PARA LUCHAR CONTRA LA IMPUNIDAD DEBEMOS CONOCERLA

Una de las principales tareas que este año 2018,la Asociación “¿Dónde Están? – Francia” se propone crear un Dossier sobre la Impunidad, y continuar pora la Justicia se aplique para el grupo de las “28” Mujeres que denunciaron las violencias sexuales que sufrieron durante la dictadura cívico-militar en Uruguay.

Uruguay: Sinlogismos de impunidad

Por ROGER RODRIGUEZ*

En los tiempos de impunidad, lo lógico termina siendo la ilógica. En los últimos veinticinco años se ha asentado una cultura de la impunidad que trasciende al tema de los derechos humanos, aunque en definitiva siempre se trata de ellos. La impunidad abarca hoy a la justicia, a la política, a la economía, a la salud, a la educación, al trabajo, a la cultura y a las propias relaciones humanas

La “lógica de los hechos” que inspiró la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, ha institucionalizado una “lógica de lo hecho” en este tiempo, por la que todos nos transformamos en impunes. El no-castigo no ampara solamente a quienes violaron los derechos humanos, sino que se extiende a la corrupción en lo económico, a la mentira en lo político y al individualismo en lo social.La salida de la dictadura se construyó en una “lógica de transición” por la cual se advertía que los partidos políticos recuperaban el poder en forma limitada, porque los militares no querían revisionismo.

El cambio en paz, en realidad no cambiaba nada. Los mismos grupos económicos mantenían el poder en un país que volvían a gobernar los políticos en lugar de los militares.Con el mastín encadenado, el poder amenazaba sobre el peligro de que la fiera volviera a despertar. Bajo esa “lógica del cancerbero” impusieron controles sindicales, destruyeron entes públicos, privatizaron la enseñanza universitaria, crearon nuevos impuestos, permitieron la extranjerización de la tierra e incrementaron la marginalidad, que en poco tiempo pasaría a ser criminalizada.

La impunidad se hizo tangible con el voto amarillo y la ley que ratificaba. La propuesta del voto verde se atacó con la “lógica de los ojos en la nuca”. Quien preguntaba qué pasó o reclamaba dónde están, estaba anclado en el pasado y no quería un futuro para el país. Vivos los llevaron y no los devolverían. Los restos serían algún día sustento de otra lógica aún más siniestra…

Impunidad económica

Institucionalizada, la impunidad se hizo sonrisa en el rostro de Gavazzo. Y como para él no hubo entonces castigo, la inmoralidad fue casi una virtud. La “lógica de quien no llora no mama y quien no afana es un gil”, fue una consigna. El poderoso pudo desde el poder y el desposeído solo podía pedir para poder poder. La impunidad no perdió ni un conflicto.Bajo la “lógica del abusador” (“lo hago porque puedo”) el sistema financiero se desfinanció, las carteras fueron incobrables, los bonos los firmó Brady, la deuda bancaria se estatizó y los activos se devolvieron luego a los mismos dueños con otros anonimatos.

No quedaron trenes, ni aviones, ni flotas, ni tierras, ni industrias, ni empresas… No sólo las vaquitas son hoy ajenas.Y cuando se quiso saber qué pasó en cada caso, se utilizó la “lógica de Gran Bonete”. Ninguno sabía de la Operación Conserva o la Deuda Rusa, del archivo de la Logia “P-2”, los negocios del Opus Dai, las inversiones de la Secta Moon, el lavado de las Safis, la crisis de Bafisud, la comisión del Banco Comercial, la coima del Cangrejo Rojo o la mafia de la Merluza Negra.Las reivindicaciones fueron enfrentadas con la “lógica del reparto posible”.

Una vez más, había que agrandar la torta para poder redistribuirla. Y la cuota más grande del pastel debía destinarse a pagar deudas que la dictadura había creado en beneficio de los mismos grupos económicos que ahora financiaban las campañas electorales de los nuevos gobernantes demócratas.El reclamo social fue descalificado con la “lógica de la politización social”, por la que, las movilizaciones populares escondían un objetivo político y una lucha de poder entre corrientes ideológicas de la izquierda marxista. Los activistas no pertenecían a un gremio, sino a un partido. Los sindicatos cayeron en la trampa, pero la aplanadora no aplastó el salario, ni mandó al seguro de paro.

Impunidad represiva

Con la impunidad reafirmada en la “lógica de He-man” (“tengo el poder”), el Estado transformó la tortura en apremio, las razzias en acciones educadoras, las cárceles en depósitos inhumanos, las aulas en depósitos de estudiantes, los psiquiátricos en canteras de enajenados y las comisarías en antros de delincuencia. La marginalidad se hizo sistema y los marginales una excusa.

Se impuso la “lógica de la inseguridad” por la que se llega al miedo. Así, quienes pagan contribución o impuesto a la renta, exigen mayor represión a una policía que pide más presupuesto para hacerlo. Para no ser privados de lo propio, debemos pedir seguridad privada, instalar alarma, rejas, cámaras y cables electrificados. Somos libres en una jaula de nuestra propiedad privada.La “lógica del joven-plancha-drogadicto-delincuente” entró a la casa de la clase media en dosis diarias de 20 minutos de crónica roja por la televisión. La pasta base entró a los barrios en connivencia con la policía. Las bocas de venta, con el auspicio de Nike colgando de los cables, son empresas que bajan los índices de desocupación. Sólo se controló la droga en tránsito y el lavado de dinero.La minoridad fue criminalizada.

