Delitos de lesa humanidad durante la dictadura
Seis represores quedaron a
un paso de ser juzgados por
secuestros y torturas
1 de marzo de 2022 –
Antonio Bossie (en el centro) ya fue juzgado por crímenes de lesa humanidad. En la imagen, junto a los represores Manuel Saint Amant y Jorge Muñoz..
Seis represores acusados de cometer crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura quedaron a un paso de enfrentar un juicio oral. El fiscal federal Matías Di Lello le solicitó al juez Carlos Villafuerte Ruzo la elevación del proceso que investiga delitos perpetrados en jurisdicción del Área Militar 132, cuya conducción estaba a cargo del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás. Los imputados son cuatro militares y dos policías retirados: el coronel Antonio Federico Bossie, los tenientes coroneles Guillermo Aníbal Piccione y Omar Andrada, el subteniente Carlos Manuel Biglieri, el oficial inspector Carlos Alberto Tuero y el comisario Juan Calixto Perizzotti. Están acusados de secuestros y torturas en perjuicio de 15 personas, militantes políticos y sindicales.
“Todos los ilícitos investigados constituyen graves violaciones a los derechos humanos, y como tales merecen ser considerados como crímenes de lesa humanidad, perpetrados en cumplimiento del plan sistemático de represión y exterminio instrumentado durante la última dictadura cívico militar”, resaltó Di Lello, fiscal de San Nicolás.
En su requerimiento, la fiscalía explicó que las detenciones ocurrieron en 1976 en distintas localidades correspondientes a la circunscripción del Área Militar 132. Algunas de las víctimas eran afiliados de la Unión Obrera Metalúrgica e integrantes de la agrupación sindical Felipe Vallese. Otros eran militantes de la Juventud Peronista y de Montoneros. Tras ser secuestrados, fueron mantenidos en cautiverio y torturados dentro de la comisaría 1ª de San Nicolás. También sufrieron robos en los allanamientos ilegales a sus domicilios.
El fiscal recordó el fallo de Cámara Federal de Apelaciones de Rosario que confirmó los procesamientos de Bossie, Andrada, Perizzotti y Tuero y revocó las faltas de mérito de Piccione y Bigliero. Allí se señaló que hacia 1974 empezó en Villa Constitución, San Nicolás y alrededores “un proceso de lucha de los trabajadores metalúrgicos contra la burocracia sindical de la UOM a través de huelgas, paros y tomas de fábricas”. Por eso “comenzó la persecución por parte del Ejército y de la policía”. Las víctimas trabajaban y militaban en el cordón industrial entonces conformado por Acindar, Luci, Somisa, Metcon, Marathon, y otras firmas.
El coronel retirado Bossie fue trasladado en diciembre de 1973 al Batallón de Ingenieros de Combate de San Nicolás y ocupaba el grado de capitán y cumplía funciones como Oficial de Operaciones e Inteligencia hasta diciembre de 1976, cuando fue trasladado a CABA. Para el fiscal, al ejercer un alto mando dentro del Área Militar 132, era quien impartía las órdenes para que luego sus subalternos las ejecutasen.
Con respecto al teniente coronel retirado Piccione, para la época de los hechos poseía el grado de capitán y ejercía los cargos de oficial de Logística y oficial de Personal, al mismo tiempo que integraba la plana mayor del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás. Según la acusación, al ser jefe de Personal y Logística estaban bajo su responsabilidad “todos los detenidos que se capturaran y la disposición de los medios humanos y materiales (personal a disponer, armamentos, municiones, vehículos, combustible) con los que se efectivizaban los operativos”.
El teniente coronel retirado Andrada fue designado en ese puesto desde el 1º de enero de 1976 y fue reconocido por otras víctimas en las diversas causas tramitadas en la jurisdicción de San Nicolás. Con respecto al subteniente Carlos Manuel Biglieri, para 1976 se desempeñaba como jefe de la Sección para Operaciones Subversivas del Batallón de Ingenieros de Combate 101 y del Área Militar 132. Por su lado, el oficial inspector Tuero estaba a cargo de la Comisaría 1ª de la policía bonaerense, a donde fueron trasladadas casi todas las víctimas luego de ser secuestradas. Finalmente, el comisario de la Policía de Santa Fe Perizzotti estuvo a cargo de la Oficina de Coordinación dependiente del área 212 y de la Jefatura de la Guardia de Infantería Reforzada de la Unidad Regional I desde enero de 1977 hasta noviembre de 1983
