Buscando a Ferro
Justicia uruguaya investiga intrigante contradicción en la fuga del represor desde España.
SAMUEL BLIXEN
Una denuncia sostiene que el militar prófugo reingresó a Uruguay el día que supuestamente era detenido en Madrid. Mientras se investiga el dato, se revelan otros detalles de su segunda fuga: quedó en libertad mientras se sustanciaba su extradición, porque un fiscal español consideró que sus delitos habían prescripto.
Puesto que la cooperación judicial entre países se apoya en gran medida en la confianza mutua (de lo contrario sería imposible concretar cualquier pedido de extradición), la fuga del coronel (r) Eduardo Ferro (si es que existió), ubicado por Interpol en Madrid a fines de agosto de 2017, se convierte en un gran escándalo internacional que debería tener graves consecuencias, a menos que todos miren para el costado: el Estado español violó flagrantemente el tratado de extradición firmado con Uruguay en 1996 y aún no ha dado una explicación oficial de por qué no ha concretado todavía la entrega del responsable de múltiples delitos de lesa humanidad (entre ellos el asesinato de María Claudia García de Gelman y las desapariciones de Fernando Miranda y Óscar Tassino).
La explicación es simple: aunque la extradición fue concedida por el Consejo de Ministros del gobierno español, con la firma del entonces presidente Mariano Rajoy, la entrega del requerido, que supuestamente debía permanecer en prisión administrativa, no pudo concretarse porque Ferro estaba en libertad y se tomó las de Villadiego, gracias a una “mano solidaria” que le extendieron unos magistrados españoles.
La primera sospecha que se instaló cuando se supo, en mayo pasado, que Ferro se había vuelto a fugar apuntaba a la cancillería y a la embajada uruguaya en Madrid, en el supuesto de que el incumplimiento de algún trámite burocrático había facilitado la liberación del requerido. Pero el abogado de Ielsur, Martín Fernández, que representa a la familia Tassino en el proceso judicial, fue contundente al afirmar que “se cumplieron con todos los plazos y los requerimientos, y no hubo nada parecido al caso Tróccoli”. Fernández explicó a Brecha que concurrió reiteradas veces a la cancillería para conocer los detalles del extraño episodio y que la cancillería aguarda explicaciones del gobierno español, las cuales aún no han llegado, pese a que han transcurrido dos meses desde que se comunicó desde Madrid que Ferro había obtenido la libertad.
LA LIBERACIÓN. Extraoficialmente se conocen ahora detalles que explican la “suerte” de Ferro. El ex coronel de Ingenieros, cuya carrera estuvo determinada por su actuación como oficial de inteligencia –fue jefe del Departamento III de la Dirección General de Información de Defensa (Dgid) y responsable del espionaje militar al referéndum contra la ley de caducidad–, había fugado de Uruguay cuando la justicia penal lo conminó a presentarse ante el magistrado para un interrogatorio. El 7 de setiembre de 2017 supuestamente fue detenido en un hotel de Madrid y la Interpol fue informada debido a que existía un pedido de captura internacional. Inmediatamente el juzgado tramitó el pedido de extradición, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Mientras se aguardaba la decisión de la justicia española, que aparentemente estaba estudiando la pertinencia de la extradición en función de las pruebas y argumentos aportados por el magistrado uruguayo, un fiscal pidió la excarcelación de Ferro con el argumento de que los delitos que se le imputaban habían prescripto (lo que no es cierto, porque tales delitos de lesa humanidad son imprescriptibles). El juez aceptó el criterio del fiscal y ordenó su excarcelación.
Según el abogado Fernández, todo el episodio fue “entre gallos y mediasnoches”. La liberación de Ferro ocurrió, según fuentes españolas, el 23 de noviembre de 2017, pero recién fue comunicada a las autoridades uruguayas el 24 de mayo de 2018. Tan subrepticia habría sido la excarcelación que en el escrito por el que se concede la extradición el Consejo de Ministros español consigna que Ferro estaba preso.