Las empresas encuestadoras establecen lo que los electores quieren, lo que el programa debe decir y, aún, quienes serán los gobernantes. En la impunidad, los partidos políticos escuchan más al encuestador que a sus militantes políticos.Se impone la “lógica del programa posible” por el cual todo cambia para quedar tal como estaba. Ya no se plantean ideas de cambio real ni teorías revolucionarias. No hay debate, no hay propuestas, no hay modificación estructural.

Hay que conseguir la mediocridad posible que obtenga la mitad más uno de los votos. Las raíces del árbol quedan quietas, se sacude el follaje.Y cuando el elector reclama que se cumpla el programa que votó, desde el Estado se acata la “lógica del soberano”. Ya no son los dirigentes que el elector puso en el gobierno, sino que son los gobernantes de todos. Así, el programa se diluye, la plataforma se acota y las propuestas que votaron las mayorías quedan sujetas a las minorías que no los votaron.En el gobierno, en el parlamento y en los partidos políticos la verdad se maneja desde el secreto, para no afectar a los electores y no atemorizar a los que no los votaron.

El secreto, a veces se comparte con la oposición que mantiene la reserva como cuota de poder responsable. La impunidad impone la “lógica del secreto de Estado” por la que llegamos a un Estado del secreto.

Impunidad judicial

El Poder Judicial está afectado por el virus de la impunidad. Formados en el autoritarismo, los jueces y fiscales no terminan de sacarse de encima la bota que los sometió desde 1972. Primero fue la justicia militar, luego un ministerio, y ahora el Poder Ejecutivo, quien decide qué juzgar o qué no. La “lógica del poder dependiente” hace que haya jueces no sepan que hubo dictadura.La necesidad de verdad choca contra el pacto de silencio militar y contra el silencio de Estado que lo ampara. La “lógica del olvido” es la receta que se plantea ante quienes denuncian ante el Poder Judicial.

Ya pasaron 30 años, no hay pruebas, no sobreviven testigos y yo no me acuerdo si estaba, alegan. Pero la verdad, rebelde, vuelve a aparecen de a ratos para exigir justicia.Con la “lógica de la justicia posible” se propuso que el grupo de criminales más comprometidos en las violaciones a los derechos humanos fueran los únicos que, por un tiempo, estarían presos. Lo demás ya es pasado reciente, dicen sin comprender o admitir que son crímenes de lesa humanidad imprescriptibles, inamnistiables y perseguibles sea cuando sea que se cometieron.

Para evitar que la justicia pueda continuar actuando más allá de los dictadores y de los conocidos represores, se aplica la “lógica de la no retroactividad”, por la cual las leyes que tipifican los crímenes de lesa humanidad no valen para el pasado. Insólitamente los poderes del Estado están planteando que sólo se podrán juzgar como tales cuando se vuelvan a practicar…

Y cuando todo lo demás no da resultado, cuando los fiscales investigan y los jueces sentencian, luego de soportar decenas de dilatorias de los abogados defensores, se intenta aplicar otra chicana: la “lógica de la prescripción”, por la que el 1° de noviembre de 2011 todos los delitos habrán prescripto. Sin embargo, no puede prescribir lo que no se pudo juzgar por la ley de caducidad.Ante la amenaza de que lo que en realidad ocurrió aflore, se plantea el chantaje de la “lógica de la verdad por la justicia”. No habrá justicia si no se llega a la verdad y nadie que la sepa va a decir la verdad porque corre el riesgo de ir preso, dicen. Sin embargo, ya han comenzado a ser presos quienes saben la verdad y la ocultan. La verdad no es negociable. Y ella exige justicia.

Un país sin impunidad

Para llegar a un país sin impunidad, hay que cambiar estos sinlogismos de la impunidad por una “lógica de los derechos humanos”, donde la verdad, la justicia, la ética y la memoria establezcan una sociedad de iguales, como se proclamó en marzo en Buenos Aires. La declaración universal de los derechos del hombre de 1948 sigue vigente. Hay que reglamentarla y hacerla cumplir.Para llegar a un país sin impunidad, debemos comprometernos con una “lógica de la verdad” para que se abran los archivos secretos, para que los criminales de lesa humanidad sean juzgados y sus cómplices excluidos, en particular de la docencia, para que se establezca una doctrina democrática en las fuerzas de seguridad y sus alianzas internacionales.

Para llegar a un país sin impunidad, debemos comprometernos con una “lógica de la justicia”, con su respeto y fortalecimiento presupuestal y técnico, para que quienes juzgan puedan aplicar la jurisprudencia internacional como base doctrinal, sin ser sometidos a presiones de ningún tipo y se garantice a las víctimas y sus familiares el amparo de la ley y una respuesta al dónde están.Para llegar a un país sin impunidad, debemos comprometernos con “una lógica de la ética”, para que el derecho sea humano y quienes legislan incorporen los convenios internacionales como leyes supranacionales y eliminen toda norma de impunidad resabio de la doctrina de la seguridad nacional, tipifiquen los crímenes de lesa humanidad, reparen a las víctimas y se asegure el nunca más.

