Te fugarás dos veces
Ferro y el escaso seguimiento de la cancillería de la situación legal en España.
SAMUEL BLIXEN
La cancillería se opuso a la contratación de un abogado para el seguimiento del trámite de extradición en Madrid de Eduardo Ferro, quien quedó en libertad porque no se cumplió con los términos del tratado. El militar logró fugarse de la justicia uruguaya por segunda vez en un año.
El coronel (r) Eduardo Ferro tiene múltiples padrinos que a lo largo de su carrera le han permitido eludir el castigo por los delitos cometidos, y más recientemente eludir el proceso de extradición desde España. Esos padrinos, que van desde presidentes y generales hasta jefes de estación de agencias de inteligencia extranjeras, explican por qué, desde 1985, cuando ignoró una citación judicial, logró esquivar el cuerpo.
Durante su permanencia desde 1989 en la Dirección General de Información del Estado (Dgid) como jefe del Departamento III (Operaciones), Ferro cultivó vínculos con la Cia a partir del interés común en espiar al Partido Comunista en democracia; con los servicios de inteligencia alemanes, con los que hizo varios acuerdos durante el curso que realizó en ese país; y con la comunidad de inteligencia española, algunos de cuyos integrantes conoció en Montevideo cuando se inició la vigilancia sobre ciudadanos españoles acusados de pertenecer a la Eta. Ferro fue de gran ayuda cuando aquí en Montevideo uruguayos víctimas del Plan Cóndor dieron testimonio para el juez Garzón y sus declaraciones llegaron antes a manos de los servicios españoles que a la Audiencia Nacional.
Quizás esos favores fueron retribuidos cuando Eduardo Ferro huyó de Uruguay al ser citado a declarar, a mediados del año pasado, por la desaparición del militante comunista Héctor Tassino, ocurrida en 1977. Su abogado defensor hizo una inestimable gestión para su cliente cuando informó al juzgado que Ferro estaba a punto de regresar de un viaje al exterior, demorándose así el cierre de fronteras. No obstante, Ferro fue detenido en setiembre del año pasado por Interpol en un hotel de Madrid, donde permanecía, quizás demasiado confiado, con su pasaporte legal.
Para cuando los tribunales españoles otorgaron finalmente la extradición, Ferro ya estaba en libertad. Fuentes españolas vinculadas a organismos de derechos humanos afirmaron a Brecha que hubo desinterés de las autoridades uruguayas en todo el proceso del trámite administrativo de la extradición. El responsable en Madrid de dicho trámite era el embajador Francisco Bustillo. Al parecer no se habría cumplido con los términos del tratado que taxativamente requerían que se concretaran los trámites en el primer mes de la detención del reclamado. Al cumplirse el mes de detención, Ferro quedó en libertad, y su paradero se desconoce. La justicia uruguaya reiteró ante Interpol un pedido internacional de captura, pero según las fuentes españolas Ferro goza de la protección de lo que denomina “cloaca de los servicios”.
La displicencia en Madrid tuvo su contraparte en Montevideo. Según las fuentes, la cancillería uruguaya descartó la propuesta de que se designara en Madrid a un abogado para realizar el seguimiento y los trámites del proceso de extradición. La cancillería hasta ahora no ha dado ninguna explicación sobre el desenlace del episodio. Habitualmente un trámite de extradición no tiene mayores secretos: la justicia lo solicita y la cancillería lo tramita a través de su embajada. Resulta significativo que haya habido problemas justo cuando se trataba de que regresara a Uruguay para responder ante la justicia. Ferro está acusado de participar en operaciones en Argentina en el marco del Plan Cóndor, en la desaparición de Tassino, en el asesinato de María Claudia García de Gelman y en el secuestro de Universindo Rodríguez y Lilián Celiberti.
Miembro del Ocoa y del Sid, Ferro gozó de la protección del general Fernán Amado, director de la Dgid, cuando desde la jefatura del Departamento III monitoreó el espionaje contra partidos políticos y organizaciones sociales en el proceso de junta de firmas para la derogación de la ley de caducidad, durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti. Recientemente el ex presidente ha aclarado que nunca dio orden de realizar ese espionaje.
Al comienzo de la presidencia de Luis Alberto Lacalle, Ferro fue desvinculado de la inteligencia, pero fue restituido en la Dgid al comienzo de la segunda presidencia de Sanguinetti.
Durante ese paréntesis, desde su nuevo destino como jefe del Batallón de Ingenieros 2, montó un sistema de espionaje clandestino contra militantes del Partido Nacional. Dicho episodio no tuvo consecuencias, y su superior, el general Juan Curutchet fue, junto con el general Amado, uno de los tres generales que entendieron en 1996 en el tribunal de honor solicitado por el propio Ferro, quien acusaba a sus dos colegas, los coroneles Carlos Silva y Tomás Casella, de haber filtrado información que fue publicada por el diario La República y que afirmaba que había intentado reclutar como espía a un chofer del presidente Sanguinetti. Ferro atribuyó la maniobra a los “celos profesionales” de sus dos colegas, que coincidieron con él en la inteligencia; uno, Silva, como jefe del Departamento II (exterior) y otro, Casella, como jefe de la Compañía de Contrainformación.
En sus declaraciones ante el tribunal, Ferro negó la acusación de reclutamiento del chofer de Sanguinetti. “¿Para qué?”, se preguntó. Y agregó: “Tengo que decir que tengo una amistad personal con el secretario privado del doctor Sanguinetti, amistad que nace hace mucho tiempo en un club de pesca”, donde seguramente Ferro pescaba información.
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Familiares reclama
explicaciones por la liberación
de Ferro en España
Esperan la intervención de Cancillería ante lo que consideran una omisión de la justicia español
Familiares de detenidos desaparecidos solicitaron a la Cancillería de Uruguay que pida explicaciones a la justicia española por no informar de la liberación del excoronel retirado Eduardo Ferro, acusado de delitos de violación a los derechos humanos en dictadura.
Ferro fue liberado en España hace seis meses y se fugó sin responder al pedido de extradición de la justicia uruguaya.
El exmilitar está acusado de participar en el Plan Cóndor y deberá responder ante la Justicia por el asesinato del dirigente sindical comunista Óscar Tassino en 1977.
El coronel retirado también está acusado de asesinar a Fernando Miranda, padre de Javier Miranda, actual presidente del Frente Amplio.
El representante de Familiares Javier Tassino dijo aInforme nacional que la Cancillería debe pedir explicaciones a España por esta situación.
Informe de Mónica de León