Veinte y gusto a poco
Decenas de miles de uruguayos marcharon anoche en reclamo por verdad y justicia.
Comenzó a las 19.08. El rumor se fue aplacando. Las persianas de plástico en los apartamentos subían para ver pasar a las más de 100.000 personas que marcharon desde Jackson y Rivera hasta la plaza Libertad. Las persianas metálicas en 18 de Julio bajaban con chirridos, a medida que avanzaba la multitud.
“En tu nombre”, rezan los carteles en blanco y negro, con tipografía en mayúscula, acompañados por el rostro de Luisa Cuesta. A la vera, rostros de emoción intentan reconocer las caras en los carteles que marchan adelante, sostenidos de mano en mano.Una niña aprende a susurrar su canción favorita. Elena Zaffaroni eleva el cartel de quien fuera su compañero, Luis Eduardo González, y la escoltan su hijo Emilio y su nuera, que está dando de mamar a “la garota”, como llama la integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos a su nieta Beatriz.
La multitud avanza y entre tres amigas una espeta: “Es demasiada hipocresía”.A las 19.10 la marcha se frena. ¿Por quién doblan las campanas que se oyen a lo lejos? Una bebé hace gestos de saludo a su madre y le muestra sus championes azules desde el cochecito. A estas madres jóvenes se les permite romper el silencio porque, en el camino, enseñan a preguntar(se). Algo de esto dijo el músico argentino León Gieco, quien participó por primera vez en esta movilización y expresó que tuvo “sensaciones conmovedoras” al marchar en silencio: “Estas marchas son muy importantes para el pueblo, sobre todo para la juventud, para preguntarse qué nos pasó a todos en Sudamérica”. “Es un honor que me hayan dejado participar y cantar ‘presente’ ante el nombre de cada desaparecido”.A las 20.55 empiezan a decir 200 nombres y, firme en su andador, una septuagenaria con la remera negra de “Todos somos Familiares” grita: “¡Presente!”. Plenaria Memoria y Justicia interpela en las escalinatas del Banco República de 18, entre Minas y Magallanes, con su pancarta negra que en letras blancas afirma:
“Nos duele el silencio. Gritemos justicia”.
Anuncio que cumplieron al finalizar el Himno Nacional en la plaza Cagancha.Raquel trabaja desde hace cuatro años como acomodadora de taxis en 18 y Aquiles Lanza. Ve pasar a una mujer retacona que respira de manera dificultosa y dice que esta “marcha por los desaparecidos” le “toca”: “No me gustaría que me pasara a mí”.A las 21.19 terminan de leer la lista. Las pancartas ya están frente a la Suprema Corte de Justicia. Los aplausos que gritan duran cinco minutos. “Tiranos temblad” es entonado fuerte y varios puños se ponen en alto. Otra vez el aplauso atronador. Una amiga le avisa por celular que ella está por la calle Tacuarembó; hasta allí -o más- llega la marcha que ruge contra la impunidad.
Enfermito
El ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, dio la nota por segunda vez en una semana especial. Mientras Luisa Cuesta evoluciona favorablemente en el hospital, recuperándose del accidente vascular que tuvo el 6 de mayo; mientras Jorge El Tambero Zabalza encabeza la marcha en silla de ruedas junto con otras dos militantes sociales, el jerarca volvió a criticar a las organizaciones de derechos humanos que han denunciado públicamente que su cartera no entrega documentación sobre integrantes de las Fuerzas Armadas que pudieron estar implicados en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. Un día después de la creación por decreto del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, Fernández Huidobro indicó que “colaborará” en la entrega de información, “como siempre lo hemos hecho” y sostuvo que las organizaciones “mienten descaradamente”. “Todos los que hablan mal de las Fuerzas Armadas y los militares […] son enfermitos y enfermitas”, remató.Gastón Grisoni, de la Asociación de Ex Presos y Presas Políticos (Crysol) opinó que las declaraciones del ministro “son desafortunadas” y valoró la creación del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia que, a su entender, “manda un mensaje contundente de la voluntad política del Poder Ejecutivo de avanzar sustancialmente en investigar, esclarecer y sancionar las violaciones a los derechos humanos”.