Para llegar a un país sin impunidad, debemos comprometernos con una “lógica de la memoria”, para que la cultura de los derechos humanos se incorpore a la enseñanza de todos y todas los integrantes de una sociedad que debe ejercer sus derechos civiles y culturales, en equidad, sin olvidar jamás lo que ocurrió, porque esa será la certeza de que no vuelva a pasar.Para llegar a un país sin impunidad, también nosotros debemos indignarnos y reclaman a quienes tienen la responsabilidad del poder de gobernar, de legislar y de juzgar que cumplan su tarea. Y desde esa “lógica de la indignación pacífica” exigir que se renueve un contrato social que permita convivir hacia dentro y fuera de fronteras, sin miedo a la opresión de ningún poder en el mundo.

*Periodista uruguayo, especializado en temas de derechos humanos. (Intervención realizada en la Mesa Redonda y Debate sobre “Cultura de la Impunidad”. Galería Machango “Espacio de Arte”. San Carlos, Maldonado – 11/06/2011)

BALANCE DE

IMPUNIDAD

Por ROGER RODRIGUEZ

La impunidad es el no castigo y la cultura de impunidad es su consecuencia. Una y mil veces comenzaré con esta frase al referirme al tema de los derechos humanos en Uruguay. Porque en realidad no hablamos de derechos, sino de la falta de ellos.

Es claro que desde antes de la dictadura militar se violaron los derechos humanos en Uruguay. La propia Ley de reparación 18.596 admite que entre el 13 de junio de 1968 (medidas prontas de seguridad) y el 28 de febrero de 1985, existió terrorismo de Estado.

Terrorismo de Estado que durante el pachequismo, el bordaberrismo y la dictadura, dejó un saldo de miles de torturados, 270 muertos -según admitió días atrás el profesor Alvaro Rico- y 174 desaparecidos, de acuerdo a las cuentas oficiales.

Sobre esa realidad es que en Uruguay se montó un pacto de silencio desde fines de la dictadura. Y a los efectos, no importa si fueron Medina y Sanguinetti cuando se autorizó la Operación Zanahorias, el pacto del Club Naval o una imposición imperial.

El efecto ha sido que el no castigo de los terribles crímenes de lesa humanidad cometidos ha generado una cultura de impunidad que genera nuevas impunidades. Ya no la tortura, la muerte o la desaparición; sino el delito económico, la injusticia y la inhumana desidia.

La impunidad derivó a los crímenes de cuello blanco y a la corrupción constatada en este país desde la propia dictadura: el Plan Conserva, el banco Inglés, Astra, o el vaciamiento del Bafisud, del Panamericano, Del Litoral, Del Plata, Pan de Azúcar, UBUR, De Crédito, Caja Obrera, Comercial, Montevideo, Citibank, al lavado en Cambio Italia.

La impunidad genera pérdida de memoria y los nombres de la corrupción y la delincuencia se mezclan para que nunca recordemos cuál era el caso y las derivaciones que representan los sospechosos de siempre, culpables de ayer, hoy y mañana.

Recordemos a empresarios y operadores como Angelo Bulgaris Angelópulos, Igor Svetogorsky, Stephan Benhamu, Walter Estellano, Carlos y José Rohm, Ignacio Rospide, los hermanos Juan, Dante y José Peirano, Pablo Boselli, los hermanos Espert, Axel Van Hooven, Daniel y Gustavo Trocki, Eduardo Lasalvia, Eduard Yern, los Rupenian, o el fiscal Carlos García Altolaguirre y el abogado Carlos Curbelo Tammaro.

O a los dirigentes políticos Enrique Braga, Pablo García Pintos, Juan Carlos Raffo, José Luis Ovalle, Jaime Trobo, Daniel Cambón, José Andújar, Rosario Pou, Julio Grenno, Iván Coronel, Augustín Uturbey, Ernesto Laguardia, Antonio Marchesano, Samuel Noachas, Julio Kneit, Milka Barbato, Armando Da Silvera, Julio Luis Sanguinetti, Hugo Granucci, Carlos Signorelli, Benito Stern, Juan Justo Amaro, o Juan Carlos Bengoa.

Y también hay impunidad cuando no recordamos los que significaron Focoex, Saudico, Banknord, Plan Fénix, Eufores, Mi Granja, Juncadella y Prosegur, o qué fueron los operativos Cangrejo Rojo, Merluza Negra, o las Safis de Posadas, Vecino & Vecino para lavado de dinero, o triangulación de armas o fuga de capitales.

Y es impunidad que no se sepa quién “suicidó” a Villanueva Saravia, asesinó a Andrés Trigo, patoteó a Jorghinio Goularte, ejecutó a Ronnie Scarzella, mató a la modelo Susana Mazur, estalló a Miriam Mazzeo en la calle Plutarco; o mató a Facal y Morroni en el Filtro.

Como también es impunidad no saber la verdad sobre todos los crímenes cotidianos transformados en crónicas policiales protagonizadas por el Betito, los Bartolo, el “Cotorra loca”, o el ejecutado Rambo. Ajustes de cuenta, les dicen, para no tener que investigarlos.

