Nora Cortinas, dirigente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, en una manifestación convocada por organizaciones sociales y defensores de los derechos humanos en rechazo a la decisión del gobierno de habilitar la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior.
Movilizaciones contra la reforma
de las Fuerzas
Armadas de Macri
27 de julio de 2018
En el Congreso y en las calles distintas fuerzas se unieron contra el decreto.
El gobierno de Mauricio Macri publicó el martes el decreto con el que cambia el papel de las Fuerzas Armadas. El texto dispone que estas podrán actuar “ante agresiones de origen externo contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de la República Argentina”.
Según el gobierno, esto abre la puerta a que sean utilizadas en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Sus críticos señalan que de esa manera también pueden destinarse a otros fines, como la represión de manifestantes. Además, el decreto establece que, a criterio del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas avanzarán en la “integración operativa de sus funciones de apoyo logístico con las fuerzas de seguridad”.
Las críticas se acumulaban en los últimos días y ayer, en el Congreso, se transformaron en una medida concreta: el Frente Renovador, el Bloque Justicialista y el Frente para la Victoria unieron fuerzas en la Cámara de Diputados y presentaron una solicitud para que se convoque una sesión especial el 8 de agosto. En esa jornada se prevé que se traten todos los proyectos de ley presentados por la oposición para frenar la implementación del decreto de Macri.
Algunas organizaciones políticas, como el Frente para la Victoria, directamente piden la derogación de esa norma. Otras, como el Frente Renovador, reclaman que el papel de las Fuerzas Armadas sea debatido en el Congreso y modificado por medio de una ley, no por decreto.
Es inevitable que la unión de la oposición haga recordar a lo sucedido con las tarifas de los servicios públicos. El gobierno dictaminó una serie de aumentos, el Congreso aprobó una ley para moderarlos y Macri vetó la iniciativa.
Al igual que en el caso tarifas, la oposición cuenta con un gran respaldo popular, que se manifiesta en marchas y otras movilizaciones, en su momento en contra de los aumentos y ahora para rechazar la reforma de las Fuerzas Armadas.
Varias organizaciones convocaron a manifestarse ayer contra el decreto de Macri. Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Encuentro Memoria, Verdad y Justicia fueron algunos de los convocantes a una jornada de movilización en la que se vieron pancartas de las dos corrientes de la Central de Trabajadores de la Argentina, la Agrupación Eva Perón, Barrios de Pie y Libres del Sur.
Hubo dos actos distintos, hijos de las diferencias entre en los movimientos. El primero fue el convocado por Madres y Abuelas, que se concentraron frente al Ministerio de Defensa. El segundo fue en el centro de la Plaza de Mayo, y estuvo convocado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Este último fue el que reunió a más partidos políticos minoritarios de izquierda, y el primero fue el más acompañado por los sindicatos y movimientos sociales.
La titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, estuvo entre las primeras en criticar la iniciativa de Macri de utilizar a los militares para la seguridad interna. “No queremos la militarización de nuestro país. Miren lo que pasó en Brasil y México. No sé qué pretenden… ¿acallarnos?”, preguntó públicamente el martes.
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Macri rompe un consenso político de 34 años y consolida proceso de militarización
28 de julio de 2018
Escribe: Andrés Alsina
El lunes, Mauricio Macri dio el trascendente paso de autorizar por decreto la participación de las fuerzas armadas en la seguridad interna de Argentina, facultándolas a controlar la seguridad interna, reprimir y hacer inteligencia sobre los habitantes. Lo justificó en necesidades de combate al terrorismo y el narcotráfico y lo acompañó con el mayor aumento salarial otorgado este año, de 31%, y con el blanqueo de las partidas no remunerativas, que hoy conforman casi la mitad de los ingresos de los uniformados.
El decreto rompe el consenso político sostenido durante 34 años de democracia –tras la más sangrienta dictadura de su historia– de prohibir a los militares la intervención en asuntos internos, y va en contra de tres leyes aprobadas durante tres presidencias: la de Defensa Nacional, de 1988, cuando Raúl Alfonsín era el presidente; la de Seguridad Interior, de 1992, durante la gestión de Carlos Menem, y la de Inteligencia Nacional, de 2001, aprobada en la administración de Fernando De la Rúa.
El gobierno de Macri efectivizó su aspiración modificando el decreto 727, de 2006, año en el que gobernaba Néstor Kirchner, que había reglamentado las tres leyes de Defensa Nacional y limitado el accionar militar a la “agresión estatal externa”, en congruencia con la resolución 3.314 de Naciones Unidas, que la define como “el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado”.
La vía del decreto evita que el tema, pese a su trascendencia, sea debatido en un parlamento en el que el gobierno no tiene mayorías. Entre otros aspectos, el decreto de Macri eliminó el carácter “estatal” de la agresión a combatir y la amplió al campo de lo civil y sus asociaciones. Justifica esto en la necesidad de “custodia y protección de objetivos estratégicos”, a los que no define, y menciona como objetivos la amenaza del terrorismo, que no tiene atisbo de existencia en la Argentina de hoy, y el narcotráfico, que no plantea una amenaza que pueda combatirse de esa manera.
