Le retiran tobillera electrónica
y custodia a José Gavazzo
El fiscal letrado Ricardo Perciballe apeló la resolución porque la considera “un agravio para la sociedad toda”.
José “Nino” Gavazzo , procesado por 28 homicidios especialmente agravados, fue eximido de uso de la tobillera electrónica y la custodia policial por una jueza de Canelones que tomó la resolución luego de que la defensa de Gavazzo presentara que el exmilitar padece problemas de salud. A entender de la Fiscalía, estos problemas “no fueron constatados”.
Según información publicada en Montevideo Portal , el fiscal señaló que con esta medida se perderá el control de Gavazzo y por tanto podrá evadir a la Justicia de aquí en más. Esto no seria prudente ya que el exmilitar se encuentra indagado, imputado y procesado por otras causas.
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CANILLA LIBRE
Jueza retiró tobillera
electrónica y custodia a
José Gavazzo; fiscal apeló
En otra resolución judicial, una jueza de Paso de los Toros decidió no reabrir la causa por el homicidio de Roberto Gomensoro.
Una jueza Canelones resolvió quitarle la custodia policial para traslados y la tobillera electrónica a José “Nino” Gavazzo, procesado por 28 homicidios especialmente agravados.
Sin embargo, el fiscal letrado Ricardo Perciballe apeló la resolución porque, según se explica en un documento de Fiscalía, lo que hizo la jueza “causa agravios” a la “sociedad toda”, que “en estos días pudo acceder atónitamente a la crudeza de los testimonios brindados por Gavazzo y Pajarito Silveira ante el Tribunal de Honor del Ejército”.
La jueza tomó la resolución luego de que la defensa de Gavazzo presentara que el exmilitar tiene problemas de salud, los cuales, según Fiscalía, “no fueron constatados”.
“Ergo, se desconoce los motivos que llevaron la sede a acceder a lo impetrado”, añade, acotando que “el informe médico no se encuentra firmado”.
En definitiva, el fiscal considera que no tiene sentido quitarle la tobillera a Gavazzo porque no interfiere en un presunto problema de salud.
Además, en la apelación se señala que se perderá el control de Gavazzo y por tanto podrá evadir a la Justicia de aquí en más.
Además, la apelación dice que “se debe tener presente que Gavazzo (…) se encuentra indagado, imputado y procesado por otras causas. Luego, necesariamente deberá responder ante diversas sedes judiciales”. Por tanto, el Fiscal entiende necesario que se revoque la resolución.
Por otro lado, según informó la periodista de Televisión Nacional de Uruguay Giorgina Mayo, “la jueza penal de Paso de los Toros, Naama Coccaro, resolvió no reabrir la causa que absolvió a Gavazzo por el homicidio de Roberto Gomensoro en marzo de 1973”.
Montevideo Portal
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Justicia no reabrirá el caso de
Roberto Gomensoro
24 de abril de 2019
Una jueza de Canelones decidió quitarle la custodia y la tobillera a José Nino Gavazzo.
Una jueza de Paso de Los Toros (Tacuarembó) decidió no reabrir el caso sobre la desaparición y muerte de Roberto Gomensoro, informó Televisión Nacional Uruguay.
El pedido lo había hecho el fiscal Ricardo Perciballe, tras conocerse la confesión del ex militar José Nino Gavazzo ante un Tribunal de Honor del Ejército. Gavazzo dijo que fue él quien tiró el cuerpo de Gomensoro al Río Negro, en marzo de 1973.
Además, la jueza de Canelones Elsa Montín resolvió quitarle la tobillera electrónica y la custodia policial al ex militar condenado a prisión domiciliaria por varios homicidios cometidos durante la dictadura.
El fiscal Perciballe ya interpuso un recurso de apelación, informó El Observador. “La jueza dice que se basa en informes médicos, pero yo no estoy de acuerdo […] Hablan de una enfermedad renal, pero eso no interfiere con las tobilleras”, aseguró el fiscal al matutino.