También fue un “ajuste de cuentas” el asesinato de Eugenio Berríos para que no declarara sobre los crímenes del Cóndor; como lo fue el homicidio de Vladimir Roslik, cuyos asesinos – el Dr Eduardo Sainz y el coronel Sergio Coubarrere- pasean por Fray Bentos.

Y sigue impune la ejecución de los Fusilados de Soca, la forma como acribillaron a las pibas en abril, la vendetta contra el matrimonio Martirena o el homicidio ideológico de los ocho de la Seccional 20.

Aún siguen impunes los homicidios de la JUP sobre Rodríguez Muela y otros como aparato juvenil del Escuadrón, como es impune la fortuna de Armando Méndez, implicado en la muerte de Pascaretta.

Sigue siendo brutalmente impune que no esté en la cárcel el general Pedro Barneix cuando ya se ha confirmado su participación en el asesinato por torturas de Aldo Perrini en el Batallón 4 de Colonia.

Como sigue impune la ausencia de todos los desaparecidos, el secuestro de todos los trasladados, la muerte de todos los asesinados, el dolor de todos los torturados, el tiempo de todos los apresados, la mentira en todas las verdades y el olvido de todo lo ocurrido.

Es impunidad judicial todas las chicanas con las que la Suprema Corte de Justicia, algunos fiscales y algunos jueces han permitido que corran los plazos legales buscando la prescripción de imprescriptibles crímenes de lesa humanidad.

Es impunidad el traslado de la jueza Mariana Mota, el traslado de la fiscal Diana Salvo, el desplazamiento de la jueza Lilian Elhorriburu, las presiones sobre la fiscal Ana María Tellechea y la forma como se designan a dedo y capricho los jueces y fiscales.

Es impunidad la liberación del coronel Juan Carlos Gómez en el caso Gomensoro Josman, como lo es la liberación del comisario Zabala, uno de los asesinos de Julio Castro, o la prisión domiciliaria de Araújo Umpiérrez, ideólogo de los traslados.

Es impunidad que se hayan censurado documentos desclasificados sobre Nibio Melo y Mazucchi, cuando la ley de acceso a la información pública establece en su artículo 12 que no se puede aplicar reserva en casos vinculados a los derechos humanos.

Es impunidad que no se hagan tribunales de honor a los militares presos o fugados, para que sigan cobrando sus salarios y prebendas en la cárcel o en el exterior, porque de eso sobreviven los prófugos Jorge Tróccoli, Manuel Cordero, Hermes Tarigo, y Pedro Mato.

Es impunidad que Cordero tenga arresto domiciliario en Buenos Aires, que Pedro Mato haya cruzado la frontera y radicado en Livramento evite ser encausado por la muerte de Luis Batalla, como que todos sepan que Miguel Sofía esta en Miami y no lo arresten.

Son impunidad todos los casos de corrupción confirmados en los gastos de la Armada; y que no se indaguen situaciones similares en las otras armas y la policía; como es impunidad la connivencia con algunas empresas de salud o con el lobby farmacéutico.

Es impunidad que no se interrogue a los marinos Ricardo Dupont y José Uriarte quienes acompañaban a Tróccoli cuando fue a secuestrar a los GAU en Buenos Aires; como lo es que el perro Willie Purtscher diga lo que diga y lo sancionen 6 días sin que se desdiga.

Es impunidad que Eduardo Ferro ande libre y convoque a una reunión de casi un millar de nostálgicos, a quienes le dio un llavero con una bala viva de alto calibre, lo que implica que hay represores que tienen arsenales no controlados.

Es impunidad que en la cátedra de historia de la Escuela Militar dicte cursos el represor Glauco Yanonne y que en estos días el psiquiatra torturador Martín Gutiérrez, denunciado ante el juzgado penal de 7° turno, pretenda un diploma de la Udelar en neurofisiología.

Es impunidad que los represores se constituyan en el Foro Libertad y Concordia y el sistema mediático los acepten, igual que a los directivos del Centro y el Círculo Militar, como voceros válidos del sistema de convivencia republicano democrático.

Es impunidad que personas y grupos supuestamente democráticos pretendan lavar la imagen del general Dalmao, asesino de Nibia Sabalsagaray; como que se quiera dar la libertad a los “viejitos” cuando lo que habría que darles es el Penal de Libertad.

Es impunidad que haya grupos nazis activos en Flores y San Carlos, que se sepa y no se actúe; mientras la sociedad está siendo vigilada por grupos de estudiantes a través de un millar de cámaras, para confirmar las previsiones de George Orwell en 1984.

Es impunidad que cada gobierno que asume intente un punto final desde la “verdad posible” o nombre nuevos grupos de trabajo que tienen que comenzar, casi desde cero, con una investigación que nunca llegará a término si no hay verdadera voluntad política.

Durante años denunciamos y luchamos para desmantelar el aparato represivo de la dictadura. En parte se ha logrado, pero ahora están generando un nuevo aparato represivo en la institucionalidad democrática: la Metropolitana del Ministerio del Interior.

