“Que veinte años no es nada…”
Estelas de la transición chilena.
Horacio Brum
En 2000, tras ser detenido en Londres, Augusto Pinochet logró zafar de la mano de la justicia internacional. Pero su imagen y la impunidad de la que gozan los militares en Chile han comenzado a presentar grietas.
El 3 de marzo del año 2000 el zumbido del helicóptero hizo recordar a más de un chileno las batidas militares en los barrios pobres de Santiago, cuando esas aeronaves los sobrevolaban como buitres, anunciando desde el aire la muerte y las desapariciones que traían por tierra las patrullas de la dictadura de Augusto Pinochet.
Para muchos otros, arremolinados en torno al Hospital Militar, el ruido y la vista del helicóptero Puma del Ejército desataron un frenesí de alegría. Este corresponsal, quien luchaba por hacer funcionar su primer teléfono celular para informar en vivo a una radio de Montevideo lo que estaba ocurriendo, se vio acosado por cinco o seis señoras que gritaban improperios contra “los periodistas mentirosos” y hacían zumbar sobre su cabeza los palos de unos carteles con la imagen de su ídolo: el general Pinochet.
Desde la calle poco se vio cuando el Puma descargó al ex dictador en el helipuerto del hospital, pero la televisión mostró a todo el mundo la imagen de un hombre en bastante buena salud para sus 80 y largos años, la cual parecía desmentir todos los argumentos médicos utilizados para protegerlo de un juicio internacional por violaciones a los derechos humanos. Así, el militar que se había convertido en símbolo mundial de las dictaduras latinoamericanas regresaba desde Londres –donde había sido detenido el 17 de octubre de 1998 por solicitud del juez español Baltasar Garzón– para obtener la impunidad de manos de la justicia y el gobierno chilenos y fallecer sin condena alguna seis años más tarde.
La gestión del juez Garzón resultó en que por primera vez se persiguiera internacionalmente a la figura máxima de un régimen militar de América Latina, y marcó un hito en los juicios por crímenes de lesa humanidad. “El arresto de Pinochet en Londres fue un punto de inflexión en este tema y ayudó a consolidar el concepto de la trasnacionalización de la justicia en la mayoría de los países. Esto, sin duda, es aún un tema imperfecto, porque no siempre se ha logrado evitar la impunidad frente a crímenes de lesa humanidad”, analizó para Brecha Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la universidad chilena Finis Terrae.
NO TAN “EJEMPLAR”. En Chile, los hechos de Londres trizaron el espejo de la “transición ejemplar” en que se había mirado con cierta autocomplacencia la nueva clase política de los tiempos democráticos. Durante la permanencia del general en Gran Bretaña se vio a un país profundamente dividido y a unos dirigentes políticos que parecían seguir teniendo un miedo atávico al ex dueño y señor del poder. El mismo miedo que, a comienzos de los años noventa, había permitido que Pinochet siguiera entronizado como comandante en jefe del Ejército y senador vitalicio. En esa época, ante los movimientos de tropas que el general organizaba cada vez que se disgustaba con lo que hacían las autoridades civiles (como procesar a su hijo mayor por la compra fraudulenta al Ejército de una fábrica de armas quebrada, el caso de los “pinocheques”), “muchos dormimos fuera de casa, por las dudas”, como confesó en un desayuno con periodistas el ministro vocero del gobierno de Eduardo Frei.
Fue precisamente ese gobierno el que hizo todos los esfuerzos posibles para evitar que el juez Garzón lograra su objetivo, “con los mismos argumentos que usó la dictadura para protegerse de las permanentes condenas que le hizo la comunidad internacional por sus graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos –sostuvo el sociólogo y escritor Felipe Portales en una columna del sitio DiarioUchile–. Esto es, que con dicha detención y juicio se estaba violando la soberanía nacional; que con ellos se estaba usando un doble estándar, pues se aplicaba selectivamente con el ex dictador chileno; que se estaba haciendo una injusticia porque ello significaba negar los avances que la transición estaba efectuando en materia de justicia en nuestro país…”.
JUSTICIA ENTORPECIDA. A lo largo de los años se fue avanzando en los juicios por las violaciones de los derechos humanos. Manuel Contreras, el jefe de la policía secreta de la dictadura y organizador de la Operación Cóndor, recibió condenas por más de 300 años y murió en prisión en 2015. Pero de los alrededor de 1.300 casos que pasaron por la justicia, sólo un poco más del 10 por ciento se cerró con penas efectivas de cárcel. Actualmente hay unos 130 violadores de los derechos humanos presos en Punta Peuco, una cárcel especial cuya construcción tuvo que negociar en 1995 el gobierno de Frei con Pinochet, para que se respetasen los veredictos del Poder Judicial. Para las víctimas del régimen dictatorial, la justicia ha estado siempre entorpecida por las componendas entre los militares y los políticos. Refiriéndose al caso Pinochet, Lorena Pizarro, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, dijo hace unas semanas: “Las autoridades de la época vendieron el alma al diablo, tuvieron una carencia de principios, porque sabían que acá no se le iba a juzgar. Fue una vergüenza”.
Al igual que el legendario gángster Al Capone, el general no fue juzgado por sus crímenes, sino por cuestiones económicas: quedó bajo arresto domiciliario el 23 de noviembre de 2005, al ser procesado por varios delitos vinculados al desvío de fondos reservados de la presidencia de la república a cuentas extranjeras. La muerte le abrió la ruta definitiva de escape, porque falleció en diciembre de 2006 y el caso del fraude con los dineros fiscales se cerró recientemente, cuando los tribunales incautaron a favor del fisco los depósitos en el exterior y las propiedades compradas con parte de estos.