Para el abogado de Ielsur la medida impulsada por el fiscal y aceptada por el juez no tiene precedentes y es de una extrema gravedad, más en función de la calidad de los delitos que se le imputan al extraditable. Le parece inadmisible que Uruguay no fuera enterado de esa decisión hasta seis meses después. “Es un episodio muy oscuro –dijo a Brecha– que revela los poderosos contactos y relaciones de Ferro”. Fernández descarta que se trate de un error por el cúmulo de elementos que revelan la intención de ocultamiento; considera que cualquiera sea el tenor de la explicación que el Estado español le debe a Uruguay, la justicia española no puede permanecer muda. El Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo tampoco ha dado a conocer una posición pública al respecto.
La orden de captura del ex coronel de inteligencia ha sido reiterada, pero el rastro se ha perdido totalmente. Esté donde esté, para seguir en libertad Ferro debe manejarse con documentación falsa y contar con abundantes recursos. En principio no podría cobrar su jubilación militar.
PARADOJAS. Pero hay aún más, y a ello se debe el uso de ciertos condicionales en esta crónica. Según confirmó a Brecha, el fiscal penal especializado en crímenes de lesa humanidad Ricardo Perciballe recibió recientemente una denuncia de un testigo que afirma haber viajado con Ferro en un avión de Iberia, desde Madrid a Montevideo, y de haberlo observado detenidamente mientras Ferro hacía la cola para presentar sus documentos en las ventanillas de Migración. El testigo no tiene dudas sobre la identidad porque acostumbraba verlo pasear con sus perros por las calles de Punta del Este cuando en la década del 90 fue jefe de seguridad en un hotel del balneario.
La denuncia incorpora un elemento paradójico: el avión de Iberia despegó de Madrid el 6 de setiembre y aterrizó en Montevideo, sin escalas, en la mañana del 7 de setiembre de 2017. La presencia de Ferro en Carrasco coincide con la fecha en que, según las comunicaciones oficiales españolas a la embajada uruguaya, era detenido e ingresaba en un instituto de reclusión para cumplir la prisión administrativa mientras se sustanciaba el pedido de extradición.
La denuncia promovió una investigación a cargo de la unidad policial de Delitos Complejos. Se trata de establecer si Ferro efectivamente reingresó al país en setiembre. El chequeo es en principio simple si el requerido utilizó su pasaporte real, como dicen que usó al ingresar a España. Pero si Ferro viajó con documentación falsa, el estudio de las listas de pasajeros y el análisis de las cámaras de televisión en el aeropuerto será más complejo. La denuncia también obliga a confirmar la partida del prófugo en 2017. El fiscal Perciballe indicó a Brecha que todavía no tiene ningún elemento sólido como para considerar que Ferro regresó a Uruguay en setiembre de 2017, pero apuntó que el testigo fue muy firme y consistente en su relato.
En principio, una contradicción como la que presenta la denuncia debería explicarse por una simple confusión. Pero por las características de la trama española y la ayuda que recibió Ferro de la hermandad de terroristas de Estado españoles (que exhiben antecedentes de complicidad con criminales perseguidos de las dictaduras latinoamericanas) es sano plantearse todas las dudas, poner bajo cuestión todos los detalles, empezando por preguntar si realmente estuvo preso en Madrid. La historieta no sería descabellada teniendo en cuenta la imaginación que Ferro aplicó en las operaciones de inteligencia cuando era el “Guillermo” que actuaba en Buenos Aires para el Sid en dictadura o se esforzaba por infiltrar a los partidos políticos de izquierda desde la Dgid, ya en democracia.
En todo caso, inevitablemente surgirán indicios de sus travesuras por el mundo. Una clandestinidad como la de Ferro no se sostiene sin apoyos considerables y generosos de todo tipo, y siempre quedan huellas.