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APELACIÓN
24 de abril de 2019
Decisión de la Justicia de quitar tobillera
a Gavazzo es un agravio a la sociedad
El fiscal en Delitos de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, apeló la decisión de la Justicia de quitar la tobillera al militar retirado José Nino Gavazo, quien cumple prisión domiciliaria condenado por violaciones a los derechos humanos cometidos en dictadura, y expresó que tal decisión constituye un agravio a la Fiscalía y a la sociedad.
Perciballe presentó un recurso de “reposición y apelación” frente a la decisión de la jueza Letrada en lo Penal de Ejecución de Canelones de 1º Turno de quitarle la tobillera electrónica a Gavazzo (condenado por 28 delitos de homicidio muy especialmente agravados en reiteración real y en prisión domiciliaria desde 2015).
Asimismo se resolvió retirarle la custodia de la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA).
La resolución firmada por la jueza Elsa Graciela Montin se basa en “razones médicas”.
Agravios a la Fiscalía y a la sociedad
La Fiscalía General de la Nación difundió este miércoles 24 de abril el recurso reposición y apelación que presentó el fiscal Perciballe contra la resolución de fecha 11 de abril del 2019.
El fiscal recuerda que por decreto Nº 637/2019, la sede judicial dispuso el retiro de la tobillera al condenado, así como la autorización a que los traslados se efectúen bajo tutela.
“La recurrida causa agravios no solo a ésta Fiscalía, sino a la sociedad toda, que en éstos días pudo acceder atónitamente a la crudeza de los testimonios brindados por Gavazzo y Jorge Silveira ante un Tribunal de honor del Ejército”, indica el fiscal en su apelación.
También manifiesta que “el eje de los agravios se focaliza en que los motivos esgrimidos por la defensa no se encuentran debidamente acreditados”.
Perciballe manifiesta que “los supuestos problemas con OSLA no fueron constatados. Ergo, se desconocen los motivos que llevaran la sede a acceder a lo impetrado”.
El fiscal manifiesta que el informe médico “solo consigna la enfermedad que aqueja a Gavazzo, empero nada dice sobre la inconveniencia de la tobillera”.
“Ninguno de los informes establece, sugiere o recomienda que se deba retirar la tobillera”, y agrega que la resolución recurrida, “se asienta en forma genérica en los informes médicos, a la cirugía a realizar, al tipo de diálisis previsto, pero no establece con precisión en qué se fundamenta para acceder al retiro de la tobillera, y menos aún a que se autorice los traslados únicamente con tutela”.
Perciballe expresa que una resolución de tal naturaleza debería estar precedida por lo menos de un informe médico del Instituto Técnico Forense (ITF) para el retiro de la tobillera, así como de otro circunstanciado de la OSLA para autorizar los traslados solamente con tutela.
Asimismo, el fiscal remarca que al acceder a lo requerido por la defensa de Gavazzo, “la sede pierde todo control sobre el condenado”.
“De esa forma, Gavazzo podrá moverse a su gusto y antojo sin que exista un debido control judicial”, remarca.
El fiscal advierte que “no se puede soslayar el peligro de fuga de Gavazzo”. Pues, “al perder el control sobre el mismo, éste puede muy fácilmente evadir la Justicia”.
Perciballe remarca que debe tenerse presente que Gavazzo además de la causa referida, se encuentra indagado, imputado y procesado por otras causas.
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GOMENSORO
24 de abril de 2019
Jueza pide ampliación de fundamentos
para evaluar reabrir investigación sobre
muerte de Gomensoro
La jueza penal de Paso de los Toros, Naama Coccaro, no accedió a la solicitud de la fiscalía de reabrir el caso de la muerte de Roberto Gomensoro, y solicitó que se amplíen los fundamentos para evaluar el pedido.
A comienzos de abril, el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, solicito a la Justicia reabrir el caso de Roberto Gomensoro, quien falleció en marzo de 1973 luego de ser torturado en el Grupo de Artillería Nº 1 de La Paloma, Montevideo, y posteriormente su cuerpo arrojado a las aguas del río Negro, en la represa de Rincón del Bonete.
