El Uruguay Macartista y neoliberal
POR ENRIQUE ORTEGA SALINAS
31 ENERO, 2022
Cuando los pequeños detalles se acumulan, dejan de ser detalles. El macartismo de los neoherreristas está mostrando levemente las uñas; pero varias señales indican que las principales figuras de la coalición gobernante aguardan ansiosos el momento de poder mostrar las garras en su totalidad. El macartismo es un término que se aplica a un gobierno cuando acusa de comunista, subversivo o traidor a la patria a cualquier opositor y se toman medidas en su contra sin que medie un proceso legal justo. Actualmente, el término se extiende a las prácticas de un gobierno cuando persigue a sus opositores o no respeta los derechos civiles en nombre de la seguridad nacional. Condimentado con una paranoia extrema, esta práctica se desarrolló plenamente en Uruguay entre 1973 y 1985, con la dictadura blanqui-colorada-militar, y en todas las dictaduras de América Latina apadrinadas por la potencia del norte. El término nació en Estados Unidos cuando entre 1950 y 1956 el senador Joseph McCarthy (1908-1957) promovió una cadena de acusaciones contra múltiples personas por ser, supuestamente, comunistas. Se trató de una verdadera caza de brujas con persecuciones, procesos, denuncias e interrogatorios absolutamente irregulares.
Señales
Figuras de primera línea de la coalición derechista están aumentando de manera progresiva sus ataques al Poder Judicial, y no solo hablamos de la senadora Graciela Bianchi, pero ella ha señalado que este poder está infiltrado y esa es “la causa por la cual no van en cana más frenteamplistas”. A sus delirantes acusaciones se suman los permanentes ataques de Cabildo Abierto a jueces y fiscales. El partido militar no cesa de considerar injustas las condenas contra sus camaradas, responsables de múltiples violaciones de los derechos humanos. La visita que el senador Guido Manini Ríos realizó a fin de año a los represores presos en Domingo Arena fue un mensaje más que claro. Aunando esfuerzos con la senadora Graciela Bianchi y la escritora ultraderechista Mercedes Vigil, buscan que estos criminales cumplan su condena en la comodidad de sus domicilios. Hábilmente, la coalición postergó el tratamiento del proyecto respectivo para después del 27 de marzo. Muchas cosas nefastas sucederán si los 135 artículos cuestionados no caen. Lo primero será el aumento de las tarifas. El gobierno contraviene las disposiciones de la misma LUC sobre el aumento de los combustibles porque sabe que si aplica la LUC, pierde el referéndum; pero si gana, se sentirá legitimado para aumentar la represión policial, el antisindicalismo y el neoliberalismo en su versión más cruda. Las indagaciones de la senadora Bianchi contra la docente que se atrevió a increpar al presidente es macartismo puro. Los nuevos planes de estudio de los institutos militares (tal como lo ha denunciado el historiador Aldo Marchesi a La Diaria) se centran en la historia de los movimientos subversivos y adolecen de ausencia de análisis crítico sobre el denominado proceso cívico-militar y las violaciones de derechos humanos durante la dictadura. No es casual. El poder continúa formando militares de derecha, por si llega a necesitarlos.
Palos en la rueda
Y las señales se multiplican, por aquí y por allá.