En el presupuesto nacional estas nuevas actividades tuvieron rubro antes de ser definidas; para la expansión del espionaje político, por ejemplo, que se menciona como “interceptación y captación de las comunicaciones”, se destinan 2.823 millones de pesos más, y otros 2.416 millones para “operaciones complementarias de seguridad interior”.
La noticia produjo real alarma en la sociedad argentina: la oposición política y los organismos de derechos humanos reaccionaron de inmediato y el debate que se plantea recrimina la confusión que promueve entre seguridad y defensa nacional, la creación de un “enemigo interno” para justificar la medida, las pésimas experiencias de las que vienen Colombia y México con la participación militar en la represión y la imposición de la violencia en la sociedad con un terrible saldo de violaciones a los derechos humanos. El nuevo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, está actualmente tratando de salir del círculo vicioso de violencia que eso instaló, con un promedio de 85 muertes diarias.
De acuerdo con el Libro Blanco de la Defensa 2015, el Ejército argentino tiene una composición que torna ilusorio su empleo en tareas de seguridad interna: un oficial cada 2,8 soldados; demasiados caciques. Mas poner a las fuerzas armadas en la represión interna es una vieja pretensión del Comando Sur de Estados Unidos que Macri declaró hacer suya tras asumir en diciembre de 2015. En abril de este año, en su exposición anual ante el Congreso de Estados Unidos, el almirante Kurt W Tidd, jefe del Comando Sur, explicó que, “dicho con palabras simples, con toda probabilidad los desafíos de seguridad en la región se convertirán en desafíos a la seguridad nacional de los Estados Unidos”. También diciéndoles “nuevos desafíos”, incluyó la pobreza extrema, la superpoblación, las migraciones masivas, el terrorismo internacional, el narcotráfico, el fundamentalismo religioso, las luchas étnicas y raciales y el populismo radical, que revalorizarían “el poder militar dentro de las estructuras de las naciones, al tener que asumir nuevos roles”.
Esa orientación del Pentágono, que sustituye la bipolaridad de la Guerra Fría con la del enemigo interno, llegó a tener su expresión en Montevideo en 1994, con la expulsión de etarras de esta tierra de asilo, seguida de represión policial a la previsible protesta que causó un muerto ante el hospital Filtro y la consiguiente justificación del entonces ministro del Interior, Ángel María Gianola, para auspiciar la transformación del Ejército en Guardia Nacional. La iniciativa capotó, pero el Pentágono se ocupa de que siga sobrevolando y subyaciendo en el continente.
También lo había intentado en la Argentina Horacio Jaunarena, ministro de Defensa de tres gobiernos –Alfonsín, De la Rúa y Eduardo Duhalde–, y por eso debieron pasar 18 años antes de que el gobierno de Néstor Kirchner reglamentara la Ley de Defensa en 2006. Así lo confesó el propio Jaunarena en conferencia en 2002, tras un diciembre de masivas protestas sociales y de gatillo fácil que causó 39 muertes; el caos social y económico que terminaría con De la Rúa abandonando la presidencia en helicóptero desde la Casa Rosada y sus dos sucesivos sucesores durando sólo días en el puesto: 12 Adolfo Rodríguez Saá y dos Federico Ramón Puerta.
Pasado ese trance, Jaunarena y el entonces jefe del Ejército, Roberto Brinzoni, plantearon la intervención castrense en el conflicto social con la creación de un superministerio de Defensa y Seguridad que también se encargaría del control de la criminalidad callejera, la documentación personal, las aduanas y las migraciones. Brinzoni expuso estadísticas sobre el incremento de delitos en zonas urbanas y vaticinó que volverían a producirse saqueos y desórdenes. Identificó un área crítica, entre el sur de La Plata y el norte de Rosario, en la que vivían diez millones de pobres. Dos años antes había hecho lo propio otro ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, ante amenazas como la pobreza extrema, la superpoblación, las migraciones masivas, el terrorismo internacional, el narcotráfico, el fundamentalismo religioso y las luchas étnicas y raciales.
El traspaso de personal tampoco es original: lo propuso en 2004 el entonces jefe del Comando Sur, general James T Hill, en debate televisivo con Horacio Verbitsky: “Si usted tiene unas fuerzas armadas de 100.000 hombres y sólo 15.000 policías pero la mayor amenaza es el crimen urbano, ¿necesita 100.000 militares o 75.000 policías? Como no puede mantener a ambos, yo sugiero tomar algunos de esos militares y reentrenarlos para ser policías. Si la clave es la pobreza, como yo creo, los gobiernos no pueden continuar teniendo las fuerzas armadas y la Policía actuales. Necesitan más policías”.
