poderes fácticos. Aquella gesta encontró luego la determinación política que terminó con el desplazamiento de los miembros de ese tribunal nefasto. Veinte años después se repite la historia, con un tribunal sin legitimidad alguna, concentrando el mayor descrédito del que se tenga memoria”, calificaron.
Y concluyeron: “Salimos a la calle porque esta Corte también se tiene que ir”.