La Secretaría Nacional de Deportes, que depende directamente de la Presidencia de la República, presionó para abortar el intento de usar, en el 5° Tour Femenino de Ciclismo, una camiseta rosada con la leyenda “Viva la educación pública”. Los partidarios del SÍ estaban negociando para usarlas también en otros eventos como Rutas de América y Vuelta de la Juventud; pero el secretario de Deportes, Sebastián Bauzá, se comunicó con el responsable del evento y puso punto final al intento. Ante la posibilidad cierta de perder toda clase de apoyo de la secretaría mencionada, el receptor de la llamada optó por someterse a un poder superior. Bauzá es el mismo que poco tiempo atrás publicó una camiseta de la selección de fútbol propagandeando el NO. Paralelamente, el director del Área de Programas Especiales de la misma SND, Alejandro Sagasti, publicó un tuit dirigido a Fenapes (organización que iba a financiar las camisetas) señalando que aquello era “hacer política con el deporte” y con “dineros públicos”. Bueno, al parecer Sagasti ignora que el dinero de Fenapes no es público, y también debe ignorar que usando dineros que sí son públicos varias intendencias y el mismo secretario de la Presidencia Álvaro Delgado están realizando movidas por el NO desesperadamente. Una presión del mismo tenor se dio en Young, donde el MEC decidió retirar un centro educativo de capacitación y producción (Cecap) de un local de AEBU. El centro atendía allí a jóvenes entre 15 y 20 años. La decisión de dar fin al convenio tuvo por excusa una pancarta por el SÍ que el sindicato colocó en una de las ventanas, en supuesta violación de la laicidad; pero lo cierto es que dicha pancarta no estaba en la parte asignada al Cepac, sino al sindicato. Al retirarse, el Estado les deja un clavo importante de deudas impagas. Los blancos usan el dinero público para presionar y castigar a los disidentes. Caras & Caretas, por ejemplo, tuvo que ir a juicio para intentar que el gobierno le pague por avisos contratados y publicados en 2019. Tuvo más suerte el publicista Fernando Cristino tras las amenazas mutuas entre él y la vicepresidente Beatriz Argimón.
Cancha flechada
El concepto de laicidad y el celo por la imparcialidad de este gobierno es bastante sesgado. Quiere las cabezas de los 14 profesores que se fotografiaron manifestando su oposición a la campaña “Vivir sin miedo” en 2019, pero no tiene la misma dureza con la ministra de la Corte Electoral Ana Lía Piñeyrúa, que en 2021 insultó a quienes pretenden derogar parte de la LUC, ni con el director nacional de Policía, que homenajeó al represor Víctor Castiglioni, ni con el director del penal de Domingo Arena, que en diciembre homenajeó a los represores allí recluidos, atacando al Poder Judicial y violándose, en los tres casos, la Constitución de la República. Tampoco le preocupó que a un operativo policial se le denominara el Guapo, en clara exaltación de la figura de un político, lo cual también es inconstitucional. La derecha gobernante le exige al Pit-Cnt tener personería jurídica; pero le dio sin problemas 65 millones de pesos a la fundación Uruguay Adelante cuando no contaba con personería jurídica y tenía personal trabajando en negro. Tienen el descaro de exigir a los sindicatos dicho requisito muy poco después de que aprobaron la Ley Gandini, que los autoriza a robarse el sobrante de los viáticos cuando regresan de sus viajes. Aparte de atacar a los sindicatos y a la Justicia, la derecha arremete contra el Instituto Nacional de Derechos Humanos, mientras que una figura relevante de la coalición, como lo es el diputado Gustavo Zubía, predica en contra de la obligación del Estado de rehabilitar delincuentes. El fallecido exministro del Interior Jorge Larrañaga llegó a decir que ya no atendería las sugerencias del mencionado instituto. Así las cosas, 2021 cerró con un récord histórico de muertes en las cárceles. A los derechistas les importa poco. Los herreristas son los republicanos yanquis en versión criolla. Apoyan el gatillo fácil y creen que todo se arregla con palo, calabozo y bala. Condenan violaciones y supuestas violaciones a los derechos humanos en países de izquierda; pero hacen la vista gorda cuando los regímenes que los violan son de derecha o potencias con las que tienen intereses económicos. Hablan de Cuba; pero callan sobre China. Hablan de Venezuela; pero callan sobre Colombia. Últimamente están atacando por todos los medios a las murgas, retirándoles apoyo económico y logístico. Si las murgas fueran de derecha, otra sería la actitud del oficialismo. El diario El País, vocero de la más rancia oligarquía, también aporta lo suyo condenándolas. La motosierra continúa a full talando derechos. Eliminan, mediante la LUC, la representación docente y dejan las decisiones sobre educación en manos de un político. Bajan salarios y suben tarifas, a contrapelo de sus promesas electorales. Gastan fortunas en naves aéreas y marítimas mientras recortan el presupuesto destinado a viviendas. Prometieron construir 130 liceos y 60.000 viviendas. Que alguien me indique dónde están. Prometieron erradicar los asentamientos y a dos años de gobierno, ahí están. Fueron hábiles para decir a la gente todo lo que la gente quería oír y sin rubor prometieron puentes donde no había ríos. Y les creyeron. Lo que no recortan son los privilegios de la clase gobernante. Para eso sí sobra el dinero.