El diputado por el Partido para la Victoria del Pueblo (PVP), Luis Puig, consideró que “el más contundente planteo respecto de la continuidad o no del ministro al frente de Defensa lo da el compromiso de la gente, de los miles de jóvenes que año a año se suman a esta marcha”. “La presencia del ministro de Defensa es contradictoria con la política estatal de derechos humanos y de avanzar en la búsqueda de verdad y justicia”, opinó.Además, Puig calificó los dichos del coronel Guillermo Cedrez como “apología del terrorismo de Estado” por “vanagloriarse de haber secuestrado y torturado”, en referencia al reconocimiento del militar de la existencia de fosas clandestinas y de la coordinación represiva de los años 70 y 80 en el Cono Sur denominada Plan Cóndor, a la que comparó con la que llevan actualmente los gobiernos democráticos en su lucha contra el narcotráfico.
Por su parte, el diputado del MPP Alejandro Sánchez dijo que no compartía los términos en los se que expresa el ministro. “Hay que trabajar por la verdad y no poner ningún obstáculo. No aporta nada este tipo de debates desde el lugar ni con los argumentos que se dan”. Evaluó que durante el gobierno de José Mujica hubo “avances sustantivos en la obtención de información y en la búsqueda de restos [de desaparecidos]”.Marys Yic creó, junto a Mirta Toledo, un grupo de familiares de los 209 asesinados políticos que ayer marchó por primera vez como tal. “Nos dimos cuenta de que en soledad no podíamos hacer nada, que teníamos que juntarnos”. Yic dijo que mientras siga Fernández como ministro “no creo que haya cambios”.
“La información está trancada en el Ministerio de Defensa”, afirmó. Lo sabe por la búsqueda que hizo sobre el asesinato de Nuble, su padre, cometido el 15 de marzo de 1976. Lo secuestraron de su casa el 22 de octubre de 1975 y estuvo cinco meses desaparecido, en los que pasó por distintos centros de detención y tortura. Desde Defensa “me dijeron que no me podían dar los legajos de los militares que estaban en el batallón en el momento que mataron a mi padre, porque no tenían el nombre completo de los oficiales ni sus direcciones, siendo que yo tengo el expediente donde están los nombres y las firmas de todos, además de 30 testigos de su secuestro, tortura y muerte, y 20 testigos de que estaba enfermo. Es una tomadura de pelo”.
Azul Cordo
DE LA LEY DE CADUCIDAD AL HALLAZGO DE RESTOS.
Gobierno Sanguinetti (1985-1990).
Con la aprobación de la ley de Caducidad en diciembre de 1985, los jueces debían remitir las causas de violaciones a los derechos humanos en dictadura al Poder Ejecutivo, que declaró todos los casos amparados por la Caducidad. El 16 de abril de 1989, la Ley de Caducidad fue puesta a consideración de la ciudadanía por medio de un referéndum. El 54,4% votó por ratificarla.
Gobierno Lacalle (1990-1995).
El tema de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura entró en un impasse. En ese período, no hubo denuncias contra militares por lo que ningún juez remitió expedientes al Poder Ejecutivo ni el presidente tuvo oportunidad de pronunciarse sobre el tema.
Gobierno Sanguinetti (1995-2000).
Respaldado por el resultado del referéndum sobre la Caducidad, Sanguinetti mantuvo todos los casos amparados en esa ley. Terminó su gobierno en medio de una polémica con el poeta argentino Juan Gelman por la búsqueda de su nuera María Claudia Irureta Goyena, madre de Macarena Gelman.
Gobierno Batlle (2000-2005).
El presidente instaló la Comisión para la Paz para conocer el destino de los desaparecidos durante la dictadura. Estaba integrada por Gonzalo Fernández, Carlos Ramela, el arzobispo Nicolás Cotugno, José Williman, el sacerdote Luis Pérez Aguirre y el histórico dirigente sindical José DElia. Se identifica y ubica a Macarena Gelman. El excanciller Juan Carlos Blanco fue el primer procesado, en su caso por la desaparición de Elena Quinteros.
Gobierno Vázquez (2005-2010).
Habilitó las excavaciones en cuarteles en busca de restos de desaparecidos. En 2006, un equipo de antropólogos encuentra los restos de Ubagésner Chaves Sosa y de Fernando Miranda. Van a prisión seis militares retirados y dos expolicías, y los exdictadores Gregorio Álvarez y Juan María Bordaberry. La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Caducidad.
Gobierno Mujica (2010-2015).
