Familiares denuncia que gobierno
no colabora con pedido de información
Realizaron hace dos años un pedido de información que permitiría ubicar el archivo OCOA. Este documento contiene datos fundamentales para saber dónde están los desaparecidos. Pero aún no han obtenido respuesta.
29 DE MAYO DE 2022 –
Por Lucía Barrios
Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos tuvo este año una consigna especial ante la marcha de silencio: solicitaron al gobierno que colabore con el pedido de información que realizaron hace dos años, el cual permitiría ubicar el archivo OCOA. Este documento contiene datos fundamentales para saber dónde están las víctimas de la dictadura. Sostienen que el problema es que el gobierno lo tiene clasificado.
El integrante de Familiares Nilo Patiño dijo a Caras y Caretas que a pesar de que el gobierno asumió el compromiso de financiar la búsqueda, ha existido una “falta” de resultados ya que el Ejecutivo no “colaboró” en el acceso de la información.
“La búsqueda tiene dos patas: una es la información y la parte de presupuesto. En el presupuesto no ha habido problema, el presidente asumió el compromiso de financiar la búsqueda y hasta ahora lo ha cumplido. La otra pata, que es la de colaborar con información, que es tan importante como la parte económica de sostener la búsqueda, en eso no hemos tenido mucho resultado […] No han aportado información que permita tener algún hallazgo o saber dónde están los restos de los desaparecidos”, señaló.
Explicó que la información que fue solicitada está en los archivos desclasificados. “Pero no llegamos a ella. Tiene que ser el ministro o presidente de la República quienes obliguen a desclasificar esos archivos”, afirmó.
“No ha habido acción política para buscar información y darla en vez de estar buscando a tientas […] hasta ahora ningún gobierno ha aportado esa información”, reflexionó Patiño.
A comienzos de julio de 2020, el presidente Luis Lacalle Pou recibió por parte de Familiares un conjunto de documentos que revelan la ubicación del archivo clasificado del Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), la estructura represiva de la dictadura militar que entre 1971 y 1985 concentró en Montevideo y Canelones las acciones militares contra partidos políticos, estructuras guerrilleras y organizaciones sociales, informó Brecha.
Familiares sostiene que en el archivo OCOA hay información sobre el lugar donde fueron enterrados los cuerpos y se podría identificar a los responsables directos de los asesinatos y a los jerarcas que impartieron las órdenes.
¿Cuál fue la consigna más importante de la marcha del 20 de mayo?
El contenido de la marcha fue reafirmar la búsqueda, insistiendo en el pedido de información.
¿Han planteado algún pedido de información que se esté procesando ahora en el gobierno?
Sobre la búsqueda, el pedido que nosotros hicimos lo realizamos directamente al presidente, apuntamos hacia un archivo, reafirmamos que ahí estaba la información, pero no hemos tenido respuesta.
¿Hace cuantos meses hicieron ese pedido?
Van a cumplirse dos años ahora en junio.
¿Qué archivo es?
Son documentos que permitirían ubicar el archivo del OCOA.
¿Por qué creen que no han tenido respuesta del gobierno?
La información que nosotros pedimos sabemos que está, ya que la desaparición forzada fue una acción premeditada de hacer desaparecer y llevada a cabo de forma institucional; nosotros tenemos la prueba de que esa información está en los archivos desclasificados. Pero no llegamos a ellos y eso tiene que ser el ministro o presidente de la República que obligue a desclasificar esos archivos.
¿Cree que están encubriendo estos archivos?
Es una manera de mirarlo. El problema es que hasta ahora ningún gobierno ha aportado esa información. La información que se ha aportado es en el caso de Fernando Miranda y en el caso de Chaves Sosa, son dos casos claros de que la información existía y que estaba en manos de las Fuerzas Armadas. Son los dos casos que se marcó, en el caso de Miranda, teóricamente una fuente anónima que quedó en el escritorio de González Fernández y después ante el pedido de Tabaré Vázquez como presidente en 2005, pidiendo un informe a las Fuerzas Armadas. El único que colaboró fue el comandante de la época, de la Fuerza Aérea; aportó la información de que habían dos enterramientos en la chacra de Pando, que estaba en manos de la Fuerza Aérea, uno se encontró, el otro no. Son las informaciones aportadas, por lo tanto esto confirma nuestras denuncias, pero no ha habido acción política para buscar información y darla en vez de estar buscando a tientas.