En el año 2010 la Justicia había condenado, por la muerte de Gomensoro, al ex coronel Juan Carlos Gómez, quien estuvo preso durante tres años, y decidió sobreseer a José Nino Gavazzo.
Tres años después, Gómez fue sobreseído al considerárselo inocente.
Sin embargo, tras las declaraciones Gavazzo ante el Tribunal de Honor militar, referidas a que él fue el único autor material de la desaparición de Gomensoro, el fiscal Perciaballe pidió reabrir la causa.
Fundamentos
En las últimas horas, Televisión Nacional de Uruguay informó que la jueza no accedió a la solicitud y pidió ampliación de fundamentos.
“Estoy haciendo un escrito donde planteo las razones de por qué se tiene que abrir el caso. Un escrito extenso donde digo todos los fundamentos”, expresó Perciballe a El País.
Aseguró que la causa debería abrirse “porque el Estado tiene la obligación de aclarar la resolución de los delitos y porque hay un derecho de las víctimas a la verdad y la tutela judicial efectiva”.
La investigación se había realizado con base en que la muerte de Gomensoro ocurrió en Tacuarembó, pero fue en Artillería Nº 1, en Montevideo, por lo cual “pudo haber sido el responsable Gavazzo y diez personas más”, dijo.
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Perciballe apeló decisión
judicial de retirarle tobillera y
custodia a Gavazzo
25 de abril de 2019
Mientras se resuelve acerca del recurso presentado, las medidas de seguridad se mantendrán.
La jueza Elsa Montín, de Canelones, resolvió el jueves 11 de abril que se le retiraran a José Nino Gavazzo la tobillera electrónica y la custodia de la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA), atendiendo a razones médicas planteadas por la defensa de ese teniente coronel en situación de reforma, condenado por crímenes del terrorismo de Estado. Al conocer esa decisión, el fiscal Ricardo Perciballe, especializado en delitos de lesa humanidad, presentó el viernes 12 ante Montín un recurso de reposición y apelación, que deja en suspenso lo dispuesto.
En diálogo con la diaria, Perciballe sostuvo que la resolución de la jueza tiene una extensión “mínima” y no explica por qué hace lugar a los requerimientos de la defensa. “Lo único que dice es que se basa en informes médicos”, señaló. En el escrito que presentó el fiscal se establece que esa decisión “causa agravios” a “la sociedad toda”, que “en estos días pudo acceder atónitamente a la crudeza de los testimonios brindados por [Gavazzo] y [Jorge Pajarito Silveira] ante un Tribunal de Honor del Ejército”.
Por otra parte, Perciballe afirma que los informes médicos consignan que Gavazzo está enfermo, pero que “ninguno establece, sugiere o recomienda que se deba retirar la tobillera”, y que “los supuestos problemas con OSLA” planteados por la defensa “no fueron constatados”. Sobre esto último, el fiscal apuntó que si, además de la tobillera, se le retirara la custodia a Gavazzo, que cumple prisión domiciliaria, este podría “hacer lo quiera”, porque “no hay un control del juzgado sobre los lugares a los que pueda ir”, y además existiría un “peligro de fuga”.
Ante la presentación del recurso, el cumplimiento de la resolución de la jueza queda suspendido hasta que ella tome una decisión final, y si Montín decidiera ratificar lo que dispuso en abril, la última palabra le corresponderá a un tribunal de apelaciones.
Ignacio Errandonea, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, dijo a la diaria que la decisión de la jueza es “realmente inconcebible” e “indignante”, y opinó que “en estos temas la Justicia arrastra los pies cada vez más”. Óscar Urtasun, que forma parte de la misma organización, también criticó la actuación del sistema judicial en procesos por delitos de lesa humanidad. “Es lo más triste que tenemos en estos momentos”, dijo a este medio, y añadió que parece “irreal” que “delincuentes como Gavazzo y Silveira” reciban beneficios como el concedido por Montín.