Lo que no hemos podido desmantelar es la continuidad institucional de cuatro organismos del Estado que han mantenido su impunidad desde los días de la dictadura: las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Los militares siguen decidiendo sobre su sistema educativo y formativo, como sobre las calificaciones para ascensos que definen qué coroneles pueden llegar a generales y la policía mantiene la carrera de algunos impunes que hoy son jefes de policía en el interior.

Lo mismo ocurre en un Poder Judicial cuya Suprema Corte hace y deshace sobre los jueces y sus destinos; como el Fiscal de Corte también tiene la impunidad de ejercer su “autonomía técnica” designando, ascendiendo o trasladando funcionarios.

Hace unos años escribí un ensayo periodístico para el libro “Réquiem para el movimiento sindical” donde se contaban aquellos días del surgimiento del Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT) de los que fui testigo y protagonista a fines de la dictadura.

El artículo comenzaba con la frase “La verdad es, la historia puedes ser…” y con ella trataba de explicar que los hechos son, constituyen la realidad, pero lo que de ellos podemos ver, saber y escribir nunca terminará de abarcarlos.

Nosotros todavía tenemos un largo camino para encontrar la verdad. Una verdad que sin duda exigirá justicia, pero que hoy se enfrenta con una lamentable circunstancia de la que unos y otros somos culpables. Ellos por desidia, nosotros por ser tan pocos.

Si en las actuales circunstancias enfrentara el desafío de escribir otro ensayo, sobre los derechos humanos en Uruguay, tendría que comenzar con una frase parecida a la que aquella vez usé: “La impunidad es, la verdad y la justicia tenemos que encontrarla”.

Y ese, sigue siendo el desafío: actuar, organizarse y dar una batalla pública ideológica para que se comprenda que la cultura de impunidad sólo se modifica con una cultura de derechos humanos, para la cual se exige saber dónde están los desaparecidos.

Muchas gracias.

DDHH: Balance y Plan contra la Impunidad / Sindicato de Artes Gráficas/ 11-04-2015

Tomado de http://www.semanario-alternativas.info/archivos/2015/4%20abril/357/PORTADA/Art/Uruguay/BALANCE_DE_IMPUNIDAD.html

La impunidad establecida a la salida de la dictadura sigue rigiendo en la sociedad uruguaya más allá del esfuerzo realizado durante treinta años por la sociedad civil, por los familiares de las víctimas y por las propias víctimas, por organizaciones de derechos humanos, por organismos internacionales, por investigadores independientes y periodistas, por partidos políticos y, aún, por el propio Estado.

Las cuentas son claras… De 167 casos de desaparición denunciados, se recuperaron 24 cuerpos (17 en Argentina, 1 en Bolivia, 1 en Chile y solo 5 en Uruguay). También fueron recuperados 10 niños. De 210 expedientes judiciales presentados, el 70% esta aún en la etapa de presumario, sin procesamientos ni condenas. Solo fueron procesados 31 represores en primera instancia.

De ellos, catorce permanecen en una prisión (José Arab, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira, José Maurente, Ernesto Soca, Ricardo Medina, José Sande, Gregorio Álvarez y Juan Larcebeau en la Cárcel de Domingo Arena; y José Ribero, Arturo Aguirre, Nelson Bardecio, Pedro Fleitas y Asencio Lucero en la Cárcel de Corceros) y cinco fueron beneficiados con la prisión domiciliaria (José Gavazzo, Ernesto Ramas, Juan Carlos Blanco, José Araújo Umpiérrez y Amodio Pérez).

El coronel Eduardo Ferro, jefe del operativo contra Celiberti y Rodríguez, implicado en la desaparición de Oscar Tassino, quien trabajo en empresas de seguridad y fue asesor de legisladores colorados, organizó una reunión en Maldonado, a la que asistieron 900 camaradas. A cada uno la regaló un cartucho vivo de una bala Calibre 30 transformado en llavero. Nadie cuestionó oficialmente de dónde salieron esas balas y por qué un oficial retirado tenía una caja con un millar de municiones de armas de guerra. ¿Hay un arsenal en algún lado? ¿Justo en un entorno en el que se ha denunciado grupos de ultraderecha?.

Su denuncia fue desechada, pero aún no lo juzgaron por su crimen.

Los militares Alberto Ballestrino (h), Ricardo Blanco Fanocchio y Gustavo Mieres Ultra asesinaron por torturas a Oscar Fernández Mendieta en el Batallón de Durazno en mayo de 1973. Su responsabilidad fue denunciada en 2009, pero todavía no fueron juzgados. Ballestrino es pastor en Maldonado, Mieres dirige el Club Tacuarembó y Blanco habría viajado al exterior.

El pasado 18 de mayo, Día del Ejército y la Batalla de las Piedras, el comandante del Ejército, Guido Manini Ríos, destacó el concepto de “trato digno al enemigo preso” que pedía el General Pablo Galarza en la guerra de 1904. Galarza es el nombre del batallón donde mataron a Fernández Mendieta.

En marzo de 2009 la historiadora Clara Aldrighi trajo documentos desclasificadoss en Estados Unidos que mostraban la ayuda que el agente norteamericano Dan Mitrione pidió para Uruguay antes de ser ejecutado por los Tupamaros en agosto de 1970.