Protesta enfrenta represión
Ya en diciembre, durante la represión a dos jornadas de manifestación ante el Congreso Nacional durante el tratamiento de legislación que privó a los pasivos de 70.000 millones de pesos, el gobierno estrenó algunos de los juguetes bélicos a los que ahora dedica una porción significativa de esa ampliación de presupuesto. “La doctrina al uso es impedir que se documenten los atropellos y negar información sobre el operativo y las personas detenidas para difundir el miedo y crear incertidumbre”, señaló a este periodista el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Verbitsky.
La represión de la protesta social marcó claramente la diferencia del actual gobierno con el anterior, que no la reprimía. En estos dos años hubo casos notorios, como el del anarquista Santiago Maldonado, muerto en agosto de 2017, y el del mapuche Rafael Nahuel, asesinado de un disparo en la espalda en noviembre de 2017; también la prisión política que sufre en Jujuy la dirigente social Milagro Sala desde enero de 2016, todo en un clima creciente de represión y de justificación gubernamental de la represión.
En diciembre, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional informó en Página 12 a través de su dirigente Carmen Verdú que “hubo 725 muertos en 721 días de gobierno de Cambiemos”. Esta, agregó, es una cifra conservadora, ya que en el informe de 2016 se dio cuenta de 200 muertes menos por la represión que las luego constatadas. “Estamos atravesando el pico represivo más violento desde 1983. Hubo otros momentos especialmente duros, 1989, y 2000-2001, 2008… Pero esta escalada represiva es inédita. Por primera vez superamos la marca del muerto diario por gatillo fácil o torturas”.
“El blanco no es un enemigo externo ni la delincuencia común o sofisticada, sino el malestar social y los reclamos que lo expresan y que no pueden desligarse de las decisiones políticas de endeudar en forma vertiginosa al país”, señaló Verbitsky a la diaria. El argumento oficial es que para contener la inflación debe reducirse el déficit fiscal y que los prestamistas externos permiten hacerlo en forma gradual, sin una conmoción colectiva. El problema es que lejos de reducir el déficit, el gobierno lo incrementa, y la forma en que lo hace provoca esa conmoción que quisiera evitar.
Al asumir Macri, la pobreza por ingresos ascendía a 19,4% y la indigencia a 4,4%, según la consultora ligada a la Central de Trabajadores de la Argentina, Cifra. De ahí al 25,7% actual, la pobreza por ingresos creció 5,5% en el bienio de Macri. Ese aumento es compatible con la caída en igual lapso de 11% de la Asignación Universal por Hijo, de 7% de jubilaciones y pensiones, y de entre 4,2% y 7,3% de los salarios formales, según las estimaciones de Cifra y de la Universidad Nacional de Avellaneda.
A esto se suma el aumento de 2,5% de la informalidad, lo que supone que estos trabajadores reciben un salario que se ubica 50% por debajo del promedio formal. Cifra proyecta estos datos para una población de 43,8 millones de personas y “la incorporación en el bienio neoliberal de 2,4 millones de personas debajo de la línea de pobreza, de los cuales 24% son menores de 14 años”. Y Verbitsky acota que “así como en 2016 bajó la inflación al doble, el mismo método le permitió a Macri anunciar la reducción de la pobreza y el comienzo del crecimiento”.
Ese mes de diciembre trajo también un cambio cualitativo en el tenor de la protesta social, un punto de inflexión: en la apreciación de Diego Sztulwark en el portal El cohete a la luna, “el protagonismo popular limita el triunfalismo de las elites. Diciembre de 2017 es otra cosa: es más la fisura que el corte. Menos el estallido y más la decisión de incidencia en la calle”.
Y en la calle, aun sin liderazgo político establecido todavía, se desafió a la represión con fuerza y se sucedieron concentraciones y manifestaciones de cada vez mayor envergadura: a las dos de diciembre siguió una el 21 de febrero convocada por una conjunción de fuerzas sindicales, la del 8 de marzo de las mujeres, otra el 25 de mayo, luego la vigilia por la legalización del aborto el 14 de junio, el 25 de junio un paro con movilización, y el 9 de julio una convocatoria por la fecha patria que llenó nada menos que la avenida 9 de Julio. Entre ellas, incontables manifestaciones de menor envergadura por las muchas reivindicaciones habilitadas por la gestión Macri.
En el país en el que pudo producirse un 17 de octubre un Cordobazo, una lucha por los derechos humanos como la librada y que continúa ahora buscando castigar la complicidad empresarial en secuestros y muertes, se estaba avanzando hacia un equilibrio de fuerzas entre la represión y la protesta. El decreto que da intervención interna a las fuerzas armadas busca desbalancear esta situación a favor del gobierno y de las fuerzas represivas.
