Leviatán metió la cola
Tróccoli enfrenta apelación del juicio en Roma con nuevas pruebas.
Samuel Blixen
Nuevas pruebas recolectadas en Montevideo por un abogado italiano permitirían finalmente que el capitán de navío Jorge Tróccoli, terrorista de Estado de Fusileros Navales, sea finalmente condenado en Italia, donde se refugió hace una década escapando de la justicia uruguaya.
La tercera es la vencida: en Italia, el capitán de navío (r) Jorge Tróccoli sacó la pata del lazo dos veces y logró eludir la acusación que lo hubiera enviado a la cárcel por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, en Uruguay en Fusileros Navales (Fusna), y en Argentina en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), porque el tribunal romano que lo juzgó no encontró evidencias de su culpabilidad. Ahora, ante la inminencia de la audiencia de apelación en Roma, patrocinada por familiares de las víctimas uruguayas de ascendencia italiana, Tróccoli y sus abogados deberán refutar las nuevas pruebas que recolectaron en Montevideo dos abogados italianos especializados en representar a víctimas del terrorismo de Estado. Quizás esta vez no interfieran ni la “suerte” que le permitió huir de Uruguay, ni las “ayudas discretas” que operaron en el entorno judicial italiano.
“Te juro que soy inocente.” Junto con su colega Juan Carlos Larcebeau (hoy preso en Uruguay por crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor), Jorge Tróccoli fue jefe de la inteligencia de Fusna, que a partir de 1977 asumió un protagonismo decisivo en la represión de los Grupos de Acción Unificadora (Gau) y de la Unión Artiguista de Liberación (Ual), tanto en Uruguay como en Argentina. Su responsabilidad en la desaparición de decenas de uruguayos refugiados en Argentina intentó ser diluida con una sarta de mentiras y una buena dosis de cinismo que entretejió en un libro –La ira del Leviatán– escrito para justificarse cuando quedó en evidencia porque algunos estudiantes de Humanidades identificaron en aquel compañero de estudios un tanto veterano al torturador camuflado. El libro admitía elípticamente que él, Tróccoli, había participado de algunos “apremios”, por otra parte “inevitables” en una guerra, pero el ingenioso autorretrato fue pintado en amables tonos pastel.
Ese cinismo dio resultados cuando el libro fue saludado como una bienvenida reflexión autocrítica, una “confesión” que dejaba satisfechos a una buena parte de políticos y periodistas: ahora se podía dar vuelta la página. El método le resultó efectivo cuando, ya en la mira de la justicia, logró convencer de su inocencia a una militante de derechos humanos que lo entrevistó y ante la que Tróccoli lloró lágrimas de cocodrilo y juró que era inocente. En realidad, Tróccoli había supervisado los interrogatorios bajo tortura en el Fusna, había impulsado la denigrante “computadora”, donde prisioneros analizaban la veracidad de las confesiones de otros prisioneros, y finalmente encabezó, junto con el entonces contralmirante Tabaré Daners, la represión en Argentina entre fines de 1977 y mediados de 1978. Durante todo ese tiempo Tróccoli permaneció prácticamente en Argentina, donde actuó “en comisión” en la Esma, y alternó con Larcebeau. En el Fusna “aparecieron” en 2005 las actas de interrogatorios de los tupamaros, Gau y socialistas desaparecidos durante esa oleada represiva, lo que confirma que el Fusna participó en las detenciones. Algunos de esos interrogatorios revelan inequívocamente que fueron realizados en Uruguay, por lo que serían elementos de confirmación de aquellos testimonios de prisioneros argentinos en el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes (dos centros clandestinos de detención) que dieron cuenta de los traslados de la veintena de uruguayos allí prisioneros.
El cinco de oro. Si la primera de las dos instancias en la justicia italiana se resolvió a favor de Tróccoli (ubicado por Interpol en un exclusivo balneario de la costa amalfitana) por una formalidad no inocente que permitió liberarlo, la segunda inequívocamente reveló la cortedad de la justicia romana y la complicidad de algunos operadores, complicidad que revela los estrechos lazos que los terroristas de Estado anudaron en Italia y en España con formaciones fascistas –Cristo Rey y Avanguardia Nazionale– durante la dictadura; de hecho, son multitud las coincidencias entre el caso Tróccoli y el caso Ferro.
