Con toda mala intención
El matutino El país no simpatiza con la Institución Nacional de DDHH (INDDHH). Aprovecha todas las oportunidades para cuestionarla o atacarla. Esta semana editorializa contra ella. La cuestiona por pronunciarse acerca de la censura a la murga Cayó la cabra. Le reprocha, sin fundamento, no reclamar leyes reparatorias para los militares y policías fallecidos en actos de servicio durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco y durante el período del terrorismo de Estado. Pisa en falso.
Desde hace varias décadas existen leyes en el país que regulan los beneficios que reciben los familiares de los funcionarios del Estado cuando fallecen en el cumplimiento de sus funciones. Tanto los funcionarios policiales como los militares están comprendidos en dichas normas. Sus cónyuges e hijos perciben pensiones especiales y otros beneficios. En el caso de los funcionarios y sus familiares en ambos ministerios tienen cobertura sanitaria en hospitales propios.
Esta asistencia, este resarcimiento, abarcó a todos los policías y militares que durante el período predictatorial y el terrorismo de Estado fallecieron como resultado de los enfrentamientos que ocurrieron en dicho período. Los familiares de los fallecidos accedieron a pensiones y otros beneficios previstos para dichos casos. Ocurrió cuando gobernaba Jorge Pacheco Areco y también cuando lo sucedió Juan María Bordaberry en el ejercicio del gobierno.
Tanto en el Ministerio del Interior como en el Ministerio de Defensa, todos los años se realizan ceremonias oficiales en las cuales se recuerda y homenajea a quienes fallecieron en el cumplimiento de su deber o en actos de servicio. En el caso del Ministerio del Interior es en el mes de diciembre y en el caso del Ministerio de Defensa es en el mes de mayo.
Los militares tuvieron y tienen beneficios adicionales
Los militares cuentan, además, y se aplicó a quienes fallecieron en dicho período, con una norma jubilatoria sumamente generosa y costosa para la sociedad. Solamente para el año 2017 Rentas Generales debió aportar 500 millones de dólares para hacer frente al déficit. Fue aprobada en 1974 por el Consejo de Estado de la época, cuando gobernaba el dictador Juan María Bordaberry y las Fuerzas Armadas integraban el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena). Son los únicos en el sistema previsional uruguayo que tienen aguinaldo, como lo señala ONAJPU. Además de cobrar sus jubilaciones aún cuando están prófugos de la justicia.
20 años esperando
Las leyes reparatorias aprobadas durante el primer gobierno del Dr. Tabaré Vázquez estuvieron dirigidas a resarcir a todos aquellos ciudadanos que por haber defendido la democracia, la libertad, las causas populares o por mera arbitrariedad de los gobernantes, fueron víctimas del accionar del terrorismo estatal.
Las normas ampararon a ciudadanos que sufrieron graves violaciones a sus derechos humanos: fueron detenidos desaparecidos, fueron asesinados, fueron privados de su libertad en la mayoría de los casos por períodos prolongados, fueron torturados, sufrieron lesiones gravísimas, nacieron en cautiverio, fueron obligados a abandonar el país, vivieron en la clandestinidad para preservar sus vidas y/o fueron despedidos de sus trabajos. Sus derechos fueron violentados precisamente por los funcionarios y agentes estatales que debían protegerlos.
Lo asombroso, lo llamativo, lo que conmueve, es que el resarcimiento estatal recién se produjo luego de más de dos décadas de retorno a la vida institucional democrática.
La gran injusticia
La gran injusticia que perdura hasta el día de hoy son las insuficiencias y carencias que dichas normas reparatorias tienen: no todos los ex presos políticos son reparados y, además, los reparados deben renunciar a sus propias jubilaciones para ello, entre otras cuestiones. Las insuficiencias han sido mencionadas incluso por el Relator Especial de las Naciones Unidas, Pablo de Greiff luego de su visita a nuestro país en el año 2014.
Los niños y adolescentes de la época, hijos y familiares directos de los ex presos políticos, es un colectivo olvidado hasta el momento en materia de resarcimiento a pesar de haber sufrido la ignominia del terrorismo estatal que también se ensañó con ellos.
A pesar de que hace más de un año que el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ) recomendó al Presidente de la República el envío de una nueva ley al respecto no ha habido ningún paso práctico concreto. Y el tiempo sigue transcurriendo, inexorablemente.
El matutino El País no tiene cura
Fue el vocero no encubierto del terrorismo de Estado. Obtuvo prebendas económicas por ello. Sigue transitando el mismo camino que cuando se solazaba difundiendo los comunicados oficiales, requiriendo incluso a Wilson Ferreira Aldunate y a miles de patriotas. Ataca en forma permanente a la Institución Nacional de DDHH pero calla ante los desatinos de la Suprema Corte de Justicia. Le fascina la nueva mayoría que, liderada por la Dra. María Elena Martínez Rosso y secundada por los Dres. Jorge Chediak y Eduardo Turell, ha tomado partido por los victimarios como el Cnel ® Ramas, el Mayor ® Nino Gavazzo o el Capitán ® Gilberto Vázquez y aspira a consagrar la impunidad legal para los mismos.
Las y los ex presos políticos seguiremos batallando junto a la ciudadanía en defensa de las normas de DDHH que tanto le molestan a los dueños del poder y sus esbirros.