Resumen del estado actual del proceso penal iniciado en Octubre de 2011 por mujeres ex presas durante el terrorismo de estado en Uruguay
(al 5 de septiembre, 2018)
El 28 de octubre de 2011, 26 mujeres, (inicialmente éramos 28, pero dos compañeras no pudieron presentarse en el juzgado), presentamos una denuncia penal sobre violencia sexual y tortura durante el período del Terrorismo de Estado en Uruguay (1972 – 1983) en el juzgado penal de 16º turno a cargo del Juez Néstor Valetti y la fiscal Diana Salvo.
La denuncia fue presentada por los abogados: Dr. Federico Alvarez Petraglia, Dr. Miguel Migliónico, Dra. Marta Scarpitta. La Dra. Flor de María Meza Tananta, no firmó el escrito pero participó de la elaboración de la denuncia y fue autorizada a notificarse, retirar y examinar el expediente. El expediente fue caratulado con el Nº 2-11-02-55/2011 (Anexo 1)
Las mujeres denunciantes fueron:
Lucía Arzuaga Gilboy , Ma. Alicia Chiesa Pennino , Ma. Angélica Montes Estevez , Silvia Sena Meneses , Gloria Telechea Mondino, Antonia Yañez Barros, Elena Medina Barriere , Ana Amorós Alonso , Brenda Sosa Fernández , Carmen Canoura Sande , Corina Iriondo Chiesa , Beatriz Benzano Seré , Beatriz Weismann Blus , Luz Menéndez Mariño , Graciela Nario López , Gianella Peroni Ugarte , Mirta Macedo Corbo , Yvonne Klingler Larnaudie , Jacqueline Gurruchaga Gómez , Edin Artigas Miranda , Anahit Aharonian Kharputlian , Rosario del Río Silva , Alicia Blanco Álvarez , Margarita Lagos Mederos , Ana Ma. Espinoza Cargarello , Noemí Castillo Luzardo.
Cronología de los hechos más importantes:
Marzo/2012 – Comienzan las citaciones a las denunciantes
Junio /2012- Pericias en Psiquiatría Forense
Septiembre , octubre y noviembre/2012 – Citación a nuestros testigos .
Durante ese período , es trasladado el juez Valetti y pasa a sustituirlo la Dra. Julia Staricco.
Posteriormente la Fiscal Salvo es sustituida por el Fiscal Dr. Negro y luego éste por la actual fiscal Dra.Stella Llorente.
2013 – Citan a dos de nuestros más de cien denunciados , Orosman Pereyra y el Cap. Asencio Lucero, integrante del servicio de inteligencia. del Batallón Nro. 9no. de caballería.
Lucero se presenta con su abogada (Rossana Gavazzo) y reconoce ante la juez su participación en torturas. interponen recurso de “excepción de prescripción” y piden archivo de las actuaciones.
Mayo / 2013, La jueza, Dra. Julia Staricco , amparándose en la sentencia del Caso Gelmán vs Uruguay, de la Corte Interamericana de DDHH, dictamina que los delitos denunciados son de Lesa Humanidad y por lo tanto no prescriben (Anexo 2 ).
Abril / 2014 Se dispone el procesamiento con prisión de A. Lucero por “Reiterados delitos de Privación de libertad”
Lucero , previa estadía en el Hospital Militar , es enviado a su casa con arresto domiciliario.
2014- Los abogados interponen nuevo recurso de apelación contra la sentencia, alegando:
1) “prescripción”; 2) por encontrarse amparado en la Ley de Caducidad, ley 15.848; y 3) que el inculpado padece de trastornos cognitivos -según asegura el médico tratante- lo que puede llevarlo a confusiones (Anexo 3)
Mayo / 2016 -La fiscal Llorente solicita se mantenga el procesamiento y prisión de A Lucero y se disponga además su procesamiento por el delito de Tortura (Anexo 4)
Hace más de 5 años que presentamos nuestra denuncia sobre violencia sexual y tortura, denunciamos más de 100 victimarios civiles y militares que actuaron en 20 centros – muchos de ellos clandestinos- en todo el país desde 1972 hasta 1983 y el proceso se encuentra en etapa indagatoria. Se sigue tomando declaración a denunciantes y denunciados.
La justicia camina pero camina muy lenta y los tiempos que se toma el Estado para resolver no son los deseables. Entendemos que tienen excesiva carga procesal, falta de recursos humanos y materiales y otros problemas para cumplir con la ley en los plazos establecidos, pero no podemos esperar a que primero se resuelvan los problemas estructurales del Poder Judicial para que nuestra causa sea atendida como corresponde.
Queremos que la justicia investigue y sancione de acuerdo a su deber de la debida diligencia. No queremos que la violencia sexual quede subsumida o minimizada en otro delito, por ejemplo en la tortura, porque es un delito gravísimo y un crimen de género, específico y autónomo, tal como lo reconoce desde 1998 el derecho penal internacional. Éste, contempla la violencia sexual como delito autónomo en el Estatuto de Roma, por el que se rige la Corte Penal Internacional. Esta tendencia también está avalada por la jurisprudencia de la Corte Penal internacional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de los tribunales que se organizaron para juzgar los crímenes cometidos durante los conflictos de Ruanda, la ex Yugoslavia y Sierra Leona.
