La hora de encarar
Esta semana se conoció un nuevo informe de relatores de las Naciones Unidas sobre la temática reparatoria a las víctimas del terrorismo de Estado. A diferencia del planteo anterior que formuló el Dr. Pablo de Greiff, esta nueva observación aborda un caso específico. Responde a la demanda de amparo presentada por una persona doblemente damnificada: en su juventud, por el terrorismo de Estado y, posteriormente, debido a las insuficiencias y restricciones de la labor reparatoria.
El informe alude a las leyes 18 033 y 18 596, aunque omite mencionar el nocivo Decreto 106/2007. El mismo, reglamenta negativamente el modo en que los ex presos políticos trasmiten su pensión a sus cónyuges cuando fallecen.
Leyes muy tardías
Las principales leyes reparatorias, con verdadero impacto para los familiares de los detenidos desaparecidos, los asesinados, los que sufrieron lesiones gravísimas, los presos políticos, los exiliados, fueron sumamente tardías. Se aprobaron a más de 20 años de retorno a la democracia.
Los sucesivos gobiernos que se instalaron, ignoraron esta temática. Lo hicieron al amparo de la cultura de impunidad que promovieron para proteger a los responsables de las graves violaciones y protegerse ellos mismos. Los dos gobiernos del Dr. Julio María Sanguinetti y el del Dr. Luis Alberto Lacalle priorizaron proteger a los victimarios e ignoraron a las víctimas. Pudiendo hacerlo, le dieron la espalda a quienes habían contribuido decisivamente a la reinstitucionalización democrática.
Recién en el año 2002, el Dr. Jorge Batlle impulsó una muy tibia ley jubilatoria, la ley 17 449, muy poco reparatoria, con sentido de generosidad social, aunque sin asumir la responsabilidad estatal por lo sucedido. Los aportes de los años que se computaban a los efectos jubilatorios eran hechos por las propias víctimas, en cuotas.
Leyes reparatorias: un gran logro
La aprobación de las leyes 17 949, 18 033 y 18 596, de carácter reparatorio, las tres durante el primer gobierno del Dr. Tabaré Vázquez, fue un inmenso logro de la sociedad y de las organizaciones sociales que las impulsaron, trabajaron por ellas y se movilizaron intensamente, incluso en las calles, con manifestaciones con centenares de asistentes, para que ellas se concretaran.
Tabaré Vázquez ha sido hasta ahora el único presidente que ha manifestado sensibilidad hacia el sufrimiento de las víctimas y lo materializó en acciones. Todas las leyes reparatorias de impacto real llevan su firma. Han significado un gran avance para la sociedad en su conjunto. Muy especialmente para miles de involucrados: los que sufrieron en carne propia la represión por defender la democracia y la libertad y debieron asumir en soledad y exclusión las secuelas de su compromiso durante más de dos décadas de democracia.
Reparar de manera integral
Desde la aprobación de las distintas leyes reparatorias el Estado comenzó a cumplir las obligaciones que emanan de los normas de DDHH y de los compromisos internacionales asumidos.
Los Estados deben respetar y garantizar los derechos de los ciudadanos. Cuando los violentan, incluso en forma masiva como en el caso uruguayo, deben repararlos de manera integral, de acuerdo a la gravedad del daño ocasionado. Al hacerlo no deben, como ocurre en el caso uruguayo como ha sido señalado desde hace años, obligar a renunciar a otros legítimos derechos.
Ya en diciembre de 2012, en uno de sus primeros actos, la Institución Nacional de DDHH (INDDHH), durante el gobierno de José Mujica se expidió acerca de las carencias de las leyes. Su recomendación ha sido ignorada hasta ahora y se agrava con el paso del tiempo.
Crysol ha desempeñado un rol decisivo
Desde su fundación Crysol desempeñó un papel fundamental en la lucha por Verdad, Justicia, Memoria y, también, por reparación. Hasta su surgimiento, los ex presos políticos estaban a la intemperie social y política. Nadie hablaba públicamente por ellos como colectivo.
Siendo la asociación de todas y de todos los ex presos políticos, las víctimas no eran recursos humanos desechables, cifras de reclutamiento o activos para militar. Eran seres de carne y hueso para resarcir, acompañar, contener y homenajear.
Nuestro colectivo, con actitud propositiva formuló proyectos en cada una de las instancias, los difundió en los ámbitos gubernamentales, nacionales y fuera del país. Ha mantenido una movilización constante. Ha trabajado, de manera honoraria, con gran esfuerzo y compromiso, en la plena implementación de las normas legales una vez que fueron aprobadas, asesorando y defendiendo a las víctimas.
Desde su aprobación en diciembre de 2005 por la Asamblea General, la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas comenzó a ser para nuestro colectivo el estándar de calidad para evaluar lo logrado e identificar los desafíos del presente. Es la resolución que detalla las obligaciones de los Estados y los derechos de las víctimas.
Héroes y heroínas crysoleras
La justicia de los reclamos, la fuerza de las convicciones, la tenacidad y la perseverancia de la militancia, las exitosas estrategias colectivamente definidas, no servirían de nada si no se contara con el respaldo de centenares de ex presas y de ex presos políticos. Son las y los asociados de la institución, los que respaldan las decisiones que se adoptan, participan de las actividades y contribuyen económicamente a mantener y hacer fuerte a la institución.
Gracias al aporte económico, decisivo, fundamental de centenares de asociados se ha logrado incidir y alcanzar las leyes reparatorias, además de incidir en forma permanente en la batalla contra la impunidad. Ser socio de Crysol, contribuir mes a mes a solventar el funcionamiento institucional, es un compromiso militante cargado de futuro.
Interpelan a todo el sistema político
Las recomendaciones reiteradas de la INDDHH ante las leyes reparatorias y las observaciones formuladas por funcionarios del sistema de DDHH, primero al Presidente José Mujica y ahora al Dr. Tabaré Vázquez, son una interpelación a todos los gobernantes, a los ministros, a los senadores, a los diputados, a todo el sistema político en su conjunto.
El partido de gobierno no ha sabido estar a la altura de su responsabilidad histórica, desde hace muchos años, en esta temática. A pesar de que la gran mayoría de las víctimas pertenecían al mismo y de contar con mayorías parlamentarias propias, no ha mandatado a sus gobernantes para cumplir con las recomendaciones. Tampoco sus órganos dirigentes se han pronunciado de manera pública y tajante al respecto.
Este año se cumple el 70 aniversario de la aprobación de las Declaración Universal por parte de la ONU. Las normas de Derechos Humanos son una conquista de los pueblos y de la humanidad. Dignifican y humanizan la vida en sociedad. Lograr su plena implementación en lo referido al pasado dictatorial sigue siendo un desafío inexorable para enfrentar las tesis negacionistas del Centro Militar, de otros nostálgicos, las prisiones domiciliarias que el Dr. Gesto extiende generosamente, las tesis justificativas del terrorismo de El País y los siempre peligrosos anhelos de retornar al pasado de los grupos económicos privilegiados.