Uruguay se ubicó entre los 14
países con mayor tasa de presos
del mundo y se presentará ante
el Comité Contra la Tortura de la ONU
Nº 2168 – 31 de Marzo al 6 de Abril de 2022
Una delegación del gobierno uruguayo ultima detalles para su comparecencia ante el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas (ONU), que se reunirá del 19 de abril al 13 de mayo en su 73er período de sesiones.
Cancillería coordina la asistencia de representantes del Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo Social, la Fiscalía General de la Nación y el Poder Judicial, entre otros organismos, para responder a las preguntas que les haga el comité y aclarar lo necesario respecto a los informes que Uruguay ha presentado desde 2018.
El comité (conocido como CAT por sus siglas en inglés) es un órgano con sede en Ginebra compuesto por expertos independientes que supervisan la aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Cada cuatro años, los países miembros de ONU deben enviarle informes periódicos sobre la forma en que aplican los derechos amparados por la convención. Este año el CAT examinará los informes remitidos por Uruguay, Cuba, Irak, Islandia, Kenia y Montenegro, y posteriormente remitirá a cada Estado sus observaciones finales.
La calidad del sistema penitenciario es uno de los puntos estudiados por el CAT, que busca garantizar que todo prisionero tenga las salvaguardias legales fundamentales. El análisis de Uruguay se dará en un contexto particular respecto a la cantidad de personas privadas de libertad que hay en el país.
Uruguay se encuentra en la posición 14 a nivel mundial en índice de prisionización, entre 223 naciones. Se trata de su máximo histórico: es la primera vez que se ubica en esa posición tan alta. Con 13.835 presos al cierre de 2021, el país continúa en ascenso en un estudio medido por World Prison Brief, una base de datos en línea que brinda acceso gratuito a información sobre los sistemas penitenciarios de todo el mundo y está alojada en el Instituto para la Investigación de Políticas de Justicia y Crimen de Birkbeck College, Universidad de Londres.
En el primer lugar se encuentra Estados Unidos con 629 presos cada 100.000 habitantes. Según World Prison Brief, Uruguay tiene 383 reclusos por cada 100.000 habitantes, aunque el reciente informe anual de Amnistía Internacional ubica la tasa de prisionización uruguaya en 386.
Presentado el martes 29, el informe de Amnistía revisa la situación de derechos humanos en el país. En su capítulo sobre el sistema carcelario sostiene que “Uruguay sigue en deuda”, profundizando algunas problemáticas y mostrando nuevos fenómenos que agravan el contexto. “Particularmente este año se vio un mayor incremento de la población femenina y hubo un aumento sustantivo tanto de muertes violentas como naturales.
La densidad de población privada de libertad continúa con niveles críticos, aumentando un 15% en el último año; evidenciando casos graves de sobrepoblación”, afirma.
Algunas de estas apreciaciones forman parte de otro documento elaborado por Amnistía Internacional y elevado la semana pasada a Naciones Unidas para que el Comité Contra la Tortura lo tome como insumo en su evaluación de Uruguay. Entre las recomendaciones, la ONG pide “redoblar los esfuerzos para reducir el hacinamiento en las prisiones de Uruguay”, “abordar las deficientes condiciones de vida de las personas recluidas en establecimientos penitenciarios” y “desarrollar estrategias de prevención de hechos violentos intracarcelarios que concluyen en muertes de las personas privadas de libertad”.
Ambos documentos de Amnistía Internacional usaron como referencia los trabajos del comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, que en su monitoreo de las cárceles uruguayas repetidamente se ha referido a tratos crueles, inhumanos o degradantes. “En efecto, las muy malas condiciones materiales, asistenciales o de convivencia en la privación de libertad constituyen trato cruel, inhumano o degradante y, en algunos casos, hasta tortura”, sostuvo en un informe publicado a fines de 2020.
El año pasado un recluso primario fue secuestrado por sus compañeros de celda en la Unidad Nº 4 de Santiago Vázquez (ex-Comcar) y encontrado dos meses después con anemia, desnutrición, golpes e infecciones. El caso obligó a una revisión urgente de todas las cárceles por parte del Ministerio del Interior.
“En algunos módulos, sobre todo en cuatro módulos del Comcar, de la cárcel de Canelones y, seguramente, de alguna otra unidad que esté con superpoblación de personas privadas de libertad, se violan los derechos humanos. No desde ahora, sino desde hace mucho tiempo y, a nuestro juicio, debemos hacer algo sin mirar hacia atrás”, dijo entonces el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, ante la Comisión especial de seguimiento de la situación carcelaria del Parlamento. “Tenemos un problema muy grande, y sería conveniente transitar un camino que pueda juntar y no dividir, porque la división genera cuestionamientos y entorpecimientos en el accionar, y el Estado tiene que dar respuestas, por lo que todos estamos un poco a prueba para poder lograrlo”, agregó.