La gestión del decreto es peculiar y al parecer apresurada: el ministro de Defensa, Oscar Aguad, les había anunciado a los militares un aumento de 8%, lo que provocó tal malestar en los uniformados que el presidente no tuvo su desfile patrio en Palermo. Ya está obligado Macri a no aparecer en público porque es rechazado. No pudo, por ejemplo, ir a la ceremonia del Día de la Bandera en Rosario, luego de que su presencia entre los espectadores en la cancha de River provocara abucheos e impusiera la consigna que es el hit del año: “Macri, basura, vos sos la dictadura”. Según el diario La Nación, sólo 60% del estadio lo abucheó.
Otras cosas sucedieron. Tras la primera etapa de la corrida bancaria se anunció el acuerdo con el FMI, y tras esto se reanudó la corrida bancaria, con lo que Macri debió dejar de coquetear con “el peronismo racional”, según lo llama el gobierno (y “opoficialismo”, según la calle), no pudo prometer transferencias a los gobernadores y debió abandonar la tesitura de anunciar inversión en obra pública, dejar de afirmar que no habrá más despidos en la administración pública y más.
Ahora Macri anunció que bajará el déficit fiscal, que mantendrá la reducción de las retenciones a las exportaciones y que sólo responderá a su compromiso con el FMI. “Son propósitos contradictorios y ya no puede hacer las dos cosas, porque está dando 40% de tasa de interés (a 46,5% llegó) e igual se produce otra corrida, y está volcando reservas más allá de lo acordado con el FMI para sostener el dólar y continúa la corrida. Si no se atiene a lo acordado con el FMI y aplica más dureza –explicaba Verbitsky antes de conocido el decreto–, el gobierno se vuela, se lo lleva el huracán”.
El resultado es que Macri se quedó sin aliados, que no quieren pagar costos políticos por problemas que no son de ellos, y este gobierno aislado, atado sólo a sus socios del gran capital, es el que saca adelante este decreto, que obliga a los militares a aliarse con el gobierno. Y todavía falta ver qué harán las fuerzas armadas: si bien el dulce del aumento salarial les tiene que agradar, equivale de hecho a la inflación proyectada, y los militares tienen que aceptar que vuelven a la escena tras casi 35 años en esencia por la misma razón que la tuvieron que dejar: reprimir.
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Repudio
Miles de personas se manifestaron contra el decreto de Macri que permite a las FFAA participar en seguridad interna
Josefa Galla, madre de Plaza de Mayo afirmó a la prensa que las Fuerzas Armadas son “asesinas” y Macri “un dictador”.
Este jueves miles de personas se manifestaron en Buenos Aires en contra del decreto del presidente argentino, Mauricio Macri, para impulsar cambios en las Fuerzas Armadas que incluirán una polémica colaboración en tareas de la seguridad interior.
De las protestas participaron organizaciones de derechos humanos, agrupaciones políticas de izquierda y asociaciones sindicales, que se manifestaron primero en la Plaza de Mayo, frente a la sede del Ejecutivo, y luego ante el Ministerio de Defensa.
La concentración coincidió con las tradicionales marchas de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo alrededor de la pirámide que domina el paseo público frente a la Casa Rosada.
“El trabajo de las Fuerzas Armadas es defender a su país, no están para hacer lo que hicieron en la dictadura: para matar al pueblo de su propio país. Espero que las Fuerzas Armadas sean dignas y no admitan la porquería en la que los pusieron”, dijo a EFE Mercedes de Meloni, madre de Plaza de Mayo.
Josefa Galla, también madre de Plaza de Mayo y quien perdió un hijo por la represión ilegal desatada durante la dictadura militar (1976-1983), afirmó que para ella las Fuerzas Armadas son “asesinas” y Macri “un dictador” .
El pasado lunes el presidente anunció un “proceso de modernización” de las fuerzas militares por el que el Ejecutivo pretende sumar a la misión principal de proteger la soberanía e integridad territorial del país y a la de asistir en emergencias o catástrofes naturales, la de colaborar también en la seguridad interior.
La intención de reforma quedó plasmada en un decreto de Macri y que también lleva la firma del ministro de Defensa, Oscar Aguad, publicado este martes en el Boletín Oficial.
Fuente: EFE
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ARGENTINA
31 de julio de 2018
Macri pone en marcha la reforma de las Fuerzas
Armadas en Argentina
La puesta en marcha se iniciará con el envío a la frontera norte de 500 efectivos militares para dar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad y establecer una “presencia disuasiva” contra las bandas de narcotraficantes o eventuales grupos terroristas.
El gobierno argentino oficializó este martes con la publicación del decreto 703/2018 en el Boletín Oficial, el programa de reforma de las Fuerzas Armadas que había anunciado Mauricio Macri y posibilitará la intervención de los militares en la seguridad interior.
El cambio de doctrina en política de defensa y seguridad nacional incluye la “colaboración” de efectivos de las tres Fuerzas Armadas en tareas de “seguridad interior” y su participación “en la custodia y protección de los objetivos estratégicos”.