La “ayuda” llegó a fines de 1970. Incluía autos Mavericks, equipos de espionaje y armas, entre ellas cuatro winchester 225 con mira telescópica, que fueron usados para asesinar al estudiante Heber Nieto en la azotea de la Escuela de la Construcción en 1971. La semana pasada, 45 años después, un testigo fue citado a declarar por el caso en el juzgado penal 13…

CUENTAS DE IMPUNIDORES

Los criminales prófugos Jorge Tróccoli, Hermes Tarigo y Pedro Mato, estarían cobrando sus pensiones militares a través de tarjeta BROU internacional. Todos ellos deben presentarse periódicamente ante un consultado uruguayo para que les den el “certificado de vida” que luego envían al Servicio de Retiros y Pensiones Militares para que les habiliten el pago de sus jubilaciones. La Cancillería uruguaya sabe dónde está cada uno de ellos, porque esos papeles son enviados a Montevideo por los consulados.Los militares prófugos obtienen certificados de vida en los consulados uruguayos y luego cobran sus jubilaciones en cajeros BROU.

Estos militares prófugos tampoco han sido sometidos a los tribunales de honor que les harían perder sus pensiones. Ser prófugos no sería deserción para las Fuerzas Armadas. Por el contrario, ellos también fueron favorecidos por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que en 2008 declaró inconstitucional el impuesto a los sueldos (IRPF), de unos tres mil retirados militares, que en la causa estuvieron representados por el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre Ramírez. Resulta paradójico que el Estado financie sus fugas..

En julio de 2010, el Ministerio del Interior censuró documentación desclasificada por la Ley de Acceso a la Información 18.381 sobre Nibio Melo, el hijo desaparecido de Luisa Cuesta, con el argumento de “bloquear datos de terceros” por la Ley de Protección de Datos Personales 18.331; pese a lo que específicamente dice el artículo 12 de la ley de transparencia: “no podrán invocar ninguna de las reservas mencionadas… cuando la información solicitada refiera a violaciones a los derechos humanos, o sea relevante para investigar, prevenir o evitar violaciones de los mismos.”

Dos abogados del Ministerio de Defensa Nacional, los doctores Pablo Mella y Alfredo Maeso Vera, argumentaron en 2007, dos años después de la asunción de Tabaré Vázquez, que el maestro Julio Castro no había desaparecido sino que había tomado un avión a Buenos Aires como había dicho en 1977 la dictadura ante la OEA. La impune excusa se planteó como respuesta a una causa civil que inició la familia, quien luego de ganar ese juicio presentó todas las pruebas en una causa penal.

La causa penal derivó en el procesamiento con prisión del comisario Ricardo Zabala, quien había secuestrado al maestro Julio Castro en 1977; pero un nuevo fallo judicial excarceló al policía.Algo similar ocurrió con el coronel Juan Carlos Gómez, procesado por el asesinato en 1973 de Roberto Gomensoro Josman. Pero luego, en un extraño movimiento simultáneo de piezas desde la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía de Corte, fueron cambiados juez y el fiscal, y terminaron otorgando el sobreseimiento del militar.

CUENTAS DEL PASADO

El caso Gomensoro volvió a quedar impune con la excarcelación del coronel Gómez.

 Es impunidad la liberación del coronel Juan Carlos Gómez en el caso Gomensoro Josman, como lo es la liberación del comisario Zabala, uno de los asesinos de Julio Castro, o la prisión domiciliaria de Araújo Umpiérrez coordinador del segundo vuelo de Orletti, y obviamente lo es el régimen carcelario que el juez “ejecutor” Martín Gesto concedió a Ernesto Ramas (quien nunca estuvo en la cárcel y siempre se alojó en el Hospital Militar) y ahora fue a veranear a Piriápolis sin tobilleras, y para José Nino Gavazzo, a quien el mismo magistrado le permitió asistir a la celebración de los 15 años de su nieta. Un escrache en la puerta de su casa en Pocitos se lo terminó impidiendo.

Las excavaciones se demoran por razones políticas, judiciales o económicas.

Y también es impunidad que cada gobierno comience las investigaciones desde el principio y a la Comisión para la Paz, que hizo un informe para clausurar las investigaciones, siga una Comisión de Seguimiento que terminó publicando cinco tomos de documentos oficiales no cotejados con las víctimas y sus familias, y ahora una Comisión por Verdad y Justicia, que tarda un año en presentar su plan de trabajo; o que las excavaciones para encontrar a los desaparecidos dependan del convenio que se debe renovar cada año…

CUENTAS DEL PRESENTE

Muchas veces se ha indicado que la impunidad, en definitiva, es el no castigo de aquellos crímenes y delitos que se cometieron en los años del terrorismo de Estado; y su consecuencia es lo que denominamos “cultura de impunidad”, un síndrome en el que vivimos, el cual trasciende el tema de las violaciones a los derechos humanos durante las dictadura o de la corrupción política de los gobiernos y los gobernantes; o la falta de voluntad política o de un política de Estado sobre el tema en Uruguay.

