Condenas judiciales
El castigo de los delitos es fundamental para evitar que vuelvan a repetirse. La sanción penal es un acto de justicia, orientado a asegurar la paz social, a evitar la justicia por mano propia. Esencialmente, el castigo es fundamental para evitar que vuelvan a reiterarse las conductas inadecuadas. Es el único camino. El decisivo.
Cuando el Parlamento aprobó la Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado, en diciembre de 1986, para evitar que los militares del “proceso” tuvieran que ir a declarar a los juzgados, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos tomó la decisión estratégica de convocar un referéndum nacional para derogar dicha ley, en defensa de la verdad y de la actuación judicial imprescindible.
Hasta la entrada en vigencia el año pasado del Nuevo Código del Proceso Penal, en Uruguay, el poder judicial tenía el monopolio exclusivo de la investigación de las actividades con apariencia delictiva. Poseía todas las potestades imprescindibles para que las investigaciones pudieran prosperar y ser exitosas: hacer comparecer, con el auxilio de la fuerza pública, incluso, a todos los testigos y a los presuntos involucrados. Asimismo, podía interrogarlos, tomarles declaración, hasta privarlos de su libertad si las circunstancias lo ameritaban. También podía disponer allanamientos en domicilios, inspeccionar lugares, solicitar acceso a archivos y a documentación oficial.
La investigación judicial y criminalística de los delitos es una pieza esencial y clave para llegar a la verdad, para esclarecer lo sucedido: el qué, el cuándo, el dónde, el cómo, el porqué. Los investigadores, recurriendo a todos los medios posibles, deben esclarecer los hechos, identificar a los responsables, a los autores materiales y también a los instigadores o autores intelectuales.
La actual investigación parlamentaria sobre espionaje desarrollado por las Fuerzas Armadas en democracia ha dejado en evidencia que es posible avanzar cuando quienes la realizan son tesoneros y están comprometidos con la labor. Pero tienen un límite. Solo concurren a declarar quienes lo desean, en las condiciones en que lo desean. Al no concurrir quedan en evidencia y expuestos ante la opinión pública y la ciudadanía. Para proseguir las investigaciones hasta el hueso, a fondo, hay que dar intervención al Poder Judicial: puede convocar y hacer concurrir a todos los involucrados aunque no lo deseen, con el auxilio de la fuerza pública.
El poder judicial puede y DEBE
El destino de todos y de cada uno de los Detenidos Desaparecidos es y seguirá siendo una herida abierta y vergonzosa de la democracia uruguaya. La desaparición forzada es un delito atroz y permanente, que se sigue cometiendo hasta que la misma se dilucide fehacientemente. Saber la verdad sobre estos crímenes de lesa humanidad y sobre todas las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el terrorismo estatal no es una tarea para un grupo escogido y selecto de investigadores y/o personalidades. Es una responsabilidad estatal, de los tres poderes, que debe ser asumida muy especialmente por la principal herramienta del Estado de acuerdo a las disposiciones constitucionales: el Poder Judicial.
La justicia no es un obstáculo para llegar a la verdad como afirmó hace unos años el Gral ® del Aire José Bonilla. Fue la falta de actuación de la justicia, debido a la vigencia durante más de dos décadas de la Ley de Caducidad, lo que impidió avanzar decisivamente en todos los temas del pasado reciente. Desde octubre del año 2011, ley 18 831 mediante, no existen más obstáculos legales. El Artículo 1° de dicha ley restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado para los crímenes del terrorismo estatal.
Rechazamos, como colectivo organizado, la decisión de la nueva mayoría de la Suprema Corte de Justicia, que liderada por la Dra. María Elena Martínez, pretende consagrar la impunidad, tomando partido por los victimarios y desconociendo los derechos de las víctimas. La Fiscalía especializada en DDHH debe contar con los recursos necesarios. Debe contar con el respaldo explícito del Poder Ejecutivo y de los ministerios que son auxiliares de la justicia. Todos los ministerios deben suministrar, sin demoras, la información que se les solicita para convocar a los indagados. Los editoriales tóxicos de El País al respecto no demorarán, como es de rigor en estos casos, en la medida en que la Fiscalía Especializada cumpla con su labor.
La dictadura fue una gran tragedia nacional. Fue un proyecto integral de país al servicio de los grupos empresariales privilegiados, de la ciudad y del campo. Sus efectos duran hasta el día de hoy. Los costos previsionales de las hiperdesarrolladas FFAA de aquel período exigen un desembolso de más de 500 millones de dólares a Rentas Generales anuales hasta el día de hoy. El pasado reciente sigue siendo de palpitante actualidad.