Caso Gomensoro
Por otra parte, Perciballe había pedido la reapertura del proceso por el homicidio de Roberto Gomensoro, dado que Gavazzo confesó ante el Tribunal de Honor que arrojó su cadáver al río Negro. La jueza de Paso de Los Toros decidió no reabrir el caso, y el fiscal señaló que si bien no accedió a su solicitud, tampoco se respondió con una negativa, sino que se le solicitó que aclarara “los fundamentos de derecho” en los que se basa. Perciballe opinó que eso no debería ser necesario, “porque el juez tiene que conocer el derecho”, pero de todos modos envió ayer al juzgado de Paso de Los Toros un documento “extenso” en el que argumenta sobre “el derecho de las víctimas a la verdad y la tutela judicial, la obligación del Estado a la persecución del delito, y un montón de otros temas jurídicos más que hacen a que se reabra el caso”, además de plantear “varias medidas” vinculadas con su solicitud, que antes no había incluido en esta.
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JUSTICIA
Jueza no accedió a reabrir el
caso Gomensoro, pese a la
confesión de Gavazzo
El fiscal Ricardo Perciballe dijo que la jueza «no hizo lugar» a su pedido de reabrir el caso, pero que «tampoco rechazó» su solicitud. Ahora el Ministerio Público tiene la posibilidad de ampliar el escrito para intentar que se reabra la causa.
La confesión de José Gavazzo ante el Tribunal de Honor, reconociendo haber sido él quien arrojó el cuerpo de Roberto Gomensoro al Río Negro en marzo de 1973, no fue suficiente para que la jueza de Paso de Los Toros (Tacuarembó) aceptara reabrir el caso por el cual fue absuelto el exrepresor.
El fiscal Ricardo Perciballe dijo a Subrayado que la jueza «no hizo lugar» a su pedido de reabrir el caso, pero que «tampoco rechazó» su solicitud. Por lo tanto, el Ministerio Público tiene la posibilidad ahora de ampliar el escrito que presentó ante la magistrada para intentar que se reabra la causa.
Con este nuevo escrito el fiscal espera que la jueza encuentre elementos para continuar con la investigación del caso, en atención a la confesión de Gavazzo y la nueva información sobre la muerte de Gomensoro.
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Libre albedrío
Jueza dispuso retirar tobillera electrónica al represor José Nino Gavazzo
Mauricio Pérez
26 abril, 2019
José Nino Gavazzo recibió un nuevo beneficio de parte de la justicia. Por orden de una jueza se le retirará la tobillera electrónica y la custodia de la Osla para que pueda realizarse un tratamiento médico por un problema renal. La Fiscalía apeló el fallo al considerar que no existe ningún elemento que justifique esta decisión. Para el fiscal Ricardo Perciballe existe un eventual riesgo de fuga.
“Atento a los informes médicos, a la cirugía a realizar, al tipo de diálisis previsto y todo ello bajo la estricta supervisión de Osla, retírese la tobillera una vez que el penado comience sus estudios clínicos, internación y tratamiento, quedando autorizados los traslados para estudios bajo tutela.” De esta forma, la jueza Elsa Montín autorizó –el 11 de abril– el retiro de la tobillera electrónica a José Nino Gavazzo, condenado por graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.
Gavazzo está en prisión domiciliaria desde diciembre de 2015, tras la decisión del juez Martín Gesto de otorgarle ese beneficio “por razones humanitarias”; se le colocó una tobillera electrónica para controlar sus movimientos y se le impuso un control de parte de la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (Osla). Desde entonces, otros militares condenados por crímenes de la dictadura, como Gilberto Vázquez y Ricardo Arab, recibieron el beneficio de la prisión domiciliaria con tobillera electrónica.