Macri anuncia una reforma de las Fuerzas Armadas argentinas
Macri consideró que “es importante que las Fuerzas Armadas puedan colaborar con la seguridad…
“En el marco de la transformación que han experimentado los desafíos en materia de Defensa que debe afrontar la República Argentina, resulta necesaria la aprobación de una nueva Directiva de Política de Defensa Nacional, a fin de actualizar los lineamientos y las prioridades estratégicas de esta política de Estado”, indica el decreto.
Como primera etapa del plan el gobierno envió hoy cerca de 300 militares a la frontera norte del país, que se sumarán a las fuerzas de seguridad que se encuentran en esa zona. Página 12 precisa que en los próximos días, se enviarán otros 200 efectivos e informa que el objetivo del ministerio de Defensa es contar antes de fin de año con 4000 militares en la frontera del norte del país.
“También está previsto en esa primera etapa trasladar 40 pilotos y mecánicos de la Fuerza Aérea y 8 helicópteros. En tanto, ayer llegaron dos aviones al Chaco con el objetivo de respaldar a Gendarmería y Prefectura en la frontera con Paraguay, Bolivia y Brasil”, expresa un artículo del citado medio.
El decreto agrega que se “establecerán los criterios que orientarán la reforma de la organización, el funcionamiento, la planificación y la administración de los recursos humanos y materiales del Sistema de Defensa Nacional”, de manera de “contar con la capacidad de anticipar, disuadir y superar las amenazas, riesgos y desafíos del siglo XXI que afecten su seguridad estratégica nacional”.
“Falta de honestidad”
El presidente Mauricio Macri dijo este lunes que la reforma que él implementó había sido alentada también por Daniel Scioli y Segio Massa: “Aquellos con los que yo competí hace dos años y medio propusieron exactamente lo mismo: que las Fuerzas Armadas fueran parte de que los argentinos viviéramos más tranquilos”, sostuvo Macri.
En ese sentido les reclamó actuar “con honestidad y sinceridad” e insistió con que las FF.AA., según las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior, pueden “dar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad interior”.
Macri defendió el decreto y argumentó que es para “estar listos para las amenazas globales del siglo XXI: el terrorismo, los ciberataques y la lucha contra el narcotráfico”.
Al tiempo que señaló que las FF.AA. “están integradas por más de 70.000 argentinos y argentinas comprometidos con ganas de ser parte, de ser protagonistas y ayudar a darnos tranquilidad y seguridad, algo tan importante, que ha sido centro de la política de este Gobierno”.
Sesión para derogarla
Sin embargo la reforma no está bien vista por la oposición que suma fuerzas para derogar los decretos en una sesión especial en el Congreso, que tendrá lugar el próximo 8 de agosto a solicitud d el Frente Renovador y acompañada por el bloque Justicialista.
Las bancadas de diputados del FpV-PJ, del Movimiento Evita y del Frente de Izquierda ya adelantaron que darán quórum a la sesión.
El temario de la sesión incluye cuatro proyectos de derogación del decreto (entre ellos, uno presentado por el jefe del bloque FpV-PJ, Agustín Rossi), dos de rechazo a la medida y la iniciativa de “ley de Seguridad Ampliada y Atribuciones Subsidiarias de Defensa”.
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1 de agosto de 2018
Difundieron la nueva Directiva Política de Defensa Nacional
La letra chica del decreto
La normativa está contenida en un anexo del decreto 703. En línea con la doctrina de las “nuevas amenazas”, plantea al terrorismo internacional como potencial fuente de conflicto y propone una “profunda reconversión” de las fuerzas.
La nueva Directiva de Política de Defensa Nacional del gobierno de Mauricio Macri no sólo confirma la decisión de militarizar la seguridad interior, que generó masivas manifestaciones de rechazo, sino también de una “profunda política de reconversión” de las Fuerzas Armadas que incluirá reemplazar la Ley de Personal Militar, eliminar “comandos intermedios”, vender unidades “no necesarias”, “racionalizar” agregadurías militares y compensar la poda con “reservistas voluntarios”.
La nueva Directiva está contenida en un anexo del decreto 703/2018, que además de Macri firman el jefe de gabinete Marcos Peña, los ministros de Defensa, Oscar Aguad, y de Seguridad, Patricia Bullrich, y el canciller Jorge Faurie. Entre sus curiosos fundamentos el gobierno retoma objetivos de campaña como gestionar “la lucha contra el narcotráfico, la reducción de la pobreza y la unión de los argentinos”. Admite que la naturaleza de las “problemáticas” para justificar la incursión militar en seguridad “exceden las competencias del Ministerio de Defensa” pero sugiere que su “envergadura exige la colaboración de todas las áreas”.