LA IMAGEN DE UN DICTADOR. Al parecer, las acusaciones de delitos económicos tuvieron más efecto que todo el historial de crímenes de lesa humanidad para deslucir la imagen de quien muchos llegaron a ver como el salvador de la patria y el constructor del Chile moderno. La fundación que lleva su nombre ya no recibe cuantiosos donativos de los empresarios y limita sus actividades a repartir unas pocas becas para estudios universitarios; tampoco realizó actos públicos por el aniversario de los hechos de Londres, al igual que la corporación 11 de Setiembre, fundada por el ex senador Hermógenes Pérez de Arce, fanático declarado del general. En su admiración delirante por el dictador, Pérez de Arce dijo recientemente en un programa de radio que, junto a un grupo de amigos, había hecho contacto con el Mossad para pedir que le ayudara a organizar el rescate de su líder de las manos de las autoridades británicas. El Mossad cobraba 50 millones de dólares por el servicio, lo cual liquidó el proyecto…
No sólo la imagen de Augusto Pinochet ha mostrado un deterioro importante a dos décadas de su detención. Por estos días, el Ejército que fue su herramienta de poder ha sido golpeado por un escándalo de fraudes con pasajes aéreos y por una manifestación pública de apoyo a los violadores de los derechos humanos, durante un acto en la Escuela Militar. Respecto de las irregularidades con los pasajes para más de 1.500 viajes realizados por personal superior y subalterno, el caso más notorio es el del jefe del Estado Mayor del arma, el general John Griffiths. Según la investigación judicial, Griffiths tenía arreglos con las agencias de viajes para que éstas cotizaran los pasajes con sobreprecios y luego le entregaran la diferencia entre lo cobrado al Ejército y el costo real. De esa manera el oficial defraudó a su institución por al menos 65 mil dólares, en una práctica que era común entre muchos otros militares.
Durante un acto deportivo en la Escuela Militar, el coronel Miguel Krassnoff Bassa –cuyo padre, Miguel Krassnoff Marchenko, está condenado a 668 años de cárcel por 71 crímenes cometidos durante la dictadura– pronunció un discurso para agradecer la mención a su padre entre los antiguos instructores de la escuela. Dijo que los presos como su padre eran militares a los que “les tocó combatir y que dieron el aire que respiramos hoy en nuestra querida patria”.
Al coronel Krassnoff Bassa la apología de los crímenes cometidos por su padre le valió el pase a retiro, y lo mismo ocurrió con el director de la Escuela Militar, en cumplimiento del principio de la responsabilidad del mando. El general que cometió el fraude con los pasajes también fue pasado a retiro y procesado, en tanto continúan las investigaciones de muchos otros casos similares, que comenzaron a descubrirse hace cuatro años con el llamado “Milicogate”, una amplia red para hacer estafas con proveedores de servicios y adquisiciones que perjudicó al Estado en alrededor de 10 millones de dólares. Una diferencia significativa respecto de la época en que Pinochet representaba a los militares intocables.
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“CARAVANA DE LA MUERTE”
09 de noviembre de 2018
Chile: Condenan a exmilitar de la era
Pinochet por encubrir 15 homicidios
Un tribunal chileno condenó al ex comandante en jefe del ejército por su complicidad en la muerte de 15 personas tras el golpe militar de 1973.
Gral. Juan Emilio Cheyre
El general Juan Emilio Cheyre, quien estuviera a la cabeza del ejército chileno durante la dictadura de Augusto Pinochet, fue condenado a tres años y un día bajo arresto domiciliario tras comprobarse su responsabilidad en la muerte de 15 personas tras el golpe militar en 1973.
Es la figura más importante que se ha responsabilizado hasta ahora por los abusos cometidos durante el régimen del general Pinochet.Los asesinatos fueron llevados a cabo por la conocida “Caravana de la Muerte”, una unidad militar enviada por el dictador a áreas remotas de Chile para cazar a activistas de la oposición.
Hablando fuera de la corte el viernes, el juez Mario Carroza dijo que la condena de Cheyre, quien fue jefe del ejército entre 2002 y 2006, demostró el sistema de justicia “igualitario” que Chile disfruta ahora.
El incidente por el que Cheyre fue condenado tuvo lugar en la ciudad norteña de La Serena, un mes después del golpe en septiembre de 1973 que le dio el poder a Pinochet.
Era un joven oficial en un regimiento estacionado en La Serena cuando la Caravana de la Muerte llegó a la ciudad y mató a 15 activistas de izquierda. El mismo tribunal condenó el viernes a su entonces oficial superior, Ariosto Lapostol, a 15 años de prisión por los asesinatos.
La Caravana pasó por 16 pueblos y ciudades y asesinaron a 97 personas entre el 30 de setiembre y el 22 de octubre del 73, de acuerdo con datos de la organización Memoria y Justicia. En ese entonces, Pinochet dijo que no habría piedad con los “extremistas” y, de acuerdo a algunos informes, se molestó mucho cuando se enteró de que algunos oficiales habían sido “blandos” con opositores políticos.
Durante la dictadura chilena fueron asesinadas un total de 3.200 personas y más de 28.000 fueron torturadas. En la actualidad, más de 1.000 siguen siendo desaparecidas.