Reclaman a la Justicia que se cumpla la
medida cautelar en La Tablada
y se profundice la investigación
12 de septiembre de 2018 |
El Colectivo Memoria de La Tablada constató que una empresa privada se encontraba vertiendo escombros en el lugar.
En el predio donde funcionó el centro clandestino de detención y tortura La Tablada, de 1977 a 1983, se establecieron medidas cautelares de “no innovar” mientras se buscan allí restos de desaparecidos. Sin embargo, hace dos semanas el Colectivo Memoria de La Tablada constató que los camiones de una empresa privada se encontraban tirando escombros y tierra en el terreno ubicado en Camino Melilla.
Ivonne Klinger, ex presa política e integrante de ese colectivo, comentó a la diaria que hace unas semanas, unos vecinos de la zona les mandaron fotos y mensajes advirtiendo que estaban llegando camiones que vertían basura, escombros y tierra en la zona cautelada. “Por resolución judicial, en este predio no se puede innovar, cavar, agregar o sacar material”, ya que fue denunciado como posible zona de enterramiento de desaparecidos, explicó. La medida abarca a todo el terreno de La Tablada, que según Klinger es de unas 80 hectáreas y comprende un “edificio, los galpones y toda una zona de campo que no está cercada”.
El lunes el Observatorio Luz Ibarburu presentó un escrito ante el Juzgado Penal de 28º Turno, que investiga la causa del último desaparecido de la dictadura, Miguel Mato, por la cual se dispuso la medida cautelar. El escrito pide que se “tome el testimonio” de los vecinos que denuncian que hay una “alteración de la orden judicial” y también que se solicite información a distintas instituciones sobre “qué planes de investigación sobre el paradero de detenidos desaparecidos se desarrollaron o se pueden desarrollar en este lugar”, explicó el abogado Pablo Chargoñia. En otras palabras, lo que se busca es darle un sentido “más activo” a la medida de no innovar, que haga avanzar la “investigación del paradero de los detenidos desaparecidos”, algo “que no vemos que esté ocurriendo”, señaló.
Irma Correa, esposa de Mato e integrante del colectivo, agregó que el escrito presentado a la Justicia busca “agilizar” las investigaciones y, en particular, las excavaciones. “La única manera que tenemos de que se cumpla con la cautelar es, justamente, que se trabaje en el predio”, señaló. La orden de no innovar fue solicitada al juzgado el año pasado, luego de que se anunciara que el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente pretendía construir allí un centro de rehabilitación, y la intención era que se investigara en el predio sobre la desaparición forzada de Mato y lo que pasó con otras 13 personas que fueron vistas por última vez en ese centro clandestino, indicó Correa.
El colectivo obtuvo los datos de la empresa privada que volcaba escombros y presentó una denuncia ante el municipio de la zona, que es el G. El alcalde, Gastón Silva, dijo a la diaria que se envió al lugar a funcionarios de la Inspección General, y que estos constataron que efectivamente unos camiones tiraron “tierra y algún escombro en el predio contiguo a la Tablada” durante 24 o 48 horas. “La inspección general constató la infracción, los intimó a retirarse y a que levantaran los escombros”, concluyó Silva.