Un artículo de SAMUEL BLIXEN
Un dosier que registra interrogatorios del FUSNA en los 70, nunca llegó a la justicia. Siguen apareciendo documentos determinantes para investigar los crímenes de la dictadura, que se han mantenido ocultos hasta el presente. La manipulación de esos documentos tiene diferentes motivos, pero todos ellos favorecen la impunidad.
Alucinante: después de 42 años de ocurridos los sucesos, a 31 años de la reinstitucionalización, y a 11 de la reinterpretación de la ley de caducidad, siguen circulando documentos con valiosa información para el esclarecimiento de los crímenes de la dictadura que nunca llegaron a la justicia.
Un voluminoso dosier sobre las actividades del destacamento de Fusileros Navales (Fusna), al que pudo acceder Brecha, contiene elementos sobre el secuestro de 26 uruguayos en Buenos Aires en diciembre-enero de 1977 y su desaparición en 1978, que permiten inferir, mediante cruzamiento de datos, la identidad de algunos de los oficiales de la Armada que interrogaron en Argentina a los prisioneros desaparecidos. En algunos casos se trata de fotocopias de los textos oficiales, y en otros de transcripciones mecanografiadas de los originales. Entre los documentos aparecen transcripciones de los interrogatorios a por lo menos cinco uruguayos, hechos antes de ser desaparecidos; tales actas de los interrogatorios estaban en las dependencias montevideanas del Fusna, pero no hay evidencia (al menos en este paquete de documentos) de que los prisioneros hayan sido trasladados desde Argentina en forma clandestina.
Atalivas Castillo
Una excepción es el caso de Atalivas Castillo, fundador del Mln, detenido en diciembre de 1977 en la provincia de Buenos Aires. El acta del interrogatorio, publicada por el historiador Álvaro Rico en la página web de la Presidencia, sugiere que Castillo fue interrogado en Uruguay, después de su traslado. Ese documento estaba en el Fusna, lo cual es lógico porque los operativos de fines de 1977 en Buenos Aires fueron coordinados y supervisados por oficiales de la Armada integrantes del Servicio de Información de Defensa (Sid).
El dosier contiene, además, un informe de la inteligencia del Fusna sobre los resultados de una experiencia de corte psicológico que permitió reclutar a por lo menos 20 prisioneros que se incorporaron a la llamada “Computadora”, una “agencia interna” que funcionaba en las dependencias del S-2. La Computadora sistematizaba información de los interrogatorios a los detenidos y realizaba análisis sobre la situación de las organizaciones políticas consideradas como “enemigas”. Según un documento titulado “Computadora: resultados de su trabajo y situación al 28 de noviembre de 1979”, la inteligencia del Fusna logró estructurar una red de informantes infiltrados en “filas del enemigo”. Como consecuencia del “trabajo para transformar a detenidos en colaboradores de la agencia”, la red de informantes (muchos de los cuales eran detenidos que habían sido liberados) “logró el desbaratamiento de la red clandestina del Pcu. De no haber mediado un fino trabajo de infiltración (una labor de inteligencia que llegó hasta la detención del primer secretario del PC en Uruguay) no se hubiera logrado ni cercamente (sic) su desmembramiento”. Algunos de los informantes que pasaron por la Computadora siguieron colaborando después de 1985, incluso desde el exterior, según la evaluación personal incorporada en el documento citado.
El origen de la Computadora fue, en 1976, la captación de un detenido comunista a quien se le hizo un ofrecimiento de colaboración después de una evaluación de su situación emocional, tras haberse “quebrado”. El autor del informe no menciona las causas, es decir, la sistemática y prolongada tortura a que eran sometidos los prisioneros, y hace hincapié en aspectos particulares, como el hecho de que la compañera del detenido estaba embarazada. No dice, claro, que un factor relevante para el reclutamiento fue, precisamente, la amenaza de detener y torturar a la mujer. El evaluador anota, como elemento positivo para la “recuperación” del detenido, su “sensibilidad para con su familia”: hasta ese punto se alteran los valores de los torturadores.