En noviembre de 2010, fue procesado con prisión el general Miguel Dalmao por la muerte de la militante comunista Nibia Sabalsagaray en 1974. Dalmao falleció en el Hospital Militar en diciembre de 2014. El presidente José Mujica y el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, dos exguerrilleros tupamaros, expresaron dudas sobre la responsabilidad de Dalmao. En 2011, el Parlamento aprobó con los votos de Frente Amplio una ley que declaró imprescriptibles los delitos de lesa humanidad. Aparecieron los restos del maestro Julio Castro. En 2013, la Suprema Corte declaró inconstitucional los artículos 2 y 3 de la ley interpretativa de la Caducidad. En febrero de ese año, la jueza Mariana Mota, que seguía varios casos contra militares, es trasladada a una sede civil, lo que provocó fuertes críticas de la izquierda a la Suprema Corte de Justicia.
Gobierno Vázquez (2015-…).
En febrero de 2014, Tabaré Vázquez, entonces presidente electo, anunció la creación del Grupo por Verdad y Justicia, que ayer institucionalizó por decreto
En honor de Luisa Cuesta- La marcha de este 20 de mayo de 2015 no fue una más. Pues, por primera vez no participó la activista por los derechos humanos Luisa Cuesta, integrante de la agrupación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, quien se recupera de un accidente vascular.
Por ello, la movilización ha sido en honor de Luisa Cuesta, ha dicho la también activista social, Sara Méndez.
Luis Cuesta, de 95 años, se encuentra estable tras haber sufrido un accidente vascular. Ella fue detenida en junio de 1973. Estuvo presa en el Batallón de Infantería número 5, en la ciudad de Mercedes, y recuperó su libertad a principios de 1974.
Su lucha por los derechos humanos se inició luego de que su hijo, el militante del Partido Comunista Nebio Melo fuera detenido en Buenos Aires en 1976.
Convocaron a la marcha, junto a Familiares de Detenidos Desaparecidos, el PIT-CNT, las organizaciones Crysol, Fucvam, Ademu, así como familiares del grupo de Asesinados, integrantes de la comisión de Derechos Humanos de la FEUU y jóvenes armenios del Uruguay.
La organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos ha expresado en las últimas horas que “lamentablemente la consigna “¡Basta ya de impunidad! Verdad y Justicia” sigue vigente a 20 años de la primera Marcha del Silencio, a 30 del retorno a la democracia, y a 40 años de que algunos familiares de detenidos-desaparecidos comenzaran a organizarse para buscar a sus seres queridos”.
Entre los participantes estuvo presente el cantautor argentino León Gieco, el exguerrillero tupamaro Jorge Zabalza, que concurrió en silla de ruedas, y el refugiado Abu Wael Dhiab, ex recluso de la cárcel de Guantánamo
POR SAMUEL BLIXEN
La revitalización de la impunidad, a nivel político y judicial, ha fortalecido a las organizaciones sociales y de derechos humanos, aglutinando a un vasto abanico popular, que se expresará, como nunca antes, el próximo miércoles en la 20ª Marcha del Silencio.
Quienes convocaron a la primera Marcha del Silencio, el 20 de mayo de 1996, ¿pensaron que veinte años después tendrían que seguir marchando, ahora con una consigna que, en medio del silencio, restallará como un latigazo: “¡Basta ya de impunidad!”? Es posible que no hubieran imaginado, aquella noche de 1996, cuánto esfuerzo, tenacidad, paciencia, iba a requerir, a las madres y familiares de detenidos-desaparecidos, el objetivo de verdad y justicia: y tampoco calculado que aquella impunidad que el presidente Julio María Sanguinetti había consagrado en diciembre de 1986 iba a ser tan longeva, y con ímpetus renovados, precisamente en un tercer gobierno del Frente Amplio.
Era difícil de imaginar, entonces, que podía perdurar la complicidad de Sanguinetti con el terrorismo de Estado, que el miedo instalado por la dictadura ahogaría en la sociedad la necesidad de verdad, y que las mezquindades políticas iban a desmontar los esfuerzos populares.