La falta de verdad y de justicia (que son las variables generadoras de la memoria colectiva para que se solidifique ante la sociedad y la historia el “nunca más”), genera una frustración y un descreimiento social, que se acumula al problema de la exclusión que sufren los sectores más pobres cuando no logran llegar a los niveles de consumismo que le imponen las marcas, los modelos y las innovaciones tecnológicas con las que en la sociedad contemporánea se mide la identidad y el “valor” de la existencia humana.

La venta del Banco Pan de Azúcar, una de las denuncias de corrupción en los años noventa que parecen olvidadas.

La impunidad cotidiana genera pérdida de memoria sobre los nombres de la corrupción y de los corruptos, que se mezclan intencionalmente en la confusión y el olvido, para que nunca recordemos cuál era qué caso y cuáles sus derivaciones, para que no recordemos a los sospechosos de siempre, a los culpables de ayer, de hoy y de mañana…

¿Qué significan para la mayoría de los uruguayos los nombres de empresarios y operadores como Angelo Bulgaris Angelópulos, Igor Svetogorsky, Stephan Benhamu, Walter Estellano, Carlos y José Rohm, Ignacio Rospide, los hermanos Juan, Dante y Jose Peirano, Pablo Boselli, los hermanos Espert, Axel Van Hooven, Daniel y Gustavo Trocki, Eduardo Lasalvia, Eduard Yern, los Rupenian, Carlos García Altolaguirre o Carlos Curbelo Tammaro?.

El negocio del fútbol quedó expuesto con la detención de Figueredo por FIFA y las off shore de Damiani en Panamá. Se manchó la pelota.

Cualquiera en la sociedad uruguaya puede tener una de estas empresas. Desde el oncólogo Eduardo Lasalvia, a los Stirling, los Bulgheroni, los Lecueder, el arrocero Casarone, el lanero Alejandro Nin o las autoridades del Carrasco Lawn Tennis, o personajes como Daniel Laffite, Juan Berchesi, Alberto Benegas Lynch, Ramiro Rodríguez Villamil, Jorge Caumont, Carlos Federigoti o Victoria Ortiz. Gente del deporte: Eugenio Figueredo, Francisco Casal, Diego Forlán, Alvaro Recoba, Enzo Francescoli, Daniel Gutiérrez, Jorge Da Silveira o Juan Pedro Damiani o su hermana Patricia. También pueden tener unas off shore Ricardo Peirano o su pariente Dante Peirano (¿o por sus antecedentes no debería?).

Los ricos no piden permiso para evadir impuestos… Los principales empresarios y grupos económicos dirigen empresas en el exterior. Si en el buscador del Open Corporates se digitan los nombres de la lista de 120 más ricos del Uruguay que publicó la revista Caras & Caretas, verá que tienen empresas en el exterior los Fernández, Bouza, Taranto, Dovat, Zeinal, Mailhos, Alvarez, Cardozo, Romay, Lecueder, Henderson, Manhard, Otegui, Weiss, Macri, Lempert, Rospide, Renner, Mitelman, Azar, Campiglia, Saps, Cohen, Strauch, Mesa, Scheck, Schneck, Ortolani, Branaá, Gervitz, Romay, Levitin, Kaufman, Zambrano, Artagaveytia y Campomar, o la sucesión Calcagno.

Pero el problema de la impunidad comienza a aparecer cuando estos empresarios, que hacen negocios en Uruguay y llevan el dinero al extranjero, son los propios representantes de las gremiales, los que piden luego exhoneraciones fiscales, flexibilidad laboral, rebajas salariales, seguros o refinanciaciones al Estado y tratan de reducir la porción de los trabajadores en los Consejos de Salarios.

¿Directivos de las cámaras empresariales que piden exhoneraciones, flexibilidad y refinanciaciones, tienen empresas off shore?

Impacta ver que al frente de off shore aparecen nombres idénticos a los de la directiva de la Cámara de Industrias: de su presidente Washington Corallo, del vice Carlos Barreira, de los vocales Rafael Sanguinetti, Juan Carlos de León, Fernando Pache, Lucio Terra, Eduardo Canrell, Ricardo Vecino, Walter Frisch, Elbio Fuscado…

Del Foro sobre Impunidad y

espionaje presentamos videos con

los oradores de la primera parte.

Montevideo, 7 de Junio del 2018

Comisión solicita a Diputados que reitere

pedido para acceder a Archivo Castiglioni 

Lo hemos solicitado varias veces. Hasta ahora no nos ha sido remitido, afirmó el diputado Luis Puig (FA) 

La Comisión que investiga casos de espionaje en democracia solicitará este martes a la Cámara de Diputados que reitere el pedido a la justicia del denominado Archivo Castiglioni. 

El miembro denunciante diputado Luis Puig, aseguró que en esa documentación hay “mucha información” que puede ayudar a “sacar conclusiones importantes” al respecto.

“Lo hemos solicitado varias veces. Hasta ahora no nos ha sido remitido”, afirmó el legislador frenteamplista.

Según señaló, desde la Comisión entienden que si en el Parlamento Nacional crea una comisión votada por todos los partidos políticos, “parece elemental que se pueda tener acceso a esa información”.

Foro sobre Impunidad y espionaje

Por Valeria Fariña, 

Resumen Latinoamericano, 8 de junio 2018.