Un año después de abandonar el Hospital Militar, Gavazzo se mudó a una casa en Parque Miramar, por lo que el expediente viajó hasta a un juzgado de Canelones; fue allí que se presentó el recurso para viabilizar su atención médica y la jueza lo aceptó. El retiro de la tobillera aún no se concretó, ya que todavía no existe fecha para el inicio del tratamiento, dijeron fuentes del Centro Militar a Brecha.
Sin embargo, la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad apeló el fallo. Según el fiscal Ricardo Perciballe, la decisión “causa agravios no sólo a esta Fiscalía, sino a la sociedad toda, que en estos días pudo acceder atónitamente a la crudeza de los testimonios brindados por Gavazzo y (Jorge)Silveira ante un Tribunal de Honor del Ejército”. Ante ese tribunal, Gavazzo reconoció su participación en el crimen del militante tupamaro Roberto Gomensoro Josman en 1973: “Yo lo cargué al vehículo, yo manejé el vehículo, lo llevé al lugar, lo bajé, lo puse en un bote y lo tiré del bote. Yo solo” (El Observador, 30-III-19).
En este punto es que la Fiscalía centra uno de sus argumentos. En su escrito, el fiscal afirma que Gavazzo no es un penado más. Se trata de un hombre condenado por 28 homicidios muy especialmente agravados, que tiene una veintena de causas en trámite. Por ejemplo, está procesado por el homicidio del maestro Julio Castro y tiene pedidos de procesamiento sin resolución en tres causas –las torturas perpetradas en el Grupo de Artillería número 1 y en el centro clandestino de detención 300 Carlos, y por el secuestro ilegal y abandono en Chile de los hermanos Anatole y Victoria Julien.
A esto se le suma que es investigado en otras 15 causas por graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, entre ellas, la desaparición forzada de Eduardo Pérez Silveira, Nebio Melo, Julio Gerardo Correa y la maestra Elena Quinteros, los homicidios de Pedro Lerena, Nuble Yic y de las “muchachas de abril” (Silvia Reyes, Laura Raggio y Diana Maidanik), y la denuncia por torturas y abuso sexual presentada por 29 ex presas políticas.
Además, en diciembre de 2018, el Tribunal de Apelaciones de Segundo Turno ratificó su condena –y la de otros cuatro represores– a 30 años de penitenciaría por el homicidio de María Claudia García, desaparecida en 1976 y madre de la diputada Macarena Gelman. Por todo esto, Perciballe considera que quitar el control sobre sus movimientos alienta una eventual fuga y que Gavazzo se sustraiga del accionar de la justicia.
En su escrito, Perciballe cuestionó el sustento fáctico de la medida. Según el fiscal, los motivos que esgrimió la defensa para pedir el retiro de la tobillera “no se encuentran debidamente acreditados”. Por ejemplo, la Fiscalía constató que uno de los informes médicos utilizados para fundar el pedido “no se encuentra firmado”, al tiempo que el otro “sólo consigna la enfermedad que aqueja a Gavazzo, empero nada dice sobre la inconveniencia de la tobillera”. “Ninguno de los informes establece, sugiere o recomienda que se deba retirar la tobillera”, agrega.
El fiscal afirmó que una decisión de estas características “debería estar precedida por lo menos de un informe médico del Itf para el retiro de la tobillera”. Y también cuestionó que se autorice que los traslados sean “únicamente con tutela” de la familia. Según su defensa, Gavazzo no pudo realizarse algunos controles médicos ya que la Osla no tenía móvil para trasladarlo al centro de salud; el fiscal alega que en el expediente no existe ningún registro de que esto haya sido así, por lo que no se puede dar por cierta esta versión.
En este contexto, desde el Poder Judicial se dijo a Brecha que el retiro de la tobillera sólo sería dispuesto si así lo ameritara el tratamiento médico. Así lo dejó establecido la jueza Montín en una resolución fechada el 1 de marzo, mediante la cual autorizó a Gavazzo a “salir de su domicilio con la tutela en caso de extrema urgencia, previo llamado a Osla, y si esta carece de transporte o personal en el momento”, lo que debe quedar acreditado.