Es cierto que la primera Marcha del Silencio fue convocada en “homenaje a las víctimas (que) no puede ser otro que el reconocimiento a través de la verdad de los hechos, la recuperación de la memoria y la exigencia de que en Uruguay nunca más exista la tortura, las ejecuciones y la desaparición forzada de personas”. Quizás condicionados por la coyuntura, soportando el peso de diez años de una omisión oficial criminal, quienes convocaron a la primera marcha excluyeron expresamente el reclamo de justicia. Diez años después, al comienzo del primer gobierno frenteamplista, la décima marcha fue convocada con la consigna: “Para el pasado, verdad. Para el presente, justicia. Por siempre, memoria y nunca más”. El flamante presidente, Tabaré Vázquez, comentaba en mayo de 2005 que “quizás ésta sea la última Marcha del Silencio”. Luisa Cuesta, ícono de la lucha de Familiares –madre del desaparecido Nebio Melo, que hoy sigue reclamando los restos de su hijo con el último aliento desde el sanatorio donde está internada–, decía entonces: “Aunque se sepa toda la verdad y se llegue a la justicia, las marchas deben seguir haciéndose para que las generaciones futuras sepan lo que pasó en este país”.
Hoy, a 40 años de los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelow, aquel 20 de mayo de 1976 en que sus cuerpos acribillados fueron abandonados en el interior de un auto –y habría que recordar también a Manuel Liberoff, secuestrado y asesinado el mismo día 19–, la lucha contra la impunidad –a pesar de las decepciones, y quizás por eso– está revitalizada y la consigna “Basta de impunidad” revela que ese nuevo impulso nace por las ambigüedades y retrocesos ocurridos durante los gobiernos frenteamplistas, aquellos que, supuestamente, aseguraban el fin de la impunidad, la restauración de la memoria colectiva y la eliminación de la mentira que condiciona el futuro. Elena Zaffaroni, una referente de Familiares, explicó el miércoles 13 ante un público formado casi exclusivamente por estudiantes universitarios, que en 2005, cuando el Frente Amplio alcanzó el gobierno, hubo “un cambio sustancial” (refiriéndose a los nuevos criterios de interpretación del artículo 4 de la ley de caducidad, interpretación que permitió la investigación de las desapariciones forzadas) pero que después “se fue a menos”, predominando el criterio de los sectores y personajes frenteamplistas que aceptan el olvido y apuestan a la biología, cuando no sabotean premeditadamente las iniciativas que surgen, invariablemente, desde las organizaciones de derechos humanos. Zaffaroni afirmó que “se hicieron investigaciones sobre las desapariciones y se puso luz sobre operativos represivos, pero no hubo ni verdad ni justicia”.
El entorpecimiento de esas iniciativas se volvió activo después de que gracias al esfuerzo de familiares de las víctimas y de organizaciones de derechos humanos se recolectara un volumen tal de evidencias, indicios e informaciones que era imposible ignorar y que facilitaron los procesamientos de los militares hoy recluidos en la cárcel de Domingo Arena. Acoplándose a ese esfuerzo, algunos jueces y fiscales –unos pocos– investigaron las denuncias recibidas aunque, como confesó ante el auditorio de estudiantes la jueza Mariana Mota, los magistrados no están preparados para encarar los delitos del terrorismo de Estado y necesitan “la colaboración por parte de los ministerios para acceder a los archivos del pasado”, y “decodificar la información militar que logramos recibir”, aunque esa información no proviene, precisamente, de los canales oficiales. Mota, quien mientras estuvo al frente de un juzgado penal trabajó en cerca de cincuenta casos de violaciones a los derechos humanos, se lamentó de que las historias que surgen de esos expedientes, principalmente de los testimonios de las víctimas o sus familiares, permanezcan en el secreto, cuando sería fundamental que la sociedad las conociera, pero no hay mecanismos que aseguren su difusión.
Aunque parcial, el trabajoso avance de la justicia fue precisamente el detonador de un cambio cualitativo en la impunidad durante la presidencia de José Mujica. La eventualidad de que el general retirado Pedro Barneix fuera procesado por el asesinato de Aldo Perrini, vecino de Carmelo, ocurrido en el cuartel de Colonia en marzo de 1974, movilizó fuerzas agazapadas en las estructuras del Estado. El procesamiento del general en actividad Miguel Dalmao, por el asesinato de la profesora Nibia Sabalsagaray, en 1974, colmó el vaso, para los impunes. En el marco de una actitud incomprensible del presidente Mujica, que expresamente visitó al general Dalmao en la unidad militar donde estaba recluido, comenzó a montarse el operativo para impedir el procesamiento de Barneix. La separación de la jueza Mota del juzgado penal y su traslado a la esfera civil detuvo las actuaciones judiciales.