Primero los amigos
Restringen el acceso a la libertad de información y a los expedientes de negocios cuestionables se les pone el rótulo de reservado o confidencial. Tienen para la risa al Tribunal de Cuentas y así será hasta que logremos una reforma constitucional que le dé poder real a dicho organismo para frenar negocios turbios. Cuando eso se logre, desaparecerá la fundación ‘A Ganar’. Premian a sus amigos con contrataciones para realizar auditorías contra el anterior gobierno y han sido capaces de pagar casi 14.500 dólares por cada caseta de salvavidas en Maldonado, varias de las cuales fueron barridas por el primer viento fuerte de este verano. En Rocha, la Intendencia dejará sin trabajo a 50 familias y traspasará sus tareas a la Fundación ‘A Ganar’. Las perjudicadas son cooperativas sociales integradas mayoritariamente por mujeres que tienen una familia a cargo y realizan tareas de mantenimiento de espacios públicos, corte de césped, recolección de basura y barridos. Mientras tanto, continúan los dedazos y el acomodo. En mayo de 2021 Brecha difundió mensajes intercambiados entre las cabildantes Irene Moreira (titular del MVOT) y Silvana Romero (titular de la Ursea), en los que la ministra pregunta si pudo colocar a alguien de Cabildo Abierto y se le responde que sí. La beneficiaria mencionada es María de los Ángeles Pereda, esposa del diputado Martín Sodano, del partido militarista. El 4 de noviembre el Congreso de Intendentes resolvió contratar al escribano Bruno Lombardo Bianchi, hijo de la senadora Graciela Bianchi. El 14 de enero el presidente Luis Lacalle Pou puso al frente de la Dirección de Zonas Francas a Ana Violeta Alfie, hermana de Isaac Alfie. Les facilitan las cosas a quienes desean lavar dinero elevando a 100.000 dólares la cantidad que puede moverse en efectivo. No les gustaba la Ley de Inclusión Financiera, que entorpecía las actividades del narcotráfico. Qué casualidad, no hay noticias, desde que instrumentaron el cambio, de condenas por lavado de activos. Dicen que están con el campo; pero deberían sincerarse y aclarar que solo con los grandes hacendados, porque si por ellos fuera, jamás se hubiera aprobado la ley de 8 horas para el peón rural. Repudian el auxilio a los más débiles y llaman “paternalista” al Estado solidario; pero son los primeros en reclamar ayuda frente a inundaciones, pandemias y diversos obstáculos a su crecimiento. Se dicen cristianos, se hacen ver en misas y templos; pero su único dios es el dinero. Cristianismo es sinónimo de solidaridad y antónimo de neoliberalismo y neoliberalismo es sinónimo de herrerismo y antónimo de solidaridad. Para evitar que el pueblo estalle, los medios afines al poder apuestan a ensalzar al presidente para que la mayoría continúe enamorada de él. Hay cámaras cuando pasea con su esposa, hay cámaras cuando abraza a una anciana, hay cámaras cuando compra verduras, cuando hace surf, cuando sube una escalera, cuando abraza niños en el Congo, cuando cruza un alambrado, cuando domina una pelota y todo lo que indique el manual duranbarbista. Es el peor presidente de las últimas décadas; pero el mejor actor de todos los tiempos.