En el “Diagnóstico global” se apela a la “redistribución del poder global” como potencial fuente de conflictos para llegar a los actores “de naturaleza no estatal”. En línea con la doctrina de las “Nuevas amenazas”, que evita mencionar, se apunta como problema central al “terrorismo internacional”, más complejo cuando confluye con “el narcotráfico, el lavado de dinero, la trata de personas y delitos que se cometen con asistencia de las nuevas tecnologías de la información”. Abordar esas luchas exige “una estrecha articulación nacional e internacional, que incluya la participación de organismos gubernamentales y de la sociedad civil”, admite el mismo Ejecutivo que esquiva al Congreso para tratar cuestiones de Defensa y carece de diálogo con organizaciones civiles y académicos especializados en la materia.
El “Diagnóstico regional” admite que América del Sur es “zona de paz” pero sugiere que la “crisis política, humanitaria, social y sanitaria” de Venezuela “atenta” contra su “consolidación”. Fiel a su política de criminalizar la inmigración, el Ejecutivo considera que el “creciente flujo de refugiados” venezolanos generaría “condiciones propias para la criminalidad organizada y el narcotráfico”. A falta de “conflictos militares”, retoma el énfasis en “el aumento de problemáticas de seguridad transnacional”. “Las estrategias de lucha contra el narcotráfico son objeto de debate en la región, particularmente en lo que respecta al modo en que debe abordarse el conflicto y a las agencias que deben intervenir en la prevención, conjuración e investigación de este fenómeno delictivo”, admite, aunque pasa por alto que las principales experiencias regionales que incluyeron a los militares en la denominada “lucha contra el narcotráfico”, como Colombia o México, derivaron en rotundos fracasos.
Ante la ausencia de “amenazas convencionales directas”, el decreto enumera “riesgos” o “indicios de voluntad de daño” y “desafíos para la Defensa”. Entre los riesgos menciona la “competencia por recursos estratégicos”, “ataques externos a objetivos estratégicos”, el uso del “ciberespacio con fines militares” y el “impacto de la criminalidad transnacional”. “La responsabilidad primaria” de atender esos fenómenos “corresponde a los organismos de seguridad”, admite el decreto, y como todo fundamento para justificar la invasión de esferas agrega que las Fuerzas Armadas “cuentan con capacidades” para dar apoyo.
En el capítulo sobre “Prioridades y lineamientos” en Defensa, el gobierno sostiene que las “mutaciones” exigen actualizar “el despliegue territorial, la doctrina y estructura organizacional del Instrumento Militar”, que de ahora en adelante “será empleado de forma disuasiva o efectiva ante conflictos originados por agresiones de origen externo contra espacios de jurisdicción nacional, la soberanía, la integridad territorial, la capacidad de autodeterminación” del país y “la vida y libertad de sus habitantes”. El sistema de defensa actuará en “la vigilancia, control y preservación” del “espacio marítimo insular y fluvial, aeroespacial, ciberespacial, espacial y terrestre”. Defensa debe fortalecer la vigilancia de “los espacios terrestres de interés” y de los “objetivos estratégicos”, conceptos que no deja en claro quién definirá y que abren las puertas al retorno del espionaje militar sobre la población civil. En el caso del “apoyo logístico en zonas de frontera”, los militares deberán sentarse con Bullrich para diseñar “mecanismos” que aseguren “una adecuada sinergia” con gendarmes y prefectos.
En las “Instrucciones para reforma” militar se resume el ajuste sobre los uniformados. Toda unidad no involucrada “en tareas prioritarias” deberá “reducir su estructura de personal” y compensar la poda con “la incorporación planificada de reservas”. Aguad deberá proponer un “listado de instalaciones no necesarias”, un “plan de racionalización” de agregadurías militares, una nueva Ley de Personal Militar que incremente “la eficiencia y eficacia”.
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Un brindis militar
Macri firma dos decretos para ampliar el rol de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior.
Fabián Kovacic
3 agosto 2018
Mientras pierde popularidad en las encuestas, el gobierno argentino profundiza su acercamiento a las fuerzas armadas. Dos decretos presidenciales abrieron la posibilidad de su involucramiento en cuestiones de seguridad interior y de modificar la ley de defensa nacional y su reglamentación. La militarización del funcionamiento del Estado se selló con una cena de camaradería.
Con la firma del decreto 683/2018, el 23 de julio Mauricio Macri coronó una serie de medidas tomadas desde el inicio de su mandato presidencial a favor de la participación de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interior. La necesidad de contar con aliados en los cuarteles frente a la pérdida de popularidad y el agravamiento acelerado de la situación económica y social parece haber bastado a la Casa Rosada para aceitar sus vínculos con los uniformados.