Allí la jueza estableció: “Si por razones de extrema y gran urgencia es necesario retirar la tobillera para evitar contaminaciones o permitir estudios clínicos, queda autorizada Osla a efectuarlo sólo y exclusivamente cuando la persona privada de libertad corre serio y grave riesgo de salud o de vida”. El problema es quién define esa situación de riesgo.
DANDO LARGAS. Las actas con las declaraciones de Gavazzo y Silveira ante el Tribunal de Honor fueron incorporadas en una quincena de causas judiciales por crímenes de la dictadura, en particular aquellas que investigan qué pasó en el Grupo de Artillería número 1 y en el 300 Carlos. Se trata de causas en las que Gavazzo aparece como uno de los principales investigados.
Sin embargo, esas declaraciones tuvieron un efecto concreto: el fiscal Perciballe solicitó el desarchivo de la indagatoria penal por el homicidio de Gomensoro Josman, que se tramita en un juzgado de Paso de los Toros (veáse “El confesionario militar”, Brecha, 5-IV-19). Se trata del crimen en el que Gavazzo reconoció haber participado, al menos en la desaparición del cuerpo.
Este expediente fue archivado en 2013 a pedido del fiscal Fernando Pérez D’Auria, quien afirmó que no existían elementos para certificar que el crimen se perpetró en el Batallón de Ingenieros número 3, como estableció la justicia al disponer, años antes, el procesamiento de Gavazzo y del coronel Juan Carlos Gómez. En su dictamen, Pérez D’Auria solicitó el sobreseimiento de ambos militares y los consideró inocentes.
A partir de las revelaciones del Tribunal de Honor, el fiscal Perciballe solicitó reabrir la indagatoria. Por ahora, sin éxito. Según dijeron fuentes judiciales a Brecha,la jueza María Elbia Merlo devolvió el expediente a la Fiscalía y le solicitó fundamentar “en derecho” el pedido de desarchivo, es decir, que explicite cuál es la normativa aplicable al caso. Ante esto, el fiscal Perciballe volvió a insistir con el desarchivo, con un extenso escrito en el que detalla todos los motivos que, a su juicio, avalan la reapertura. Y la jueza deberá analizar, otra vez, si acepta o no el planteo.
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IMPUNIDAD
Fallo de la Justicia impide
investigación contra Gavazzo
25.04.2019
MONTEVIDEO (Uypress) – Una sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2do turno frenó la investigación de la desaparición de Eduardo Pérez que había integrado el MLN Tupamaros.
El fallo, consignado en una crónica de Victoria Fernández para Búsqueda, señala que la decisión de la jueza de primera instancia Silvia Urioste dispuso que la investigación se suspenda hasta tanto la Suprema Corte de Justicia no resuelva una excepción de inconstitucionalidad presentada por la defensa de Gavazzo contra la creación de la fiscalía especializada para investigar los crímenes de la dictadura.
Recuerda la crónica que el fiscal Perciballe había decidido realizar una copia del expediente para elevar a la SCJ, y continuar indagando el caso mientras se resuelve la inconstitucionalidad. La jueza estuvo de acuerdo con la posición de la fiscalía. Pero el fallo del Tribunal de Apelaciones pone freno a investigación contra Gavazzo por la desaparición que quedará en suspenso mientras la Corte resuelve.
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El tupamaro Eduardo Pérez, conocido como el Gordo Marcos, murió presuntamente como consecuencia de una bomba de gas que arrojaron en su celda en el cuartel de Artillería Nº 1, en 1974. José Gavazzo —condenado por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura (1973-1985)— admitió ante un Tribunal de Honor Militar que él tiró la granada. Pero dijo que Pérez se había puesto violento y estaba golpeando al personal. Y que luego lo llevaron al Hospital Militar y ya no volvió.