Según el informe, “el funcionamiento formal de la Computadora como una oficina donde se procesa material, se hacen evaluaciones sobre las distintas organizaciones políticas, se lleva a cabo un trabajo administrativo y de inteligencia, en parte necesarios a los efectos operativos de la sección S-2 y de la Unidad, comienza a principios de 1978”.
Pero ya en 1977 la Computadora funcionaba con personal militar y con prisioneros colaboradores, no sólo del PC sino también del Mln y de los Gau, en lo que parece una adaptación del sistema impulsado por la Armada argentina en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma).
Jorge Tróccoli
Al parecer, el entonces alférez de navío Jorge Tróccoli (hoy sometido a un juicio en Italia que persigue su extradición a Uruguay) fue quien estudió “La pecera”, que funcionó en el altillo del edificio de la Esma, y que después se reprodujo en la Computadora del Fusna. Tróccoli estuvo casi permanentemente en Argentina desde mediados de 1977 hasta mediados de 1978. El testimonio de uno de los prisioneros que trabajó en la Computadora afirma que almorzó con Tróccoli en el casino de oficiales de la Esma, durante un viaje a Buenos Aires, y que allí era imposible distinguir a los militares de los prisioneros.
El informe reservado del Comando de la Armada entregado al entonces presidente Tabaré Vázquez en 2005 admite que “copias de declaraciones hechas en Argentina por los siguientes ciudadanos desaparecidos: Alberto Corchs Laviña, Julio César D’Elía Pallares, Raúl Eduardo Borelli Cattáneo, Guillermo Manuel Sobrino Berardi y Alfredo Moyano Santander” fueron ubicadas en dependencias del Fusna, pero “se desconoce cómo y cuándo llegaron estos documentos a la Armada”. En el dosier al que accedió Brecha –y que contiene la lista completa de los prisioneros que permanecieron en el Fusna– se detalla que muchas otras actas de interrogatorios de detenidos en Argentina, además de las mencionadas, fueron analizadas en la Computadora. Si la justicia obtuviera declaraciones de esos detenidos podrían establecerse elementos más concretos para determinar cuál fue la suerte de aquellos prisioneros desaparecidos y quiénes entre los oficiales del Fusna estuvieron directamente vinculados a esos operativos represivos.
Tabaré Daners
Un documento que aparece en el dosier, elaborado en el Departamento III del Sid en enero de 1978 y firmado por José Gavazzo, esclarece las circunstancias en que se desata, en diciembre de 1977, la represión en Argentina contra los exiliados de los Gau y por extensión contra los integrantes de la Unión Artiguista de Liberación. Según Gavazzo, era inexacto creer que el líder montonero Oscar de Gregorio, jefe de la Columna Norte de Buenos Aires, y que fuera detenido en Colonia el 11 de noviembre de ese año, venía a Uruguay a efectos de tomar contacto con los Gau. Cuando fue detenido, De Gregorio (quien después fue entregado a oficiales de la Esma, donde fue asesinado) tenía en su poder la cédula de identidad perteneciente a una mujer identificada como militante de los Gau. Los oficiales del Fusna, a partir de aquel supuesto, realizaron cerca de 50 allanamientos y procedimientos en Uruguay y desplazaron el accionar a Buenos Aires. Sin embargo, Gavazzo explicaba que De Gregorio traía el documento para su mujer, que estaba instalada en Montevideo con sus hijos. El dirigente montonero venía siendo vigilado por el Sid, pero su detención accidental en Colonia precipitó una represión que arrojó por lo menos 26 desaparecidos entre militantes del Gau, del Mln y del Pcr. Gavazzo afirma que en momentos en que se producen los procedimientos contra los Gau “se encontraba colaborando personal de la Armada argentina en relación con el detenido jefe montonero”.
El dosier sobre la Armada incluye una relación de los hechos posteriores a la detención de De Gregorio. Ese documento aparece entre los materiales de la Comisión para la Paz. Ello sugiere que la Comipaz también manejó el resto de los documentos y en especial las actas de interrogatorios a los desaparecidos. El “extravío” del dosier desata preguntas sobre cuáles fueron los criterios de manejo de la documentación. En todo caso, está claro que la perjudicada fue la justicia.