La oposición parlamentaria y los organismos argentinos de derechos humanos cuestionaron la decisión por no haber sido tratada por el Congreso, y porque retrotrae el rol de los militares en la sociedad a los años previos a la dictadura, precisamente cuando la crisis social en el país resulta insostenible. “En línea con la doctrina de las ‘nuevas amenazas’ que el gobierno viene instalando desde enero de 2016, se proponen una serie de coordenadas para modificar las misiones que, a través de un acuerdo multipartidario, el sistema político le dio a las fuerzas armadas luego de recuperada la democracia y durante los siguientes 30 años. Esta doctrina anunciada por el gobierno asume como propia la definición de una agenda internacional que viene impuesta y que no está necesariamente asociada a los intereses nacionales”, expresa un documento en respuesta al decreto publicado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y firmado entre otros por Fernando Pino Solanas, Beatriz Sarlo, Maristella Svampa, Hernán Patiño Mayer y Gabriel Kessler.
PETRÓLEO Y CONFLICTO SOCIAL. Un día después de emitido el decreto, el diputado nacional Horacio Pietragalla (del Frente para la Victoria, Fvp) –con apoyo jurídico de abogados constitucionalistas, como Eduardo Barcesat– interpuso una acción judicial para declararlo inconstitucional y pidió que se frene su aplicación, mediante una medida cautelar, hasta tanto se expida la justicia. Más tarde presentó, junto al titular del bloque del Fvp, Agustín Rossi, y el resto de la bancada, un proyecto de ley para derogar el decreto, por considerarlo atentatorio de las leyes de defensa nacional y de inteligencia nacional sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
Los cuestionamientos de la oposición parlamentaria al decreto culminaron con la convocatoria de una sesión especial en la Cámara de Diputados para el martes 7 de agosto. La convocan el Frente Renovador y el Interbloque Argentina Federal, ambos de origen peronista.
Las implicaciones del decreto presidencial deben ser analizadas tanto a la luz de las declaraciones reiteradas de Mauricio Macri desde 2014 sobre la necesidad de que las fuerzas armadas participen en la lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico, motivo que mencionó nuevamente al referirse al decreto del 23 de julio, como tomando en cuenta la deliberada formulación nebulosa del texto. El decreto menciona “agresiones externas” pero no precisa si se trataría de agresiones de fuerzas armadas regulares de otro país, y deja así entrever una posible intervención de los militares en la represión del delito, es decir, en asuntos de seguridad interior. Cualquier ciudadano extranjero podría entonces ser pasible de ser detenido de manera arbitraria con estos pretextos. Una acción sindical o política relacionada con bienes estratégicos para la soberanía del país, como un yacimiento petrolífero o una represa, podría ser considerada una agresión “contra la soberanía”, mencionada por el texto. Las organizaciones de derechos humanos advirtieron en este sentido sobre el riesgo de que la interpretación del “enemigo” se extienda de “externo” a “interno”; por ejemplo, un sindicato petrolero que declara una huelga por mejores condiciones de trabajo.
Merece señalarse un dato importante de contexto: el pasado mes de mayo se iniciaron las obras de construcción de la primera base militar estadounidense en Argentina. Estará ubicada en la provincia de Neuquén, cerca del yacimiento petrolífero de Vaca Muerta, donde la empresa estadounidense Chevron ya está instalada y lista para explotar petróleo junto a la argentina Ypf.
UN PROGRAMA COHERENTE. El decreto 683/2018 se inscribe de manera coherente en la política de defensa que Macri ya ha exhibido. El 31 de mayo de 2016 devolvió a los militares la potestad de decidir ascensos, destinos, retiros, reincorporaciones y la designación de militares retirados en cargos docentes de formación en los institutos castrenses. Todas eran prerrogativas que en 1984 el presidente Raúl Alfonsín había reservado al ministro de Defensa, un civil bajo control político de un gobierno democrático. La decisión del 23 de julio desconoce también la ley 23.554, de defensa nacional, cuya sanción se consiguió en abril de 1988 bajo el gobierno de Alfonsín, luego de un arduo debate parlamentario y a pesar de un contexto hostil con presiones de los estados mayores del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, tras los juicios a las cúpulas de las tres primeras juntas de gobierno de la dictadura y los levantamientos carapintada de 1986 y 1987.
En el artículo 2 de esa ley quedaba definido por primera vez que “agresiones externas” eran las de otro Estado, con fuerzas regulares. Una interpretación contraria a la del decreto del 23 de julio pasado, que usa el nebuloso concepto de terrorismo y narcotráfico. La ley de defensa nacional derogó la doctrina de la seguridad nacional –principal libreto de la dictadura de Videla–, enunciada por primera vez en 1965 por el entonces jefe del Ejército, Juan Onganía, que un año después derrocó al presidente Arturo Illia.
El ataque, en enero de 1989, al cuartel de La Tablada por el grupo guerrillero Movimiento Todos por la Patria (Mtp) devolvió cierto poder a los uniformados como asesores presidenciales en cuestiones de seguridad interior. Los gobiernos de Carlos Menem (1989-1999) y de Fernando de la Rúa (1999-2001) fueron marcados por la defensa de la impunidad de los acusados de delitos de lesa humanidad, con diversas acciones que dilataron cualquier intento de retomar esos juicios.