Sin embargo, la medida más determinante para la revitalización de la impunidad fue la decisión de la Suprema Corte de declarar inconstitucionales dos de los cuatro artículos de la ley 18.831, que finalmente, después de años de idas y vueltas, consagraba la liquidación de la ley de caducidad. La Suprema Corte, que en 2009 había sancionado la inconstitucionalidad de la ley de caducidad, en 2013 volvía a ampararla, por la vía de los hechos, al rechazar la categoría de delitos de lesa humanidad (por lo tanto imprescriptibles e inamnistiables) para los crímenes cometidos durante la dictadura.
A partir de entonces se produjo un quiebre y hoy la mayoría de los casos referidos a la violación de los derechos humanos durante la dictadura están detenidos. La Suprema Corte, en su actual composición, parece determinada a cumplir la amenaza de uno de sus miembros, Jorge Ruibal Pino, quien aseguró que aquellos jueces que insistan en aplicar el criterio de lesa humanidad y de reclamar la aplicación de los convenios y tratados internacionales se estrellarán contra “una muralla”. La sentencia que permitió la liberación del ex policía Ricardo Zabala, implicado en el secuestro y asesinato del maestro y periodista Julio Castro, ocurrido en 1977, es un fiel reflejo de los criterios que está dispuesta a aplicar la Corte. La resolución de la Scj, por mayoría, con un dictamen adverso de la fiscalía de corte, cuyos argumentos retomó el discordante Ricardo Pérez Manrique, sostuvo increíblemente que el secuestro de Julio Castro no fue un secuestro porque no medió violencia, y consideró que la actuación de Zabala (quien entregó a Castro a las puertas de un centro clandestino de detención) debía interpretarse como un acto de obediencia debida. La jueza Mota opinó que “es impensable que Zabala no supiera que iba a detener a una persona, siendo él parte del sistema de represión (…). No cabe aquí la obediencia debida para Zabala, porque sabía que estaba cumpliendo una orden ilegítima”. Su crítica al fallo de la Suprema Corte, dijo, “quizás me traiga más problemas”, como las represalias que sufrió cuando fue trasladada a un juzgado civil. No obstante, afirmó que la sentencia incurre en la falacia de “aislar del contexto histórico el análisis de estas causas”.
El tercer gobierno del Frente Amplio quizás cambie la ecuación instalada. El presidente Tabaré Vázquez anunció, antes de asumir, su disposición a instalar un equipo de trabajo para “resolver la cuestión de las desapariciones”. Tal equipo estaría integrado por representantes de Familiares, personalidades notorias en la defensa de los derechos humanos y representantes de corrientes religiosas; tendría autonomía para investigar, buscar documentación y aportar a la justicia los elementos que permitan resolver las denuncias sobre delitos de lesa humanidad, no sólo las desapariciones sino también las ejecuciones sumarias, los asesinatos y otros episodios como las violaciones sistemáticas a detenidas. Esta comisión podría destrabar la situación referida a los derechos humanos. Pero el decreto que formaliza la integración del grupo y sus atribuciones aun no ha sido firmado y a dos meses de su anuncio no se sabe cuáles son las razones de la postergación. De la misma forma, tampoco se sabe por qué no ha sido renovado el convenio entre Presidencia y la Universidad que permite la búsqueda de restos de desaparecidos en unidades militares. El convenio caducó en febrero pasado, de modo que los antropólogos de la Facultad de Humanidades han debido paralizar sus actividades y están de hecho atados de manos.
En la víspera de una nueva Marcha del Silencio han surgido otras propuestas. Una que se viene debatiendo desde hace un tiempo plantea desplazar de la órbita de la Suprema Corte la designación de jueces y sus traslados, encomendando la tarea a una comisión específica. Otra iniciativa partió del fiscal de Corte, Jorge Díaz, quien sostuvo que, a partir de la vigencia del nuevo Código, los delitos del terrorismo de Estado deben ser investigados por fiscales especializados y que deben contar con equipos de investigadores en un abanico de especialidades para asegurar el éxito de esas investigaciones. La doctora Mota coincide en la necesidad de que los jueces cuenten “con asesoramiento adecuado”.
La vigésima Marcha del Silencio transcurrirá, el próximo miércoles, entre la expectativa de un cambio de política, la determinación de no bajar los brazos y reclamar “Basta de impunidad”.
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