Nosotras, las denunciantes, durante estos más de 6 años sufrimos reiteradas re-victimizaciones, por ejemplo: (i) al comprobar que eran utilizados permanentes artilugios para entorpecer el avance de nuestra denuncia (incluso la “citación y procesamiento acelerado y pronta liberación” de Amodio Pérez , que no fue denunciado por nosotras pero lo “introdujeron “a nuestra denuncia); (ii) la citación reiterada de nuestros testigos frente a la ausencia de la presentación de los denunciados ( envían a sus abogados ). El tiempo “se extiende” mediante estas acciones (conocidas en la jerga local como chicanas) destinadas a alargar el proceso llevándolo a un tiempo, quieto, un tiempo muerto para la causa. Los denunciados siguen libres e impunes y tres de nuestras compañeras denunciantes ya han fallecido sin alcanzar justicia, lo que nos causa más dolor e impotencia. Quedan las familias de estas compañeras, quienes esperan en su memoria justicia y reparación. Reparación que debe ajustarse a los estándares para que sea integral y efectiva, en el marco del cumplimiento del deber de debida diligencia del Estado uruguayo.
En julio de 2016, la Coalición de Organizaciones No Gubernamentales[1] que elaboró el Informe Sombra para el Comité para eliminar la discriminación de la mujer, de las Naciones Unidas, en el marco del examen periódico del 8vo y 9no informe combinados del Estado uruguayo, presentó en el mismo nuestra causa. Como consecuencia de ello Comité para eliminar la discriminación contra la mujer observó y recomendó al Estado uruguayo lo siguiente:
“La violencia por razón de género contra la mujer durante el régimen de facto
- El Comité observa con preocupación la ausencia de mecanismos específicos en el sistema de justicia para proporcionar reparaciones y compensaciones a las mujeres víctimas de violencia sexual y otras violaciones de sus derechos humanos durante el régimen de facto en el Estado parte entre 1973 y 1985. También observa la falta de procesos destinados a establecer la verdad acerca de las violaciones de los derechos humanos de la mujer durante ese período.
El Comité, recordando su recomendación general núm. 30 (2013) sobre las mujeres en la prevención de conflictos y en situaciones de conflicto y posteriores a conflictos, recomienda al Estado parte que adopte una estrategia para enjuiciar y castigar debidamente a los autores de violaciones de los derechos humanos de la mujer durante el régimen de facto. También recomienda que el Estado parte adopte medidas para facilitar una pronta reparación, en particular las compensaciones y las reparaciones simbólicas, para las mujeres que han sido víctimas de esas violaciones”.
Ante estas observaciones y recomendaciones del Comité para eliminar la discriminación contra la mujer, nuestro grupo se entrevistó con el Dr. Pérez Manrique, Presidente de la Suprema Corte de Justicia (Anexo 5), con el Fiscal de Corte Dr. Jorge Díaz, y con representantes de la sociedad civil organizada que luchan en defensa de los derechos de la mujer (2016).
Es importante resatar el trabajo que viene realizando la nueva Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad de Perciballe que está recabando información de la Justicia Militar ( ASPROJUMI) , trabajo que realiza con dos fiscales, pese a lo cual se ha logrado hacer que concurra algún jefe de la OCOA que pidió prescripción ( que fue identificado y fotografiado por la prensa y denunciantes).
Actualmente, de las 200 causas que están en el despacho fiscal 157 se encuentran en presumario y solo 13 cuentan con sentencia firme.
Asimismo, hace un par de días recibimos la noticia de que el Juzgado penal que tiene nuestra causa está citando, .nuevamente, a 65 denunciados para el mes de octubre..
Teniendo en cuenta que por ahora no se acepta (por la Suprema Corte de Justicia) la “prescripción”, creemos imprescindible la creación de Juzgado especializado en crímenes de Lesa Humanidad, que acompase su trabajo con el de la Fiscalia especializada y se obtengan resultados concretos.
Otro tema que abona a favor de la impunidad es la utilización, por parte de los militares condenados de la Ley de Humanización de cárceles, es el beneficio de la prisión domiciliaria pues sólo fueron condenados por homicidios comunes.
Han pasado casi 7 años desde nuestra denuncia. La justicia tarda y no llega. Creemos que es hora de sacar la denuncia fuera del país, es decir empezar con una estrategía para litigar el caso en la Comisión Interamericana y posteriormente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para lo cual también precisamos apoyo.
Agradecemos su atención y escucha, quedamos atentas a su respuesta.
Saludamos atentamente,
[1] Coalición conformada por Cotidiano Mujer; Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de
las Mujeres-CLADEM Uruguay; Cooperativa Mujer Ahora; Colectiva Mujeres; Ciudadanías en red (CIRE); Centro
Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo-Uruguay (CIEDUR); Unión Nacional de Ciegos del Uruguay (UNCU) y la
Red Uruguaya de Lucha Contra la violencia doméstica (RULCVD). Comité redactor: Flor de María Meza Tananta
(Cotidiano Mujer) , Ana Lima (CLADEM Uruguay) y Margarita Percovich (CIRE).