Sin embargo, ninguno de estos avatares modificó la aplicación de la ley de defensa nacional, sencillamente porque no fue reglamentada hasta 2006. El presidente Néstor Kirchner terminó así la tarea, iniciada por Alfonsín, de poner a las fuerzas armadas bajo control civil.
La falta de reglamentación de una ley permite a los gobiernos dejar claroscuros e imprecisiones sobre su interpretación y aplicación. La ley de defensa nacional navegó esas aguas de incertidumbre durante 18 años. Junto con la reglamentación, Kirchner emitió otro decreto que garantizaba la no injerencia militar en tareas de inteligencia y seguridad interior, labor reservada exclusivamente a fuerzas de seguridad como las policías provinciales y federal, la Prefectura y la Gendarmería Nacional.
Ahora Macri no sólo eliminó la reglamentación de 2006 sino que avanzó sobre la propia ley de defensa nacional: un segundo decreto, el 703/2018, firmado el pasado martes –horas antes de la cena de camaradería anual de las fuerzas armadas–, establece una nueva “Directiva de política de defensa nacional”, por la que se enviarán a partir de la semana próxima equipos y una tropa de 4 mil hombres a la frontera norte en las provincias de Formosa, Misiones y Salta, con el fin de “combatir el narcotráfico, entre otros delitos”. Se trata de la primera etapa de futuras incursiones militares en temas de seguridad interior. Macri brindó con los oficiales de las tres fuerzas y prometió devolver la dignidad a las fuerzas armadas mediante una política de largo plazo “que las convierta en profesionales, bien remuneradas y equipadas con las nuevas tecnologías informáticas para integrarse al mundo”. Y así se diluyeron totalmente las tensiones de las semanas previas, generadas por el anuncio del ministro de Defensa, Oscar Aguad, de aumentos salariales por debajo del índice de inflación para los militares. Un alza que rápidamente fue corregida del 9 por ciento al 25.
EXPERIENCIA REGIONAL. A pesar de que las experiencias de Brasil, Colombia y México de militarizar su seguridad interior han arrojado en los últimos años miles de muertes sin que el flagelo del narcotráfico haya disminuido, el discurso efectista de corto plazo de “mano dura” parece ser la receta priorizada del gobierno argentino a la hora de buscar los apoyos que no encuentra con su política económica y social.
Para Nilda Garré, actual titular de la Comisión de Defensa de Diputados y ex ministra de Defensa y de Seguridad de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, la decisión de Macri marca un retroceso en políticas de seguridad en tiempos democráticos. “En primer lugar porque se trata de modificar una concepción de la seguridad y la defensa sin un consenso de todas las fuerzas políticas argentinas, como ocurrió con la legislación generada tras la vuelta de la democracia. Y por otra parte porque se trata de condicionamientos impuestos desde Washington y admitidos con beneplácito por el gobierno de Macri, que desde su llegada al gobierno se esmeró por quedar bien ante cada sugerencia de Estados Unidos”, señaló a los medios de prensa. “Es también una decisión del gobierno debilitar hasta extinguir una política de defensa regional tal como se había planteado en los últimos años junto a otros países de América del Sur”, lamentó Garré.
El consultor Rosendo Fraga, un hombre históricamente cercano a las fuerzas armadas, publicó en su página web del Centro de Estudios Nueva Mayoría, especializado en temas de defensa y seguridad, un informe en el que minimiza los riesgos de que los militares se conviertan en represores, como ocurrió en los años de la dictadura, y consideró que la sociedad reclama la intervención más efectiva de los militares en la seguridad. Coincidió en ese sentido con el propio presidente Macri, quien basó su campaña electoral en la promesa de abrir el juego de la seguridad a las fuerzas militares “porque la amenaza del narcotráfico y el terrorismo así lo exigen”.
Pero las encuestas no acompañan abiertamente la decisión del gobierno de militarizar el país en busca de seguridad callejera y prevención de delitos como el narcotráfico y el terrorismo. Una, realizada a principios de julio pasado en el Gran Buenos Aires por la consultora Tres Punto Zero, dejó claro la profunda división social que hay sobre el tema: el 47,8 por ciento de los encuestados está a favor de que los militares intervengan en la seguridad interior, mientras que el 48,9 por ciento se expresó contra esta medida.
El abrazo con los oficiales de las tres fuerzas y las promesas de mejoras de las condiciones laborales de los militares contrastan con los despidos en el sector público, la falta de diálogo con los docentes y la crisis de las pequeñas y medianas empresas, con sus secuelas de desempleo. Los últimos decretos del presidente dejan claras cuáles son sus preferencias políticas en medio de la crisis económica y social que vive Argentina.
Muy buen post. Gracias por compartirlo.