En la sentencia dictada hace un año, que condenó al ex canciller Juan Carlos Blanco y absolvió a Tróccoli (y a otros 13 oficiales uruguayos), pareció no haber jugado ningún papel el cúmulo de testimonios de uruguayos que en caravana se desplazaron a Roma generando una expectativa que no se concretó y que no justificaban los antecedentes: durante casi veinte años el fiscal Giancarlo Capaldo estuvo haciendo turismo en el Río de la Plata; cuando finalmente su trabajo llegó a ventilarse en tribunales, los resultados eran tan endebles que la justicia no los tuvo en cuenta. También operaron pases de mosqueta en Uruguay con documentos que hacía años habían sido ubicados, y la negligente actuación del abogado italiano de la parte uruguaya, Fabio Galiana, que, eso sí, se aseguró unos honorarios por 600 mil euros pagados por el Estado uruguayo. El Ministerio de Defensa admitió que no existió contrato firmado con Galiana, quien recibió fuertes críticas de los familiares de los desaparecidos de origen italiano.
Por la vuelta. La resolución del tribunal de Roma argumentó insólitamente, para declinar la condena contra los 13 oficiales uruguayos, que no tenían necesariamente que conocer el destino final de los detenidos después desaparecidos, lo que constituye una burla, porque supone afirmar que esos mismos oficiales que dirigieron los operativos en Argentina y participaron de la cacería y de los interrogatorios de repente se desentendieron y los dejaron en manos de oficiales argentinos que no tenían ningún interés específico en los detenidos. Cuando después las actas de interrogatorios aparecieron en las oficinas del Fusna en Montevideo, los mandos responsables no tuvieron “idea” de cómo habían llegado; fue una inexplicable coincidencia.
Mientras Tróccoli quedaba en libertad, inmediatamente después de la sentencia la parte civil impulsó la apelación. El Estado uruguayo declinó ser integrante de la nueva acción judicial, que quedó en manos de los familiares con el nuevo abogado designado, Andrea Speranzoni, cuyos antecedentes de compromiso con investigaciones sobre derechos humanos augura acciones más enérgicas, cuando no resultados positivos.
La parte civil acompañó la apelación en el trámite con un reclamo de compensaciones, con lo que se podrán aportar nuevos elementos de prueba. Para recabar esos nuevos elementos, Speranzoni y su colega Alicia Mejía permanecieron en Montevideo durante una semana, buscando documentos relativos a Tróccoli en el archivo del Grupo de Trabajo sobre Verdad y Justicia (Gtvj) y en el archivo de Fusna, donde expertos del Gtvj vienen realizando tareas de digitalización. La búsqueda parece haber sido exitosa, puesto que el abogado italiano logró hacerse con nueva documentación que prueba la participación de Tróccoli en Argentina y su responsabilidad en las desapariciones. Además de la disposición del Gtvj para protocolizar dicha documentación, Speranzoni obtuvo una pronta y eficiente colaboración del gobierno. Un documento particularmente importante es el legajo de Tróccoli, en el que se confirma su presencia en Argentina, los viajes en comisión y los cursos realizados en dependencias de la Armada de ese país. Como consecuencia, quedaron registrados en el legajo los conceptos particularmente elogiosos de sus superiores argentinos, todos ellos implicados en las atrocidades cometidas en la Esma, en particular el del capitán de Navío Luis D’Imperio, alias “Abdala”, último jefe de tareas de la Esma, el mismo que comandó el avión del comandante de la Armada que trasladó desde Asunción a Buenos Aires a los uruguayos Nelson Santana y Gustavo Inzaurralde, hoy desaparecidos. Otros documentos encontrados en el archivo del Fusna obligaron a los abogados italianos a viajar a Buenos Aires en procura de la protocolización, aunque no se pudo saber exactamente en qué comprometían a Tróccoli dichos documentos.
Tales pruebas serán presentadas en la audiencia de apelación que se realizará en Roma el 8 de octubre.