¿Cómo evalúa la relación con el gobierno y las medidas que ha adoptado en la búsqueda?
La búsqueda tiene dos patas: una es información y la parte de presupuesto. En el presupuesto no ha habido problema, el presidente asumió el compromiso de financiar la búsqueda y hasta ahora lo ha cumplido. La otra pata, que es la de colaborar con información, que es tan importante como la parte económica de sostener la búsqueda, en eso no hemos tenido mucho resultado.
¿No han tenido resultado por falta de colaboración del gobierno?
Claro. No han aportado información que permita tener algún hallazgo o saber dónde están los restos de los desaparecidos.
¿Hay una campaña por parte del gobierno para mostrar a los militares como víctimas?
De una parte del gobierno sí. No me animaría a sostener que sea de todo el gobierno. De parte de Cabildo Abierto no me queda ninguna duda que hay una campaña reivindicativa, que no es de ahora, que se evidencia con el proyecto de prisión domiciliaria para los militares que están en Domingo Arena.
«Es inadmisible comparar el terrorismo de Estado con la guerrilla»
Patiño sostuvo que no son equiparables las acciones el terrorismo de Estado con las que fueron realizadas por la guerrilla.
“No se pueden extraer tampoco situaciones del pasado desligadas de todo el contexto para hacer propaganda en un solo sentido. Nuestra denuncia es que acá hubo un proceso en el que se aplicó el terorrismo de Estado contra los desaparecidos, los miles de presos, de torturados que hubo, eso no es comparable a pequeñas acciones [de la guerrilla]”, agregó.
Hace unas semanas se denunció que el foro de Montevideo ha tenido la mayor exposición mediática en pocas semanas en comparación con las que han tenido las organizaciones que representan a las víctimas en décadas. ¿Qué piensa sobre esto?
Hay una cosa muy clara, que es nuestra exigencia con respecto al Estado, al gobierno, que en este momento es representante del Estado, como fueron en otros momentos otros gobiernos. Nosotros no vamos a adjudicar intenciones. Lo que no es admisible es comparar las acciones de terrorismo de Estado con acciones de algunos grupos o de algunas personas, eso no es comparable. El terrorismo de Estado utiliza toda la institucionalidad y se aplicó sobre miles de personas. No es comparable. Entonces, cada organización tiene derecho a hacer lo que se le ocurra. Lo que negamos es que se ponga en el mismo plano el terrorismo de Estado con la guerrilla. No son para nada comparables. No se pueden extraer tampoco situaciones del pasado desligadas de todo el contexto para hacer propaganda en un solo sentido. Nuestra denuncia es que acá hubo un proceso y en él se aplicó el terorrismo de Estado contra los desaparecidos, los miles de presos, de torturados que hubo, eso no es comparable a pequeñas acciones que hubo. No se trata de un problema de valor, el terrorismo solo se aplicó desde el Estado, desde las instituciones hacia toda la población.
«Manini reivindica la dictadura»
Hace unas semanas Manini dijo en el Senado que no se “podía transformar en héroes a quienes atentaron contra la democracia”. ¿Qué piensa sobre esto?
A Manini no le gusta que le digan que reivindica la dictadura aunque en realidad lo hace. Si hay una cosa acá que lo deslegitima por lejos es la adhesión al terrorismo de Estado, que oprimió a sectores de la población y miles de personas pasaron por el calvario de la cárcel. Hay toda una campaña de reivindicación de igualar el Estado con la guerrilla. Pero la lucha contra la guerrilla murió en 1972 a pesar de que ellos tienen el fin de poner como salvadores de la patria a los militares. Pero bien sabemos que eso no dice la historia, que acá quien quebrantó la Constitución y dio un golpe de Estado fue el gobierno cívico militar. Esas cosas no son comparables, viendo las desapariciones que ocurrieron.
El discurso de los militares es la teoría de los dos demonios que a nosotros no nos va. Esa reivindicación ya se hizo y se comprobó que no es así. Hasta el 72 hubo un grupo guerrillero, luego se liquidó.