“A pesar de la industria de la desmemoria y el olvido, aquí estamos”, fueron las palabras que dieron apertura al Foro Debate sobre “Impunidad y espionaje en Uruguay”, que comenzó este pasado 7 de junio en el Instituto de Profesores Artigas.

Organizado por los sindicatos ADES, SINTEP, UFC y Comisión de DD.HH. de AFUTU, y por el Gremio Estudiantil del IAVA y el CEIPA, la actividad se abocó a desentrañar “La situación actual de los Derechos Humanos y el espionaje”.

A pesar del gran frío, que ya comenzó sentirse en esta región rioplantense, y del partido amistoso que jugaba la selección uruguaya de fútbol, el foro contó con una importante participación.

El periodista Samuel Blixen, destacado investigador y ex-tupamaro, explicó que contamos con elementos que indican la existencia actual del espionaje de inteligencia militar, aunque los hechos no son conocidos públicamente.

Blixen enseñó que las dos fuentes fundamentales de inteligencia son: 1-la información pública y 2- la información secreta que es obtenida por espías e infiltrados.

Esto tiene validez para la actualidad ya que la estructura esencial de la represión (integrada por no más de 30 oficiales) y el control de la sociedad, siguen teniendo la misma política.

Sobre los organismos encargados de esa inteligencia, Blixen remarcó que lo que cambiaron fueron los nombres de las estructuras: en 1965 se creó el Servicio de Información y de Defensa (SID) que fue sustituido 10 años más tarde por el Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (SIFFA), que a su vez, hacia 1985, pasó a denominarse Dirección General de Información de Defensa (DGID).

Es decir, se “heredó la estructura de la SID y la misma política”, explicó Blixen, “y en democracia siguen operando con el mismo concepto de “enemigo” que tenían en las década de los 60 y 70, una idea que se remonta a la guerra fría”.

Por lo tanto, “si el gobierno no toma alguna medida”, “todo va a seguir como está hasta el momento” porque “la política sigue siendo la misma”, concluyó Blixen.

Mirtha Guianze fue otra de las integrantes del panel de exposición. La Presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), órgano estatal autónomo creado en el 2008, enfatizó que estamos viviendo “en un clima de impunidad”.

Guianze explicó que el Estado no tiene una política para ordenar y consultar los archivos, “salvo algunas raras excepciones”.

Uno de los problemas centrales es que la impunidad está enraizada con el terrorismo de Estado, y al respecto, “casi nada se ha hecho”.

La falta de voluntad política para investigar lo que sucedió en el pasado, afirmó la presidenta del INDDHH, hace posible que se sigan tergiversando los hechos y cada vez con más fuerza. “Hoy los militares están saliendo a decir cosas muy graves, estamos ante un retroceso”, advirtió Guianze, “y el Poder Ejecutivo no tiene una política seria y definida”.

Concluyó que si se mantiene esta situación, “si todos los días se sigue cediendo terreno”, entonces seguirá reinando ese clima de impunidad.

Por otra parte, el diputado frenteamplista Luis Puig, afirmó que la impunidad que se viene desarrollando hace décadas es la que promovió el espionaje, que aún subsiste.

En este caso, afirmó Puig, la responsabilidad es del Estado y del Gobierno, “hay que investigar a fondo a los responsables y también hay que ir a fondo en las conclusiones políticas”.

El diputado remarcó que las Fuerzas Armadas y los Servicios de Inteligencia, no pueden seguir siendo dos grandes temas tabús.

El Foro cerró con la intervención de la dirigenta sindical Fernanda Aguirre, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT y también responsable de la Secretaría de DD.HH del PIT.

Fernanda, en una línea similar a los otros panelistas, reafirmó que en torno al espionaje rige la misma política de impunidad que existía en la dictadura, y advirtió que “no hay ningún responsable que esté pagando por ello”.

“La impunidad sigue instalada”, sostuvo Fernanda, “es un chiste que existan alrededor de 20 condenados y encima solo 3 de ellos estén presos, mientras las víctimas se cuentan en miles”.

Miles de compañeros y compañeras, explicó la dirigenta sindical, “que lucharon por las mismas causas que pelamos hoy y que siguen vigentes”, como el salario, “ya que hoy, por ejemplo, los niveles salariales son peores a los que existían durante la dictadura, aunque hubo mayor recuperación salarial”.

Fernanda además afirmó que los organismos e instituciones que se crearon desde la salida de la dictadura, para resolver el cumplimiento de los DD.HH. y para que triunfara la Verdad y la Justicia frente a los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado, “no han sido efectivos”.

Con esos organismos, explicó Fernanda, “se podrá quedar bien internacionalmente”, vender una imagen, “pero en casa no se hace nada”.

Si existiera voluntad política, afirmó la dirigenta del PIT-CNT, incluso del Presidente de la República, “que hasta el momento no tuvo un solo gesto político”, se prevería una distribución presupuestal que permita el funcionamiento real de todos los organismos que se han creado.

Por lo tanto, hay mucho por hacer, y “ya no se puede esperar más”, concluyó Fernanda, el “Juicio y Castigo a los culpables”, es impostergable.

El Foro continuará el próximo jueves 14 de junio con otro panel titulado “Las organizaciones sociales frente a la impunidad“.