Jorge Pajarito Silveira, que era subordinado de Gavazzo en el Grupo de Artillería 1, dio otra versión. Según publicó El Observador el 30 de marzo —a partir de las actas del tribunal que investigó la responsabilidad de los militares retirados Gavazzo, Silveira y Luis Maurente en el llamado segundo vuelo y la muerte de 28 militantes de izquierda exiliados en Buenos Aires—, Silveira negó que Pérez se hubiera rebelado o insubordinado, y dijo que “el comentario” era que Gavazzo lo “gaseó” para interrogarlo.
La desaparición de Pérez está siendo investigada por el fiscal especializado en Delitos de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, quien tras las revelaciones de las actas del Tribunal de Honor planeaba citar pronto a Gavazzo y a otros indagados (en el expediente también se investiga a Silveira y a Ernesto Ramas), dijeron a Búsqueda fuentes de la fiscalía.
Sin embargo, una reciente sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2do turno puso un freno a esos planes. El fallo, difundido por Brecha el 12 de abril, revocó una decisión de la jueza de primera instancia Silvia Urioste y dispuso que la investigación se suspenda hasta tanto la Suprema Corte de Justicia (SCJ) no resuelva una excepción de inconstitucionalidad presentada por la defensa de Gavazzo contra la creación de la fiscalía especializada para investigar los crímenes de la dictadura.
El fiscal Perciballe había decidido realizar una copia del expediente para elevar a la SCJ, y continuar indagando el caso mientras se resuelve la inconstitucionalidad. La jueza estuvo de acuerdo con la posición de la fiscalía.
El fiscal Perciballe cuestionó duramente la posición del tribunal, y señaló que de mantenerse ese criterio “la pervivencia de las investigaciones sobre las graves violaciones a los derechos humanos infligidas en el pasado reciente se verán irremediablemente frustradas”.
Pero el tribunal discrepó y ordenó que toda la investigación quede en suspenso mientras la Corte resuelve. La sentencia fue firmada a fines de febrero y comunicada en marzo.
Perciballe presentó un recurso de casación ante la SCJ para que revea la decisión. En el escrito, al que accedió Búsqueda, el fiscal cuestionó duramente la posición del tribunal, y señaló que de mantenerse ese criterio “la pervivencia de las investigaciones sobre las graves violaciones a los derechos humanos infligidas en el pasado reciente se verán irremediablemente frustradas”. Pues “cada vez que un indagado invoque una excepción —sin importar la naturaleza de la misma— las actuaciones deberán suspenderse”.
De acuerdo con el criterio del tribunal, la investigación debe “paralizarse” no solo para quien interpone el recurso, sino para todos los indagados. “Y de esa forma, se genera un grave perjuicio para las víctimas, que esperan una respuesta en tiempo y forma de la Justicia”, cuestionó Perciballe.
El fiscal también advirtió que, de prosperar, el criterio del tribunal será un “fuerte” incentivo para las defensas que “deseen dilatar las investigaciones”. Porque con “solo interponer excepciones individuales, las causas se verán paralizadas”.
El miércoles 24 TNU informó que la jueza de Ejecución de Canelones, Elsa Montín, ordenó quitarle la tobillera electrónica a Gavazzo, quien desde 2015 cumple régimen de prisión domiciliaria en el marco de otra causa. Además, accedió a su pedido de suspender la vigilancia de la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA) durante sus trasladados para hacerse controles médicos. El fiscal Perciballe apeló la decisión.
Suspensión inmediata
La detención ilegítima y desaparición de Eduardo Pérez —cuyo cuerpo nunca fue encontrado– fue denunciada en la Justicia en diciembre de 1985, pero la investigación se congeló con la aprobación de la ley de caducidad. Se reactivó en 2011, luego de que el Poder Ejecutivo habilitara retomar las indagatorias. Pero cuando en agosto de 2016 Gavazzo fue citado a declarar, su defensa interpuso un recurso alegando que los delitos habían prescripto. Dos años más tarde la Suprema Corte de Justicia desestimó la prescripción, y cuando la nueva Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad se aprestaba a retomar la investigación, Gavazzo presentó otro recurso: esta vez alegó que la creación de esa sede especializada contravenía la Constitución.
El fiscal Perciballe y la jueza de primera instancia entendieron que la investigación no debía detenerse , porque eran varios los involucrados en la causa y esta ya venía largamente demorada. Decidieron suspender las actuaciones solo respecto a Gavazzo, pero continuar trabajando en lo concerniente a los demás indagados.
La defensa de Gavazzo protestó por la decisión.
“En ningún precepto legal se prevé la suspensión solo para quien interpone la excepción de inconstitucionalidad”, dice el escrito que presentaron ante el tribunal. “Ni la Constitución ni la ley ordenan formar pieza separada de la inconstitucionalidad planteada para continuar con el trámite”, agrega, y solicita “suspender la totalidad de las actuaciones”.
El tribunal hizo lugar al reclamo y ordenó la “suspensión inmediata del trámite del presumario”.
Los ministros José Balcaldi, Daniel Tapié y Carlos García entendieron que las normas que regulan el proceso de inconstitucionalidad son “claras” en cuanto a que deben suspenderse los procedimientos. “No puede fraccionarse el trámite según entiendan las partes o el director del proceso”, sostuvieron. Si no existe “ninguna razón de imposibilidad material para seguir el procedimiento en forma unificada, no puede ser justificación para apartarse de debido proceso y de los principios generales que lo rigen alegar el interés de una de las partes involucradas, por más justificado que el criterio pueda parecer antes posibles demoras en la definición de los juicios”, concluyó el tribunal.
La preocupación de Perciballe es que si se mantiene firme esa decisión, los expedientes podrán estar paralizados por años.
Es que la estrategia de las defensas de los militares indagados ha sido la de presentar diversos recursos. Y como estas investigaciones suelen tener varios indagados, si los recursos se presentan de forma escalonada —primero lo interpone un indagado y, cuando se resuelve su caso, un segundo indagado, y así sucesivamente—, las causas se frenarán una y otra vez.
En la casación que presentó ante la Corte, Perciballe señaló que “en más de 33 años” de presentada la denuncia por la desaparición de Pérez y en “8 años desde que se retomaran las actuaciones, y pese a la gravedad de lo denunciado, aún no ha comparecido a declarar un solo indagado”. Y, prosiguió, “de admitirse el temperamento del tribunal, seguramente tampoco lo hagan en el futuro, puesto que en la medida en que se interpongan excepciones perladas, el presumario se prolongará sine die”.
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Jueza dispuesta a
reevaluar quitar tobillera
y custodia a Gavazzo
Riesgo de fuga no hay, dijo
La jueza de Ejecuciones de Canelones, Elsa Montín, afirmó que está dispuesta a reevaluar los riesgos que implica quitarle la tobillera al represor José Gavazzo y retirarle la custodia de la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (Osla) para el traslado a un centro asistencial para someterse a tratamiento de diálisis.
En diálogo con la periodista Georgina Mayo para Televisión Nacional, Montín aseguró que Gavazzo no se fugará. El múltiple homicida podría cumplir prisión domiciliaria sin tobillera y sin guardia policial, tras una polémica decisión de la jueza de Ejecuciones de Canelones. La medida fue apelada por el fiscal especializado en derechos humanos Ricardo Perciballe, por lo que su aplicación está en suspenso.
Fuente: TNU.
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PCU reclamará a la Justicia
una acción inmediata ante
confesión de militares
Es momento de que disponga todos los elementos para actuar porque el pacto de silencio se ha roto, afirmó Juan Castillo
El Partido Comunista reclamará la acción inmediata de la Justicia ante el reconocimiento de los crímenes del terrorismo de Estado en los tribunales de honor.
El tema será parte central de la oratoria en el acto de mañana sábado, en homenaje a los militantes abatidos en 1972 en la seccional 20 del partido.
En dialogo con Informe nacional el secretario general del PCU, Juan Castillo, dijo que el pacto de silencio entre militares se ha roto y es momento que de que la justicia actúe.
Informe de Gustavo Guisulfo